Es para mi un gusto acompañarlos en este Diálogo de Alto Nivel sobre Raza, Entnicidad e Inclusión en América Latina y el Caribe. Quiero agradecer la gentil invitación y saludar esta iniciativa del Presidente del Banco, Enrique Iglesias, la cual permite abordar el problema de la exclusión social, uno de los más críticos en nuestra región.

En nuestro hemisferio debemos reconocer que en el pasado prácticas autoritarias y dictatoriales, unidas a lógicas de marginalización y discriminación de nuestros pueblos indígenas y comunidades de origen africano, heredadas de tiempos de la colonia, han agravado los problemas de pobreza y desigualdad que enfrentamos. Peor aún, durante mucho tiempo los análisis y respuestas tradicionales a la pobreza no incluyeron las consideraciones étnicas. Por ello es que diálogos como este, en términos de inclusión constituyen un aporte novedoso al debate.

El concepto de exclusión social fue usado por primera vez en los años sesenta en Francia por el Abate Pierre para describir la situación de marginalidad y pobreza vivida por ciertos grupos sociales dentro de un país desarrollado y próspero. A partir de entonces esta aproximación se ha venido depurando y enriqueciendo como herramienta de estudio y comprensión de la pobreza y como instrumento de definición de políticas públicas, en particular en Europa.

Tiene el particular atractivo de trascender las definiciones de la pobreza basadas en consideraciones puramente monetarias o aún de necesidades básicas insatisfechas. Integra las dimensiones no materiales, sociológicas y políticas de las dificultades que enfrentan cada día las poblaciones desfavorecidas de nuestras sociedades, las cuales son particularmente difíciles de superar. Al introducir elementos como los de vulnerabilidad, riesgo y su acumulación facilita el análisis en términos dinámicos, y contribuye así a explicar los procesos de empobrecimiento y de superación de la pobreza.

Su enfoque entonces es uno de acceso –o falta de acceso-- a mercados de bienes y servicios, de trabajo, así como a oportunidades, protecciones y ejercicio efectivo de derechos civiles, políticos, económicos y sociales. Una de las versiones más acabadas de esta nueva visón la presenta el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, quien integra todas estas dimensiones en su más reciente libro sobre "el desarrollo como libertad".

Desde la perspectiva ya no del análisis académico sino de la elaboración de políticas públicas, este razonamiento nos lleva a una definición de un esquema de desarrollo y de vida en sociedad integrador, que propicie el crecimiento económico, la reducción de las brechas sociales y el ejercicio pleno de la ciudadanía por todos.

Representa además una ruptura esencial con las visiones paternalistas que pretendían poner a los más desfavorecidos bajo la tutela de la caridad pública o privada. Por el contrario, este nuevo enfoque parte del respeto a la autonomía, libertad y capacidad de decisión de cada individuo y pone en juego mecanismos de solidaridad entre ciudadanos iguales como fórmula básica para superar los problemas de pobreza y marginalidad.

Finalmente, esta visión subraya el papel trascendental de las instituciones, formales y las no formales, en el combate contra la exclusión y para alcanzar el objetivo central de la democracia, a saber el pleno desarrollo del potencial humano y la incorporación de los aportes de todos y cada uno de los miembros de la comunidad al progreso colectivo.

La puesta en marcha de estrategias de inclusión, libertad y respeto debe ser la prioridad fundamental para nuestra región, como una forma eficaz de reducir los niveles de desigualdad de nuestras sociedades, que son los más altos del mundo.

En esta perspectiva la democracia juega el doble papel de objetivo esencial y, como la califica Sen, de instrumento para el desarrollo. Es uno de los vectores esenciales de la integración y la inclusión. Esto es aún más evidente a la luz de la ampliación del concepto de democracia que hemos vivido a lo largo de la última década.

Hoy, la democracia no es solamente la realización de elecciones libres y transparentes. Es independencia y equilibrio de los poderes públicos; ética en el manejo del estado; es participación ciudadana y rendición de cuentas; es fortalecimiento de los gobiernos locales; es consolidación de los partidos políticos; acceso a la información, libertad de prensa y libertad de expresión. Es en particular el acceso a las esferas de poder y el uso de los recursos de manera transparente y abierta, en oposición a prácticas, corruptas, clientelistas o elitistas.

Democracia es también el buen funcionamiento del Estado, y el cumplimiento efectivo y equitativo de sus responsabilidades en materia de justicia, seguridad, educación o salud. En el plano económico, es cada vez más evidente que el buen funcionamiento de la democracia, la paz social, la estabilidad política, el respeto al estado de derecho o la seguridad normativa son tan importantes para el crecimiento como el ahorro o la inversión.

Democracia es, en resumen, el pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos, políticos, económicos, sociales y culturales de los ciudadanos. De su efectivo cumplimento depende la erradicación efectiva del racismo y la discriminación bajo todas sus formas.

Es en este contexto que se ubica la acción de la OEA, cuya razón de ser es la defensa, promoción y profundización de la democracia. Frente a las crisis más grave de los años recientes, los países de la región han actuado con decisión y solidaridad para responder con una acción colectiva y eficaz a toda tentativa de ruptura del orden constitucional democrático en cualquiera de nuestros países. Esta acción ha sido exitosa y es claro que los regímenes autoritarios ya no tienen cabida en el hemisferio.

Así mismo, como lo demuestra el caso del Perú, nuestras Misiones de Observación Electoral se han convertido en un elemento valioso de garantía para la realización de comicios que aseguren la plena participación de todos los ciudadanos en un ambiente de transparencia y equidad. Esto es de fundamental importancia cuando hablamos de grupos marginados pues son ellos las primeras víctimas de los intentos de desviar la voluntad popular.

En la Cumbre, nuestros Jefes de Estado señalaron que para tener democracias más eficaces es indispensable que los Estados incrementen la participación de la ciudadanía en los procesos electorales, promoviendo la plena participación e integración de todas las personas aptas para ejercer el derecho al sufragio, sin discriminación alguna. En cumplimiento de este mandato, la Unidad para la Promoción de la Democracia, está elaborando un programa de trabajo entre cuyos objetivos está lograr la participación igualitaria en los procesos electorales e incrementar la participación de los sectores tradicionalmente excluidos de los mismos, como son los indígenas y afrolatinoamericanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en sus informes publicados en los últimos años ha señalado claramente la correlación entre la escasa participación política de estos sectores y su tradicional marginación y discriminación. También ha formulado recomendaciones concretas algunas de las cuáles ya han comenzado a ser implementadas y otras que nos serán de suma utilidad al momento de adoptar las medidas necesarias para cumplir con los desafíos planteados por la Cumbre.

Sin embargo es claro que debemos continuar profundizando la democracia en nuestros países, tarea que va más allá de la etapa electoral. Por ello, a través de la UPD trabajamos en la formación de líderes democráticos, en el fortalecimiento de la sociedad civil, en el mejoramiento de las instituciones parlamentarias, en la promoción de mecanismos pacíficos de solución de tensiones internas. En la OEA trabajamos también para mejorar los servicios de justicia, mejorar su eficiencia y garantizar a todos el acceso a ella. De acuerdo con los mandatos de Quebec, estamos desarrollando programas para apoyar la descentralización y el fortalecimiento de la capacidad institucional de los gobiernos locales para permitir la plena y equitativa participación ciudadana en las políticas públicas sin discriminación alguna. Este proceso, dada la estructura de organización colectiva de los pueblos indígenas y afrolatinoamericanos, puede ser una estrategia importante para el combate de la exclusión social.

Inextricablemente ligadas a nuestras actividades en favor de la democracia están las tareas que asumimos para la defensa, respeto y promoción de los derechos humanos. La OEA cuenta con un importante mecanismo de protección y promoción de los derechos humanos con el Pacto de San José y sus protocolos, la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. El fortalecimiento del sistema en el que estamos empeñados debe redundar en un tratamiento más ágil y eficaz de las denuncias, con la plena participación de las víctimas y en una mejor articulación y complementación con los aparatos judiciales nacionales.

En San José, el mes pasado, la Asamblea General solicitó a la Comisión Interamericana que continúe prestando especial atención a la cuestión de la discriminación racial. La Comisión, ha tomado algunos pasos importantes como la inclusión de capítulos especiales sobre la situación de los pueblos indígenas y afrolatinoamericanos en sus informes de derechos humanos en diversos países del hemisferio. Además, ha creado relatorías especiales sobre pueblos indígenas, trabajadores migrantes, personas desplazadas internamente y sobre los derechos de la mujer. Asimismo, la jurisprudencia de la Corte ha servido para fijar pautas de interpretación sobre las obligaciones de los Estados en materia de no-discriminación e igualdad ante la ley.

La OEA está avanzando de manera decidida en la ampliación temática de las garantías ofrecidas por el sistema para así tomar en cuenta la evolución de nuestras sociedades. En este sentido dos nuevos instrumentos para combatir todas las formas de discriminación han sido adoptados: la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Eliminar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belem do Pará y la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación en contra de las Personas con Discapacidad.

Dos proyectos en curso merecen particular atención. Primero, la elaboración de una Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Hay que reconocer que no siempre hemos sido respetuosos y conscientes de la riqueza y profundidad que representan la diversidad cultural y los diferentes modelos socioeconómicos de estas comunidades. Tampoco hemos hecho lo suficiente para respetar sus tradiciones y autoridades. Al contrario, por muchos años, nuestros gobiernos siguieron una política paternalista que trajo consecuencias adversas. Estas políticas mostraron enormes limitaciones en sus intentos tanto de reducir la pobreza y marginación en la que ellos han vivido, como en mejorar la relación entre los grupos étnicos y el Estado.

A la vez hay que señalar que las viejas aprehensiones y prácticas están cambiando. Mientras que en muchas partes del mundo las tensiones entre grupos étnicos se han convertido en temas explosivos y despiertan los peores instintos del ser humano, en nuestro hemisferio tenemos razones para ser optimistas. Muchos de nuestros países están avanzando en el desarrollo de nuevas políticas públicas y nuevas formas de consulta con los pueblos indígenas. También vemos que Estados e indígenas están tratando de encontrar soluciones democráticas y pacíficas a conflictos ancestrales.

Evidencia de estos cambios, el proceso de elaboración de la Declaración ha contado con una participación amplia y creciente de representantes de los pueblos indígenas, con lo cual estamos creando una dinámica de apertura y diálogo sin precedentes.

Segundo, la consideración por el Consejo Permanente de la conveniencia de establecer una Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. En este trabajo, el Consejo tiene como marco de referencia los lineamientos surgidos de la Conferencia Regional Preparatoria para la Conferencia Mundial contra la Discriminación Racial, el Racismo, la Xenofobia y formas conexas de Intolerancia de Santiago de Chile en diciembre del año pasado, así como el renovado compromiso de los Jefes de Gobierno en Quebec de erradicar todas las formas de discriminación.

En Santiago nuestros Gobiernos establecieron cuatro principios que nos dan un marco conceptual y un norte claro para avanzar en la lucha contra la exclusión social y la discriminación racial en nuestro Hemisferio. En primer lugar, debemos partir del reconocimiento claro del carácter multirracial, pluriétnico, multicultural y multilingüístico de las Américas. Así lo recogen expresamente las Constituciones de 14 países que han sido modificadas para consagrar el carácter pluricultural de sus sociedades. La amplia diversidad de nuestras sociedades constituye un aporte a la convivencia humana y a la construcción de culturas de respeto mutuo y de sistemas políticos democráticos.

En segundo lugar, los Gobiernos del Hemisferio sostuvieron que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia agravan la condición de pobreza, marginalidad y exclusión social de individuos, grupos y comunidades.

En tercer lugar, reafirmaron que es nuestro deber proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, los pueblos de ascendencia africana, de los migrantes, de las mujeres y de las personas pertenecientes a otros grupos vulnerables.

Finalmente, para todos los americanos es claro que el desarrollo democrático y el fomento del estado de derecho constituyen premisas fundamentales para erradicar la discriminación racial y la exclusión.

Señoras y señores,

Como lo pueden ustedes apreciar, en la OEA existe el convencimiento absoluto sobre la necesidad de integrar esfuerzos y voluntades para superar los problemas que en los campos político, institucional, económico, social y cultural subsisten en nuestros países. El objetivo es claro. Los pasos que hemos dado son firmes e importantes. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. La democratización, la integración de nuestras naciones y el desarrollo socioeconómico de nuestros países no se consolidará mientras subsistan enclaves de pobreza, marginación y exclusión. Estos factores limitan el desarrollo nacional y restringen los beneficios que ofrece la diversidad cultural. En ese proceso debemos encontrarnos como herederos de un pasado común y como coautores de un nuevo destino.

Estos son los principios y aspiraciones que orientan nuestra acción dentro de la OEA. Los invito a que sigan trabajando, a que lo hagan con nosotros en aras de la construcción de un hemisferio más justo, más democrático y prospero para todos.

Muchas gracias