Constituye para mi un honor intervenir en esta reunión auspiciada por la Organización de los Estados Americanos y la Fundación para las Américas, sobre el papel de los medios de comunicación en la lucha contra la corrupción. En nombre de todos los aquí presentes, quisiera agradecer al Presidente Miguel Angel Rodríguez por su apoyo a esta iniciativa, así como al pueblo de Costa Rica por su generosa hospitalidad de siempre. Costa Rica tiene una democracia que todos admiramos por la fortaleza de sus instituciones, por la transparencia de los actos estatales, por el vigor y tradición en la defensa de los derechos humanos, por la firmeza con que defiende la libertad de expresión y por la integridad de sus partidos políticos. Este es un escenario inmejorable para la reunión que a todos nos congrega.

Señor Presidente Rodríguez:

En semanas recientes la democracia de Costa Rica ha estado sometida a los inescapables debates que nos ha traído a todos la globalización, con el mayor uso de los mecanismos de mercado y con las inmensas demandas por la búsqueda de la eficiencia y la competitividad internacional, difíciles de eludir si se aspira a participar de las oportunidades que ella nos trae. Malo seria quedar sometidos solo a los riesgos y peligros que ella conlleva, como la volatilidad de capitales. Estamos todos seguros de que con su reconocido liderazgo su país saldrá airoso, sus instituciones fortalecidas y su pueblo imbuido de fe y esperanza sobre el futuro de esta nación.

Quisiera también agradecer la presencia de los Presidentes Arnoldo Alemán, Mireya Moscoso, Carlos Roberto Florez, Alfonso Portillo y el Primer Ministro de Belice don Said Musa, dignatarios o representantes de Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana y Nicaragua. Su presencia aquí confirma su compromiso con la causa del combate contra la corrupción.

Asimismo, deseo expresar nuestro reconocimiento especial a todas las instituciones y empresas que se han sumado a esta iniciativa de la Fundación para las Américas y de la OEA, entre las cuales quisiera destacar al Instituto del Banco Mundial, ICS Limitada, Swipco, Radio Netherland y la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo.

La lucha contra la corrupción se ha constituido en una causa colectiva y prioritaria en las Américas. Hace menos de una semana, en la sede de nuestra Organización en Washington, se reunieron representantes de todos los Estados; de organismos como el Banco Mundial, el BID, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y el Consejo de Europa; de organizaciones de la sociedad civil como Transparencia Internacional; y de voceros del sector privado, con el fin de examinar los pasos que hemos dado hasta ahora en el hemisferio para enfrentar este problema, así como para avanzar en la coordinación de nuevas acciones.

Esta reunión, apenas pocos días después de dicho encuentro, en que de nuevo voceros de tan diferentes sectores se reúnen en torno al tema de la lucha contra la corrupción y, en este caso, para analizar el papel que en ella corresponde a los medios de comunicación, es una confirmación más de la importancia de este tema.

¿A qué obedece esta especie de súbito interés internacional en la lucha contra la corrupción? ¿Cuáles son las razones de la incorporación de este tema en la agenda internacional? Sin lugar a dudas en su origen se encuentran las grandes transformaciones que ha sufrido el mundo durante los últimos años: el final de la Guerra Fría, el desplome de los sistemas de planificación central, el florecimiento de nuevos valores y legitimidades, los avances en la tecnología y las telecomunicaciones, los cambios en el papel del Estado, el creciente rol de las instituciones representativas de la sociedad civil en temas de interés común.

Si bien todo lo anterior es cierto, yo diría que en países como los nuestros, el combate contra ese flagelo se ha convertido en una prioridad ante la comprobación de sus devastadores efectos sobre el crecimiento económico, el sistema político y el desarrollo social.

Numerosos estudios han confirmado empíricamente que entre mayor sea la corrupción en un país, menor será la inversión y el crecimiento económico. Según los resultados de una encuesta realizada por el Banco Mundial, la corrupción fue considerada como uno de los mayores obstáculos para realizar negocios en América Latina. Es evidente que aquí tenemos un desafío de primer orden si en verdad queremos promover el crecimiento y el desarrollo económico.

De igual forma, varias investigaciones han mostrado que la corrupción está asociada con las fallas o la ausencia de un Estado de Derecho. Lo sucedido en los últimos tiempos en algunos de nuestros países en los cuales el pueblo mismo ha presionado cambios en los más altos cargos públicos, ha sido un campanazo de alerta. Las naciones de América Latina en particular han soportado con admirable estoicismo planes de austeridad y programas de ajuste, pero esa paciencia tiene sus límites, sobre todo si los escándalos que afectan a funcionarios públicos o a partidos políticos, empiezan a verse como una especie de crimen sin castigo.

En América latina y el Caribe, el combate contra la corrupción es también una causa de justicia social. La pobreza no sólo ha aumentado sino que nos hemos constituido en la región con mayores disparidades entre pobres y ricos. Y en este campo, también numerosas investigaciones han comprobado que las principales víctimas de la corrupción son los pobres y que en aquellos países en donde florece la pobreza hay una corrupción desmedida y creciente.

Las anteriores razones, igualmente válidas en todos nuestros países para luchar contra la corrupción, parecieran adquirir mayor entidad e importancia en Centroamérica ante las pruebas que nos ha puesto la naturaleza. El huracán Mitch, sinónimo de destrucción y muerte, ha servido de catalizador para movilizar de una manera admirable las energías subyacentes de toda la región no sólo para la reconstrucción, sino también para la transformación de los países.

En las reuniones del Grupo Consultivo, los Gobiernos de Centroamérica y la Comunidad Internacional se han comprometido a compartir la responsabilidad para reconstruir, no la misma, sino una mejor Centroamérica, sobre la base de un enfoque integrado con transparencia y gobernabilidad y con la activa participación de la sociedad civil.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, quisiera presentar ante ustedes algunas reflexiones sobre la forma como concebimos la lucha contra la corrupción, así como algunos de los desarrollos que hemos dado en el marco del sistema interamericano, en especial en relación con los países de Centroamérica, y compartir algunas ideas sobre el papel de los medios de comunicación en esta causa colectiva.

La primera reflexión tiene que ver con el hecho mismo de que, contrario a lo que algunos creen o afirman, no existe ninguna razón intrínseca, de idiosincracia, de determinación genética o algo parecido, que haga que los latinos o los nacionales de un país determinado sean más corruptos que las personas de otros Estados o regiones del mundo. Por el contrario, estamos convencidos que la corrupción es más un problema de sistemas corruptos que de personas corruptas.

En segundo lugar, contrario a la aptitud de los perdedores que creen que estamos condenados a convivir con este fenómeno, tenemos la certeza de que la corrupción se puede y se debe atacar y que existen instrumentos, en cada caso específico, para conseguir este propósito.

En tercer lugar, entendemos que si bien es necesario castigar de manera severa y ejemplar a los corruptos, esto no es suficiente si no se atacan las causas estructurales que generan o hacen propicia la corrupción pues, muy pronto, otros vendrán a reemplazarlos. Por eso, se precisan acciones tanto en el frente represivo como en el campo de la modernización institucional.

En cuarto lugar, no creemos que la corrupción se pueda acabar por decreto. Por el contrario, pensamos que la lucha contra este problema debe entenderse como un proceso permanente y no como el simple resultado de acciones puntuales u ocasionales.

Finalmente, este es un proceso en el que todos tenemos responsabilidades: el Estado, el sector privado, la sociedad civil, incluidos los medios de comunicación, y la comunidad internacional.

Con esta concepción de fondo, en el marco de la OEA, los Estados han tomado decisiones para coordinar sus acciones y esfuerzos para enfrentar ese problema. Sin lugar a dudas, la más importante de esas decisiones ha sido la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Este tratado abrió camino. Fue el primer instrumento jurídico internacional en la materia y su adopción fue fundamental para que los países industrializados, que durante muchos años se habían negado a asumir compromisos jurídicos en este campo, tuvieran que acceder a suscribir a finales de 1997, en el marco de la OCDE, un tratado contra el soborno a funcionarios públicos extranjeros.

La Convención se ha convertido así en la carta de navegación de nuestra acción colectiva en este campo. De hecho, ella ha sido continuada por otras decisiones adoptadas por los Jefes de Estado y de Gobierno en las Cumbres de las Américas y por los órganos de la OEA.

Desde la Secretaría General de la OEA hemos venido apoyando el proceso de ratificación de la Convención, así como la puesta en marcha de decisiones contenidas en ella o relacionadas con la misma.

Aquí mismo en Costa Rica, y como parte de un programa más amplio que se extendió a otros países, en unión de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, organizamos dos talleres de trabajo para promover la incorporación en el derecho interno de las medidas previstas en la Convención.

De igual forma, hemos creado un sistema de información a través de Internet compuesto por más de 9,000 archivos y una red interamericana de instituciones y expertos que ya cuenta con la participación de 56 instituciones de 19 países miembros. En unión del BID, estamos apoyando a 12 países, incluidos los de Centroamérica, en la adecuación de su legislación penal a los mandatos de la Convención.

Estamos trabajando con los Poderes Legislativos Centroamericanos, entre otros, en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de sus funciones de control político y con las normas de ética de sus miembros. Como parte de ese proceso apoyamos la Primera Cumbre Centroamericana contra la Corrupción y la Narco-actividad realizada en esta ciudad en el mes de Febrero.

Aquí también se reunieron, en el marco de la OEA, los Ministros de Justicia a comienzos del mes pasado y tomaron decisiones de importancia para fortalecer la cooperación judicial en las Américas, entre otros, en materia de extradición, combate contra los delitos cibernéticos y puesta en marcha del Centro de Estudio de Justicia de las Américas.

Con esta misma orientación, en unión de la Escuela de Capacitación Judicial de El Salvador, vamos a desarrollar en el mes de Octubre un programa de capacitación para jueces de los países de Centroamérica en relación con los instrumentos interamericanos de cooperación judicial, incluidos los relacionados con el combate contra la corrupción.

Finalmente, junto con una red de instituciones académicas y gubernamentales de la región, estamos iniciando la ejecución de un proyecto que busca apoyar a los países Centroamericanos en los procesos de reforma necesarios para adecuar sus ordenamientos jurídicos a las medidas preventivas dispuestas en la Convención contra la Corrupción.

Esta reunión se inscribe, entonces, dentro de esa estrategia integral contra la corrupción. Su tema central es crucial para atacar este terrible cáncer de nuestras sociedades.

Ha sido mucho lo que el periodismo ha aportado para que la geografía hemisférica nos muestre hoy una realidad más alentadora que la que teníamos hace algunos años en las Américas. Donde había gobiernos de facto, hoy ha renacido la expresión popular; donde no había canales de expresión genuinos, hoy encontramos opiniones públicas más activas y vigorosas.

Es necesario destacar que luego de esas transformaciones, la prensa ha visto fortalecido su rol fiscalizador. Los medios masivos, además de su tradicional papel de apuntalar las temáticas de discusión en la agenda pública, también poseen una creciente capacidad de validación y legitimación de los comportamientos y conductas de los actores sociales, políticos y económicos. Esta característica probablemente no sea absolutamente novedosa pero sí lo es su contundencia, entre otros motivos, por que está acompañada de la consolidación de los medios, en muchos de nuestros países, cada vez más independientes de intereses partidistas o de sector.

Nuestra región está viviendo la certeza de que la democracia es un sistema de demandas múltiples. De allí que se le esté pidiendo a la prensa que acentúe aún más su capacidad de escrutar y fiscalizar los hechos, las actitudes y los comportamientos de los sectores dirigentes. En ese nuevo clima está apareciendo una opinión pública cada vez más activa que busca otras formas de manifestación y otorga nuevos roles a tradicionales actores sociales.

Este hecho ha llevado a que en muchos de nuestros países se formulen consideraciones acerca de la prensa y los riesgos de que ella, por debilidad o descrédito de las instituciones de la democracia, intente sustituir a estas últimas. Esa discusión tiene toda la pertinencia de los debates que se establecen en las naciones democráticas.

Es comprensible que, en una época de cambios, los roles de cada uno de los actores sociales se superpongan y rivalicen por momentos, pero el bienvenido debate sobre estos aspectos y acerca de cómo fortalecer nuestros regímenes democráticos no nos puede distraer de nuestro deber ineludible: velar por la libertad de expresión, bien intangible de las sociedades democráticas.

En la hora actual francamente creo que para nuestros ciudadanos una alternativa diferente a unos medios de comunicación libres es inaceptable. Sin embargo, tenemos que renovar los esfuerzos para asegurar que hoy y siempre se respeten los principios consagrados en la declaración de Chapultepec, la cual, en su espíritu, ha interpretado el sentir de todos: la prensa libre no es una corporación profesional más, sino el lugar en dónde se expresa la totalidad de la sociedad.

En lo que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, el papel de los medios es fundamental. Además de su deber de cumplir con una función pedagógica frente a la comunidad, el ejercicio de un periodismo responsable de investigación y denuncia es esencial para atacar en forma efectiva ese flagelo.

Por eso, estoy seguro que los resultados de esta reunión y del seminario que se iniciará con posterioridad a ella serán de gran utilidad para que, entre todos, podamos hacer frente a ese enemigo común.

Quisiera terminar expresando mi admiración y mejores deseos a los periodistas que participarán en el Seminario. Su compromiso con la transparencia será esencial en la consolidación de sociedades mejor informadas y más participativas.