Constituye para mi un honor dar la bienvenida a todos los asistentes a esta reunión y, en especial, a los representantes de los Estados, los organismos internacionales, el sector privado y de instituciones de la sociedad civil que se han desplazado hasta la sede de nuestra Organización para participar en esta sesión especial del Grupo de Trabajo sobre Probidad y Etica Cívica. Quisiera agradecer de manera especial a la Embajadora del Perú, Beatriz Ramacciotti, quien, como Presidenta de este Grupo, ha ejercido una gran labor de liderazgo para que este encuentro fuera posible.

Teniendo en cuenta la invitación que me han formulado los organizadores de este encuentro quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la importancia del fortalecimiento de la probidad v la lucha contra la corrupción en las Américas; la forma cómo concebimos este proceso; los avances que hemos dado durante los últimos años y algunos de los retos que aún tenemos en el marco del Sistema Interamericano.

Como ustedes saben, durante los últimos años ha crecido el interés y la preocupación internacional por los fenómenos de corrupción. La presencia de representantes de tan diversos organismos, instituciones y sectores en esta reunión no es más que una confirmación de ese hecho. Las causas de la incorporación de este tema en la agenda internacional son múltiples n y corresponden a un enorme sentimiento de rechazo hacia su aceptación o tolerancia. No obstante, quisiera destacar que en su origen se encuentran las grandes transformaciones que ha sufrido el mundo durante los últimos años: el final de la Guerra Fría, el desplome de los sistemas de planificación central, el florecimiento de nuevos valores y legitimidades, los avances en la tecnología y las telecomunicaciones, los cambios en el papel del Estado, el creciente rol de las instituciones representativas de la sociedad civil en temas de interés común.

Si bien todo lo anterior es válido, quisiera destacar ante ustedes tres razones por las cuales, a mi juicio, el fortalecimiento de la probidad y la lucha contra la corrupción son una prioridad colectiva en el Hemisferio Americano.

La primera tiene que ver con los efectos que tiene la corrupción sobre el comercio, el crecimiento y el desarrollo económico. Numerosos estudios han confirmado empíricamente que entre mayor sea la corrupción en un país, menor será la inversión y el crecimiento económico. Según los resultados de una encuesta realizada por el Banco Mundial, la corrupción fue considerada como el peor obstáculo para realizar negocios en una de las subregiones de América Latina, la cual tuvo el peor índice al compararla con todas las demás regiones del mundo en materia de corrupción y estabilidad de sus políticas. Es evidente que aquí tenemos en las Américas un desafío de primer orden, si en verdad queremos alcanzar el crecimiento y el desarrollo económico.

La segunda razón por la cual tenemos que luchar contra la corrupción en las Américas tiene que ver con algo que es de la esencia de nuestra Organización y del Sistema Interamericano en su conjunto: la preservación y el fortalecimiento de la democracia. Diversas investigaciones también han mostrado que la corrupción está asociada con las fallas o la ausencia de un Estado de Derecho. Lo sucedido en los últimos tiempos en algunos de nuestros países en los cuales el pueblo mismo ha salido a los lugares publicos a protestar por los actos de corrupcion ubicando este tema en primer lugar de las preocupaciones cuotidianas es un campanazo de alerta. Las naciones de América Latina en particular han soportado con admirable estoicismo planes de austeridad y programas de ajuste, pero esa paciencia tiene sus límites, sobre todo si los escándalos que afectan a funcionarios públicos o a partidos políticos, empiezan a verse como una especie de crimen sin castigo.

Por eso, la circunstancia de que las Américas seamos una comunidad de países que comparte su creencia y lealtad a los valores y principios democráticos, nos abre una ventana de oportunidad para ayudarnos los unos a los otros, en el propósito compartido de consolidar y perfeccionar nuestras democracias.

La tercera razón por la cual tenemos que combatir la corrupción en este Hemisferio tiene que ver con los enormes costos sociales de este problema. En América latina y el Caribe, la pobreza no sólo ha aumentado sino que se ha constituido en la región con mayores disparidades entre pobres y ricos. En esta campo, también diversos estudios han comprobado que las principales víctimas de la corrupción son los pobres y que en aquellos países en donde florece la pobreza hay una corrupción desmedida y creciente. En este sentido la lucha contra la corrupción en las Américas es una causa de justicia social.

Esta sesión especial del Grupo de Probidad y Etica Cívica es una excelente oportunidad para examinar los pasos que hemos dado hasta ahora y para que avancemos en la definición y coordinación de nuevas acciones hacia el futuro.

La lucha contra la corrupción ha sido una preocupación constante en las Américas. En el marco de la OEA, el tema de la lucha contra la corrupción surgió desde 1992, avanzó con decisiones de la Asamblea General en 1994, se confirmó en la Cumbre de Miami y se consolidó con todo el proceso que llevó a la adopción de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Este tratado abrió camino. No sólo fue el primer instrumento jurídico internacional en la materia, sino que sigue siendo el único en el cual la lucha contra la corrupción se concibe como un esfuerzo permanente, en el que los Estados asumen compromisos tanto para castigar como para prevenir la corrupción, y en la cual se reconoce la importancia de la acción de todos los actores: los Estados, el sector privado, la sociedad civil y la comunidad internacional.

Por esa concepción integral que ella expresa y por los avances que ella representa, la Convención es y debe mantenerse como la gran Carta de navegación de nuestra acción colectiva a nivel hemisférico para combatir la corrupción. De hecho, así lo han entendido los Estados Americanos y por eso la Asamblea General de la OEA adoptó un programa interamericano de cooperación para combatir la corrupción y los Jefes de Estado y de Gobierno, en el Plan de Acción aprobado en la Segunda Cumbre de las Américas, se comprometieron a propiciar, en la OEA, un adecuado seguimiento de los avances de dicha Convención.

En desarrollo de dicho Plan de Acción, se realizó el Simposio de Santiago de Chile sobre el Fortalecimiento de la Probidad en el Hemisferio y, en desarrollo de las recomendaciones del mismo, la Asamblea General dispuso reiniciar las labores de este Grupo el cual ha venido avanzando en el desarrollo de un muy completo programa de trabajo del cual hace parte esta sesión especial.

El Comité Jurídico Interamericano, por su parte, ha elaborado un documento sobre legislación modelo en materia de enriquecimiento ilícito y soborno transnacional que puede llegar a ser de gran utilidad para los Estados.

Finalmente, la Secretaría General ha organizado diversas conferencias para difundir la Convención y promover su ratificación e incorporación en el derecho interno; ha creado un sistema de información a través de Internet compuesto por más de 9,000 archivos y una red interamericana de instituciones y expertos que ya cuenta con la participación de 56 instituciones de 19 países miembros; y en unión del BID, ha venido apoyando a 12 países de la región en la adecuación de su legislación penal a los mandatos de la Convención. De igual forma, está asistiendo a los países centroamericanos en relación con la incorporación de las medidas preventivas previstas en la misma y está trabajando con el Parlamento Andino y los Poderes Legislativos Centroamericanos en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de sus funciones de control político y con las normas de ética de sus miembros. Asimismo, participa en la iniciativa de la Fundación para las Américas en materia de la capacitación de periodistas para abordar sus tareas e investigaciones sobre la corrupción.

Con el marco de referencia que nos ofrecen los avances ya logrados, quisiera aprovechar esta ocasión para presentar algunas ideas en relación con algunos de los desafíos comunes que aún tenemos en el sistema interamericano y sobre las cuales quisiera invitar a los participantes a enriquecerlas con sus observaciones y sugerencias.

Nuestro primer gran propósito colectivo debería ser el de buscar que la Convención entre en vigor en todos los países de las Américas. Hasta la fecha, veintiséis Estados han firmado la Convención y dieciocho de ellos, la han ratificado. Ese es un proceso en el que, de acuerdo con los ordenamientos jurídicos nacionales, intervienen diversas autoridades y que necesariamente tiene diferentes ritmos de acuerdo con las condiciones propias de cada país. Sin embargo, dada la importancia de este instrumento jurídico, los Estados deberían asumir el compromiso colectivo de definir un plazo, razonable y realista, para que la Convención esté firmada y ratificada por todos aquéllos que aún no lo han hecho.

Esa sería una señal clara ante el mundo de que el compromiso de los Estados de las Américas es real y profundo, así como una notificación contundente a los corruptos de que ellos y los bienes producto de sus actos delictivos serán perseguidos en cualquier parte de la región en que se encuentren y que las autoridades se prestarán la más amplia asistencia recíproca para que los actos de corrupción no queden en la impunidad y los responsables sean castigados de manera severa y ejemplar.

Un segundo reto que tenemos en este campo es el de avanzar en la definición de mecanismos para el seguimiento de los avances dados en desarrollo del programa interamericano de cooperación y de la propia Convención. Este es un tema en el cual los propios Gobiernos han tomado la iniciativa y expresado la importancia que le conceden al mismo. Así, en el Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las Américas, los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a propiciar, en el marco de la OEA, "un adecuado seguimiento de los avances de la Convención Interamericana contra la Corrupción". Con la misma orientación, hace apenas pocas semanas, los Ministros de Finanzas, en la declaración que adoptaron el 3 de febrero en Cancún, expresaron su apoyo al establecimiento de un mecanismo de seguimiento, en el marco de la OEA, de los progresos dados en la prevención y sanción de la corrupción.

El tema del seguimiento de compromisos internacionales no es algo nuevo o extraño para los países miembros de la OEA. Diversos Estados hacen parte de mecanismos de seguimiento, por ejemplo, en materia del combate al lavado de dinero o aún algunos de ellos participan en el proceso previsto en la Convención de la OCDE. En el marco de la OEA, con diferentes orientaciones y énfasis, los Estados han adoptado instrumentos para el seguimiento de los avances dados en áreas de interés colectivo. Bastaría con citar la reciente puesta en marcha del Mecanismo de Evaluación Multilateral en relación con el control del abuso de drogas y la iniciación de labores del Comité Consultivo previsto en la Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego.

Si bien lo anterior es cierto, quisiera destacar que cualquier iniciativa que se promueva en este campo, en primer lugar, debe tener como objetivo fundamental fortalecer la cooperación mutua en la lucha contra el flagelo de la corrupción. Yo, francamente, no veo viable un instrumento que busque calificar o clasificar a los países. Por el contrario, pienso que podemos avanzar aún mucho más a través de un mecanismo de seguimiento y cooperación mutua.

En segundo lugar, las propuestas que se formulen en esta materia deben ser realistas en el sentido de tener en cuenta las diferencias que existen entre nuestros países en tamaño, desarrollo económico y social, y aún en la consolidación de sus instituciones.

En tercer lugar, cualquier iniciativa en este campo debe buscar que todos los Estados miembros participen y se beneficien de ella.

Finalmente, pienso que los mecanismos de seguimiento que se sugieran deben garantizar credibilidad, transparencia y publicidad.

El cuestionario que fue considerado y acogido por los Estados en el marco de este Grupo, en relación con la ratificación e implementación de la Convención contra la Corrupción, es un primer paso de gran utilidad para avanzar en el seguimiento de los compromisos adoptados por los Estados y, sin lugar a dudas, las respuestas al mismo permitirán detectar áreas en las cuales tenemos que fortalecer nuestra cooperación.

La lucha contra la corrupción es una responsabilidad compartida. El sector privado es parte del problema y, por lo tanto, también debe ser parte de la solución. En este sentido, como aquí lo propusiera el Canciller Axworthy de Canadá hace algunas semanas, es "importante comprometer al sector empresarial para elevar los patrones de comportamiento en el hemisferio". Por eso, tenemos que trabajar más estrechamente con instituciones como cámaras de comercio, asociaciones de empresarios o entidades gremiales para generar un mayor compromiso de ellas en la auto-regulación y, como él lo sugiriera, en el desarrollo e implementación, por ellas mismas, de principios de conducta ética. Este, sin lugar a dudas, es otro campo en el cual podemos progresar en las Américas.

Algo similar ocurre con las instituciones representativas de la sociedad civil. Buena parte de los avances que se han dado durante los últimos años en cuento a la concientización sobre la gravedad de este problema se debe a ellas. Yo he dicho en varias oportunidades que es una falsa dicotomía la que algunos pretenden establecer entre las instituciones gubernamentales y la sociedad civil. Por el contrario, estoy convencido que la acción conjunta es absolutamente necesaria. En este sentido, creo que en la OEA y, en general, en el sistema interamericano, como lo reconoce expresamente nuestro programa de cooperación, tenemos que tender más puentes que nos permitan aunar esfuerzos y trabajar en equipo con aquellas organizaciones de la sociedad civil comprometidas, en forma seria, objetiva y responsable, con la causa de la lucha contra la corrupción.

Sin una administración de justicia accesible, independiente, eficaz, eficiente, fuerte y sensible a los valores democráticos, es imposible combatir la corrupción. Por eso, tenemos que seguir trabajando en el fortalecimiento de la cooperación jurídica y judicial, en unión de los Ministros de Justicia, las autoridades judiciales y de instituciones como el Centro de Estudio de Justicia de las Américas.

Una sexta área en la que debemos avanzar es en la coordinación de nuestras acciones entre los organismos internacionales y con las instituciones nacionales con responsabilidades en esta área. Desde el punto de vista internacional, diversos organismos desarrollan acciones en este campo como el BID, el Banco Mundial, las instituciones de las Naciones Unidas, así como agencias bilaterales de cooperación. A nivel nacional, los países también han avanzado en la definición de responsables de la coordinación de programas en este frente como Ministerios, Consejerías Presidenciales o Comisiones especiales.

El fortalecimiento y consolidación de la red interamericana contra la corrupción, sin lugar a dudas, es de gran utilidad con esta orientación. Esta red nos debe servir para intercambiar información y experiencias, para cooperarnos mutuamente y coordinar acciones tanto a nivel hemisférico como con otras regiones del mundo.

Un séptimo campo en el que podemos avanzar aún más es en la consolidación del servicio de información anti-corrupción, de manera que podamos conocer en forma sistemática y permanente los desarrollos y acciones que en materia de lucha contra la corrupción se están dando en el Hemisferio. Teniendo en cuenta los avances que ya hemos dado en este campo, entre otros a través de nuestra página en "internet", la Secretaría General de la OEA, en el marco de sus disponibilidades y en coordinación con las instituciones y organismos que trabajan en este frente, ofrecería sus servicios como centro de difusión e intercambio de información a nivel hemisférico en los temas relacionados con la lucha contra la corrupción.

Otra área en la cual los países le han reconocido ventajas comparativas a nuestra organización y tenemos experiencia, es en el desarrollo de programas y proyectos de intercambio de experiencias y cooperación horizontal. Dada esta circunstancia, así como los mandatos de la Convención, deberíamos fortalecer este tipo de actividades de cooperación sobre las formas y métodos más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción.

Un frente en el cual las instituciones del sistema interamericano han dado pasos de importancia con posterioridad a la adopción de la Convención, es en la elaboración de legislación modelo. Con base en estos progresos, deberíamos consolidar como un servicio de cooperación con los países, el de contar con un conjunto de leyes "tipo" o "modelo" que pudieran ser de utilidad a los Estados, en el momento de elaborar, estudiar y aprobar disposiciones legislativas.

El décimo campo en el que deberíamos progresar es en el apoyo a programas de investigación aplicada tendiente a detectar las causas de la corrupción en sectores específicos tales como la recaudación de impuestos, las aduanas y las compras oficiales, así como determinar líneas de política que conduzcan a su eliminación.

Señora Presidente; señoras y señores:

La Asamblea General en Winsor y la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en Quebec nos ofrecen la oportunidad de renovar el compromiso de todos con la causa del fortalecimiento de la probidad y la lucha contra la corrupción en las Américas, así como de definir acciones específicas que nos permitan avanzar en forma eficaz y eficiente en el propósito de combatir el cáncer de la currupción.

Estoy seguro que las conclusiones y resultados de esta sesión especial y, en general, del trabajo de todos los Estados en el marco de este grupo, serán fundamentales para que de Windsor y Quebec surja una renovada agenda colectiva y compartida en materia de probidad y lucha contra la corrupción.



Muchas gracias.