Gracias a los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por reunir a un grupo de distinguidas autoridades en derechos humanos y por invitarme a compartir algunas ideas con ellos. Espero, con el nuevo Presidente de la Corte, Antonio Cançado, mantener una estrecha y fructífera relación de trabajo.

Estos días en San José han sido fundamentales para demandarnos una acción más vigorosa en la tarea colectiva de la defensa y promoción de los derechos humanos, componente esencial de nuestra empresa de defender y consolidar la democracia en las Américas. Como ustedes saben, el Presidente Rodríguez nos invitó a celebrar los tres aniversarios: el de la Comisión, el de la Corte y el del Pacto de San José. Igualmente ha reunido a un grupo de Ministros del Continente y del Caribe para celebrar un diálogo privado, centrado en los desafíos que enfrentamos en la tarea de hacer respetar los derechos humanos en el Hemisferio. El dialogo ha sido franco y abierto y ha generado una amplia gama de consideraciones, propuestas, comentarios que constituyen un excelente punto de partida para el proceso de fortalecimiento del Sistema de Derechos Humanos y que ha recibido un gran respaldo en los eventos de las conmemoraciones.

También mencioné ayer que el mecanismo regional que hemos creado juntos se basa en una Convención que articula una serie de valores comunes que hoy nos unen y convocan a todos y que fueron entonces, cuando ella se concibió, el resultado de un rico proceso de discusión y construcción interamericana de normas e instituciones de protección de derechos. No obstante por la realidad política de entonces, la Convención encontró obstáculos formidables para su aplicación. Y bien pronto se encontró que la Convención tenía un contenido revolucionario como quiera que sus normas sirvieron para confrontar la tolerancia, permisividad y complicidad con las dictaduras y sus sistemáticas e inauditas violaciones contra los derechos más elementales de los americanos, en nombre de la confrontación Este Oeste.

La Corte, al acoger este seminario, le da continuidad a un esfuerzo de reflexión que hemos adelantado por varios años. Y el escenario que hemos disfrutado es uno que sin duda nos sitúa en el futuro: para pensar en el deber ser. Para discutir abiertamente cuánto hemos avanzado en protección de derechos humanos en el hemisferio, y cuánto camino nos falta por recorrer. Para decir lo que no hemos hecho bien o los objetivos que aún no hemos alcanzado.

Se trata de poner toda la fortaleza de nuestro sistema interamericano de derechos humanos para ponerla hoy al servicio de su propia transformación. Una transformación que signifique robustecimiento, ampliación y modernización, y a la que contribuyan por igual los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones multilaterales y, por supuesto, las instancias interamericanas de derechos humanos.

Ya desde el 96 tanto nuestros Organos Políticos como la Comisión realizaron evaluaciones con muy similares propósitos a los de este seminario. Actualmente, en el marco de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos se está llevando a cabo un ejercicio similar de reflexión sobre el fortalecimiento de las instituciones de protección de los derechos humanos, que procura actualizar buena parte de ese debate. También la Cumbre de Santiago, al tiempo que apoyaba al sistema de los derechos humanos hemisférico, hacía un llamado para que se definieran "medidas concretas" para lograr su perfeccionamiento.

Hace unos años, la Secretaría de la OEA tuvo oportunidad de contribuir a este proceso con un trabajo titulado "Hacia Una Nueva Visión Del Sistema Interamericano De Derechos Humanos". Mientras preparaba estos comentarios, volví a mirar hacia atrás para reconsiderar y quizás actualizar algunos de los aspectos que allí se abordaban. El documento considera muchas dimensiones de nuestro sistema de derechos humanos, siempre con el propósito de enriquecer, catalizar y quizás impulsar el debate para abordar aspectos que no habían sido todavía motivo de discusión. Una nueva lectura de algunas de las propuestas planteadas a fines de 1996, revela lo mucho que se ha logrado avanzar en apenas unos pocos años en el marco de la Convención Americana.

Los procedimientos que se siguen en el tramite de los casos, que en un momento fueron objeto de fuertes críticas, han mejorado notablemente. La etapa de admisibilidad en la labor de la CIDH se ha sintetizado y aclarado mediante la publicación de varios casos importantes. La CIDH y la Corte están tramitando un mayor número de casos de más diversas materias y de más vasto alcance. La CIDH tiene en marcha una importante tarea para enmendar su propio reglamento, para lo cual ha contado con el enriquecedor aporte de varios trabajos preparados tanto por representantes de los Estados Miembros como de la sociedad civil. La jurisprudencia del Sistema se ha hecho en general más accesible a través de tecnologías de Internet y de un sistema de búsqueda preparado por American University. Las relaciones entre la CIDH y la Corte son hoy más fluidas.

El sistema es hoy más transparente y administrativamente más autónomo. Se ha avanzado en la aceptación del papel que deben desempeñar los representantes de la sociedad civil. En este sentido, el sistema de los derechos humanos ha cumplido para la OEA un papel didáctico e ilustrativo en torno a la participación exitosa y efectiva de la sociedad civil en las tareas de la Organización.

El mecanismo de protección también ha logrado concentrar gran parte de su atención en la expansión del temario de derechos humanos para abarcar una nueva generación de derechos que reflejan las necesidades cambiantes de nuestro Continente y el Caribe, y constituyen piedras angulares de la consolidación de la democracia. Los derechos de la mujer, del niño, de los discapacitados, de las minorías étnicas y de los trabajadores migratorios y sus familias han sido objeto de atención especial. Se creó también el Relator Especial para la Libertad de Expresión.

Hemos alcanzado importantes avances en el contenido y la redacción de una Declaración de los Derechos de las Comunidades Indígenas a nivel hemisférico. Para tal efecto, hace pocas semanas, la OEA celebró durante varios días un período de sesiones de trabajo en el que se logró incorporar los aportes de un grupo importante de representantes de las comunidades indígenas.

Sin embargo, todavía queda mucho por hacer, incluyendo la solución de problemas que siguen siendo absolutamente relevantes en este debate. Tenemos que imaginar nuevas formas de enfrentar la crónica deficiencia de recursos que enfrenta el sistema. Por ello si queremos construir un sistema de derechos humanos que esté a la altura de nuestras expectativas tenemos que resolver en los próximos años aspectos esenciales de financiamiento. Nadie discute la necesidad de incrementar los recursos humanos, técnicos y administrativos para ampliar su cobertura y agilizar sus procedimientos de investigación y elaboración de fallos y recomendaciones. Tenemos que apoyar la capacitación de jueces sobre el contenido de la Convención y la jurisprudencia interamericana, así como difundir su mensaje y objetivos por más lugares y hacer más promoción de sus actividades.

Un aspecto conexo, aunque no nuevo, que requiere mayor consideración, es la posibilidad de otorgarle un carácter permanente a algunos de los componentes del sistema que hoy no lo tienen. Como lo señalamos anoche creemos que su configuración actual de tiempo parcial le está exigiendo demasiado a los jueces y a los miembros de la Comisión. Ya se observa una tendencia a procurar oficiosamente la presencia ininterrumpida de los Presidentes de los órganos del Sistema.

De otro lado, como se menciono ayer, cuando un caso llega a la Corte, ésta realiza de nuevo buena parte de la labor probatoria ya ejecutada por la CIDH, lo cual significa una duplicación con consecuencias serias sobre los limitados recursos del sistema. Ello se debe a diversas razones. Dado que la Comisión no es un órgano exclusivamente judicial, las normas probatorias en esa instancia, por ejemplo, son diferentes. Existe, a fin de cuentas, cierta tensión intrínseca entre la rigurosidad judicial del proceso y sus posibilidades de acceso para una gama más amplia de posibles usuarios. Sin embargo, debe existir una manera de rescatar un espacio procesal jurídicamente seguro sin afectar negativamente la dimensión política de la labor de casos de la Comisión.

Una propuesta que espero sea motivo de consideración en este seminario es la de crear, dentro del marco de la Corte, la figura de la fiscalía con la tarea de instruir casos. Esta fiscalía trabajaría directamente con la CIDH, una vez que el caso llegue a la instancia de la Corte y, esto es muy importante, recurriría a las autoridades judiciales nacionales como defensores del pueblo, fiscales o procuradores y tribunales locales, con el fin de que ayuden a sustanciar el caso. Ya existe en la historia de la Corte el precedente de recurrir a personas eminentes para que ayuden localmente en la instrucción de casos. Por supuesto que el objetivo no es cerrar a la Corte las oportunidades de actuar en la tarea probatoria, sino permitir que los jueces de la Corte se concentren en la tarea primordial de preparar las sentencias y trabajar en las materias del derecho y menos en la definición de los hechos.

Tenemos que establecer mejores relaciones entre los sistemas internacionales y nacionales de protección de derechos, teniendo en cuenta que sobre estos últimos recaen las mayores responsabilidades de preservación de los derechos. Debemos seguir empeñándonos en el establecimiento de vínculos viables con los sistemas judiciales nacionales, de los cuales podría emanar una mayor fortaleza y legitimidad tanto para la esfera regional como la nacional.

Actualmente, la representación individual en las actuaciones ante la Corte ha alcanzado un nivel que hasta hace pocos años era inimaginable. En las etapas de reparación las personas ya presentan argumentos directamente a los jueces de la Corte. En la etapa de méritos las personas, en la práctica, se colocan del lado de la CIDH en la presentación de los casos. Pero existen razones para permitir un acceso individual aún mayor. La CIDH, y el mecanismo en sí, sigue siendo perjudicada por el carácter dual de su papel dentro de este sistema. Es árbitro en la primera parte del proceso y parte en la segunda. Una participación más directa a nivel individual ayudaría sustancialmente a aliviar esta situación.

Manteniendo la CIDH su función decisoria en cuanto a la definición de los casos que se remiten a la Corte, ella podría concentrarse más en la función de Ministerio Público, no defendiendo a las partes, sino defendiendo desapasionadamente la integridad del Sistema. Habrá ocasiones en que ello será difícil, por ejemplo en los casos de múltiples demandantes. Sin embargo si se aplica esta idea con prudencia y flexibilidad, serían más los problemas que se resolverían que aquellos que podría originar.

Es inquietante que una Convención cuya creación conmemoramos esta semana, que ha dado tanto a nuestro sistema regional en sus 30 años de existencia, no esté suscrita universalmente por todos nuestros estados miembros. Este es un tema que se ha reiterado en intervenciones, en resoluciones de la Asamblea General de la OEA y en ambas Cumbres Presidenciales. Pero no podemos descansar hasta no encontrar mecanismos para unificar la manera en que el Sistema se aplica a cada uno de los Estados Miembros. Mientras tanto, esta incongruencia no sólo seguirá causando fricciones entre los países de la región, sino que continuará generando dificultades en el propio Sistema que actualmente se ve obligado a tratar a distintos participantes de manera distinta y aplicando normas diferentes.

En el documento de derechos humanos "Nueva Visión", hicimos referencia a las dificultades vinculadas a la ejecución y el cumplimiento de las sentencias. La necesidad de examinar este problema es hoy aún más acuciante. Nuestro Sistema no prevé un mecanismo formal para ello pero, quizás por esa misma razón, las opiniones de la Corte revisten una gran autoridad moral. Soy optimista y creo que esto puede mejorar con imaginación y con un profundo reconocimiento por los valores comunes y la solidaridad que son piedra angular de nuestro Sistema.

En ese mismo documento propuse una idea basada en el sistema europeo que aún hoy tiene relevancia. En dicha región, una vez que la Corte ha pronunciado su sentencia, se notifica a la Comisión de Ministros, la que inscribe la sentencia en su temario. El Estado en cuestión es luego invitado a informar a la Comisión de toda medida que haya adoptado en cumplimiento de la decisión de la Corte. La Comisión puede responder declarando cerrada la cuestión. De lo contrario, el caso se incorpora automáticamente en el temario de la Comisión, que lo considera en el curso de los seis meses siguientes. El caso permanece en el temario de la Comisión hasta que ésta se declara satisfecha de las medidas que adopte el Estado para dar cumplimiento a la decisión, y emite una declaración al respecto.

La OEA podría establecer un procedimiento similar, que representaría un vínculo más congruente y sólido que el que existe actualmente entre el Consejo Permanente y la Corte. Esto tendría la ventaja adicional de obligar a las instancias políticas de la OEA a participar más activamente en el funcionamiento del Sistema, al mismo tiempo que se preserva su natural autonomía.

La doble tarea de "promoción" y "protección" que se asigna a los órganos de derechos humanos ha sido objeto de algunas deliberaciones en los órganos políticos de la OEA. Por "promoción" me refiero a la educación en derechos humanos, la contribución por medio de apoyo técnico a las tareas nacionales en materia de derechos humanos y a la capacidad de satisfacer solicitudes directas de asistencia en esta materia por parte de nuestros Estados miembros. En otras palabras, precisamente el tipo de asistencia en derechos humanos que un país procuraría en el curso de la consolidación de una democracia. La mayoría de los Estados Miembros de la OEA ya no recurren a nuestro Sistema para este tipo de apoyo tan crucial. Nos hemos apoyado en otras instancias que nos han ayudado muchísimo, como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

La problemática es doble. Por un lado, existe una escasez de recursos. Obligado a darle prioridad a una de sus funciones, el Sistema se inclina por su labor adjudicatoria y judicial. Y esta bien es la opción acertada. Pero es importante señalar que no se trata sólo de una cuestión de recursos. También existe una tensión fundamental vinculada al hecho de que un Estado se ve obligado a procurar asistencia del mismo órgano que mañana lo ha de juzgar.

El tema ha despertado varias ideas afines, como la creación de una Dirección de Derechos Humanos como la de Ginebra, que podría absorber algunas de las funciones no judiciales que la región ha demostrado necesitar. Otra idea sería la creación de un Alto Comisionado Regional de Derechos Humanos, cuya tarea consistiría en brindar asistencia en las labores de nuestro Sistema no vinculadas a los casos, aunque en principio sería conveniente conservar para la Comisión las visitas in Loco y los Informes Nacionales que cumplen un fundamental rol político. Reconozco que el mero planteamiento de estas ideas causa a algunos gran inquietud. Pero solo de un marco de discusión donde libremente circulen ideas y propuestas, con origen académico o político, podrá originar un eficaz y balanceado conjunto de propuestas.

Quisiera expresar una última idea, relacionada con el mandato que nos impuso la Cumbre de procurar "medidas concretas" para fortalecer el Sistema. En tal sentido, si bien el proceso de las cumbres presidenciales fija con claridad el rumbo a seguir, creo que tenemos la gran responsabilidad y la tarea de informar, nutrir y enriquecer el temario. Debemos empezar ya a imaginar los planes de acción de la Cumbre de Canadá en materia de derechos humanos. Algunos de los aspectos más problemáticos en materia de derechos humanos siguen siendo aquellos que son más difíciles de abordar conceptualmente y cuyo tratamiento adecuado lleva tiempo. Por ejemplo, pocos expertos discreparían con la afirmación de que la impunidad es un concepto central a la problemática de derechos humanos en nuestro Hemisferio. Debemos admitir que es un tema difícil de tratar en una forma adecuada para el Plan de Acción de una Cumbre. Pero con tiempo suficiente, con un enfoque multidisciplinario, con un análisis cuidadoso y con la voluntad política colectiva, podemos formular el problema de una manera apropiada.

Los Jefes de Estado y de Gobierno formularon compromisos claros, sustentados en medidas concretas de ejecución a corto y mediano plazo. Acordaron garantizar a todos los individuos el derecho a un proceso sin dilaciones, ajustado a la ley y los procedimientos, así como la presunción de inocencia. Decidieron revisar las legislaciones nacionales vigentes para eliminar de ellas cualquier tipo de discriminación y en especial para que en el año 2002 no exista ningún tipo de desigualdad legal entre hombres y mujeres. Expresaron su voluntad de trabajar por el mejoramiento del sistema carcelario y las condiciones de vida de los reclusos. Enfatizaron la necesidad de combatir la explotación infantil en todas sus formas, acordando implementar un sistema regional de información sobre los niños. Y mandaron un mecanismo especial para proteger la libertad de expresión en el marco de la OEA.

Espero que estos temas rápidamente esbozados sean materia tanto de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de nuestro Consejo como de la Comisión que recién han creado los cancilleres con miras a buscar ideas y propuestas para las próximas dos Asambleas Generales y la Cumbre de Canadá.

Les deseo éxito en sus deliberaciones y esperamos con interés las conclusiones de su trabajo de las que depende el que avancemos en una tarea de fortalecimiento de nuestra democracia que todos une.

Muchas Gracias.