Quisiera agradecerle al General Wesley Clark, Comandante del Comando Sur de los Estados Unidos y al doctor Juan E. Méndez, Director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, por realizar de nuevo esta conferencia y por invitarme otra vez a reflexionar, en compañía de tan distinguidos panelistas, sobre la interrelación entre los temas de los derechos humanos, las fuerzas armadas y la democracia.

Estas conferencias son una pausa bienvenida para analizar algunas tensiones específicas que nuestro hemisferio sufre día a día, y son útiles también para reflexionar sobre cómo, en el procesos de modernización, crecimiento y consolidación democrática, las fuerzas armadas pueden ayudar en el logro de los bienes públicos más preciados, como son la democracia y el ejercicio de los derechos por nuestros ciudadanos.

Una ventaja de mi trabajo actual es que el punto estratégico donde me encuentro me ha permitido tener una visión hemisférica. Y si bien generalizar no siempre ayuda, es común ver que los problemas de un país -o específicamente en nuestro caso la relación entre las esferas civiles y militares de un país, o entre las acciones de las fuerzas armadas y la defensa de la democracia o la protección de derechos- muchas veces tienen un considerable impacto sobre sus vecinos. Por eso, las conferencias como éstas nos dan una valiosa oportunidad de comparar experiencias y de reflexionar y aprender de ellas.

Al leer el temario de esta conferencia, me alegra ver que se ha incluído la forma como los temas de democracia, derechos humanos y fuerzas armadas se relacionan hoy en las Américas. La democracia es la trama que todos hemos empezado a tejer y en la que también están tejidos los derechos humanos y las fuerzas armadas. Hoy la democracia se define en términos de compromiso con las libertades y derechos fundamentales. El estado que identifica y protege los derechos fundamentales es un estado fuerte. El desconocimiento de los derechos ciudadanos por el contrario es un signo claro de un gobierno frágil y amenazado. Los estados que pueden asegurar el respeto de los derechos fundamentales es uno más estable y próspero política y económicamente.

Ya tuvimos la oportunidad de señalar la importancia de dejar atras los tiempos en que los militares eran percibidos como una clase social separada, una que gozaba de muchos privilegios y al mismo tiempo sin plenos derechos políticos. Estos privilegios especiales distorsionan el verdadero rol de los militares, crean oportunidades para la corrupción, abusos del poder y en algunas oportunidades obstrucción de justicia.

El año pasado vimos cómo a lo ancho de América, tanto en los países con democracias bien establecidas como en aquellos en proceso de consolidación, la misión de los militares se encuentra en proceso de transformación. Quedó claro que su papel principal es aun proveer seguridad contra amenazas externas. Pero también señalamos cómo en varios países hay aun conflictos internos sin resolver; hay poblaciones indígenas que de manera creciente están usando medios políticos y algunas veces infortunadamente la violencia para promover y defender sus legítimos derechos; y en otras regiones el narcotráfico y el terrorismo se han constituido en las principales amenazas para la democracia.

Los problemas de nuestro hemisferio, pobreza extrema, marginación de regiones enteras y de algunos sectores de la población, y el debilitamiento de muchas instituciones del estado por la crisis de la deuda y de la reestructuración del sector público, continúan siendo un enorme desafío a las instituciones democráticas, al orden público y a la estabilidad de nuestras democracias.

En algunos países a los militares se les está pidiendo que asuman nuevas responsabilidades, como en asistencia humanitaria y en desastres naturales; en el desminado, en tareas de pacificación, en lucha contrainsurgente, en el combate contra el narcotráfico, el narcoterrorismo y el contrabando de productos y la inmigración ilegal, asi como en proyectos de reforestación e infraestructura. Además en muchos otros la policia es una fuerza militar o funciona como si lo fuera.

Por eso, si comparamos la situación de hoy con la de hace una década, seguramente reconoceríamos que la misión de los militares es diferente en cuanto a sus misiones. Además, en la mayoría de los países su presupuesto se ha visto reducido, tienen más estrictas restricciones legales, y hay un mayor nivel de responsabilidad frente al gobierno civil, el congreso y la opinión pública.

Dentro de este esquema nosotros vemos que las fuerzas armadas han asumido un vasto conjunto de nuevas misiones, sin haber reflexionado lo suficiente a nivel político sobre la conveniencia de que lo hagan, o sobre la compatibilidad de esas tareas con su nuevo rol del lado de la defensa y consolidación de la democracia y de la protección de los derechos humanos.

Por eso la discusión que queremos hoy generar, más que dirigida a hacer una crítica a la actuación de las fuerzas armadas o a la ampliación de su ámbito de acción, está dirigida a los gobiernos, a los congresos y a la sociedad civil. Estos deben asegurar que las funciones a cumplir por las fuerzas armadas y que algunas de las importantes decisiones a nivel de defensa nacional que se toman en los diferentes países, sean compatibles con las tareas esenciales de proveer seguridad externa, y de ayudar a consolidar la democracia y la defensa de los derechos humanos.

Quisiera dividir mis comentarios en dos partes conceptuales: el pasado y el futuro. Y para no ser demasiado convencional quisiera comenzar por el futuro.

Desde mis palabras en la conferencia del año pasado me han surgido reflexiones sobre el papel de los militares en este hemisferio que sólo recientemente logró el privilegio de ser casi completamente democrático. Con ánimo de ampliar el debate, creo que es importante analizar los nuevos elementos.

Primero, hay que decir con claridad que podemos estar a las puertas de una carrera armamentista. Seguramente estamos todos de acuerdo con que la principal función de las fuerzas armadas es proteger los intereses de la seguridad nacional contra amenazas externas. Para ello deben estar adecuadamente adiestradas, dotadas y compensadas, y además deben gozar de reconocimiento público por tan valioso servicio. Si bien es fácil decirlo, es difícil lograrlo. Aún no he escuchado un argumento convincente sobre la razón de que cada una de nuestras nuevas democracias invierta millones de dólares en aviones de caza.

Sin embargo, lo que está claro es que cuando un país hace ese tipo de compras, sus vecinos mueven montañas para no quedarse atrás. En contraste con la realidad de que cada vez son menores los presupuestos militares, esta dinámica pasa rápidamente de un tema militar a uno presupuestario, y de este a uno político y de allí a uno social. Y esto termina por socavar los esfuerzos colectivos para que los recursos públicos, siempre muy escasos, se puedan dedicar a la lucha contra la pobreza, tal vez hoy el principal problema sin resolver de nuestras democracias.

Lo segundo, es la tendencia de ampliar el papel que juegan los militares en áreas históricamente no tradicionales. Esa tendencia que parece no conocer fronteras promete consecuencias riesgosas para el ámbito de los derechos humanos y también para la delicada trama democrática que estamos tejiendo.

Estos problemas se agravan cuando se espera que los militares actúen como garantía de la seguridad ciudadana. Lamentablemente una característica de los tiempos en que vivimos es que la seguridad ciudadana en nuestras sociedades está cada vez más descontrolada. Ha habido un aumento dramático de las tasas de criminalidad en casi todas las regiones de América durante el último lustro. Pero infortunadamente la primera reacción de la autoridad civil no es la de adoptar soluciones integrales que tengan en cuenta los aspectos de justicia o de inversión social, sino optar equivocadamente por las fuerzas armadas como la solución del problema.

Las consecuencias para el orden democrático son obvias. No son tan obvias, sin embargo, los resultados para la integridad de las fuerzas armadas, su cohesión, y para la confianza que el pueblo depositó en ellas. Dicho más claramente, la consecuencia o quizás la manifestación de la incoherencia entre el mandato y la capacidad para llevarlo a cabo, históricamente ha resultado en que por este motivo termina asociándose a las fuerzas armadas con problemas de abuso de los derechos humanos. No se puede contrarrestar la existencia de un estado débil con medidas de fuerza.

Quisiera sugerirle a este grupo que se mantenga en la vanguardia del pensamiento actual sobre este tema. Por ejemplo, considero muy interesante la idea de establecer un Centro Interamericano de Defensa para educar a los civiles en las costumbres militares. Durante demasiado tiempo hemos culpado a las fuerzas armadas por no entender a la comunidad civil. Es hora de que los papeles se cambien y que los civiles conozcan y se sientan cómodos en las esferas militares. No es por accidente que los militares se estén acercando a estas áreas no tradicionales. Son las propias autoridades civiles que les están pidiendo que lo hagan.

Algunos piensan que al mejorar la educación de los militares se encuentra una solución. Sin embargo, parecería que muchas veces dicha educación está limitada a lecciones de moralidad. No es que esto sea incorrecto, pero es difícil creer que dado el contexto político y social ello baste. Por mejor pensada y sofisticada, no resulta claro que la educación sea suficiente.

Yo creo que si si las sociedades no le estuvieran endosando a las fuerzas armadas muchos problemas que no son de su naturaleza esencial, estaríamos respondiendo de manera positiva estas inquietudes más temprano que tarde. Pero ello no sería suficiente. Necesitaríamos también crear confianza entre las fuerzas armadas y los sistemas nacionales de protección de los derechos humanos con instituciones como el Sistema Interamericano de Protección de esos derechos. Es por esta razón que la celebración de estas reuniones de manera periódica es tan importante.

Ahora bien, pasando a la parte del pasado, cuando examinamos la trama democrática desde esta perspectiva surgen preguntas: ¿Hemos superado ya el problema de los golpes de estado?. La respuesta es no. Al menos no del todo.

En primer lugar, es difícil sobreestimar la urgencia de esta cuestión. Hace pocos meses sucedió en Paraguay algo muy común en la historia de nuestro hemisferio: una maniobra de demostración de poder por parte de un grupo de militares. Pero tanto la reacción de los ciudadanos como la de la comunidad internacional fue inmediata y enérgica, y no sólo se pudo preservar la lealtad de las fuerzas a su Comandante en Jefe, sino que fue posible hacerlo sin afectar a la población civil, lo que enaltece al pueblo Paraguayo y al grueso de las fuerzas leales al régimen constitucional.

De esa prueba salieron fortalecidas la democracia, el régimen de protección de derechos y la subordinación de las fuerzas armadas al poder civil. Siempre podrá haber quien quiera abusar del poder político o militar. La diferencia entre ayer y hoy es que en estos tiempos la comunidad internacional no valida ninguna ruptura constitucional.

El segundo problema es, a mi juicio, el más grave de todos. No quiero traer a colación la larga tradición de las relaciones problemáticas entre las autoridades civiles y militares de nuestros países, pero sí quisiera ubicar las consecuencias de esa historia en su propio contexto. Algunos han llamado a esto el problema de la "memoria". Es decir, la huella que ha quedado en una sociedad que ha sobrevivido los terribles resultados de una relación civil-militar gravemente deteriorada.

Dicho de otra manera, el problema de la "memoria" no es necesariamente el hecho de que un ciudadano se cruce con su torturador por la calle. Es tan sólo la posibilidad de que eso pueda ocurrir, no que ocurra en realidad, lo que hace que esta cicatriz sea tan profunda en la sociedad. Se trata de personas de carne y hueso que en el pasado estuvieron en dos aceras distintas de una confrontación, que se hicieron daño y que, hay que decirlo, creían ambos tener justificación para su actuación. Hoy comparten el mismo suelo, los mismo problemas los mismos ideales.

"Resolver" el problema de la memoria, y pongo la palabra resolver entre comillas, constituye una parte tan importante de la trama de la democracia como lo son sus elementos esenciales: consolidar el Estado de derecho, fortalecer la sociedad civil, la libertad de prensa, las elecciones y la creación de un sistema económico que beneficie al pueblo. Y es igualmente difícil. También es mucho más doloroso y divisorio.

Abran un periódico de la semana pasada y lean la historia de Steven Biko a quien asesinaron hace más de 20 años en una cárcel de Africa. Hoy por hoy, sus asesinos han confesado por primera vez y están pidiendo amnistía a la Comisión de la Verdad de Monseñor Tutu. Lean sobre los esfuerzos actuales de los tribunales de Rwanda y de la antigua Yugoslavia, mientras tratan desesperadamente de mantener el delicado equilibrio entre la justicia y la reconciliación nacional. Lean sobre los compromisos enredados que hemos forzado a nuestras sociedades a adoptar: amnistía para asesinos, lenidad para los criminales, todo para poder mirar hacia adelante y comenzar la reconstrucción.

Este es el fantasma que nunca podremos exorcizar completamente de nuestras sociedades. Hemos aprendido, incluso nos han forzado a optar por algo que se encuentra entre la amnesia y los juicios criminales, como dijo el Jefe Supremo del Tribunal Yugoslavo Richard J. Goldstone. Trabajemos juntos creativamente para asegurar que en nuestras sociedades no vuelvan a aparecer estos fantasmas.

Muchas gracias