16 de septiembre de 2002 - Washington, DC
Señoras y señores:
Hace un año, en Lima, con ocasión del Vigésimo Octavo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA que fue el marco para la suscripción de la Carta Democrática Interamericana, hicimos énfasis en su efecto en favor del proceso globalización de la democracia en América.
Hoy, a un año de la suscripción, y tomando en consideración los sucesos de la región, puedo decir con una firme convicción que el instrumento que adoptamos hace 12 meses, se ha revelado como básico para la comprensión de la nueva realidad de los pueblos de América y el tratamiento de sus problemas.
Los críticos y escépticos sobre la pertinencia y eficacia de la Carta deben estar en problemas. Los esfuerzos que la OEA realizó en abril pasado a raíz de los sucesos en el hermano país de Venezuela, y los que estos días lleva adelante con ese mismo propósito, nos indican claramente la conveniencia de una reflexión fundada en los principios señalados en los 28 artículos de la Carta. Nuestras naciones deben sentirse orgullosas de lo que hemos hecho.
Amigas y amigos:
Al iniciar sus funciones, nuestro Gobierno se vio en la urgente necesidad de establecer una serie de medidas y metas políticas prioritarias para superar el legado autoritario luego de una década de violación sistemática de los derechos humanos, corrupción generalizada y destrucción del Estado de Derecho.
Hay una lección a aprenderse. En el ámbito de la política exterior, advertimos con satisfacción que la concepción peruana sobre las relaciones hemisféricas coincidía con la agenda de la Organización de los Estados Americanos, que vive una transformación que si bien no es tan rápida como muchos deseamos, nos permite abordar con mayor coherencia los desafíos del entorno internacional. Estamos progresando.
Encontramos que el Perú podía contribuir de manera sustantiva en este período de cambios, con un enfoque que confluya con los esfuerzos desplegados por los Estados miembros en el organismo hemisférico.
En la lucha por la democracia y en base a nuestras experiencias pasadas, estábamos convencidos de que el Perú poseía una importante experiencia que compartir con las demás naciones del continente en el ámbito del fortalecimiento del Estado de Derecho y contra los procesos que buscan debilitarlo. Esperamos nunca más experimentar lo que ocurrió el Perú.
La naturaleza misma del modelo autoritario que se instauró en el Perú en la década pasada, con un régimen de democracia formal que no encajaba en las definiciones clásicas de dictadura, lo hizo en cierta forma inmune a la acción de los mecanismos hemisféricos entonces existentes; mecanismos que de algún modo también sufrieron el desgaste del tiempo y la limitación de las declaraciones a medias.
Todo esto fortaleció nuestra convicción de que era necesario un cambio, e ir más allá de la resolución 1,080, más allá y de las disposiciones reformadas de la Carta de la OEA, incluidas en 1992 a través del Protocolo de Washington de ese mismo año y que entraron en vigor en setiembre de 1997.
Es así que mi Gobierno impulsó con entusiasmo la idea que propusiera por primera vez el entonces Presidente del Consejo de Ministros y Canciller del Perú, Embajador Javier Pérez de Cuéllar, ante el Congreso de la República en diciembre de 2001, sobre la adopción de una Carta Democrática Interamericana, como un medio para prevenir el surgimiento de nuevos autoritarismos en el hemisferio.
Sin embargo, la idea se fue enriqueciendo. Cuando la iniciativa fue presentada por el Perú en la III Cumbre de las Américas en Quebec, se inscribió en cuatro objetivos:
Primero, profundizar y mejorar los mecanismos hemisféricos de protección y de promoción de la institucionalidad democrática en los Estados miembros.
Segundo, fortalecer la capacidad de la OEA en el cumplimiento de uno de los mandatos más importantes que le encomienda su Carta constitutiva, la que estipula como uno de sus propósitos esenciales la promoción y consolidación de la democracia representativa.
Tercero, establecer a escala continental una evaluación común de los contenidos valorativos de la democracia, especialmente en los campos sociales e institucionales, y
Cuarto, afirmar la gobernabilidad democrática como un valor hemisférico que trasciende las fronteras de los países miembros.
El proceso de negociación que se desarrolló en el Consejo Permanente, y que culminó en la adopción del texto definitivo de la Carta Democrática Interamericana, constituyó un ejercicio excepcional de concertación de voluntades políticas.
El documento original presentado por el Perú fue enriquecido notablemente y ampliado con los aportes de las delegaciones de todos los países miembros, y se convirtió en un texto integral de carácter colectivo y patrimonio de todos los países del hemisferio.
Más aún durante el proceso de elaboración de la Carta, se recogieron las opiniones de la sociedad civil organizada, hecho que le otorga a la Carta Democrática Interamericana un nivel de legitimidad pocas veces logrado en las Américas.
Por tal razón, no nos equivocamos al afirmar que la Carta constituye un claro ejemplo de un nuevo consenso de Latinoamérica y del hemisferio. Un consenso que encara el reto de este país que sobre la base de buscar mejoras, ahora tenemos un documento que orientará a la democracia en la región.
Amigos y amigas:
La coyuntura dramática de la aprobación de la Carta en Lima, el 11 de setiembre de 2001, una fecha que quedará grabada en la memoria colectiva por haber marcado un cambio radical en la historia contemporánea, y nos ha presentado ahora un gran reto para el futuro.
Pero, su especial significación política e innovación radica en que la Carta además de mejorar los mecanismos ya existentes para la defensa y promoción de la democracia, crea un nuevo mecanismo frente a las sutiles alteraciones del orden constitucional que afecten gravemente el orden democrático, diferentes al golpe de estado tradicional.
La Carta autoriza al Consejo Permanente y la Asamblea General de la Organización y a la Asamblea General a que tome decisiones a las que puede llegar para suspender a un Estado miembro de la organización en casos de la alteración del orden constitucional o de ruptura del orden democrático.
Desde ese punto de vista su papel procesal y no sólo doctrinario para la defensa de la democracia, sino significa también un paso hacia delante como una contribución sumamente innovadora en los procedimientos para defender la democracia en la región.
Sin embargo, la Carta Democrática Interamericana no es sólo un instrumento sancionador. También contempla importantes aspectos preventivos a ser desarrollados en más profundidad, dirigidos a permitir que cualquier Estado miembro que vea amenazado su proceso político democrático o su legítimo ejercicio del poder, pueda recurrir voluntariamente y solicitar la ayuda y cooperación de la OEA.
Estamos aquí reunidos para conmemorar el primer aniversario de la Carta Democrática Interamericana, y examinar algunos de los desafíos que nuestras Naciones y nuestra organización hemisférica tienen por delante en el campo de la democracia.
Celebramos lo que hemos hecho, pero todavía tenemos un largo camino por recorrer.
Ahora nos toca concretar los compromisos asumidos y llevar a la práctica en nuestros países los elementos esenciales de la democracia representativa que la Carta proclama.
Por nuestra parte, los Presidentes de la Comunidad Andina hemos asumido el reto de la defensa de la democracia y los derechos humanos al adoptar recientemente la “Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos”.
También debemos enfrentar el desafío de las nuevas amenazas a la gobernabilidad y a la democracia, que provienen ya no de la acción de estamentos con cierto grado de poder dentro de nuestras sociedades, si no más bien de los sectores más desfavorecidos que advierten una falta de atención a sus demandas, y se sienten excluidos y marginados.
La pobreza conspira contra la democracia.
Estas amenazas internas surgen por necesidades básicas no satisfechas de sectores de la población que no encuentran canales institucionales para presentar sus demandas, un hecho especialmente evidente en países como el Perú donde durante una década se dañó tanto la autoestima nacional, se perdió la fe, se dividió a los ciudadanos, se les mintió y manipuló. En estos países una cuestión clave es la credibilidad de la democracia.
Nuestros Estados tienen el imperativo categórico de crear esos canales institucionales y mecanismos de diálogo para atender dichas demandas, las demandas de los pobres. Debemos desarrollar un mecanismo de inclusión, así como una cohesión social que permita que los pobres sientan que se les está ayudando y que hay esperanza en el futuro.
Tenemos el deber urgente e ineludible de revertir esta pérdida de fe en las políticas, en los políticos y en la democracia.
Señoras y señores:
El tema de la democracia ya no puede ser considerado en forma separada de otros temas de importancia en la agenda hemisférica. La libertad no es solamente un acto político que se celebra en el día de una elección.
Los pobres necesitan recibir poder a través de la libertad y aquellos millones de latinoamericanos que esta noche van a acostarse sin saber si mañana tendrán algo que comer o tendrán un empleo decente, no son libres.
Ha llegado el momento en que nuestras naciones tengan que reconocer que la pobreza socava la democracia. No es un problema solamente de una acción democrática durante una elección dada, sea esta nacional o regional.
Señor Secretario General:
Esta organización encara un tremendo reto. No es simplemente cuestión de reunirse para celebrar Asambleas Generales o reuniones, tenemos que mirarnos a nosotros mismos en el espejo. Necesitamos resolver los problemas centrales que socavan la democracia.
Esta Carta es muy grande. Es un símbolo del cambio. Establece ciertos principios que no podemos violar. Pero señor Secretario General, esto no es suficiente.
Tenemos que escuchar las voces del hombre de la calle y tenemos que resolver el dilema entre Wall Street y Main Street. No podemos cerrar los ojos o nuestro oídos a lo que dice la gente en la calle.
Yo sé que ésta quizás no sea la organización que tenga el poder para resolver dicho dilema, el dilema entre Wall Street y Main Street pero es la responsabilidad de los gobiernos el ser creativos y presentar propuestas para resolver ese dilema.
Grandes son las metas que tienen nuestros países por cumplir, en aras de promover el bienestar económico y social de sus pueblos, en democracia.
Ha llegado el momento en que los países industrializados vayan más allá de la convicción en cuanto a la democracia y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Hay un costo a pagar en el proceso de fortalecer la democracia. Ésta no es una crítica, los países industrializados necesitan darse las manos con las naciones en desarrollo para construir una ruta de comercio libre que vaya en ambas direcciones. No nos pidan ustedes a nosotros que hagamos lo que ustedes no hacen. Tenemos que construir una vía libre de comercio que se encamine en ambas direcciones.
Creemos en la economía de mercado, creemos en la competitividad, creemos en la globalización, pero para que la globalización sea sostenible ha llegado el momento de ponerle una cara humana a la competitividad y a la globalización.
Deseo culminar mi intervención, expresando nuestro profundo reconocimiento a la Secretaría General de la OEA y a la Universidad George Washington, por haber organizado este foro de reflexión.
Celebro que este primer aniversario de la Carta Democrático, pero me siento aún más entusiasta respecto a los retos que tenemos que encarar en el futuro.
Le pido a Washington que nos ayude a oír y mirar mejor lo que está ocurriendo políticamente en la región. Tenemos un reto y ésta Carta tendrá que pasar por la prueba. Yo sé que tenemos la capacidad de encarar tales retos.
Yo soy la persona que vive con el cáncer del optimismo y yo sé que la OEA, que sus representantes y nuestros gobiernos no van a decepcionar las esperanzas de los pobres.
Muchas Gracias