10 de junio de 2003 - Santiago, Chile
Señora Presidenta de la Asamblea General
Señores Cancilleres y Jefes de Delegación
Señor Presidente del Consejo Permanente Señor Secretario General
Señor Secretario General Adjunto
Señores Representantes Permanentes,
Señoras y Señores
Sean mis primeras palabras, Señora Presidenta, para expresarle en nombre de mi país, Honduras, nuestra satisfacción por encontrarnos en la República de Chile, tierra fecunda en la que se ha materializado el progreso, la democracia y la cultura, y augurar a usted el mayor de los éxitos en la conducción de los trabajos de este Trigésimo Tercer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA. Estamos convencidos que su experiencia y capacidad demostrada garantizarán un excelente resultado de nuestros trabajos.
Señoras y señores: En 1979 el diplomático y literato hondureño Eliseo Pérez Cadalso, mi padre, participó en su calidad de Canciller de Honduras en el Noveno Periodo Ordinario de Sesiones de la Organización de los Estados Americanos, celebrado en La Paz, Bolivia.
Ahí compartió con los representantes de veinticinco países, los éxitos, aspiraciones y profundas frustraciones que signaron una época de gran convulsión en la región, conmoción que, por motivos de todos conocidos, poco o nada se veía reflejada en las agendas, pronunciamientos o resoluciones de la OEA, como si, al decir de un alto dignatario ahí presente "en este Continente no existieran motivos graves de preocupación", o "la OEA estuviera condenada a no tener vida real sino en momentos de crisis en la seguridad colectiva y a sumirse, entre crisis y crisis, en la somnolencia y en la proliferación burocrática."
Hoy, al brindarme el destino la oportunidad de participar en este cónclave hemisférico como lo hiciera mi padre hace más de veinte años, me maravilla y, a la vez, sobrecoge el cambio radical en el panorama internacional y al interior de los países, que ha sobrevenido al inicio del Tercer Milenio.
Entre los elementos positivos de la nueva realidad cabe mencionar la preeminencia de las ideas y gobiernos democráticos en nuestro Continente, la búsqueda de soluciones pacíficas a nuestras controversias, la solidaridad humanitaria frente a las crisis y desastres naturales, y en términos generales, los avances espectaculares de las comunicaciones y las ciencias.
En contraposición a ese extraordinario desarrollo alcanzado en estos últimos años, serias amenazas, como el terrorismo, el narcotráfico y otras formas de crimen organizado, la corrupción, la violencia, el deterioro del medio ambiente y el aumento de la pobreza extrema con sus múltiples y terribles consecuencias, ponen en peligro de manera constante los procesos democráticos, la seguridad y la solidez de nuestras instituciones.
Una Organización de los Estados Americanos renovada y fortalecida por la presencia en su seno de todos los países democráticos del Hemisferio, no ha permanecida indiferente ante los vertiginosos cambios que se vienen sucediendo desde finales del Siglo Veinte, y ha iniciado un proceso creativo de modernización y reformas para dar respuesta de una manera eficaz a las necesidades y retos de una realidad internacional globalizada , así como a la defensa de la democracia en sus Estados Miembros mediante la creación y puesta en marcha de mecanismos concretos que constituyen un éxito palpable de la Organización en los últimos diez años.
En ese contexto, Señora Presidenta, el tema de la gobernabilidad, que su Honorable Gobierno propuso como tema central de nuestras discusiones durante la Asamblea General que nos ocupa, se nos presenta como de enorme actualidad y su tratamiento, más que oportuno e importante, diríamos que es prioritario y urgente.
Por una parte, Señora Presidenta, me complace reiterar que mi país vive desde principios de la década de los ochenta en un clima de democracia representativa que se reafirma cada cuatro años, mediante la celebración de comicios electorales generales, pacíficos y ejemplares, de cuya transparencia y civismo ha dado fe la .Organización regional por invitación de nuestros sucesivos gobiernos.
La alternabilidad de los partidos políticos en el poder, por voluntad del pueblo expresada en las urnas, la participación de fuerzas políticas emergentes, cuya presencia en los Poderes del Estado o en diferentes esferas de la administración pública es elemento de equilibrio o de saludable disenso, la madurez adquirida por una ciudadanía que se acerca a cada nueva gesta electoral con criterios objetivos, dejando atrás la ceguera partidista de otros tiempos, la participación masiva de una juventud que avizora en estos comicios el posible logro de sus sueños, son realidades que nos llenan de confianza y de orgullo.
La actual Administración, en acato a mandato constitucional, está realizando grandes esfuerzos para que la ciudadanía pueda participar libremente en diferentes esferas en las altas decisiones del Estado. Como mecanismo nacional de diálogo, ha convocado al Foro Nacional de Convergencia, institución que recoge la representación de todos los grupos y sectores de nuestra sociedad: la sociedad civil, el sector empresarial, el sector trabajador, las etnias indígenas y afrodescendientes, la mujer, y grupos vulnerables como ancianos y discapacitados. El producto de ese diálogo es recogido por las más altas autoridades y traducido en programas concretos de gobierno que a corto, mediano y largo plazo dan respuesta a los diferentes problemas que aquejan a nuestra sociedad. Este diálogo que comenzó a partir del año 2001 y que ha continuado la presente Administración, pretende generar una visión de país en el largo plazo y dinamizar la acción colectiva que requiere la atención de los factores causantes de la pobreza y el marginamiento social.
La cooperación internacional es y seguirá siendo clave para estos esfuerzos. En ese sentido, vemos con mucho provecho y optimismo la puesta en marcha para Centroamérica del Programa Especial para la Promoción del Diálogo y la Resolución de Conflictos, por parte de la Unidad para la Promoción de la Democracia de la OEA.
Toda esta labor de buen gobierno y de encaminar a la sociedad hacia mejores derroteros, se desarrolla dentro de un contexto económico adverso como resultado del deterioro de los términos de intercambio para nuestros productos, la asfixiante deuda externa y las graves fluctuaciones del costo de los energéticos, que son importados en mi país en su totalidad. Esta situación pone en precario la ejecución de nuestros programas de lucha contra la pobreza y los planes para aumentar la inversión social, particularmente en salud, educación y vivienda.
Ante la insatisfacción de las demandas sociales de la población, el descontento se manifiesta a través de protestas públicas realizadas por sectores que se ven afectados por las restricciones presupuestarias de los programas de Gobierno. Estas protestas son motivadas mayormente por el desvío de altos porcentajes de nuestro presupuesto nacional para el pago del servicio de la deuda externa, cuya obligación nos orilla a tomar decisiones crediticias que nos encierran en el círculo vicioso de pago-deuda-crédito que nos coloca eternamente a merced de las fórmulas burocráticas de los organismos internacionales de crédito.
Aún con las medidas discrecionales de alivio de la que somos objeto como país HIPC, las medidas que nos obligan a tomar los organismos financieros están ampliando nuestra vulnerabilidad para lograr una mayor calidad en el sistema educativo en sus distintos niveles y en el acceso a créditos y asistencia técnica para la producción, complicando los índices de generación de fuentes de empleo. Si bien la estrategia para la reducción de la pobreza ha sido un esfuerzo nacional con la más amplia participación de la sociedad civil a fin de encontrar una mejor calidad de vida para nuestra población, este esfuerzo se ha visto obstaculizado por la reducción de la capacidad financiera del Estado.
Reconocemos sí, que muchos países amigos nos han favorecido con la condonación de importantes sumas adeudadas, pero no ha sido suficiente. Este esfuerzo de países amigos debe complementarse con medidas que permitan la eliminación de los subsidios a la agricultura, la eliminación de aranceles que hagan atractiva la exportación de nuestros productos hacia sus mercados y que alienten la inversión de capitales foráneos hacia nuestros países, lo cual influirá ostensiblemente en la creación de fuentes de empleo que frenen la salida compulsiva de nuestra fuerza laboral hacia el exterior. El problema de la deuda externa nos hermana a todos en el Continente porque nos afecta a todos y porque no podemos resolverlo en forma aislada.
No podemos hablar de deuda externa sin que acuda a nuestro pensamiento el tema de la corrupción. Nuestro Gobierno realiza importantes esfuerzos para garantizar la transparencia de la gestión pública y para promover la seguridad jurídica que aliente la inversión. Hemos abordado el combate a la corrupción desde tres principales vías: apoyo a los procesos orientados a fortalecer el sistema judicial; reformas al Poder Legislativo, en particular la limitación de la inmunidad, reduciéndola hacia lo que garantice un efectivo accionar de nuestros legisladores y la tercera acción está enfocada hacia asegurar la eficiencia y transparencia en los procesos de licitación y compras del Estado, colocándolos bajo la dirección de organismos internacionales de las Naciones Unidas. Lo anterior nos ha llevado a fortalecer el funcionamiento de los entes contralores: Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría y el Ministerio Público.
Señora Presidenta: El Estado de Honduras realiza importantes esfuerzos para promover y lograr la protección efectiva de los derechos humanos de sus ciudadanos y cumplir con sus obligaciones internacionales en tal sentido. Hemos creado y fortalecido institucional y financiera mente al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en concordancia con las necesidades que demanda su accionar, generando estrategias orientadas a fortalecer el ámbito de la protección y promoción de los derechos humanos. Alentamos en ese sentido los mecanismos de participación ciudadana a través de los grupos de defensores y promotores de tales derechos.
Señora Presidenta:
Nuestro país al igual que el resto del Continente, se ha visto seriamente amenazado por el crimen organizado. Grandes recursos que pudieran utilizarse en el combate a la pobreza, el analfabetismo, las enfermedades epidémicas y la prevención ante la ocurrencia de desastres naturales, están siendo utilizados para combatir a la delincuencia organizada y transnacional. Ante esta realidad, las autoridades represoras del delito en Centroamérica han dado importantes pasos hacia un operar conjunto, el intercambio de experiencias y la facilitación de la comunicación.
Los niveles de la delincuencia están golpeando la inversión extranjera y el turismo, lo cual nos obliga a la formulación de estrategias que requieren de la cooperación en materia de seguridad entre todos los Estados del Continente. En tal sentido, vemos con optimismo la contribución que habrá de aportar la Conferencia Especial de Seguridad a los esfuerzos comunes que venimos desarrollando para enfrentar esas amenazas y preocupaciones.
y es allí, precisamente, en la cooperación y en el trabajo colectivo que desarrollamos dentro del marco de la OEA para promover y poner en práctica los principios contenidos en los instrumentos del sistema interamericano, donde reside la fortaleza de nuestra solidaridad americana, solidaridad que requiere además del apoyo extracontinental y de una administración más eficiente en la utilización de los recursos disponibles.
Sra. Presidenta, deseo reiterar el agradecimiento al noble Pueblo y Gobierno de Chile por su amable hospitalidad y a Usted de forma particular por la eficiente conducción de nuestras deliberaciones.
Muchas Gracias,