Constituye para mi un honor darles la bienvenida a esta primera reunión de autoridades penitenciarias y carcelarias de los Estados Miembro de la OEA.

Este encuentro, junto con las reuniones en materia de asistencia judicial mutua en materia penal que tuvimos en mayo, en Ottawa, Canadá, y la de expertos gubernamentales en delito cibernético que se realizó en el mes de junio, hace parte de las reuniones técnicas que nos encargaron realizar los Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Américas en Trinidad y Tobago, y sobre las cuales tendremos que informarles en el marco de su cita del próximo año.

Cuando llegué a la Secretaría General de la OEA, me sorprendió el hecho de que, a diferencia de los ministros y altos funcionarios en otras áreas, los Ministros de Justicia y Procuradores Generales no se reunieran en el marco del Sistema Interamericano.

Por eso, entonces, me permití sugerir a la Organización que considerara la conveniencia de convocar a los Ministros de Justicia y Procuradores Generales. Esa idea fue generosamente acogida por los Estados Miembros y, desde la primera cita en Buenos Aires, a finales de 1997, los Ministros de Justicia y Procuradores Generales se han venido reuniendo periódicamente y han venido adoptando decisiones de gran trascendencia. Ellas van desde la creación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, el establecimiento de una red hemisférica de intercambio de información en asistencia judicial mutua y extradición, y la decisión de avanzar en un plan hemisférico para el combate contra la delincuencia trasnacional organizada; hasta la adopción de compromisos específicos en materias como la cooperación contra el delito cibernético.

Los resultados que han producido estos encuentros, en tan poco tiempo, han confirmado que, como en su momento lo expresé, el hecho de que los Ministros de Justicia no se reunieran en el marco de la OEA, más que un gran vacío, representaba una inmensa y muy costosa falla.

Algo similar pienso al acudir a este primer encuentro entre las máximas autoridades penitenciarias y carcelarias de las Américas. La ausencia de un foro hemisférico entre ustedes, sin lugar a dudas, constituía una gran omisión que, en buena hora, los Ministros y Procuradores han subsanado al recomendar la convocatoria de esta reunión.

Los sistemas penitenciarios y carcelarios constituyen un área de las políticas públicas en la que todos tenemos problemas, de muy variada naturaleza o con diferentes alcances.
Algunas de las dificultades en este campo tienen que ver con aspectos estructurales asociados con las restricciones presupuéstales. En un contexto de estrechez financiera, los Gobiernos y Congresos prefieren dedicar los muy limitados recursos existentes a atender las necesidades en salud, educación o en otros servicios o infraestructura básica para la población en general. Es evidente que los ciudadanos prefieren que se construyan escuelas u hospitales, en lugar de cárceles. Esa es una limitación que, de una u otra manera, todos tenemos, pero que en algunos casos hace que tengamos verdaderas crisis penitenciarias y carcelarias con alcances muy graves y profundos.

Las políticas en esta materia merecen una especial atención tanto por razones humanitarias como por consideraciones de eficacia y eficiencia en la lucha contra el delito. Numerosos estudios muestran el alto peso de la reincidencia de delincuentes y el creciente fenómeno de la delincuencia organizada en el interior de las cárceles. Esto indica de por sí fallas en los mecanismos de resocialización y rehabilitación de los reclusos, así como en los de vigilancia y control de los mismos.

De otro lado, los recursos que las sociedades y los Estados invierten en combatir la delincuencia están representados, en parte, en los delincuentes aprehendidos, en proceso o condenados. No invertir lo suficiente en este campo puede significar para las sociedades dilapidar los recursos, siempre escasos, que se gastan para llevar los delincuentes a las cárceles.
Otras de las dificultades que se presentan en este campo tienen que ver con problemas estructurales de los sistemas de justicia. De hecho, como ustedes saben, las políticas penitenciarias y carcelarias son un componente muy importante pero, en todo caso, apenas una parte de un conjunto más amplio constituido por los sistemas de justicia.

En este sentido, en la mayoría de los casos, los sistemas penitenciarios y carcelarios han corrido la suerte de la justicia en general, la cual durante muchos años estuvo olvidada y reducida a una suerte de cenicienta de las instituciones públicas. Los sistemas penitenciarios y carcelarios, a su vez, la más de las veces, ha sido uno de los eslabones ignorados de los procesos de reforma a la justicia. Esto los ha convertido, por su parte, en la cenicienta de la justicia.

Si bien durante los últimos años, en algunos países se han emprendido reformas a la justicia, su alcance todavía es muy limitado. Con frecuencia se escucha que lo que se ha hecho en este campo es “más de lo mismo”: reformas procesales, incrementos saláriales, aumento del número de jueces y, en general, más gasto público en el sector, sin que los resultados sean aún muy claros. Estas críticas, seguramente injustas en algunos casos, tienen calado en la opinión pública. Lo anterior ha llevado a que, en la práctica, uno de los más serios problemas que tenemos en este frente es que el ritmo de los resultados de las reformas no está relacionado con el de las expectativas o la demanda de justicia.
Seguramente por el crecimiento de la criminalidad que según estudios, por ejemplo, en América Latina es más del doble que en cualquier otra región del mundo, así como de la violencia y la impunidad en muchos casos, los ciudadanos cada vez demuestran una mayor inconformidad y, con frecuencia desespero, ante los muy limitados o, todavía, prácticamente inexistentes resultados de las reformas a la justicia emprendidas en algunos países.

La ausencia, con frecuencia, de una concepción sistémica de los problemas de la justicia y el carácter fragmentario de algunos de los cambios realizados en países del hemisferio, ha llevado, en algunos casos, a que se produzcan resultados no esperados o francamente contrarios a los buscados. En algunos inclusive, los avances dados como consecuencia de determinados cambios terminan, por ejemplo, creando presiones o demandas inusitadas de servicios de los sistemas penitenciarios y carcelarios que éstos no pueden atender o no lo pueden hacer, en forma adecuada, con los limitados recursos que poseen.

Los anteriores son apenas algunos de los problemas estructurales que afectan a los sistemas penitenciarios y carcelarios. Es evidente, que muchas de las decisiones que tienen que ver con ellos exceden la órbita de competencias de las autoridades penitencias y carcelarias. Además, no pocas veces se discuten estos temas y se adoptan determinaciones sin contar con el conocimiento directo y la valiosa experiencia que ustedes tienen en relación con dichos problemas.

Sin embargo, estoy seguro que, como resultado del proceso de cooperación entre ustedes, podrán surgir importantes contribuciones tanto para las autoridades llamadas a tomar las decisiones pertinentes como para el proceso de reflexión colectiva en torno a la reforma a la justicia en las Américas.

Además de los anteriores, hay numerosos problemas en muy diversos frentes, muchos de ellos relacionados con áreas bajo la responsabilidad directa de ustedes y que se presentan en la administración y manejo cotidiano de los sistemas penitenciarios, cuya solución podría facilitarse con la aplicación de los conocimientos prácticos que ustedes adquieran como resultado del intercambio de información sobre desarrollos o experiencias en sus Estados.

Por esto, me parece acertado que los Ministros de Justicia hayan definido como propósito para esta reunión el de promover el intercambio de información y de experiencias entre las autoridades penitenciarias y carcelarias, incluida la propuesta de crear una red permanente para la cooperación entre ustedes en este campo.

En este sentido, entendemos la presente reunión apenas como un punto de partida de un proceso de intercambio de información, experiencias y cooperación horizontal entre ustedes que se continuará en el marco de futuros encuentros hemisféricos, de mecanismos de cooperación bilateral o sub-regional o a través de la red de intercambio de información que se propone crear en “Internet”.

El hecho de que esta primera reunión se haya concebido como un diálogo va a permitir que sean ustedes directamente las que identifiquen las áreas específicas en las cuales tienen o han tenido problemas, dificultades o desafíos, para cuya solución podría contribuir el proceso de cooperación mutua, así como que determinen los niveles de prioridad que le confieren a la consideración de tales asuntos.

Las áreas temáticas en que se ha propuesto que se divida el diálogo y las materias sugeridas para ser consideradas en el ámbito de cada una de ellas, buscan facilitar la consecución de ese objetivo. Ellas se refieren a la organización, funcionamiento y gestión de los sistemas penitenciarios y carcelarios y de los centros de reclusión; a la política criminal y los problemas de capacidad de dichos sistemas; y al régimen, tratamiento y resocialización de los reclusos, así como a los problemas de criminalidad en las cárceles.

Señoras y señores:

Los problemas que se presentan en nuestras cárceles son tantos, tan frecuentes y de magnitudes tan significativas que no parece tener sentido que ellos se busquen afrontar solitariamente, sin conocer las soluciones que otros han encontrado para dificultades similares; las señales de alerta que conviene tener en cuenta para su puesta en marcha o ejecución; o los errores o fracasos en que otros han incurrido en la aplicación de formulas o alternativas que en un momento dado se conciben o se piensan aplicar para hacer frente a determinados problemas.

El proceso que los Ministros de Justicia nos han encargado promover tiene ese propósito elemental pero que, a su vez, puede resultar de inmensa utilidad a la hora de definir o aplicar las políticas públicas en este campo: que las autoridades responsables en esta materia se conozcan y que intercambien información y experiencias, positivas y negativas, y se cooperen mutuamente sobre la forma cómo se están afrontando o se pueden afrontar los muy diversos problemas en este campo.

En ese sentido, este encuentro y el proceso que a partir del mismo se espera generar, se han entendido como una oportunidad para la ayuda recíproca, no para la censura o la recriminación. Responde a algo que es de la esencia de la OEA: ser un escenario de encuentro entre todos los Estados de las Américas para el diálogo y la cooperación mutua en los temas de la agenda hemisférica.

Estoy seguro que los resultados de este primer encuentro serán muy positivos y que van a confirmar la utilidad de continuar consolidando el proceso de cooperación entre ustedes, de acuerdo con las recomendaciones de los Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Américas.
Les deseo mucho éxito en sus deliberaciones. Gracias.