28 de agosto de 2005 - Caracas, Venezuela
Ardían las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, cuando se aprobó, en Lima, Perú, la Carta Democrática Interamericana. Instrumento que reconoce los derechos políticos y civiles de nuestros pueblos. Proclama su artículo uno: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.
En el continente existen gobiernos de origen democrático. Pero también tenemos un continente plagado de pobreza, desigualdad y exclusión social. Por eso está planteado en nuestra región un amplio debate sobre la democracia. Sobre su calidad, sobre su significado.
Un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) constata que hay un extendido malestar “en” la democracia. Y no es que nuestros pueblos sean antidemocráticos. Por el contrario. Lo que impugnan nuestros pueblos es la desigualdad, la inequidad y la exclusión social. Nuestros pueblos quieren democracia pero de calidad. Democracia que satisfaga sus demandas y aspiraciones seculares.
El Informe sostiene que la democracia continental observa un déficit de justicia social. Y esta es razón, más que suficiente, para que la OEA adopte la Carta Social de las Américas.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela otorga igual jerarquía tanto a los derechos políticos y civiles, como a los derechos económicos, sociales y culturales. El Gobierno Bolivariano tiene una visión multidimensional de la democracia. Considera que la democracia es verdadera cuando están plenamente vigentes todos estos derechos, que son interdependientes, indivisibles, injerarquizables y universales.
El Gobierno Bolivariano planteó, en el momento en que se aprobó la Carta Democrática Interamericana, la conveniencia de contar, también, con una Carta Social de las Américas, que reivindicara los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos. En esa oportunidad expresamos que la Carta Democrática Interamericana y la Carta Social de las Américas debían ser dos pilares de la nueva OEA. De una OEA que interprete los verdaderos signos del siglo XXI: Democracia con justicia social.
La Carta Social de las Américas coadyuvará a la lucha contra la pobreza y a alcanzar democracias con equidad e inclusión social.
La agenda social hemisférica ha ido adquiriendo alto relieve en la OEA. Nuestro país ha dado una contribución en ese sentido.
En la Asamblea General de la OEA realizada en Bridgetown, Barbados, en junio de 2002, el Gobierno de Venezuela propuso –y fue aprobada- la Resolución denominada “Pobreza, Equidad e Inclusión Social”, mediante la cual se instó a la Organización para que los temas de la agenda social y de cooperación para el desarrollo tuvieran igual importancia que los temas políticos. Y convocó a “promover la cooperación para el desarrollo e intercambio de programas efectivos y eficientes para combatir la pobreza.”
Un año más tarde, en junio de 2003, en ocasión de la Asamblea General de la OEA, celebrada en Chile, se aprobó la Declaración de Santiago. Allí se afirma que para fortalecer la gobernabilidad democrática, se requiere superar la pobreza y promover el crecimiento económico con equidad. Nuestro Gobierno contribuyó a que esa Declaración hiciera explicita la interdependencia que debe existir entre justicia social y gobernabilidad democrática.
Un hito histórico fue la Reunión de Alto Nivel sobre Pobreza, Equidad e Inclusión Social, celebrada en la Isla de Margarita, del 8 al 10 de octubre de 2003. Luego de un rico diálogo los países que integran la OEA se comprometieron a crear condiciones favorables para alcanzar un desarrollo socio-económico con equidad y a promover sociedades más justas. En Margarita, por lo tanto, se reivindicó la dimensión social de la democracia.
En la Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica, realizada en México, en octubre de 2003, se reconoció que la democracia, la estabilidad y la seguridad de los Estados se ve afectada por la pobreza y la exclusión social.
Mientras que en la Cumbre Extraordinaria de las Américas, celebrada en Monterrey, México, en el 2004, los Jefes de Estado y de Gobierno exhortaron a promover y observar los derechos económicos, sociales y culturales e instaron a considerar cuidadosamente las recomendaciones aprobadas en la Reunión de Alto Nivel de Margarita.
En la medida en que surgían aprensiones y dudas sobre la propuesta de Carta Social de las Américas, que Venezuela había presentado en la OEA, desde el año 2001, países amigos nos pedían que presentáramos un proyecto.
En abril de 2004 consignamos oficialmente ese proyecto. En su elaboración participaron miles de venezolanos y venezolanas. Este es un vivo ejemplo de la democracia participativa que se práctica en Venezuela.
Debemos aplaudir en este acto el relevante aporte del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Gabinete Social, coordinado por el Ministro de Educación Aristóbulo Istúriz. Igualmente la contribución del Parlamento Latinoamericano y, en particular del Diputado Filinto Durán.
Otro hito histórico fue la Asamblea General de la OEA, celebrada en Quito, Ecuador, en junio de 2004. A instancias del Gobierno Bolivariano se aprobó la Resolución intitulada “Proyecto de Carta Social de las Américas”. Mediante ésta los Cancilleres instaron a la OEA a preparar un proyecto de Carta Social de las Américas y un Plan de Acción, que coadyuvaran al combate a la pobreza y al desarrollo integral de nuestros países.
Meses más tarde, el 7 de octubre de 2004, se creó el Grupo de Trabajo que elaborará la Carta Social de las Américas. Y el 27 de mayo, 2005, se designó al Representante Permanente de Venezuela Presidente de ese Grupo de Trabajo.
La Asamblea General de la OEA, realizada en Fort Lauderdale, en junio de 2005, renovó el mandato, emitido en Quito, para que se iniciaran las negociaciones sobre la Carta Social de las Américas. Las negociaciones se iniciarán dentro de pocos días: el 1° de septiembre de 2005.
Estos son los principales antecedentes históricos de este Encuentro Continental. Esperamos que el fructífero, amplio y libre diálogo que realizaremos proporcione insumos fundamentales para la elaboración de la Carta Social de las Américas.