Estimados

Me honra darles la bienvenida a este encuentro, que, en el seno de la OEA, reúne a un grupo de expertos en el tema del delito cibernético.

Afortunadamente, cada vez hay más conciencia de que el combate contra estos delitos debe constituir una prioridad en todos nuestros países. Pero la sola convicción no es suficiente porque no podemos perder de vista que se trata de nuevas modalidades delictivas de características muy particulares y complejas. Se trata, en realidad, de una nueva generación de delitos, producto de la era de la información y la tecnología. Por eso, en diversos aspectos, éstos no pueden ser tratados como delitos tradicionales: son por esencia de carácter internacional y plantean grandes retos legales, tecnológicos, de capacitación y de asistencia y cooperación no sólo entre los estados sino también con el sector privado y los centros de investigación.

Esta reunión forma parte de un conjunto más amplio de mandatos de la Quinta Reunión de Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las Américas. En cumplimiento de esos mandatos, la Secretaría General de la OEA ha venido apoyando, entre otros, el proceso de fortalecimiento de la cooperación en asistencia judicial mutua y extradición, la elaboración del proyecto de Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la preparación de la reunión de autoridades nacionales en materia de trata de personas, que se realizará dentro de dos semanas en Margarita, Venezuela.
En el desarrollo de tales encargos, también hemos avanzado en la creación de un sistema de información a través de Internet sobre políticas penitenciarias y carcelarias. Asimismo trabajamos en cooperación con el Centro de Estudio de Justicia de las Américas (CEJA) para apoyar el fortalecimiento de los sistemas de justicia criminal en la región.

El tema del delito cibernético no es de fácil comprensión para el ciudadano común y corriente de nuestra región y muchos se preguntan cómo y en qué medida puede afectar sus vidas cotidianas. Es cierto que los avances de la tecnología, en el campo de las comunicaciones, han puesto a nuestra disposición herramientas tan útiles y eficaces que en la actualidad pueden considerarse imprescindibles para los Estados, las empresas y los ciudadanos.
No necesitamos hacer un gran esfuerzo para entender la importancia para cualquier empresa –dondequiera que se encuentre- de contar con las herramientas ofrecidas por las nuevas tecnologías de la comunicación, que nos permiten un mayor acceso, entre otras cosas, a las fuentes del conocimiento y simplifican y hacen más expedito el intercambio de información clave para nuestro trabajo y vida personal. Asimismo, nos posibilita efectuar transacciones comerciales; y cumplir con nuestras obligaciones con el Estado y los particulares. En breve, puede significar la diferencia entre ser viable o desaparecer.

Paradojalmente, estos beneficios nos han acarreado nuevos riesgos como consecuencia del accionar de los llamados delincuentes informáticos, quienes han desarrollado sofisticadas maneras de cometer sus delitos. En ocasiones se trata de atentar contra los intereses del Estado. Por ejemplo, se utilizan redes informáticas para desfalcar el erario público o para aprovecharse de información reservada. En otras atentan en contra de los intereses de las empresas, como en los casos del espionaje industrial y del pánico económico. Pero la mayoría de las veces perturban seriamente la tranquilidad de las personas, en casos como la violación de la confidencialidad, el robo de identidades, la estafa, el engaño para atraer a las víctimas de la trata de personas y del abuso sexual; la pornografía infantil; la preparación de actos de terrorismo y la divulgación de información destinada a alarmar a la población.

Estamos frente a conductas criminales que permiten que sus autores se amparen fácilmente en el anonimato y hagan sentir las consecuencias de sus acciones en los sitios más diversos, sin que las fronteras de los países constituyan obstáculo alguno. No requieren pasaporte ni visa. No están expuestos a las medidas de seguridad de los puestos de control o de las aduanas. Ni siquiera necesitan, en calidad de autores intelectuales o materiales, encontrarse en el país de destino de sus actividades delictivas.

El delito cibernético puede tener un impacto real y profundo en la vida de los ciudadanos, minando el centro de su seguridad y bienestar, alterando su calidad de vida de una persona o a una comunidad entera. Cómo no sentir la amenaza de ser blanco de actos vandálicos -a través de Internet- destinados a dañar, borrar, alterar o suprimir dolosamente datos informáticos. O a obstaculizar el funcionamiento de un sistema informático, victimizando a los usuarios de Internet.

Bastaría mencionar algunos datos entregados por algunos medios de comunicación de nuestros países. Según el diario “El Clarín” de Argentina, entre julio de 1999 y marzo de 2005, fueron objeto de ataques 273 páginas del gobierno argentino. El 41% de los hogares de ese país con acceso a Internet recibieron ataques con virus durante el año pasado a través del sistema de correo electrónico. Suma y sigue. Un artículo reciente del diario “Folha de Sao Paulo” de Brasil expresó que se estiman en 300 millones de reales, equivalentes a aproximadamente $135 millones de dólares, las pérdidas de las instituciones financieras de Brasil durante el año 2005, debido a fraudes virtuales. Un reciente informe del FBI calcula en 67 mil 200 millones de dólares el costo anual de enfrentar diversas modalidades de delitos cibernéticos en los Estados Unidos.
En otro ámbito, la explotación de menores, por vía de Internet, ha alcanzado niveles alarmantes, como ha quedado al descubierto por medio de investigaciones en torno a la pornografía infantil. Un ejemplo: la denominada operación “Gato Cheshire” involucró a 14 países. La “Operación Catedral” abarcó a 21 países y más de cien miembros de una red de pedofilia.

En el marco de la OEA se ha comprendido la importancia de enfrentar mancomunadamente estos delitos. Hoy, existe clara conciencia de que la cooperación internacional es esencial para su prevención, persecución y castigo. Y se han emprendido ya acciones valiosas, entre ellas, las siguientes. Bajo el liderazgo de la presidencia del Grupo de Expertos Gubernamentales en Delito Cibernético, a cargo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se realizaron una serie de talleres regionales de capacitación sobre legislación en materia de delitos cibernéticos en México, Chile, Perú y Bahamas, entre 2004 y 2005.

La iniciativa resultó útil porque, como ustedes saben, urge adecuar la legislación de nuestros países de modo de contar con una efectiva persecución de estos delitos. Diversos casos han mostrado que la ausencia de legislación en este campo o las deficiencias de la existente, han conducido a la impunidad.

Cabe recordar también que, en cooperación con el Consejo de Europa y el Ministerio de Justicia de España, se celebró en Madrid, en diciembre pasado, la conferencia “La Criminalidad: un desafío global, una respuesta mundial”, que procuró promover la adhesión al Convenio sobre la Cibercriminalidad y una mayor comprensión de las capacidades jurídicas y técnicas que aseguren su efectiva aplicación.

En forma paralela, hemos hecho avances en la consolidación del sistema de información en materia de delito cibernético a través de la página de la OEA en Internet, compuesta por una parte pública y una privada, destinada a facilitar el intercambio de información entre los estados en esta materia. Tales logros constituyen el resultado de la acción mancomunada de nuestras naciones, y nos deben servir de estímulo para seguir adelante. Tenemos el deber de garantizar un espacio cibernético seguro, y tenemos el derecho de disfrutar de los beneficios que las nuevas tecnologías de la comunicación ofrecen, minimizando los riesgos de estar expuestos a delincuentes informáticos.

Tienen ustedes, en su calidad de expertos en la materia, la oportunidad de efectuar valiosos aportes a esta causa. En el área del intercambio de información sería beneficioso crear un directorio único de autoridades de investigación y persecución del delito cibernético, al igual que consolidar un sistema integral de comunicación con un fluido intercambio de información. Adicionalmente, sería conveniente mantener y perfeccionar la denominada “Red de Emergencia 24 horas/7 días -recibirán información sobre ella en esta reunión-, la cual constituye un valioso instrumento para que nuestros países puedan intercambiar experiencias y conocimientos oportunos sobre actos que atenten contra la seguridad del espacio cibernético.

Por último, sé que muchos de ustedes aspiran al establecimiento de lazos de cooperación entre el sector privado y las autoridades encargadas de velar por la seguridad del espacio cibernético. Es cierto: debemos apoyar la capacidad innovadora de las empresas para salirle al paso a las innumerables y variadas figuras que los delincuentes informáticos utilizan para atentar contra dicha seguridad, aprovechar sus experiencias y conocimientos, y ofrecerles toda la colaboración que se requiera. La necesidad de establecer esta alianza resulta tan obvia que no es ninguna sorpresa que, en una encuesta recientemente realizada en los Estados Unidos, el 71% de los encuestados ubicó en el primer lugar de una lista de acciones que deberían emprenderse para proteger el ciberespacio la creación de una mejor comunicación con el sector privado.

Los temas que nos preocupan y ocupan son múltiples. No todos tienen la misma prioridad pero tengo la certeza de que, sin excepción, serán tratados con la seriedad y la profundidad que la situación amerita. Les deseo mucho éxito en su trabajo y les reitero la disposición de la Secretaría General de la OEA para brindarles la colaboración que requieran.

Muchas gracias.