Deseo referirme a cómo entiendo la lucha contra la corrupción, a lo que hemos hecho desde la OEA en este campo, y a algunos de las áreas en que tenemos que trabajar para consolidar la cooperación internacional contra la corrupción.
Quisiera sacar 4 conclusiones que hemos obtenido del trabajo de estos años.
Una concepción integral del combate contra la corrupción
Primero, no basta tener una Convención contra la corrupción. Es posible combatir la corrupción si la entendemos como un proceso. A pesar de todas las medidas que se han tomado en las Américas, el efecto en las personas es lento. Son muchos años de ausencia de transparencia. La percepción de corrupción en América Latina es mayor que lo que se puede verificar en términos concretos
En este sentido, para para ser efectivos, se necesita tener una concepción integral en la cual la lucha contra la corrupción se entienda:
• Primero, como un proceso. No como algo que se pueda decretar o acabar con una sola decisión o solución mágica.
• Segundo, como una política compuesta por medidas preventivas y represivas, nacionales e internacionales.
• Tercero, como una estrategia con responsabilidades compartidas: de los Estados; el sector privado; la sociedad civil; y la comunidad internacional.
La acción de la OEA
Durante la última década, en la OEA se han dado avances de gran importancia en la cooperación contra la corrupción. Adoptamos el primer tratado en la materia. Así abrimos camino para los desarrollos posteriores. Y realizamos programas de cooperación técnica. Hoy, la Convención ha sido ratificada por 33 de los 34 Estados Miembros de la OEA.
Sin duda, el desarrollo más importante ha sido el mecanismo de evaluación de la implementación de la Convención, por los propios Estados, con el apoyo técnico de la Secretaría General de la OEA y con participación de la sociedad civil; el cual se conoce como “MESICIC”.
Como resultado, ya se han adoptado informes sobre cada uno de los 28 Estados miembros del MESICIC. El balance de estas evaluaciones, realizado a través de un Informe Hemisférico, muestra que las instituciones sí importan, que los marcos jurídicos y las políticas públicas sí cuentan, y que, en muchos casos, las fallas en este frente pueden estar facilitando la ocurrencia de actos de corrupción.
Estas evaluaciones revelan que, en algunos casos, los países no cuentan con leyes o medidas en los temas examinados; que, en otros, las que existen no son suficientes para los propósitos de la Convención; y que, en otros más, no se puede valorar su efectividad, pues no se pueden conocer los resultados de ellas.
Algunas áreas para consolidar la cooperación contra la corrupción
Teniendo en cuenta la concepción integral que mencioné y los desarrollos dados, quisiera enumerar algunas de las áreas en que tenemos que consolidar la cooperación contra la corrupción. Cuáles son nuestros retos.
Primero, no más convenciones. A diferencia de hace diez años, hoy tenemos un conjunto de tratados contra la corrupción. Por eso, un primer reto es asegurar que ellos se cumplan, que no se queden en letra muerta. Para esto es importante que, como lo hemos hecho en la OEA, creemos mecanismos de evaluación, formulemos recomendaciones específicas a los Estados sobre las áreas en que deben avanzar, preveamos sistemas de rendición de cuentas sobre los pasos dados y los apoyemos con programas de cooperación técnica.
Segundo, en materia preventiva, tenemos que consolidar los procesos de modernización del Estado para hacerlo más eficiente y transparente. Para sólo citar algunos ejemplos, en las evaluaciones del MESICIC, al 54% de los Estados se les recomendó adoptar medidas para ampliar el acceso a la información pública para verificar la corrupción, en esta área todavía tenemos falta de transparencia; al 67% se les pidió tomar previsiones para la efectividad de las normas para la preservación de los recursos públicos, no existe aún en la mayoría de nuestros países mecanismos de control del gasto público, la mayoría tiene declaración del patrimonio, pero eso no es suficiente; al 82% optimizar el análisis de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios para prevenir y detectar conflictos de intereses; y al 85% desarrollar medidas para evitar la llamada “puerta giratoria”, esto es, conflictos de intereses con posterioridad al desempeño de funciones públicas.
En todos estos procesos, creemos que tenemos mediciones adecuadas.
Una tercera área en que tenemos que actuar tiene que ver con la transparencia en el financiamiento de campañas y partidos políticos. La corrupción política está en la raíz de otras modalidades de corrupción. Tenemos que facilitar un debate más abierto y profundo sobre este tema crucial para la gobernabilidad democrática.
Otro campo en que tenemos que trabajar es en el fortalecimiento de la cooperación en la persecución y sanción de la corrupción. La impunidad es el mejor aliado de la corrupción. Por eso, los sistemas de justicia y los órganos de control tienen que funcionar. En el MESICIC, por ejemplo, al 90% de los Estados se les han formulado recomendaciones para fortalecer los órganos de control superior en relación con las medidas de la Convención.
En cuarto lugar, de acuerdo con los compromisos internacionales y en el marco del Estado de Derecho, tenemos que fortalecer la cooperación en asistencia judicial mutua penal y extradición; en el combate contra el lavado de dinero; en la recuperación de activos producto de actos de corrupción y en la negación de acogida a funcionarios corruptos y a quienes los corrompen. Los análisis de las respuestas de 28 Estados de la OEA a dos cuestionarios en estas materias mostraron que, por ejemplo, en el 73% de ellos, la doble incriminación puede ser una causa para el rechazo de solicitudes de asistencia judicial mutua; sólo el 35% han hecho gestiones para recuperar bienes originados en actos de corrupción; el 60% no han tomado medidas que les permitan compartir los bienes decomisados; y 65% no han tomado medidas para negar acogida a funcionarios corruptos. En todas estas áreas tenemos que trabajar, mejorar!!
En quinto lugar, tenemos que avanzar en materia de responsabilidad de las empresas. El sector privado es parte del problema y tiene que ser parte de la solución. Los países ricos debieran hacer mucho más para asegurar que sus empresas dejen de sobornar a funcionarios públicos extranjeros. En nuestra región, también tenemos que avanzar para cerrarle el paso a las empresas corruptas. Uno de nuestros estudios, mostró que la responsabilidad penal de las empresas que sobornan no aparece regulada en ninguna de las 28 legislaciones nacionales analizadas. Sin perjuicio de que los Estados tomen las medidas que les corresponde, las empresas también deben fortalecer sus mecanismos de control interno. Y tenemos que ser capaces de sancionar los actos de corrupción que provienen del sector privado.
La sexta área en que debemos seguir progresando tiene que ver con la cooperación entre nuestras organizaciones internacionales y la sociedad civil.
Finalmente, una última área fundamental para ser exitosos tiene que ver con la participación de la sociedad civil en la prevención y denuncia de la corrupción. En el MESICIC, al 90% de los Estados se les recomendó promover formas adicionales para facilitar a la sociedad civil el seguimiento de la gestión pública. A escala internacional, también tenemos que seguirle abriendo espacio a sus contribuciones. En este mismo ámbito, la prensa tiene un papel fundamental que cumplir. Los medios de comunicación tienen una función pedagógica frente a la sociedad y el periodismo responsable de investigación también contribuye substantivamente al combate contra la corrupción.
Muchas gracias.