Una vez más tengo el honor de ser parte de la ceremonia de inauguración de este encuentro de los Cancilleres de América, que se reúnen para examinar la marcha de los asuntos políticos, generar nuevas iniciativas en el campo del desarrollo y buscar soluciones a los problemas de seguridad en nuestra región.

Nos reunimos en el contexto de la celebración de los sesenta años de existencia de nuestra Organización, que nació en este querido país. Agradezco al Presidente Álvaro Uribe, al pueblo de Colombia y muy especialmente a las autoridades y ciudadanos de esta hermosa ciudad de Medellín, por la afectuosa acogida que nos han brindado y por el esmero y eficiencia demostrados en la preparación de esta Trigésimo Octava Asamblea.

No puedo dejar, sin embargo, Sr Presidente y autoridades de Medellin, de expresar las condolencias de todos los presentes y de la OEA, por la tragedia de las ultimas horas. Lamentamos el dolor de los familiares y de su Gobierno, sabemos que usted ha estado trabajando en eso y le ofrecemos nuestra solidaridad y afecto.

Usted sabe bien, Sr. Presidente, que esta OEA y este Secretario General tienen a Colombia en su corazón y harán todo lo necesario para apoyarla en sus esfuerzos por alcanzar una paz duradera, dentro de un marco de democracia y progreso social.

Me referiré en esta intervención a algunos de los principales temas que debemos enfrentar en nuestra región y en nuestra Organización. Pero es importante comenzar constatando que ellos se producen en un año de importantes avances, referidos a nuestras economías, al combate a la pobreza y a la consolidación de nuestras democracias.

2007 fue nuevamente un año de crecimiento sostenido para América Latina y el Caribe. De acuerdo a todos los pronósticos y a pesar de los problemas que afectan a la economía mundial, 2008 será seguramente el sexto año consecutivo de crecimiento para el conjunto de la región.

Como consecuencia de ese crecimiento y de buenas políticas públicas en varios países, en los últimos cinco años la población en situación de pobreza en nuestra región se ha reducido en 27 millones y la extrema pobreza ha disminuido en 16 millones.

Son señales positivas que nos indican que hemos comenzado a transitar por buen camino en nuestras economías y en la proyección de sus efectos, en particular hacia los sectores más pobres y vulnerables.

En el plano político nuestra democracia se sigue consolidando. Todos los gobiernos que integran la OEA han sido elegidos en elecciones libres, secretas, informadas y con una alta participación de electores. Con las recientes elecciones en Paraguay y República Dominicana, ya son 28 los Estados que han elegido o reelegido democráticamente sus gobiernos en los últimos tres años. Los seis restantes ya lo habrán hecho cuando nos reunamos, en abril de 2009, en la V Cumbre de las Américas. Además, la región se mantiene estable en los últimos tres años, sin cambios prematuros de gobiernos, como ocurría en la década precedente.

Esto nunca había ocurrido en la historia de nuestra región. Las autoridades, en todos los niveles, son elegidas democráticamente en América, sus mandatos son estables y las diferencias políticas son resueltas mediante consultas populares cuyos resultados son respetados por todos.

Con satisfacción podemos afirmar que la Organización de los Estados Americanos ha sido una protagonista activa de los procesos y desarrollos positivos que hoy caracterizan a nuestra región.

Durante el 2007 realizamos ocho Misiones de Observación Electoral en seis Estados miembros, lo que nos llevó a movilizar cientos de observadores y expertos en temas electorales.

Hemos estado presentes allí en donde hemos sido requeridos para atender y facilitar la solución de situaciones de crisis, como ha quedado demostrado con la reciente situación suscitada entre Ecuador y Colombia. Seguimos brindando apoyo a los esfuerzos del Gobierno boliviano para promover la estabilidad del sistema democrático y el desarrollo del proceso constituyente.
La Misión de la OEA de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, por su parte, continuó verificando el desmonte de la estructura armada de las Autodefensas Unidas y la reintegración de más de 30 mil ex combatientes.

Continuamos, igualmente, la labor de facilitación política en el diferendo entre Belice y Guatemala, tarea que incluyó una propuesta del Secretario General a ambos gobiernos para llevar la solución definitiva de estos asuntos a instancias jurisdiccionales, así como el traslado voluntario de familias guatemaltecas desde la población Santa Rosa, situada en la Zona de Adyacencia entre Belice y Guatemala, hacia el Departamento de Petén en Guatemala.

Hemos seguido brindando el apoyo de nuestra Organización al Gobierno de Haití, en el marco de la resolución aprobada por nuestra Asamblea el año pasado. Una de las actividades que más satisfacción nos ha deparado en este terreno ha sido el esfuerzo por dotar a los habitantes de ese país de una identidad civil. Hoy ya es una realidad el registro permanente de personas en Haití sobre la base de un sistema digital moderno, sostenible y accesible. Sólo desde septiembre del año pasado se han inscrito más de 600 mil nuevos ciudadanos, sumando así un total de 4.2 millones. Y estamos extendiendo el Programa de Identidad Civil a otros países.

Hemos seguido atendiendo también otras áreas cruciales para nuestra gobernabilidad, como la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de nuestros sistemas de justicia y la defensa de los derechos de la mujer y de las minorías.

En el plano del desarrollo integral hemos continuado la tarea de diseñar e implementar, junto con nuestros países miembros, políticas, programas y proyectos orientados al desarrollo de las capacidades humanas, al fortalecimiento institucional y a las políticas públicas eficaces, particularmente en las áreas de la educación, el empleo, el desarrollo social, la cultura, el comercio, la ciencia y la tecnología, el desarrollo sostenible y el medio ambiente.

Durante 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió 1.456 nuevas denuncias, abrió 126 nuevos casos, sometió 14 casos a la consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y emitió 40 requerimientos a los Estados miembros para que tomaran medidas urgentes destinadas a prevenir daños irreparables a personas. Así se protegen, de manera concreta, los Derechos Humanos en nuestra región, una práctica que debemos reforzar constantemente, sin perjuicio de estar siempre dispuestos a revisar procedimientos y ampliar formas de acceso y la cooperación entre nuestras instituciones de derechos humanos y las democracias del continente.

Señor Presidente, Señoras y Señores Ministros, queridas amigas y amigos.

Esta Asamblea se realiza en momentos en que la carestía de los alimentos comienza a afligir de manera alarmante a todas las regiones del planeta. Los técnicos están aun encontrando explicaciones al acelerado aumento de los precios de alimentos básicos, pero lo concreto es que en todo el mundo ellos han llegado prácticamente duplicarse en los tres últimos años. Esta situación está condenando a mantenerse o a volver a la pobreza a muchos millones de seres humanos.

Los efectos de ese fenómeno ya se están haciendo sentir en algunos países de nuestra región, especialmente en los más pobres, que ya han debido enfrentar además los golpes del alza desmedida del petróleo en sus economías.

En nuestra región más de 50 millones de personas aún no tienen acceso a una alimentación adecuada. La desnutrición infantil, con sus negativas secuelas biológicas, sociales y económicas, afecta hoy a más de 9 millones de niños. Y los logros alcanzados en el combate a la pobreza y la indigencia son puestos en riesgo por la carestía de los alimentos.

La propia CEPAL ha advertido que un incremento de 5% en el precio de los alimentos eleva la incidencia de la indigencia en casi un punto. El alza es mucho mayor que eso y significa que alrededor de 10 millones de personas se encontrarían en riesgo de caer en la pobreza y un número similar de pobres podría engrosar las filas de la indigencia. Un retroceso inaceptable en las tendencias positivas de los últimos años, que podría tener consecuencias políticas imprevisibles.

Debemos mantenernos atentos a esta situación y disponibles para concurrir en ayuda de los más afectados y superar los efectos de esta crisis en el plazo más breve posible. Pero debemos también mirar con visión de futuro las posibilidades que de esta crisis surgen para nuestro desarrollo. Ello es posible en un continente en donde la producción de alimentos excede, según la FAO, en un 30% la cantidad de proteínas y calorías necesarias para atender los requerimientos energéticos de su población. El problema no es, en consecuencia, la falta de alimentos, sino el acceso que la gente tiene a ellos y eso es materia de políticas públicas.

Por otra parte, no debemos olvidar que a nivel global América Latina y el Caribe es la región que menos importa alimentos, y algunos de sus países son potencias mundiales en la producción y exportación de cereales, granos, frutas y carnes. Más allá de factores coyunturales, climáticos o proteccionistas, que sin duda tienen un efecto importante en la crisis actual, es un hecho que la demanda de alimentos continuará creciendo en los próximos años, impulsada por el sostenido crecimiento económico de algunos de los países más grandes.

Hace pocas semanas encabecé una delegación de varios países que visitó Haití para conocer de cerca el agravamiento de la crisis producido por la carestía de la vida. Y fue estimulante ver como el Presidente René Preval no sólo se preocupaba de las necesidades inmediatas de ayuda para paliar los efectos del alza desmedida de los combustibles y los alimentos en una nación que carece de ambos, sino que también solicitaba apoyo para incrementar, en su propio país, la producción de arroz y otros alimentos.

Sin duda en el aumento de la producción y en la ampliación del libre comercio de productos agrícolas está la solución principal de esta grave crisis. Espero que esta Asamblea considere este tema, dando los primeros pasos para adoptar un enfoque regional para abordarla.

En lo que va de este año se han planteado dos situaciones urgentes que han requerido nuestra participación: la crisis y ruptura de relaciones entre Colombia y Ecuador, provocada por la acción no autorizada de fuerzas armadas colombianas en territorio ecuatoriano, y la confrontación política entre el Gobierno de Bolivia y los líderes autonomistas de las regiones del Oriente del país a partir del proceso de reforma constitucional.

En ambas casos la respuesta de nuestra Organización fue rápida, adecuada, y en directa conexión con la legislación internacional y el Derecho Interamericano. En ambos casos gobiernos de nuestra región, que se encontraban en una situación crítica o conflictiva, decidieron recurrir a su Organización de Estados Americanos. Su confianza nos enorgullece y esperamos seguir siendo dignos de ella.

El caso de Bolivia nos preocupa especialmente, porque los temas en debate tienen estrecha relación con la conservación y fortalecimiento de la democracia, así como con la preservación de la unidad nacional, ambos principios muy fundamentales para nuestra Organización. Por ello hemos entregado nuestro respaldo y respeto al Gobierno constitucional encabezado por el Presidente Evo Morales, y señalado que para solucionar la crisis es indispensable respetar los intereses legítimos de la mayoría nacional expresada en ese gobierno, y armonizarlos con los intereses también válidos de las entidades regionales de Bolivia que buscan su autonomía. Nos ha preocupado también el reciente surgimiento en Sucre y Santa Cruz de manifestaciones de racismo y conductas, ya condenadas por nuestra Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en contra de poblaciones indígenas.

La OEA concurrirá, como se le ha solicitado, a observar los referéndums revocatorios del 10 de agosto, convencidos de que con ellos el pueblo boliviano dará una nueva muestra de voluntad democrática. Pero nos asiste también el convencimiento de que la solución definitiva de la crisis sólo se logrará mediante el diálogo sincero y generoso y con la participación de todos. Esperamos seguir contando con la confianza del Gobierno y las autoridades de Bolivia, para seguir trabajando con los países amigos de Bolivia en la facilitación de estos logros.

En el caso de la acción colombiana en territorio de Ecuador, la OEA, por intermedio primero de su Consejo Permanente de 5 de marzo y, luego, de su Reunión de Consulta de Cancilleres del 17 de marzo, actuó rápidamente, a pedido del Gobierno de Ecuador, aplicando las normas pertinentes de nuestra Carta. En esas reuniones, así como en la Cumbre del Grupo de Río en República Dominicana celebrada el 7 de marzo, el gobierno de Colombia ofreció disculpas al de Ecuador por su acción y se comprometió a no repetirla, lo cual fue consignado en las resoluciones de esos encuentros.

En lo fundamental este incidente debería estar superado, con arreglo a las resoluciones de estos encuentros. Pero aún subsisten aspectos derivados del episodio del 1 de Marzo que deben resolverse satisfactoriamente. Estos aspectos están siendo abordados por ambas partes en un marco de cooperación internacional y con el recurso a los buenos oficios de nuestra Organización, según mandato de la Reunión de Cancilleres. De ello daremos cuenta en la continuación de la Reunión de Consulta que tendrá lugar en los próximos días.

Tan importantes como la solución del incidente, sin embargo, son las lecciones que éste ha dejado y que, en mi opinión, deben ser tomadas en consideración no sólo por los directamente afectados sino por todos los países que componen el sistema interamericano. Ciertamente, cuando un país miembro de la OEA enfrenta la acción de un grupo armado que, como es el caso de las FARC en Colombia, ha cometido actos tipificados como terroristas en nuestra Convención Interamericana contra el Terrorismo, tiene el derecho de solicitar el apoyo de los demás estados miembros para combatir ese flagelo. Al mismo tiempo, sus vecinos deben también velar porque esas acciones no afecten la paz y tranquilidad de sus propios pueblos. El logro de ambos objetivos sólo es posible mediante la cooperación, no mediante acciones unilaterales, el intercambio permanente de información y el desarrollo de medidas de confianza y apoyo mutuo, que esperamos forjar entre ellos,

Las últimas semanas han presenciado un recrudecimiento de las expresiones verbales entre países miembros, que no ayudan de manera alguna a superar las tensiones existentes. La publicación de documentos provenientes de computadores que se habrían incautado con ocasión del ataque del 1 de Marzo ha exacerbado el debate. No han faltado requerimientos de distintos sectores para que la OEA intervenga en este asunto a objeto de establecer los hechos y las responsabilidades que corresponden.

Quiero dejar muy en claro que hasta esta tarde, ningún gobierno había solicitado a la OEA investigar estas denuncias o involucrarse en ellas de manera alguna.. Más de alguna interpretación ha pretendido que el Secretario General, mandatario de Uds., debería actuar "de oficio” en este caso, lo cual contradice la naturaleza misma de la institución –que es una Organización de Estados- y de la Secretaría. "Por cierto, si esas solicitudes se presentan como ha sido anunciado, la SG OEA las tratara con la importancia y cuidado que ameritan"

El Gobierno de Colombia ha decidido entregar los documentos de que dispone a los órganos judiciales de cada país para que investiguen eventuales responsabilidades. Es esa una decisión soberana que respetamos. Todos debemos hacer lo que esté en nuestras manos para superar la actual situación, entregando todos los antecedentes y aclaraciones que puedan contribuir a ello.

Por nuestra parte seguiremos buscando los medios para solucionar el problema hacia el futuro, evitando rupturas entre nuestros integrantes que no conducen a nada positivo. América Latina y el Caribe son una región de paz y deben mantenerse así; y en esta OEA deben tener cabida siempre todos sus países miembros, sobre la base de la disposición al diálogo y la solución pacífica de las diferencias.

Estoy seguro que, más allá de presiones y declaraciones, nuestros países podrán resolver sus problemas mediante el diálogo y el entendimiento. El hecho que, a pesar de estos desencuentros, todos los países de América del Sur hayan suscrito el Tratado de la Unión de Naciones del Sur, cuya creación hoy saludamos con entusiasmo, demuestra esa voluntad de entendimiento.

La conmemoración del sexagésimo aniversario de nuestra organización y la preparación de la V Cumbre de las Américas a realizarse en Trinidad y Tobago el próximo año, constituyen una gran oportunidad para que todos los Estados miembros puedan reflexionar sobre algunos de los objetivos esenciales de la OEA definidos en su Carta Constitutiva y la Carta Democrática Interamericana.

El artículo 2 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos estipula como uno los propósitos esenciales de la Organización el fortalecimiento de la paz y la seguridad en el hemisferio.

Este objetivo ha sido subrayado en la Declaración sobre Seguridad en el hemisferio, que indica “Nuestra nueva concepción de la seguridad en el hemisferio es de alcance multidimensional, incluye las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del hemisferio, incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia social, y se basa en valores democráticos, el respeto, la promoción y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación y el respeto a la soberanía nacional”.

En ese contexto vale la pena reiterar, en el marco de esta Asamblea, los siguientes principios compartidos:

1. El respeto irrestricto a la no intervención, directa o indirecta, en los asuntos internos de otros Estados miembros y el pleno respeto a la soberanía de todos.

2. El rechazo de la violencia como método de acción política y la condena inequívoca del terrorismo a luz de la Convención Interamericana contra el Terrorismo de 2002.

3. El compromiso de no apoyar materialmente ni otorgar reconocimiento a grupo alguno que practique la violencia.

4. El compromiso de los Estados miembros de apoyarse mutuamente en el fortalecimiento de la democracia y de rechazar cualquier intento por subvertirla en cualquiera de ellos.

La adopción de medidas de confianza mutua es una contribución significativa para la transparencia, el entendimiento mutuo y la seguridad regional. Su aplicación consistente ayuda a establecer un clima conducente al fortalecimiento del diálogo bilateral y multilateral, facilita el entendimiento mutuo y propicia una mayor colaboración para el fortalecimiento de la democracia.

Seguimos con atención el desarrollo del proceso político en Cuba. Nuestro anhelo será siempre ver a esa querida nación hermana reintegrada plenamente a nuestra Organización. Sé que este es un tema complejo y no quiero de manera alguna que él sea motivo de discordia entre nosotros. Creo que nuestra conducta en esta materia debe ser guiada por una disposición flexible y la voluntad de diálogo; así como que nuestra Carta fundacional, nuestra Carta Democrática Interamericana, nuestras Convenciones en materia de derechos humanos y otros tratados relevantes al tema deben ser siempre considerados al adoptar cualquier decisión.

Reitero además mi convicción de que cualquier proceso de cambio en Cuba sólo debería producirse por voluntad de los cubanos, mediante un proceso pacífico y progresivo que respete plenamente los principios de democracia, autodeterminación y no intervención que deben regir la convivencia americana.

La situación que afecta a la seguridad pública sigue siendo una preocupación principal para nuestra Organización. Se trata de un mal que no reconoce fronteras nacionales ni divisiones de clase. La violencia y el crimen afectan a toda la sociedad aunque la falta de protección hace que ataque más directamente a los grupos más vulnerables: los más pobres, los socialmente excluidos y quienes están en desventaja social. Entre el 25 y el 50 por ciento de las mujeres de nuestra región son víctimas de violencia doméstica y los jóvenes de los estratos más pobres de la sociedad, en especial los varones, son los principales protagonistas de las actividades de pandillas y maras, y también las víctimas principales de la violencia. La tasa de homicidios en nuestra región, que ya alcanza a 27,7 por cada 100 mil habitantes, el doble del promedio mundial, es la primera causa de muerte en los jóvenes de entre 15 y 29 años en donde llega a 83,2; y es más alta aún entre los jóvenes de los estratos medios y bajos entre los cuales alcanza a más de 100 casos por cada 100 mil habitantes.

Se trata de un fenómeno que dejó de ser sólo una amenaza para convertirse en una flagrante realidad que debemos combatir sin mayor dilación. Es un problema que nos afecta a todos sin excepciones y al que debemos enfrentar de manera solidaria y coordinada, reforzando nuestros instrumentos y expandiendo nuestra cooperación.

Nuestra decisión de dar una alta prioridad a estos temas ha llevado a un conjunto de decisiones y acciones en los últimos dos años. Durante el pasado mes de mayo se realizó la VII Reunión de Ministros y Procuradores de Justicia de las Américas, en la que se analizaron mecanismos para mejorar la cooperación judicial entre nuestros países, así como para combatir al delito cibernético, fortalecer y modernizar nuestros sistemas judiciales y coordinar nuestros trabajos contra el Crimen Organizado Transnacional.

Igualmente el 17 de Septiembre del año pasado propuse ante la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA la realización de la Primera Reunión de Ministros Responsables de la Seguridad Pública en las Américas. Agradezco al gobierno de México por haber ofrecido ser sede de esta reunión, que se celebrará los días 7 y 8 de octubre próximo.

Esperamos transformar esa Reunión Ministerial en un foro político y técnico permanente, mediante el cual todos los Estados Miembros puedan compartir experiencias y visiones para consolidar perspectivas, coordinar acciones y ofrecer respuestas efectivas que permitan disminuir la violencia y la criminalidad que afligen a nuestros pueblos.

Ese mismo espíritu de cooperación está presente en las actividades de la Coalición Interamericana para la Prevención de la Violencia, una alianza promovida por nuestra Organización entre instituciones multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Mundial, PNUD y UN-Hábitat, que tienen la convicción que uniendo esfuerzos y compartiendo información pueden promover y apoyar iniciativas en el campo de la prevención de la violencia en la región.

Señor Presidente:

Esta Asamblea General se concentrará en los temas relativos a la Juventud y los Valores Democráticos. Con ello se hará cargo de una de las materias de mayor importancia y proyección que preocupan a quienes desean ver la democracia extendida y profundizada en nuestra América.

Son los jóvenes, a quienes hemos recibido de manera numerosa e importante durante los ultimos dias, quienes disfrutarán los aciertos que logremos en la extensión de la democracia en nuestra región o sufrirán nuestros errores en ese empeño. Y a ellos les corresponderá continuar lo que nosotros hayamos iniciado correctamente o corregir aquello en que nos hayamos equivocado. Para emprender esa gigantesca tarea, los jóvenes, que ya hoy son protagonistas y constructores de nuestra historia, deben compartir nuestra pasión por la democracia y conocer y superar las experiencias que nosotros mismos les dejaremos como legado.

Espero que seamos capaces de trasmitirles nuestra convicción de que, además de un sistema de gobierno, la democracia es un estilo de vida basado en valores y prácticas que hacen que la convivencia entre los seres humanos sea la mejor posible. Prácticas inspiradas en valores como la justicia, la libertad, la igualdad, la tolerancia, el pluralismo, la probidad, la participación, la transparencia, la solidaridad, la confianza mutua, el respeto por el derecho ajeno, el respeto por las leyes y reglas del juego, el diálogo político, la negociación, la construcción de consensos y la solución pacífica de las diferencias. Un estilo de vida que abomina y combate la intolerancia, el autoritarismo, la corrupción, la arbitrariedad, el fraude, la violación de los derechos humanos, la discriminación, la represión, la violencia, el no respeto de las leyes y reglas de juego y la impunidad.

En nuestra región hemos avanzado, y mucho, en una comprensión común de la democracia. Hemos plasmado esa definición común con toda claridad en los textos que componen el marco jurídico-institucional desarrollado durante los últimos veinte años por la OEA y en particular en la Carta Democrática Interamericana, aprobada por los Estados miembros en 2001.

Hemos entregado a nuestros jóvenes una definición explícita y exhaustiva de democracia. Pero es posible que les dejemos también una tarea inconclusa que les corresponderá acometer y terminar. Y es que sabemos qué democracia queremos, pero hasta ahora no hemos sido capaces de solucionar los muchos problemas que impiden que ella termine de materializarse realmente para las grandes mayorías de nuestro continente.

Seguiremos luchando por terminar con la desigualdad de oportunidades y de ingresos, con el mal gobierno y el déficit de gobernabilidad, con nuestra incapacidad para detener la destrucción de la vida que nos rodea como medio ambiente y con nuestra creciente capacidad para destruirnos a nosotros mismos por medio del crimen y la violencia. Y si nuestros esfuerzos no son suficientes, corresponderá a los jóvenes de hoy tomar el relevo y lograr que, finalmente, ese gran principio que orienta nuestras vidas y la de nuestra Organización sea una realidad para los millones de seres humanos de nuestra América.

Sr. Presidente, Sres. y Sras. Ministros, Delegados, Sras. y Sres.

Por algún tiempo, en otras épocas, la OEA estuvo en el centro de conflictos ideológicos y políticos que sacudieron muchas veces nuestro hemisferio. Esos tiempos han terminado. Creo que somos más fieles al pensamiento de quienes la crearon si la fortalecemos como instrumento de diálogo y entendimiento, si la usamos más para curar heridas y resolver conflictos que para agitarlos o castigarnos entre nosotros.

He tratado, en estos tres años, de hacer de la OEA un espacio acogedor para todos, en que no siempre se dé la razón a los mismos y en el que todos nos sintamos cómodos, aunque a veces algo no coincida exactamente con lo que pensamos; en que se dé a todos la libertad de expresarse y al cual todos puedan acudir en la certeza de que sus asuntos serán tratados con justicia y con arreglo a derecho.

Creo en el multilateralismo, en el derecho, en la solución pacífica de las controversias y en la cooperación como las mejores formas de llevar las relaciones entre los Estados en la sociedad global. Espero que, sobre la base de estos principios, sigamos construyendo un hemisferio de paz, justicia, democracia y prosperidad para todos nuestros países.