Señor Manuel Zelaya Rosales, Presidente de la República de Honduras y señora Xiomara Castro de Zelaya. Excelentísimo señor Daniel Ortega, Presidente de la República de Nicaragua y señora Rosario Murillo de Ortega. Excelentísimo señor Fernando Lugo Méndez, Presidente de la República del Paraguay; su Excelencia, señora Patricia Isabel Rodas Baca, Secretaria de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores de Honduras; Señor Albert Ramdin, Secretario General Adjunto de la Organización de Estados Americanos; señora Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. Señores Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación. Señores Presidentes y Directores de Organismos Interamericanos e Internacionales. Señores Ministros y altas autoridades del Gobierno de Honduras. Señoras y señores embajadores, distinguidos invitados, señoras y señores.
Al recibir a los Cancilleres de las Américas, debo agradecer a los Señores Presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y de Paraguay, Fernando Lugo quienes, con su presencia, enaltecen esta inauguración.
Agradezco especialmente, en nombre de todos los presentes, al Señor Presidente de Honduras don José Manuel Zelaya y a su gobierno; al pueblo hondureño y a las autoridades y ciudadanos de San Pedro Sula, por la afectuosa acogida que nos han brindado y por el cuidado y la eficiencia de todos los equipos de trabajo, que han demostrado en la organización de esta Trigésimo Novena Asamblea General.
Junto a este reconocimiento permítame expresarle, Señor Presidente, nuestras sentidas condolencias por los trágicos acontecimientos de la madrugada del 28 de mayo que han enlutado a su querido país y, con ello, a todas las Américas. La nobleza de Usted y de su pueblo al acogernos en tan difíciles circunstancias, acrecienta nuestra gratitud.
LA CRISIS ECONOMICA Y SUS EFECTOS SOCIALES Y POLITICOS
Hace un año atrás, cuando iniciábamos el trigésimo octavo período de sesiones de esta Asamblea General en Medellín, expresé un moderado optimismo ante el momento que vivía nuestra región. Estábamos a mediados del sexto año consecutivo de crecimiento para América Latina y el Caribe y, como consecuencia de ese crecimiento y de buenas políticas públicas en la mayoría de nuestros países, en los cinco años anteriores la población en situación de pobreza se había reducido en 27 millones de personas y la extrema pobreza había disminuido en 16 millones.
La situación, como todos sabemos, es ahora lamentablemente distinta.
La región es víctima de una crisis económica de alcance mundial. Todos nuestros países están experimentando situaciones de contracción económica. Aunque algunos, por su mayor dinamismo económico previo o por la aplicación anterior de medidas de prevención anticíclicas, se encuentren en mejores condiciones, todos se verán finalmente afectados y es nuestra obligación prever los efectos de esa situación y actuar en consecuencia.
Nos preocupan los efectos sociales y políticos de esta crisis, perder lo ganado en el combate contra la pobreza durante el último período, y que se pronostique que más de 12 millones de personas corran el riesgo de caer en ella en los próximos dos años. En un contexto de incremento de los niveles de pobreza e inseguridad laboral, también se verá amenazado el uso sustentable de la energía, el medio ambiente y el desarrollo en general.
Debemos evitar que la crisis, al afectar a todos los sectores sociales, genere pugnas distributivas que repercutan sobre los más débiles y sobre las relaciones políticas y sociales internas de los países de la región.
El buen funcionamiento del sistema democrático puede servir de conducto para debatir y dirimir las diferencias y pugnas que la crisis va a provocar. Cuando se celebran, de manera regular, elecciones abiertas, transparentes y competitivas en todos nuestros países, ello permite canalizar las polémicas y resolverlas de manera democrática.
Pero es necesario algo más. Se requiere también un sistema de acuerdos políticos y sociales amplios, que permita fortalecer la gobernabilidad y la viabilidad política de las medidas que será necesario adoptar. El logro de grandes acuerdos nacionales con el consenso de la mayoría de los actores sociales, puede disminuir el efecto de la crisis sobre los segmentos más vulnerables de nuestras sociedades y evitar una peligrosa competencia por culparnos, entre nosotros de lo que no hemos provocado.
Pero se trata no sólo de acuerdos internos en cada país. También se deben alcanzar consensos en el plano regional que permitan desarrollar una respuesta coordinada, integral y eficaz a la crisis, con el apoyo de toda la comunidad internacional.
Nuestros Jefes de Estado y de Gobierno avanzaron decididamente en esta última dirección en su Reunión de Trinidad y Tobago. En la Cumbre, el clima imperante entre nuestros líderes, sin excepción, fue de una amistosa búsqueda de consensos.
A partir de los acuerdos del G-20, en los cuales participaron cinco países miembros de la OEA, nuestros Jefes de Estado y de Gobierno discutieron medidas para reducir los efectos de la crisis, alcanzando importantes acuerdos para evitar el proteccionismo, promover la competitividad, proteger a las poblaciones más vulnerables y enfrentar la reducción del ingreso de capitales a la región.
Es una paradoja que, mientras la CEPAL nos anuncia que en 2008 la inversión extranjera alcanzó la cifra más alta de la historia en América Latina y el Caribe, con más de 128 mil millones de dólares, un 13 por ciento más que en 2007, la región deba enfrentar este año una caída brusca de los flujos de capital. Y no es que hayamos cambiado de políticas o seamos menos confiables. Se trata simplemente de la reducción generalizada que caracteriza a esta crisis y de la cual nuestros países no están exentos.
Nuestros líderes esperan que los compromisos de flexibilidad en las condiciones de las instituciones globales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se hagan sentir en nuestras economías. Hacen énfasis, especialmente, en el aumento de capital en nuestros propios bancos de desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrolllo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Caribbean Development Bank (CDB). Esperamos, como lo enfatiza una resolución que conocerán en esta Asamblea, que la decisión de aumentar el capital del BID se produzca a tiempo para hacer más efectiva su acción en el hemisferio.
También es indispensable evitar que nuestros países, como ha ocurrido en crisis anteriores, adopten medidas artificiales para exportar su desempleo en perjuicio de otros. El proteccionismo, la persecución de inmigrantes, la disputa por los escasos recursos financieros y otras medidas, son contrarios al espíritu de cooperación y solidaridad con que debemos enfrentar la crisis.
LA AGENDA HEMISFERICA
Señores Presidentes, señoras y señores ministros:
Gracias al diálogo de nuestros Presidentes y, a los acuerdos alcanzados en la Cumbre, tenemos hoy una agenda común que debemos ser capaces de implementar.
Ella no puede ser simplemente un listado de temas. Aunque ya es importante que estemos de acuerdo en este listado, lo importante es tener también acuerdo en sus contenidos y en acciones comunes que demuestren que el multilateralismo que practicamos contribuye a resolver los problemas.
El primer tema es, desde luego, la crisis económica, al cual ya me he referido. Estrechamente ligado a su superación está un segundo tema discutido en Puerto España: el de la Prosperidad Humana. En los años recientes de crecimiento económico, nuestros países se esforzaron por reducir la pobreza por medio de programas innovadores de transferencias condicionadas y apoyo directo a familias en extrema pobreza. Por ello, nuestros Ministros de Desarrollo Social, y nuestros Presidentes y Jefes de Gobierno, ratificaron una Red Interamericana de Cooperación para la Protección Social que esperamos poner en marcha antes de fines de año. A través de esta Red esperamos transferir buenas prácticas en programas de transferencias condicionadas y de microcrédito a lo largo del hemisferio.
El desarrollo integral de nuestras sociedades sigue estando en el centro de nuestras preocupaciones. Continuamos en la tarea de diseñar e implementar, junto a nuestros países miembros, políticas, programas y proyectos orientados al desarrollo de las capacidades humanas, al fortalecimiento institucional y a la generación de políticas públicas eficaces, la educación, el empleo decente, el desarrollo social, la cultura, el comercio, la ciencia y la tecnología, el desarrollo sostenible y el medio ambiente. Todos estos temas han sido tratados en las Cumbres anteriores, sus mandatos están vigentes y debemos seguir trabajando en ellos.
El tercer tema es la energía, a partir de una doble constatación: que nuestro hemisferio es generoso y variado en materia energética y que, sin embargo, no tenemos aún redes adecuadas de cooperación y complementación, siendo, por otro lado, que nuestro uso de la energía es aún muy ineficiente. Nuestros líderes concordaron, en Puerto España, en la necesidad de formar una red de cooperación que, con formas flexibles de organización, pudiera coordinar a los países en la producción de energías renovables y no renovables, en la transmisión y en el uso eficiente de las mismas.
Aunque compartimos la idea de que este debería ser un marco flexible y voluntario de cooperación, pensamos que se requiere algún tipo de institucionalidad que realice esta coordinación. Esperamos conocer las primeras propuestas en torno a estas iniciativas en la reunión que se realizará en Lima, a mediados de junio.
El cambio climático, ligado al anterior, es el cuarto tema de la agenda común. Si bien ambos temas se han tratado mucho de manera conjunta, es importante recordar que en nuestra región el uso del suelo juega un papel tan importante en el cambio climático como el de las emisiones de gases. La contaminación del aire y el agua, está muy ligada a la pobreza y la ausencia o degradación de la infraestructura sanitaria. Algún tratamiento específico es, por lo tanto, indispensable.
El quinto tema es el de la migración. Motivo de gran debate, con ribetes impropios de alarmismo en los años recién pasados, el flujo de migrantes entre los países de América y hacia otras regiones es un asunto de naturaleza claramente hemisférica que debemos enfrentar en conjunto porque afecta a muchos de nuestros ciudadanos, a nuestras familias y nuestras sociedades y, por la cuantía de las remesas que genera al desarrollo de nuestras economías. Si efectivamente queremos hacer política hemisférica entre todos, este es un terreno en que debemos demostrarlo.
Paradójicamente la crisis, que ha tenido un impacto negativo sobre la magnitud de la migración, permite tratar el tema, ahora, con menos presiones.
Los derechos de los migrantes constituyen también un foco principal de nuestra atención. Por intermedio del Programa Interamericano para la Promoción y Protección de los Derechos de los Migrantes hemos establecido un acuerdo de cooperación técnica con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) para implementar un Sistema Continuo de Reportes de Migración Laboral para América Latina y el Caribe, que generará información sobre los flujos y tendencias migratorias de los países miembros de nuestra Organización.
El sexto tema es la seguridad pública, que también ha llegado a la agenda de nuestros líderes en Puerto España. Hace un año atrás en esta misma Asamblea, señalé mi preocupación por el aumento del crimen organizado y el narcotráfico en la región y el significado que ello tenía no sólo para el bienestar material y el ejercicio de los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos, sino también para la estabilidad misma de nuestras instituciones. Anunciamos hace un año la realización de una Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas, que gracias a la generosa colaboración del gobierno de México, se realizó con pleno éxito en octubre del año pasado en la Ciudad de México. Fue la primera oportunidad para una discusión amplia, de alto nivel, de este tema en nuestra región. Alcanzó muy bien sus objetivos y tendremos hacia fin de año la segunda reunión en República Dominicana, precedida de una reunión de expertos de alto nivel, en Uruguay.
Hace pocas semanas la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) realizó su reunión anual. En ella se coincidió en la necesidad de, sin dejar de lado las políticas de interdicción que nuestros países llevan a cabo con altos costos humanos y materiales, atender también de manera preferencial la reducción de la demanda. Los esfuerzos que realizamos en la interdicción podrán mejorar las condiciones de orden público en algunos países; pero la droga continuará fluyendo a menos que seamos capaces de reducir la demanda, especialmente en los centros afluentes de mayor consumo.
Nos sentimos especialmente estimulados por el compromiso que la gran mayoría de los países de la región han asumido con la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas (CIFTA), ratificada ya por treinta países miembros y cuyo envío al Congreso para ratificación anunció el Presidente Obama en la Quinta Cumbre de las Américas.
El rechazo de la violencia como forma de relación entre los seres humanos y, en particular, como vía para resolver sus diferencias es una aspiración especialmente relevante en nuestro hemisferio.
Por ello, Señor Presidente Zelaya, los gobiernos de la región han acogido unánimemente su proposición de desarrollar una cultura de paz y no violencia que exprese valores, actitudes y conductas basadas en el respeto a la vida y a la dignidad del ser humano. Una cultura de paz y no violencia que pone en primer plano los derechos humanos y la adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, solidaridad, tolerancia y respeto a la diversidad que caracteriza a nuestros pueblos y que debe ser promovida mediante la educación, el diálogo y la cooperación.
Merced a su feliz iniciativa, los Cancilleres de las Américas suscribirán, durante este trigésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General, el compromiso de promover en el marco del estado de derecho una cultura de paz y no violencia en nuestra región. Ese compromiso incluye el reconocimiento de la necesidad de involucrar a todos los sectores de la sociedad en el fomento de esas formas de conducta, así como la decisión de adoptar las medidas necesarias para prevenir, impedir y penalizar la violencia, la segregación, la explotación y la discriminación contra grupos y personas en situación de vulnerabilidad.
No tengo dudas, señor Presidente, de que esta reunión, y este compromiso significarán un paso decisivo en los esfuerzos hemisféricos por combatir las diferentes manifestaciones de violencia que hoy día nos dañan, restableciendo las condiciones que garantizan el pleno respeto y la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales en nuestra región.
Todas las tareas que esta agenda impone implican desarrollar políticas públicas eficientes, para las cuales muchos de nuestros Estados, tras años de desmantelamiento de sus capacidades, no están siempre preparados.
El séptimo y último tema de nuestra agenda común tiene que ver, por lo tanto, con la gobernabilidad democrática.
La política democrática enfrenta hoy un importante desafío. La prueba de fuego no está ya en su capacidad de efectuar elecciones libres, ni en mantener la estabilidad de sus gobiernos. Está más bien en demostrar que los gobiernos democráticos están capacitados para resolver los problemas de pobreza, de exclusión, de calidad ambiental y de seguridad pública que afectan a las mayorías. La prueba de la democracia está en demostrar que puede mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos; que la democracia también es buena porque gobierna mejor.
Por eso nos hemos esforzado en realizar un conjunto de programas para la gobernabilidad que tienen por objeto enfrentar los problemas de transparencia y corrupción, mejorar el acceso a la justicia, modernizar los servicios públicos, apoyar la descentralización, incrementar la competitividad, promover la responsabilidad social empresarial y las alianzas público-privadas, ampliar la igualdad de género y la defensa de las minorías.
Nos llena de satisfacción también el Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas, implantado inicialmente en Paraguay, y hoy con mucha fuerza en Haití, donde se han registrado ya a más de 4 millones de ciudadanos. Queremos extender este programa a todos los países de las Américas que lo requieran, así como también programas hacia la juventud, programas que atiendan problemas de la tercera edad y orientados a la defensa de los consumidores.
Podemos seguir estando orgullosos de nuestra democracia. Todos los mandatarios que concurrieron a la Quinta Cumbre de las Américas fueron electos democráticamente. A lo largo de los últimos años, y no obstante que algunos de nuestros gobiernos han debido enfrentar severas situaciones de tensión política, la región se ha mantenido estable y sin alteraciones de la democracia.
No pretendo implicar que esta nueva estabilidad haya sido obra de esta Organización. Pero sí me enorgullezco en decir que, en este período histórico, la OEA ha jugado un papel positivo en la consolidación de nuestra democracia.
Somos, junto a Europa, los dos continentes democráticos de comienzos del Siglo XXI. Con diferencias de matices, con muchas disensiones, y más allá de discrepancias entre nuestros gobiernos, existe un acuerdo básico en todos nuestros países acerca de un conjunto de aspectos en que se expresan actualmente los principios básicos de la democracia y la gobernabilidad. Estos aspectos y puntos están consagrados en nuestra Carta Democrática Interamericana.
Durante el año que pasó desde nuestra anterior Asamblea General, desplegamos Misiones de Observación Electoral en Paraguay, República Dominicana, Grenada, Bolivia, Antigua y Barbuda, Ecuador, Honduras, Haití, El Salvador y Panamá, con la participación de cientos de observadores y expertos en temas electorales. Hemos trabajado también intensamente en el fortalecimiento de los sistemas electorales de los países que nos lo han solicitado.
Hemos mantenido nuestras misiones especiales en Haití y Colombia. Sobre Haití estaremos presentando un informe especial en el punto pertinente de esta Asamblea, en cumplimiento de lo mandatado por la Quinta Cumbre de Jefes de Estado. En cuanto a Colombia, la Misión de Apoyo al Plan de Paz ha seguido llevando adelante sus tareas de verificación en materia de desarme, reinserción, verdad y justicia, y apoyo a los desplazados, y seguimos disponibles para cooperar en el proceso de paz cuando él se extienda a las otras fuerzas irregulares.
Desde inicios de 2008, la Organización ha tenido una participación activa como observadora del proceso político en Bolivia, por invitación de su gobierno. Hemos apoyado consistentemente su unidad nacional, su dialogo político, sus esfuerzos por dictar una nueva Constitución y todos sus procesos electorales. Fue por ello que asistí con mucho orgullo a la ceremonia de firma de la Constitución a comienzos de febrero pasado. Y es por ello también que estamos ahora apoyando la construcción de un nuevo padrón electoral, compromiso que abrió camino al último paso del proceso institucional, que son las elecciones generales de fines de este año.
En lo tocante a la relación entre Colombia y Ecuador, hemos realizado múltiples misiones a ambos países con el objeto de buscar fórmulas y canales conducentes a la normalización y al desarrollo de las relaciones entre ellos. Lamentablemente, nuestras gestiones no han sido aún coronadas por el éxito, por cuanto subsiste la ruptura de relaciones y el desacuerdo en los puntos fundamentales que las partes exigen para la normalización. Hace pocas semanas hemos entregado el informe de nuestra Comisión de Expertos que visitó la frontera de ambos países y estamos esperando los comentarios de los gobiernos para hacerlo público.
Después de muchos años de mediación y seguimiento del proceso de negociación en la larga disputa territorial entre Belice y Guatemala, se logró un acuerdo firmado en la sede de nuestra Organización, que establece que ambas partes someterán a plebiscito simultáneo en los dos países la entrega de su diferendo a la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Seguiremos asistiendo a estos dos países y manteniendo nuestra misión en la Zona de Adyacencia para evitar incidentes que puedan alterar el proceso que se ha iniciado.
Esperamos, finalmente, obtener en esta Asamblea un mandato claro de apoyo especial a Guatemala, que enfrenta serios desafíos en sus sistemas de justicia y orden público que pueden constituirse en una amenaza para el régimen democrático, apoyado por el Consejo Permanente de la OEA y cuyo gobierno ha solicitado nuestra participación a la luz del artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana.
Señores Presidentes, señoras y señores Cancilleres
Esta Asamblea tiene en su agenda, como ya es costumbre, temas de gran relevancia para la marcha de nuestra Organización. La creciente violencia en la región, los mandatos de la reciente Cumbre de las Américas, la revisión de nuestra acción común en Haití, las criticas recientes a la acción de los organismos de derechos humanos, la cuestión de Cuba, son todos asuntos de especial importancia que han sido agendados para esta reunión.
Son también asuntos que revelan la vigencia permanente de nuestra Organización y del sistema interamericano. Ya lo he dicho antes: existe en nuestro hemisferio un amplio espacio para una agenda interamericana, hay asuntos que tienen que ver con todo el hemisferio, y esos son los asuntos que se tratan en la OEA. Eso lo entienden las organizaciones de la sociedad civil, de los jóvenes, del sector privado, de los trabajadores, que concurren en un número cada vez mayor a nuestras actividades y los medios de comunicación que cada vez más cubren nuestro trabajo y nuestros debates.
He buscado en estos cuatro años como Secretario General que la OEA se llene de temas relevantes y que todos los países miembros de América participen y se sientan dueños de la Organización. Aquí ya no hay asuntos que no se puedan tratar y no hay unos miembros más importantes que otros.
Esto no es fácil de alcanzar, porque somos diversos y porque la región ha vivido en estos años en permanente y acelerado cambio. Pero compartimos valores cuya vigencia hemos conquistado con grandes sacrificios y dificultades y eso nos obliga a buscar siempre los consensos para avanzar en común.
Sobre el tema de Cuba, no creo que deba hacer en este momento un comentario adicional. Mi posición es conocida y los Cancilleres, máximas autoridades de esta Organización, emitirán una opinión en las próximas horas. En el están involucrados los principales valores que dan sustento a nuestro sistema: la inclusividad que proclama nuestra Carta fundacional y la democracia que hemos consagrado en nuestra Carta Democrática Interamericana. No tengamos entonces problemas de discutir este tema; pero, recordando precisamente ese pasado, pongamos por delante la voluntad de alcanzar consensos. Queremos progresar y dejar atrás un pasado que para muchos no es positivo; pero no a costa de caer de nuevo en divisiones. En los últimos años hemos funcionado siempre mejor y mas armoniosamente con esta regla del consenso, y espero que no nos apartemos de ella esta vez.
Nuestra Organización cumplió el año pasado 60 años de vida al igual que nuestro sistema de derechos humanos; el sistema interamericano cumplirá 120 el próximo año (y nuestro edificio en Washington cumplirá en Abril 100 años de su inauguración). Somos la organización internacional política más antigua del mundo, símbolo vivo del deseo de los americanos de marchar siempre juntos. No estamos siempre orgullosos de nuestra historia, pero hemos buscado transformarnos y creo que, especialmente en las últimas dos décadas, junto con el retorno de la democracia al centro y al sur de nuestro continente, lo hemos ido logrando.
Tenemos aun muchas debilidades, pero son también grandes nuestras fortalezas.
Nadie tiene una mayor respetabilidad en materia de observación y cooperación electoral que la OEA. Hemos observado en estos últimos años casi cincuenta procesos de votación. Y como el hemisferio está en fuerte transformación política e institucional, a algunos países hemos ido seis veces.
No existe otro sistema hemisférico de derechos humanos que tenga la autonomía y la credibilidad de nuestra Comisión y nuestra Corte de Derechos Humanos; así lo entiendan los miles de latinoamericanos que, en los tiempos de dictadura recurrieron a él como último recurso para proteger sus vidas y sus derechos, y que siguen concurriendo año a año. Entiendo que muchas veces la acción de nuestra Comisión y nuestra Corte sea recibida con molestia por los países. A mí muchas veces me ocurre que no estoy de acuerdo con alguna decisión de la cual nunca me entero antes de que la Comisión la emita. También podemos mejorar en muchos de nuestros procedimientos. Pero no hay sustituto a un sistema como el que tenemos, con los grados de autonomía indispensables para actuar. Ojala podamos actuar todos juntos para fortalecer ese sistema y hacerlo vigente para todos.
Cuando existen conflictos entre ellos, los países miembros recurren a la OEA, especialmente cuando están involucrados temas de fondo del derecho americano, que es uno de los grandes patrimonios de la Organización. Hace un año y tres meses surgió un lamentable conflicto entre dos estados miembros. Una reunión de Presidentes del Grupo de Río abrió el camino para una solución; pues bien, todos los puntos jurídicos que esgrimió el Grupo de Río en su resolución fueron tomados de la Carta de la Organización de los Estados Americanos; y una posterior Reunión de Consulta de Cancilleres de la OEA les dio la juridicidad indispensable. No son antagónicos los demás organismos y grupos regionales con la OEA; más bien nos complementamos cuando cada cual hace su trabajo.
Podría citar otras áreas, como la coordinación en la lucha contra el narcotráfico, el seguimiento de la Convenciones contra la Corrupción o contra la Violencia hacia la Mujer; o la acción de instituciones como el Instituto del Niño, la CIM, o nuestro sistema de becas; o la Secretaría para la Convención sobre Discapacitados que hemos instalado recientemente en Panamá. Para qué seguir.
Pero el punto es claro: cuando escucho voces que llaman a terminar con la OEA, me pregunto cuántas décadas se requieren para construir algo semejante y quien haría el trabajo que realizamos. Cuando se habla de “burocracia imperial” no puedo sino pensar en nuestros funcionarios, especialmente en aquellos que cumplen funciones abnegadas en la Misión de Paz de Colombia, en Haití o en la Zona de Adyacencia Guatemala-Belize, o los muchos que van a puntos remotos de nuestros países a misiones electorales; o en los distinguidos ciudadanos que sacrifican tiempo y ganancia, trabajando en nuestra Comisión, nuestra Corte o nuestro Comité Jurídico.
Me preocupa, finalmente, que estas voces surjan cuando se abre ante nosotros la posibilidad de un fortalecimiento de nuestro Sistema Interamericano que no hemos tenido desde hace tiempo. La Cumbre de las Américas trajo un nuevo clima de diálogo a la región. Tenemos líderes democráticos en todos los países de América. Estados Unidos tiene un Presidente que goza de una popularidad y credibilidad casi sin precedentes en todo el hemisferio. Tenemos, como nunca antes, una agenda común. Demos una oportunidad a que todo esto fructifique y no nos apresuremos a dividirnos por discrepancias o prejuicios.
La OEA ha cambiado mucho en estos años; pero puede cambiar y mejorar mucho más. Alberto Lleras Camargo, su fundador, dijo que la OEA no será sino lo que sus Estados Miembros quieran que sea. No existe una OEA aparte de su Consejo y su Asamblea. Ustedes son la OEA.
Muchas Gracias