Creo que para hablar de democracia, sería bueno partir de algunas publicaciones recientes sobre la evaluación de la democracia de la región, y de allí desarrollar un pensamiento.

Hace muy poco, The Economist Intelligence Unit publicó a los suscriptores su análisis de la democracia en el mundo. Comprendía 167 países en el mundo, todos los países grandes, casi toda la población mundial, diría que sólo fueron excluidos los micro Estados. Es interesante mirar tanto en el estudio del 2008 como en el de 2010 lo mucho que ha progresado América Latina en esta materia. De los 24 Estados que se incorporan allí -19 latinoamericanos, más cinco del Caribe, incluyendo a Haití en el Caribe en este caso- según el estudio 17 de ellos son democráticos, si bien la mayor parte –salvo Costa Rica y Uruguay- caen en la categoría de democracias imperfectas, democracias con fallos si se quiere, lo que se refiere precisamente a los temas de los cuales se habla cuando la democracia se extiende mas allá de las elecciones. No son, generalmente, fallos de sistema de generación del poder, sino más bien de las cosas que ocurren antes o después de las elecciones. Si uno compara esa cifra con lo que ocurría en 1985 –retrocedamos 25 años atrás- probablemente en ese momento The Economic Intelligence Unit habría clasificado en la categoría de dictaduras a más de la mitad de los gobiernos de América Latina. Ahora sólo aparece allí uno, que es Cuba; aparecen seis en una categoría llamada “gobiernos híbridos” -por cierto, sobre esto podrán haber opiniones divididas- que son los países que uno imagina que estarían en un informe del Economist Intelligence Unit sobre democracia.

No cabe duda que desde el punto de vista de la generación de la democracia, de la forma en que las democracias generan sus autoridades, lo que se llama la democracia de origen, hemos tenido un enorme progreso. Nuestras propias observaciones electorales en la OEA llegan a 60 desde que estoy allí, y en ninguna que hayamos estado se puede decir que se ha cometido un fraude evidente, que se ha tergiversado la voluntad popular, y la participación ha sido bastante numerosa, con algunas escasas excepciones, como por ejemplo la reciente primera vuelta electoral en Haití. A partir de allí empiezan los problemas y preguntas. En parte, porque el mismo informe del Economist las plantea, pero sobre todo porque las plantea la Carta Democrática Interamericana. Al aprobar la Carta Democrática Interamericana, nuestros Estados, nuestros gobiernos, dijeron claramente que el aspecto electoral, lo que se llama la democracia de origen, era solamente un aspecto de la democracia.

Existe también aquello que se llama la democracia de ejercicio o el ejercicio democrático, y yo he dicho muchas veces que no basta con elegir o con ser elegido limpiamente, sino que es necesario gobernar democráticamente. Desde ese punto de vista yo creo que las democracias de América Latina siguen enfrentando un conjunto de problemas, algunos de los cuales van en un tren de mejoría y otros van retrocediendo. En síntesis, creo que hoy día nuestras democracias enfrentan tres tipos de problemas.

Un primer problema, como lo ha señalado Charles Tilly con mucha sabiduría, es hablar de democracia cuando en ella el lugar de los individuos está relativamente predeterminado como ocurre bajo la sociedad de castas; eso no es democrático. Por lo tanto, en América Latina tenemos un primer gran desafío, o un factor des-democratizador, que es la pobreza, la desigualdad y la discriminación. Y los pongo juntos porque no podemos cerrar los ojos: en este continente las poblaciones afroamericanas son más pobres que el conjunto de la población, las poblaciones indígenas también, y hay una mayoría de hogares pobres que son monoparentales y encabezados por una mujer. Cuando uno trata de separar pobreza y desigualdad o pobreza y discriminación, la realidad nos da en la cara: la pobreza tiene raza y tiene genes. Ese es un primer problema, sobre el cual, en todo caso, se podría argumentar que hemos avanzado en la última década. La ultima década, tal vez por haber sido una década de crecimiento económico mayor que las dos anteriores juntas, a pesar de la crisis, dejó como resultado una disminución porcentual de la pobreza de ocho puntos: en el año 2002 hubo un peak que fue de más de 40 por ciento y hoy día debe andar en el 32 por ciento. Sin embargo, un tercio de los ciudadanos de América Latina son pobres, pero con el crecimiento económico y el desarrollo que este continente muestra, no deberíamos tener un tercio de pobres; eso es demasiado.

A veces estas comparaciones son malas, porque así como no me gustan las comparaciones de crecimiento económico entre Chile y la India, tampoco serían buenas en este caso. Hasta hace poco, un 40 o 45 por ciento de las personas de extrema pobreza en el mundo estaban en la India, entonces no podemos comprar una cosa con la otra. Pero en nuestra región –cuyo ingreso per capita se corresponde más o menos con el promedio mundial- no tenemos por qué tener una situación de discriminación y de pobreza tan numerosa como la que hoy existe. Hemos progresado pero tenemos mucho que avanzar todavía.

El segundo problema de las democracias latinoamericanas, del que se ha hablado largamente aquí, es de orden estructural. Siempre he dicho que cuando hablamos de crimen organizado no hablamos de crímenes callejeros; lo que es un peligro para la democracia es el crimen organizado que tiene su corazón, su núcleo básico, en el narcotráfico, aunque también se exprese en el tráfico de personas, en el lavado de dinero, en el contrabando de armas, en la piratería, en el tráfico de órganos, y para qué seguir. Toda empresa, por criminal que sea, tiende finalmente a expandirse y convertirse en un conglomerado cuando tiene éxito. En este problema, a diferencia del anterior, hemos ido para atrás, no para adelante. Hoy día este problema es un factor de des-democratización mayor de lo que era hace veinte años atrás, y en esto coincido con la conclusión del panel anterior.

Por desgracia, no se conocen éxitos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en las últimas décadas y, por el contrario, sigue constituyendo una amenaza a la democracia. Nuevamente recupero a Charles Tilly, gran maestro en estos temas, cuando dice que tampoco es democracia aquella en la cual hay algunos individuos que se ponen claramente al margen de la legalidad y no aceptan las normas comunes que rigen a toda la sociedad. Pero además, el crimen organizado tiende a meterse dentro de los temas políticos. Lo dijo alguien hace algunos años atrás: antes las bandas criminales compraban o amenazaban a los gobernantes y autoridades al interior de nuestros pueblos, pero ahora simplemente se ponen ellos mismos a gobernar. Eso está ocurriendo en nuestra región; el crimen organizado se ha ido metiendo en la política, creando una urgente necesidad de transparencia en nuestros sistemas democráticos para evitar que, sobre todo en los países más pequeños, pueda llegar a dominar sobre el conjunto de la sociedad.

El tercer problema, que generalmente es el que más preocupa, tal como decía el Presidente Gaviria –y del cual no se habla lo suficiente, o al menos no se plantea como un problema político en algunos ámbitos- es el tema de la gobernabilidad democrática, y que hace que The Economist Intelligence Unit califique a 15 de las 17 democracias latinoamericanas como democracias con fallas, defectos, imperfectas: como flawed democracies, en suma.

No quiero entrar en todos los temas que plantea lo anterior, sino que abordaré sólo tres de ellos. Primero, la debilidad de las instituciones es persistente y está marcada por crecientes tendencias a lo que se denomina “el cesarismo”. En nuestros países se tiende a cambiar todavía demasiado el gobierno de repúblicas, el gobierno de las leyes, el gobierno colectivo, por gobiernos individuales. Tenemos en la región una conocida inclinación hacia las reelecciones sucesivas. Esto no está en la Carta Democrática Interamericana, me estoy saliendo del tema. Como Secretario General de la OEA yo no tendría que preocuparme de esto, pero creo que la democracia es un sistema que requiere límites, el poder tiene que ser repartido, no se puede concentrar. Estamos viviendo una tendencia a la búsqueda de la concentración del poder que es compleja, complicada.

Segundo, también vemos una tendencia a debilitar aquellas instituciones que ejercen algún control dentro de la sociedad. Los poderes judiciales en muchas partes no son independientes, y cuando se habla de separación y equilibrio de poderes, la verdad –sobre todo respecto al Ejecutivo y el Legislativo en los sistemas presidenciales- es que éste nunca ha existido mucho. Diría que el tema clave en una sociedad democrática es la independencia y autonomía del poder judicial, su fortaleza. Y creo que ahí tenemos una dificultad grande en relación a los poderes fiscalizadores y a los constitucionales, para que realmente rijan de manera independiente, asegurando el imperio de la ley y el estado de derecho.

Tercero, tenemos algunas dificultades en el ejercicio de la soberanía civil y el derecho de las personas. Creo que no hay democracia sin plena libertad de expresión; en realidad no hay política sin libertad de expresión, porque la libertad de expresión en las dictaduras no es necesaria, por cuanto la dictadura parte de la base que todos piensan igual. El dictador parte de la base que todos piensan igual que él y por tanto no es necesario que se expresen los demás. Y no solamente la democracia, la política, sino que también la democracia imperfecta requiere libertad de expresión. Sin embargo, tenemos distintos tipos de amenaza a la libertad de expresión; siempre he condenado que en la búsqueda de limitar la libertad de expresión por la vía burocrática, a través de normas estatales, de represión, se apele a figuras legislativas en esta materia. Pero también hay una excesiva concentración de los medios de comunicación en pocas manos en nuestra región, y también tenemos una cosa mucho más brutal que es la violencia que se ejerce sobre la libertad de expresión por parte de los mismos grupos criminales de los cuales hablábamos con anterioridad. Creo que los temas de los derechos de las personas, de la libertad de asociación y de expresión, no están plenamente garantizados todavía.

Hay muchos otros; se podría hablar, por ejemplo, de los temas de transparencia, pero me he concentrado en estos porque creo que la gobernabilidad democrática de nuestros países es lo que realmente está sobre la mesa de discusión en el último tiempo.

Insisto, sin embargo, en pensar que estamos en un período democrático más que positivo; estamos avanzando mucho, estamos avanzando bien, creo que la región es hoy mucho más democrática que hace 25 años, incluso en la cultura de las personas, aunque todavía tenemos estas fallas que podrían hacernos retroceder ante cualquier crisis o ante cualquier dificultad.

Termino con un comentario un poco más sombrío respecto de la disposición que existe hoy de defender colectivamente los logros democráticos alcanzados en el último tiempo. En los últimos meses, algunas instituciones regionales han formulado acuerdos donde se dice: “Para pertenecer a esto hay que ser democrático”. Esto de la cláusula democrática en realidad es un invento europeo de comienzos de la década de los ’90, cuando Europa comenzaba a negociar acuerdos de cooperación con algunos países de América Latina recién democratizados. Y en todos estos tratados se ponía una cláusula que decía: “Esto siempre y cuando seamos demócratas, si no hay democracia este acuerdo ya no vale, se anula”; después este mismo tipo de cláusulas se pusieron en el MERCOSUR y en otras instituciones.

El problema de estas cláusulas es que muchas veces se refieren a la hipótesis de la caída del gobierno, y por tanto son cláusulas de defensa de los gobiernos. Pero hay también otras formas de transgresión a la democracia que constituyen violación masiva al sistema democrático: un fraude masivo en las elecciones, una situación de corrupción organizada en la sociedad, la violación masiva de los derechos humanos de determinados sectores, el cierre de un poder del Estado. Cuando Alberto Fujimori cerró el Congreso, en Abril de 1992, nuestros países corrieron a condenarlo y hubo problemas: no había Carta Democrática Interamericana, pero aún así eso no se podía aceptar. Cuando el general Noriega alteró la institucionalidad de Panamá, en diciembre de 1989, naturalmente de inmediato fue excluido de todos los organismos del sistema.

Confieso que tengo una preocupación sobre la disposición real a defender la democracia, especialmente en los casos en que no se afecta la estabilidad del poder Ejecutivo. Honduras lo demostró. Hoy día un golpe de Estado no es admisible en América Latina, y eso es un gran progreso. La pregunta es cómo podríamos avanzar más si tuviéramos la capacidad, los medios y la disposición colectiva a actuar cuando en un país se viola de manera flagrante y masiva el orden constitucional que ese mismo país se ha dado.

Muchas gracias