Cuando decimos -y lo hacemos con frecuencia- que la democracia ha florecido en las Américas en los últimos 20 años como nunca lo había hecho antes, sólo nos estamos refiriendo a una verdad a medias. De hecho, nunca habían existido tantos gobiernos electos democráticamente en comicios libres y justos, y en los que se ha observado una nutrida participación y un decidido respeto por las libertades básicas. Este no es un logro insignificante, pero no es posible ocultar que varias de estas democracias son imperfectas. En la década pasada, varios gobiernos llegaron a su fin antes de tiempo. En años recientes, los gobiernos se han tornado más estables pero se observa la tendencia a cambiar las reglas del juego a fin de garantizar que los líderes puedan ser reelegidos y que haya un cambio constitucional. Este debería ser un tema de consenso nacional en las democracias sanas, pero más bien ha dado lugar a serios conflictos en algunos países de la región.

No obstante, cualesquiera que sean las imperfecciones de la democracia y nuestra incapacidad para hacerles frente, un golpe de Estado es algo diferente; es una violación a la democracia. El derrocamiento de gobiernos por la fuerza es un revés no sólo para el país que lo sufre y tiene que presenciar la aniquilación de la democracia por parte de las fuerzas armadas, sino también para toda la región. No puede permitirse que esto suceda. La violación a la democracia es algo que ocurría con frecuencia hasta hace unas cuantas décadas en la región, y aún causa vergüenza recordarla. Muchos de nosotros todavía recordamos los tanques en las calles, los presidentes en el exilio, la violación a los derechos humanos y, sobre todo, la sensación de pérdida e impotencia que sobrevienen a la imposición de la fuerza sobre la razón.

Permítanme hacer una observación personal sobre el tema, y que ya he compartido con algunos de ustedes en las últimas dos semanas. Era apenas un niño en 1954, pero recuerdo el golpe en Guatemala contra el Presidente constitucional Jacobo Arbenz. Recuerdo vívidamente que estaba en cama con gripe y leía algunos números de la revista Life que solía tener una edición en español. Encontré una foto a toda página que llamó mi atención y que todavía recuerdo hoy: era la fotografía del depuesto Presidente Arbenz, quien había sido obligado a quitarse la ropa en un aeropuerto antes de salir al exilio. Al igual que una violación, los golpes no sólo sirven para deponer a una persona, sino también para humillarla en un intento de despojarla de su dignidad. Muchos de nosotros, incluso algunos de nuestros líderes, tienen memoria de esto y están decididos a no dejar que vuelva a suceder.

Y como también sucede en los casos de violación, siempre hay alguien de buena voluntad, incluso de convicciones democráticas, dispuesto a decir que tal vez la víctima se lo buscó: “Sí, la violaron, pero qué estaba haciendo ahí y por qué iba vestida así”. “Sí, lo sacaron de la cama, lo destituyeron de su cargo y lo echaron del país, pero estaba tratando de modificar la constitución en forma dudosa”.

Permítanme ser muy claro desde el principio, y creo que en esto hablo por todos los Estados Miembros de la OEA: si queremos que impere la democracia en la región, si queremos que la gente crea en nuestras intenciones democráticas, no tratemos de justificar la violación de la democracia.

Lo primero que uno debe hacer entonces cuando ocurre un golpe es denunciarlo como un delito grave y no empezar a negociar ni legitimizar a los agresores. Eso es precisamente lo que dijimos, primero en el Consejo Permanente el mismo día del golpe, y después en nuestra Asamblea General, la cual se inició el 30 de junio y se volvió a reunir el 4 de julio. Condenamos el golpe sin calificativos con el acuerdo de todos los Estados Miembros y, además, nos dimos prisa para asegurarnos de que nadie reconociera a los golpistas, lo cual logramos sin lugar a dudas. El resultado de esta acción rápida fue que ningún gobierno del mundo ha reconocido a la dictadura de facto de Roberto Micheletti.

Una vez que esto quedó claramente establecido, fue posible dar inicio a un esfuerzo diplomático para restablecer la democracia en Honduras. Por esa razón, la mañana del 6 de julio, desde El Salvador, llamé al Presidente Oscar Arias para preguntarle si estaría dispuesto a llevar a cabo este esfuerzo. Me contestó que estaría dispuesto si la OEA estaba de acuerdo y lo apoyaba, si el Presidente Zelaya y si el gobierno de facto estaban dispuestos a participar. Le dije que precisamente le estaba llamando para darle nuestro apoyo, y más tarde, ese mismo día, obtuvimos la aceptación del gobierno de facto. El martes, el Presidente Zelaya dio a conocer su acuerdo en una reunión con la Secretaria de Estado, Hillary Clinton. No me molesta que otros digan que Arias fue una alternativa a la OEA. Por el contrario, el papel del Presidente Arias fue posible por la decidida acción de la OEA en los días anteriores. Si el gobierno de facto hubiese encontrado una comunidad internacional dividida y hubiese sido reconocido por algunos gobiernos, o si las sanciones se hubiesen retrasado, o si hubiésemos estado dispuestos a negociar antes de cualquier castigo, nos habríamos enfrentado a una dictadura más fuerte. Los diálogos del Presidente Arias son la secuencia lógica de lo que hizo la OEA, y no hubiesen sido posibles si hubiésemos fracasado.

Muchas gracias