Quiero destacar la presencia de las máximas autoridades de las Cortes Suprema de Justicia de Guatemala, Nicaragua y Panamá, que nos acompañan el día de hoy. Su presencia aquí es testimonio de la importancia que le conceden al servicio que prestan los Facilitadores, de lo útil que es para sus instituciones y es una potente señal de la colaboración que mantiene la OEA con los poderes judiciales de los países que son los responsables del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales. Quiero decir con mucha claridad que, este programa, no podría concebirse como programa de ayuda y de apoyo a todo el sistema judicial si no tuviera una dependencia y una interacción muy clara con los poderes judiciales de nuestros países.

El Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales fue establecido en 2007 a raíz de una experiencia exitosa en Nicaragua de apoyo a la Corte Suprema de Justicia. Hoy, apoya a las cortes en seis países: Argentina, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay; y nos encontramos en conversaciones preliminares con Costa Rica.

El Programa de Facilitadores Judiciales ha permitido la formación de 5,335 facilitadores judiciales en la región. De ellos, 40 por ciento son mujeres, y se estima que en su totalidad, atienden a una población de 2,5 millones de personas en condición de vulnerabilidad. Sólo en el año 2011, los facilitadores prestaron 52 mil servicios a la ciudadanía a través de mediaciones, consejos, trámites con las autoridades, y brindaron charlas a más de cien mil personas.

Una evaluación externa que recientemente realizamos en Paraguay mostró un impacto muy favorable a la creación de mayor confianza en el Poder Judicial local, generado por la presencia de Facilitadores Judiciales. Según el estudio, las comunidades sin facilitador en Paraguay, un 95 por ciento de los encuestados, decía desconfiar del Poder Judicial; pero la cifra de confianza aumentaba un 62 por ciento, es decir, de 5 a 62 por ciento, en las comunidades dónde había la presencia de Facilitadores Judiciales.

Otro gran impacto es la descongestión de los juzgados locales y la revalorización del papel del juez local, así como un mayor acceso a la justicia. También podemos destacar la reducción de conflictos y un ahorro considerable para los usuarios -ya no tienen que desplazarse hacia el juzgado, pagar por documentos, copias, abogados, gestores-. A su vez, también constituye un ahorro para el Poder Judicial porque puede resolver más casos con el mismo presupuesto o, dicho de otra forma, el costo por caso resuelto es menor.

Queremos agradecer, en esta oportunidad, la cooperación que nos han brindado España, Italia y Suecia y muy particularmente la cooperación de los Países Bajos, apoyo con el cual nos ha permitido impulsar este proyecto en Centroamérica. Estimamos a que los facilitadores, en los próximos años, pasarán a ser 8 mil 500 en Centroamérica y en toda la región llegarán a ser 10 mil.

Quiero subrayar la importancia de esta labor en el reforzamiento de nuestras instituciones y en el afianzamiento del Estado de Derecho. Sectores importantes que no tenían acceso a la justicia, hoy resuelven una cantidad importante de situaciones y conflictos sin llegar a los tribunales y, de requerirlo, cuentan con la información necesaria para asegurarse de que concluyan exitosamente. Por otra parte, la población ha ampliado el conocimiento sobre las instituciones de justicia, qué hacen y cómo se desenvuelven en sus procedimientos. Las relaciones, en este sentido, entre los facilitadores y los jueces locales son fundamentales.

Esto se ha logrado sin inversiones adicionales significativas; sólo cambiando el modo de relacionar las instituciones con la población. El tiempo que destinan jueces, funcionarios y magistrados en trabajar con los facilitadores lo recuperan con creces en soluciones a los problemas de la población.

Nuestra pasada Asamblea General de la OEA respaldó el trabajo del Programa Interamericano de Facilitadores con la aprobación de una resolución (AG/5247/12). En ella, se mandata a la OEA de continuar apoyando a los Estados Miembros que soliciten establecer Servicios Nacionales de Facilitadores Judiciales mediante este programa.

En cumplimiento con esto, es que estamos poniendo en marcha el programa de Centroamérica al cual nos referíamos un momento atrás.

En conclusión, los facilitadores han permitido a que la justicia se acerque a la ciudadanía fortaleciendo nuestras instituciones democráticas basadas en un estado de derecho inclusivo y eficaz bajo la conducción de los órganos judiciales institucionales de cada país. Nuestro trabajo precisamente es ese; el fortalecimiento institucional y también el ejercicio y la consolidación de la democracia.

Muchas gracias.