En las Américas se encuentra aproximadamente el 45% del total de los consumidores de cocaína en el mundo, aproximadamente la mitad de los de heroína y una cuarta parte del total de los de marihuana. Se ha incrementado el consumo de pasta base de cocaína, de crack, de inhalables, de drogas sintéticas y el uso indebido de fármacos legales.
Este consumo de drogas prohibidas genera en nuestro hemisferio un negocio ilícito que sólo en los mercados de venta minorista de drogas se sitúa alrededor de los 151.000 millones de dólares.
La actividad ilícita ha propiciado el surgimiento de gigantescas redes delictuales transnacionales, que han expandido sus acciones para abarcar, además de la producción y venta de drogas controladas, el tráfico ilícito y venta de armas, la piratería y el contrabando, la trata de personas, el control y explotación de la prostitución, el robo, la minería ilegal, el secuestro y la extorsión, el tráfico de migrantes y de órganos, entre otras actividades criminales.
La acción de estos criminales se traduce, en algunos de nuestros países, en masacres, ataques realizados por sicarios y muertes acompañadas por torturas, que aumentan el total de víctimas de crímenes violentos a centenas de miles. Y, junto con ello, la corrupción de funcionarios públicos y privados en distintos niveles, y la degradación de nuestras economías y de nuestras instituciones, poniendo en riesgo nuestra gobernabilidad democrática.
Aunque estas son realidades que afectan de manera muy diversa a cada país, la preocupación por ellas une a todos. La relación entre drogas y violencia es uno de los principales factores del temor de nuestros ciudadanos y ha contribuido a llevar el tema de la seguridad a los primeros asuntos de preocupación para los ciudadanos de todo el Hemisferio.
Esta situación debe ser enfrentada con mayor realismo y mayor eficacia si queremos avanzar en soluciones efectivas. Todos quienes tenemos responsabilidades en el ámbito público, le debemos a los millones de mujeres y hombres, de jóvenes y adultos mayores, de madres y padres, de niñas y de niños que hoy se sienten amenazados, respuestas claras y políticas públicas eficaces para enfrenar este flagelo.
Conscientes de ello, las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas dieron un paso adelante en Cartagena, hace un año atrás, cuando confirieron un mandato explícito a la Organización de los Estados Americanos, para “Analizar los resultados de la actual política (de drogas) en las Américas y explorar nuevos enfoques para fortalecer esta lucha y para ser más efectivos”
El Informe “El problema de las Drogas en las Américas”, que ahora tengo el honor de entregar a los Primeros Mandatarios del Continente por intermedio del Excelentísimo Señor Presidente de Colombia, quien fuera el Presidente de la Cumbre de las Américas que nos lo encargó, es el resultado de ese esfuerzo.
En él hemos volcado la información disponible y actualizada sobre las dimensiones y características que asumen el consumo y el negocio de las drogas ilícitas en nuestro continente, incluidos sus efectos sobre la seguridad de nuestros ciudadanos, sobre la salud de las personas y la calidad de nuestras instituciones y sus servidores.
Para hacerlo hemos contado con el concurso valioso de servidores públicos, especialistas privados, expertos académicos y líderes sociales y políticos de todo el continente que contribuyeron con sus opiniones, con sus aportes en aspectos específicos y, en todo momento, con su experiencia y buena voluntad.
Hemos procurado, en este Informe, no callar ni ocultar nada. Mostrar el problema tal cual es y cómo se manifiesta, de diferentes maneras, en nuestros diversos países y subregiones. Mostrar el volumen de dinero que mueve y quienes se benefician de él, como erosiona nuestra organización social y cómo debilita la salud de nuestros pueblos, la calidad de nuestros gobiernos y aún de nuestra democracia.
Hemos denominado Informe Analítico a la primera parte de este Informe. En él ofrecemos, en primer lugar, una definición del problema, una explicación de cómo abordaremos su análisis y un examen de las razones que llevaron a la sociedad a preocuparse por el consumo de ciertas sustancias y a decidir controlarlas, esto es a los efectos de las drogas sobre la salud humana.
Luego seguimos todo el proceso de la droga en la región, la única en el mundo en la cual todas sus etapas se hacen presentes de manera dominante: el cultivo, la producción, la distribución y la venta final de sustancias controladas. En cada etapa revisamos las distintas expresiones que adopta la actividad, así como su impacto ambiental y la reacción del Estado, sus consecuencias y limitaciones.
Examinamos, igualmente, el consumo de las diferentes drogas en nuestros países, sus efectos sobre la exclusión social y el ejercicio de los derechos humanos, las formas de tratamiento y prevención posibles y practicados en la actualidad y, nuevamente, la reacción de nuestros Estados.
Hay dos aspectos conexos con el proceso mismo de elaboración, tráfico y consumo de las drogas que merecen especial atención.
El primero de ellos es la llamada “economía de la droga”. Nuestro Informe contiene un examen de la ganancia que se va generando en cada etapa del proceso, concluyendo que, si bien, todos ganan en su curso, la mayor utilidad se produce en la fase final, de venta a sus consumidores.
El segundo aspecto es, precisamente, el examen de las diversas formas de violencia criminal asociadas a las diferentes etapas de la cadena de valor de la economía ilegal de drogas, incluida aquella que se presenta en la fase de consumo de esas sustancias.
En este punto, nos detuvimos en la consideración de las razones que pueden explicar por qué la violencia se hace presente con mayor intensidad y virulencia en algunos países y, especialmente, porque allí donde se produce la mayor ganancia, no se genera, sin embargo, la mayor violencia. La mayor letalidad de la acción criminal no coincide con la mayor ganancia.
Probablemente, entonces, sean otros factores, como la mayor o menor institucionalidad existente en nuestros países y la mayor impunidad de que gozan los criminales, lo que impulsa la violencia ligada a la droga.
Finalmente, revisamos las alternativas legales y regulatorias frente al problema, en particular sus orígenes y características, las tendencias actuales a la despenalización, reducción de sanciones y legalización, los posibles costos y beneficios de estas distintas alternativas así como la revisión de otras alternativas distintas a la acción en el plano jurídico.
El Informe Analítico da, esperamos, cuenta sucinta de la realidad actual del Problema de las Drogas. El Informe de Escenarios es un examen de los distintos caminos que el fenómeno podría seguir en los próximos años.
Estamos conscientes de que no existe un solo futuro posible, sino que muchos futuros alternativos o combinados; porque la complejidad del problema de las drogas origina visiones y puntos de vista distintos, que se expresan en muchos debates. Y se pueden adoptar, en virtud de todo ello, distintas opciones de política, que tienen muy distintas consecuencias.
A partir de esta premisa, un grupo de personas, especialistas y participantes que han tenido que ver con el problema de las drogas desde ángulos muy distintos, han construido cuatro posibilidades sobre lo que podría llegar a ser en el futuro el “problema de las drogas” en las Américas.
Ninguna de ellas representa lo que será ni lo que queremos que sea, pero todas ellas podrían llegar a ser, de ocurrir algunos hechos y de adoptarse determinadas decisiones políticas. Conocer esas posibilidades, analizar sus causas y efectos, sacar conclusiones respecto de ellas, es una tarea que juzgamos no solamente útil sino que necesaria para nuestra reflexión individual y colectiva sobre el Problema.
Tres de los cuatro escenarios expuestos –“Juntos”, “Caminos” y “Resiliencia”- describen distintas alternativas de futuro según se ponga el acento en el fortalecimiento institucional, la experimentación con modificaciones legales o la capacidad de reacción ante el problema desde la comunidad.
El cuarto, “Ruptura”, nos advierte sobre lo que podría ocurrir si no somos capaces en el corto plazo de arribar a una visión compartida que nos permita sumar nuestros esfuerzos para enfrentar el problema, respetando al mismo tiempo nuestra diversidad frente a él.
De cada uno de estos escenarios surge una gran variedad de oportunidades y desafíos colectivos y multilaterales que deben ser los factores sobresalientes del debate posterior. En las drogas, como en cualquier otro problema social complejo, existe una amplia gama de motivaciones y convicciones que influyen en el tejido social. Por eso es que estamos convencidos que los escenarios son un buen punto de partida para que nuestros líderes, y nuestros pueblos en última instancia, definan rumbos colectivos y sostenibles en medio de la diversidad.
Señor Presidente Santos:
Como he dicho, al mandatarnos a elaborar este Informe, las Jefas y Jefes de Estado de nuestro continente nos asignaron una alta responsabilidad. Al mismo tiempo, sin embargo, nos definieron límites muy precisos para responder a ella. Por eso exponemos hechos que sirvan a la toma de decisiones, pero no proponemos soluciones. Ello les corresponde a nuestros líderes, quienes podrán contar en el debate futuro con una base firme para sus deliberaciones.
No obstante, nos hemos permitido sacar algunas conclusiones generales, que se encuentran al final del Informe Analítico:
Primero, si bien el problema de las drogas en las Américas se expresa en un proceso único, admite tratamientos distintos en cada una de sus fases y en los países en los cuales ellas tienen lugar.
El problema de salud asociado al consumo de sustancias está presente en todos nuestros países, pues en todos ellos existe evidencia de uso de drogas. Sin embargo aunque el aumento del consumo en los países de América del Sur es motivo de alarma, el uso de drogas es aún mayor en los países del Norte de Norteamérica, que, junto a Europa, siguen siendo destino principal del narcotráfico desde nuestro hemisferio.
Por contraste, el impacto en la economía, en las relaciones sociales, en la seguridad y en la gobernabilidad democrática es mayor en los países de cultivo, producción y tránsito situados en América del Sur, América Central, en México y en el Caribe.
Segundo, mientras que algunos países tienen mayores recursos y mayor fortaleza institucional para enfrentar mejor los daños relacionados con el mercado ilegal y con el consumo de drogas, otros sufren una manifiesta debilidad institucional que los lleva a una práctica incapacidad para enfrentar el problema.
Los vínculos entre drogas y violencia en nuestros países son complejos, con más impacto sobre aquellos países en las cuales el Estado no está en condiciones de entregar respuestas eficaces.
Aquellos países en los cuales la actividad criminal alcanza los niveles más intensos de violencia criminal y crueldad, son también países en los que tiende a encontrarse una cobertura geográfica institucional deficiente, falta de coordinación y articulación institucional, recursos financieros y humanos limitados y falta de información apropiada para guiar la definición e implementación de las políticas de seguridad.
Y existe además una situación de impunidad generalizada que explica la existencia de una cultura igualmente generalizada de irrespeto del Estado. En el marco de este irrespeto del Estado se genera un círculo vicioso en que la comunidad decide no recurrir a las instituciones (delitos que no se denuncian, litigios que son resueltos privadamente, justicia que es tomada por propia mano) porque la policía no persigue a los delincuentes, los tribunales no juzgan y las cárceles no rehabilitan y muchas veces sirven como refugio de criminales que continúan operando como tales desde esos recintos.
Admitimos que es probable que existan otras condiciones que explican el imperio del delito y la violencia en algunos de nuestros países. Que nuestras historias individuales como naciones, nuestras culturas e idiosincrasias y sobre todo las situaciones de pobreza y desigualdad social que caracterizan a algunos países, están presentes también, de manera determinante, en la explicación de ese fenómeno. Sin embargo parece igualmente innegable que en la base de su solución siempre se va a encontrar la necesidad de una institucionalidad formal, que garantice efectivamente la seguridad ciudadana y vele realmente por el bienestar y la prosperidad de todos.
Tercero, el consumo de drogas requiere un enfoque de salud pública en todos nuestros países, con más recursos y programas para tener éxito.
Las políticas nacionales, internacionales y hemisféricas sobre drogas han adoptado gradualmente la visión de la dependencia como una enfermedad crónica y recurrente, que requiere un enfoque orientado hacia la salud que integre una amplia gama de intervenciones. Estas incluyen la promoción de estilos de vida saludables, la protección de los usuarios con medidas para limitar la disponibilidad de sustancias psicoactivas, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social.
El tratamiento sobre drogas debería estar presente en todos los niveles de atención general y especializada del sistema de salud, con especial énfasis en la detección temprana e intervención breve a nivel de atención primaria. En nuestro Informe mostramos que existe una brecha significativa entre la visión de salud pública y los servicios para la atención de los problemas por consumo de sustancias psicoactivas en mucho de nuestros países.
Cuarto, enfrentar el problema de drogas requiere de un enfoque múltiple, de una gran flexibilidad, de comprensión por realidades diferentes y, sobre todo, del convencimiento de que, para ser exitosos, debemos mantener la unidad en la diversidad.
Una mayor flexibilidad, ciertamente, podría llevar a aceptar la posibilidad de transformaciones de las legislaciones nacionales o de impulsar cambios en las convenciones internacionales. Desde luego, si se acepta la noción fundamental de que el uso de drogas no es un acto criminal, los consumidores no deberían ser objeto de castigo, sino de atención y la rehabilitación.
Por otra parte, es importante verificar que hay debates en marcha sobre la legalización de la marihuana o la despenalización de su consumo, con iniciativas en marcha en algunos de nuestros países y una disposición a tratar el tema que no existe respecto de otras drogas, como la heroína, la cocaína y las anfetaminas, en que la propuestas de legalización o despenalización mantiene altos niveles de rechazo.
Naturalmente ninguna de esas transformaciones debería poner en duda o cuestionar lo avanzado colectivamente en nuestro Hemisferio en materia de drogas, sino más bien construir, sobre su base, políticas más realistas, que consideren las necesidades de cada cual y también los intereses colectivos.
En ese equilibrio entre lo individual y lo colectivo, entre la soberanía nacional y la acción multilateral, se basa toda nuestra convivencia y toda la estructura asociativa que hemos logrado crear en el curso de nuestras historias como naciones independientes pero unidas y solidarias en el ámbito internacional.
Señor Presidente Santos, autoridades, distinguidos invitados.
De esta forma la Secretaría General de la OEA ha respondido al mandato explícito que la Sexta Cumbre de las Américas nos confiriera.
Al entregar por su intermedio hoy día este Informe, nos anima la sincera aspiración, que hoy tengo el privilegio de exponer al continente entero, de que él no sea una conclusión, sino sólo el inicio de un debate largamente esperado.
Muchas Gracias.