Libertad de Expresión
Comunicado de Prensa R16/19
Relatoría Especial condena asesinato del periodista José Rafael
Murúa Manríquez y observa con
preocupación la continuidad de la violencia contra periodistas en México
25 de enero de 2019
Washington
D.C. - La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de José Rafael
Murúa Manríquez en México y observa con preocupación la continuidad de la
violencia contra periodistas y el riesgo que deben afrontar para desempeñar sus
actividades. Esta Oficina llama al Estado mexicano a investigar de forma
completa, efectiva e imparcial este crimen y otros que se encuentran impunes, esclarecer
sus móviles, y determinar judicialmente la relación que pudieran tener con la
actividad periodística y la libertad de expresión. Asimismo, llama a
implementar medidas de prevención y garantía para periodistas que se encuentran
en situación de riesgo.
De acuerdo con la información
disponible, José Rafael Murúa Manríquez, de 34 años, se desempeñaba como
director de "Radiokashana" y colaboraba con otros medios; abordaba
sobre temas culturales y políticos, entre otros; y también se desempeñaba como
activista y defensor de derechos humanos. De acuerdo con lo informado, era
beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas desde 2017.
De
acuerdo con la información disponible, familiares habrían reportado que José
Rafael Murúa salió a caminar en horas de la noche el 19 de enero, y no
volvieron a tener noticias de él. Al día siguiente, en horas de la tarde,
autoridades habrían localizado su vehículo y, posteriormente, su cuerpo habría
sido encontrado en la Carretera Santa Rosalía, San Ignacio; y presentaría
varias perforaciones en el tórax.
Asimismo, de acuerdo con lo informado, el periodista habría denunciado públicamente amenazas y agresiones en su contra en las últimas semanas y habría apuntado contra la administración del gobierno municipal de Mulegé, Baja California Sur. No obstante, no habría informado formalmente sobre estos incidentes al Mecanismo de Protección.
Por otro lado con respecto a este crimen el Estado informó que el Mecanismos Federal tuvo conocimiento, y dio seguimiento, de la amenaza de muerte recibida por el periodista en noviembre de 2018 a raíz de una publicación realizada por el afectado mediante redes sociales. También, informó que el periodista contaba con medidas de protección tales como dispositivo de asistencia con geolocalización con sistema de reacción inmediata, y poseía números de emergencia, e infraestructura en su domicilio.
El Estado también informó a la Relatoría Especial que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se encuentra realizando trámites para proporcionar a la familia ayuda con gastos funerarios, acompañamiento jurídico y psicológico.
Igualmente, de acuerdo con la información brindada por el Estado, el gobernador del estado de Baja California Sur condenó el asesinato del periodista y declaró que instruyó a la Fiscalía Estatal a seguir todas las líneas de investigación para esclarecer el crimen. Igualmente, la Secretaria de Gobernación habría solicitado a la Fiscalía General de la República que la Feadle atraiga el caso para la debida investigación y esclarecimiento de los hechos.
Finalmente, el Estado informó que el titular del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se comprometió a avanzar en medidas para el fortalecimiento institucional.
Para
la Relatoría Especial es preocupante la continuidad de la violencia contra
periodistas. En 2018, al menos 12 periodistas fueron asesinados y se
denunciaron más de un centenar de agresiones de diversos tipos a periodistas y
medios de comunicación.
"Este
nuevo asesinato demuestra que en varias regiones de México existen riesgos
concretos para el desempeño de la labor del periodismo. El nuevo gobierno debe
tomar medidas preventivas y ofrecer todas las garantías para que los
periodistas puedan desempeñar su labor; es importante que las más altas
autoridades den un mensaje contra este tipo de crímenes y reconozcan la labor
de los periodistas", expresó Edison Lanza, Relator Especial.
La
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión tras la realización de su
visita in loco a México en 2017, junto al Relator de Naciones Unidas para la
Libertad de Expresión y Opinión, subrayó que los ataques contra periodistas en
este país "persisten hoy en día, acompañados de un sentido continuo de
inseguridad e impunidad. La naturaleza sistemática de esta violencia requiere
no sólo medidas individuales específicas sino también medidas de naturaleza
estructural". […] "El cumplimiento por la PGR de su
responsabilidad de identificar e investigar los riesgos que enfrentan los
beneficiarios debería percibirse como un aspecto esencial de todo programa de
protección".
La
Relatoría Especial insta al Gobierno mexicano a intensificar las iniciativas de
alerta temprana y otras medidas preventivas, en consonancia con sus obligaciones
internacionales, tomando en cuenta la naturaleza específica de los riesgos y
sus contextos particulares.
Tanto
la Comisión como la Corte IDH se han referido al efecto amedrentador que los
crímenes contra periodistas tienen para otros y otras profesionales de los
medios de comunicación, así como para los y las ciudadanas que pretenden
denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza.
El
principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la
CIDH señala: "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los
comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de
comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta
severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e
investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una
reparación adecuada".
La
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la
defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión,
considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del
sistema democrático.
R16/19