Libertad de Expresión
Comunicado de Prensa R63/19
RELATORÍA ESPECIAL
PRESENTA INFORME ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN
CUBA
13 de marzo de 2019
Washington D.C. – La Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) presenta informe
especial sobre situación de la libertad de expresión en Cuba. Este informe contiene seis secciones principales, que
abordan sobre el marco normativo vigente en Cuba en el cual se encuentra la
raíz de la violación de los derechos humanos, así como un breve análisis de los
aspectos de la reforma constitucional presentada por el propio régimen, que
refieren al derecho a la libertad de expresión. Asimismo, aborda el periodismo
libre e independiente en Cuba, refiriéndose en particular a los medios
públicos, la imposibilidad de fundar medios privados y las prácticas de
persecución contra periodistas independientes. Dado que los periodistas no son
los únicos que han sufrido persecución por expresar sus ideas en Cuba, igualmente
analiza la situación de la criminalización de la crítica y discriminación por
motivos políticos a distintos grupos de la población, como defensores y
defensoras de derechos humanos, artistas, disidentes políticos, entre otros. También,
el informe aborda las protestas y manifestaciones sociales. La última parte del
informe refiere a limitaciones al derecho a la libertad de expresión en
internet y aborda obstáculos en la regulación del uso de redes y comunicación
en la web, problemas de conectividad y acceso universal, bloqueos y censura de
contenido, y vigilancias. Finamente, con base en el análisis de estos aspectos,
la Relatoría Especial presenta sus conclusiones y recomendaciones al Estado
cubano.
Desde hace más de medio siglo, Cuba es un Estado gobernado por un
partido único que impide las vías de disenso político. El Estado restringe en
forma severa los derechos de libertad de expresión, asociación, reunión,
movimiento y debido proceso. Durante décadas el Estado cubano ha organizado la maquinaria institucional para silenciar voces ajenas al régimen,
reprimir a periodistas independientes, así como a artistas o a ciudadanos que
buscan organizarse para articular sus demandas; en todo ese tiempo el Estado ha
mantenido el monopolio sobre los medios de comunicación social. Conforme han
podido constatar la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión,
se ha suprimido, de este modo, el debate abierto de ideas y sobre aspectos
centrales de la vida del país.
Ello se presenta en un contexto, como ha
señalado la Comisión Interamericana, de
grave inobservancia de los elementos esenciales de la democracia representativa
y sus instituciones. Históricamente, la
CIDH ha sido crítica ante la ausencia de condiciones que permitan una genuina
participación política de sectores de diversa línea de pensamiento en Cuba; en
particular, la celebración de elecciones carentes de pluralidad e
independencia, con insuperables obstáculos que impiden el acceso libre a diversas
fuentes de información. La voz adversa al gobierno, en su intento de expresarse
y participar en la conducción de los asuntos del país, termina siendo suprimida
ante la presencia de un único partido, la prohibición de asociarse con fines
políticos, las arbitrarias restricciones a la libertad de expresión y el
derecho de reunión, entre otros derechos fundamentales.
Cuba se ha mantenido durante décadas entre los
países del Hemisferio que exhibe una de las peores situaciones y un ambiente
menos propicio para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Hacer periodismo en Cuba no ha sido ni de cerca una
situación comparable con cualquier otro país de la región, por los serios
riesgos que enfrentan periodistas y otros grupos de la población que buscan
expresar opiniones, la inexistencia de acceso a información pública, el temor
de la población y de quienes eventualmente pueden ser fuentes de la información
que recaban los periodistas, entre otros múltiples obstáculos.
El control de la libertad de expresión y libertades políticas ha sido
permanente en casi cinco décadas, pero ha habido episodios emblemáticos de
represión como el ocurrido en el mes de marzo de 2003, cuando se detuvo en
forma masiva a personas identificadas como "contrarrevolucionarios" por su
pensamiento.
En los últimos años, la CIDH y su Relatoría
Especial continuaron recibiendo información preocupante sobre restricciones
ilegítimas a la libertad de expresión en Cuba, como el continuo incremento de la persecución selectiva y deliberada en contra de
medios y organizaciones independientes que difunden información y opiniones
sobre temas de interés público por fuera del control del Estado. Revisten
gravedad asimismo los actos y amenazas por parte de autoridades y funcionarios
públicos para amedrentar a cualquiera que exprese ideas críticas a la política
e instituciones del país como activistas, artistas, periodistas, defensores y defensoras de derechos
humanos, intelectuales, entre otros.
Todo ello ocurre bajo un marco legal que, lejos
de proteger el ejercicio de la libertad de expresión, brinda al Estado
herramientas jurídicas para reprimirlo, sobre todo a través del derecho penal. También persiste el
control estatal de los medios de comunicación y sobre el acceso a los medios digitales, en razón
de la limitada conectividad de la población cubana y el bloqueo de medios de
comunicación críticos en internet. Ello restringe la información, las
manifestaciones culturales y el debate de ideas a las que pueden acceder los
cubanos mediante prensa, radio, televisión e internet. Todas estas son
restricciones ilegítimas y afectaciones a la libertad de expresión que la
Relatoría Especial ha advertido
desde hace varias décadas, especialmente a través de sus informes anuales.
En la actualidad, la intolerancia de las autoridades cubanas hacia toda forma de crítica u oposición continúa siendo la principal limitación al goce de los derechos a la libertad de expresión y asociación en Cuba. El cambio de gobierno de facto de la Presidencia del Consejo de Estado y de Ministros de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel, durante el 2018, había generado también expectativas de pasos positivos en materia de derechos humanos. Sin embargo, hasta el momento, el nuevo Gobierno se ha presentado, en general, como el continuismo en términos de la represión para el ejercicio de la libertad de expresión en Cuba. Resulta de grave preocupación que, a poco de asumir, Díaz-Canel anunciara que mantendrá una posición contraria a la libertad de prensa y a la legalización de medios de comunicación independientes en el país.
Es de la mayor preocupación advertir incluso que en
los últimos tiempos habría aumentado la represión e intolerancia para desestimular el
periodismo no alineado al oficialismo, la actividad de defensores de derechos
humanos y a las críticas de voces disidentes. Durante años, la represión
en Cuba se caracterizó por mantener una apariencia de legalidad, que incluía
acusaciones fiscales, la designación de defensores de oficio, procesos
judiciales y/o condenas firmes. Aunque
se mantienen algunas de estas prácticas, se observan variaciones que
parecen dirigidas a no dejar huellas jurídicas ni documentación que puedan
utilizarse como prueba de los abusos sufridos. Durante el 169 Período de
Sesiones de la CIDH, varios periodistas presentes en la sesión, y otros a
través de testimonios previamente grabados, relataron lo que denominaron una represión de
"desgaste" que evita el enjuiciamiento. Estas formas represivas
consistirían en arrestos e interrogatorios humillantes -en particular a mujeres
periodistas-; detenciones de hasta 72 horas sin orden ni comunicación judicial;
presiones sobre la familia y
el entorno; retención de equipos y sustracción de materiales a periodistas; así como prohibiciones de salida del
país a periodistas y activistas.
El modelo actual respondería a una lógica que se ubica al margen de las
estructuras jurídicas, que se realiza a partir de la seguridad del Estado o
estructuras paraestatales que pueden resultar más sutiles pero igualmente
graves a la luz del derecho internacional. A las herramientas tradicionales
utilizadas para reprimir el periodismo independiente, se sumarían formas de
represión como amenazas de abrir
procesos bajo la figura penal de "usurpación de funciones y usurpación de
capacidad legal" a quienes ejercen el periodismo en medios que no son
oficiales y, más recientemente, la imposición de pruebas de aptitud para acceder a
la carrera de periodismo en la Universidad estatal.
En este contexto, la Relatoría Especial también tomó nota del proceso de reforma constitucional que se llevó
a cabo en Cuba. La información disponible indica que,
a fines de julio de 2018, fue publicado el "Proyecto de Constitución de la República de Cuba". La CIDH, en un comunicado
de prensa del 4 de marzo de 2019, informó que el proceso de reforma concluyó
con el referéndum celebrado el 24 de febrero de 2019. En esta ocasión, la
Comisión expresó su preocupación, entre otras cosas, por la posibilidad de que
el referéndum no habría cumplido con las condiciones necesarias para elecciones
libres, secretas, confiables e independientes que salvaguarden los principios
de universalidad y pluralidad.
La Relatoría Especial considera que el desarrollo y la
apertura de Cuba es una cuestión vinculada estrechamente con la indispensable
vuelta a la democracia y el respeto a los derechos humanos. En ese sentido, son
elementos esenciales de la democracia, el respeto a los derechos humanos, la
libertad de expresión y el respeto a los derechos políticos, junto a la
celebración de elecciones libres y basadas en el sufragio secreto y universal. La libertad de
expresión acompaña al ser humano como una de las libertades más preciadas
porque permite a cada individuo pensar el mundo desde sus propias perspectivas
y elegir su estilo de vida, así como la construcción de sociedades pluralistas.
Por ello, desde el inicio del actual mandato, la
Relatoría Especial ha prestado atención prioritaria a la situación de Cuba. Con
ese objeto, el informe analiza la
situación sobre la libertad de expresión en Cuba desde los estándares del
sistema interamericano y a partir de ello, ofrece recomendaciones al Estado que permitan contribuir a la efectiva
vigencia de este derecho en el país.
La Relatoría Especial concluyó que Cuba sigue siendo el
único país del Hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantías para el
ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Un Estado en el cual
persiste la grave inobservancia de los elementos
esenciales de la libertad de expresión, la democracia representativa y sus
instituciones. A
pesar de los años transcurridos y las reiteradas recomendaciones al respecto,
la intolerancia sigue siendo la regla de las autoridades cubanas hacia toda
forma de crítica u oposición, y la principal limitación a los derechos y libertades
fundamentales en Cuba.
Permanece un modelo de monopolio estatal sobre los medios de comunicación y
se mantiene la prohibición de fundar medios privados,
todo lo cual es incompatible con los estándares internacionales sobre libertad
de expresión. La persecución
selectiva y deliberada en contra de medios y periodistas independientes continúa, y por periodos incluso recrudece. Esta persecución de cuerpos estatales o tolerada por
el Estado se manifiesta de modo concreto en detenciones arbitrarias, amenazas y actos de
hostigamientos o censura en perjuicio de periodistas que difunden ideas,
opiniones e informaciones críticas del partido del gobierno. Dan cuenta de ello
también los múltiples actos y amenazas por parte de autoridades y funcionarios
públicos para amedrentar a cualquiera que exprese ideas críticas a la política
e instituciones del país como artistas, defensores y defensoras de derechos
humanos, disidentes políticos, entre otros.
Las prácticas represivas en la actualidad parecen responder a una lógica
que se ubica al margen de las estructuras jurídicas, pero están lejos de
desaparecer. Por el contrario, se replican fuertemente en los nuevos medios de
comunicación. En materia de internet, las disposiciones
legales sumamente restrictivas y ambiguas, la limitada
conectividad de la población cubana, el bloqueo y censura de medios críticos, y
las vigilancias, impiden seriamente el ejercicio de los derechos a la libertad
de expresión, privacidad e intimidad en la red.
El ordenamiento jurídico cubano -desde la
propia Constitución, hasta normas legales o reglamentarias que se señalan en el
informe- está puesto al servicio de la represión del disenso y la crítica. De este modo, en opinión de la Relatoría Especial, el
principal problema de la legislación vigente
es su carácter abiertamente represivo de la libertad de expresión. Lejos de proteger el ejercicio de la
libertad de expresión, y demás derechos y libertades fundamentales, brinda al
Estado herramientas jurídicas para reprimirlo. Determina además la existencia
de una grave discriminación por motivos políticos en el ejercicio de los
derechos humanos, pues no puede ejercer sus derechos sin represión, todo aquel
que piense o quiera expresarse distinto al régimen socialista.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina
creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de
estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y
expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el
desarrollo del sistema democrático.
R63/19