Relatoría Especial condena persistencia de asesinatos a periodistas y comunicadores en México e insta al Estado a implementar medidas decisivas de protección y combate a la impunidad
17 de mayo de 2019
Washington
D.C.- La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de los
periodistas mexicanos Francisco Romero y Telésforo Santiago Enríquez. Observa
con preocupación que se trata del sexto asesinato contra periodistas en lo que
va del año, y que la mayor parte de ellos podrían estar vinculados al ejercicio
de su función, un indicador doloroso de que persiste la violencia contra los
comunicadores en diversas regiones del país. La Relatoría Especial insta al
Estado mexicano a que investigue de forma completa, efectiva e imparcial estos
crímenes, esclarezca sus móviles y determine la relación que pudieran tener con
la actividad periodística. Al mismo tiempo, el Estado debe revisar e
implementar medidas decisivas para fortalecer el mecanismo de protección de
periodistas en línea con las recomendaciones realizadas por los Relatores para
la Libertad de Expresión en su reciente Informe Especial sobre la Situación de
la Libertad de Expresión en México.
De
acuerdo a reportes preliminares de público conocimiento, Francisco Romero,
administrador y director de la página informativa de Facebook "Ocurrió Aquí",
contaba con medidas de protección del Mecanismo de
Protección de la Secretaria de Gobierno de México, debido a agresiones previas.
El cuerpo del periodista fue encontrado en la ciudad de Playa del Carmen,
Quintana Roo el 16 de mayo junto a su motocicleta, con un tiro en la cabeza y
señales de golpes en el cuerpo.
Según
información proporcionada por el Estado de México, la Fiscalía General del
Estado de Quintana Roo comunicó que inició las investigaciones respecto al
asesinato de Romero tomando en cuenta todas las líneas de investigación, incluyendo
su labor como periodista.
Por
otra parte, el 3 de mayo, mientras se
celebraba el Día Mundial de la Libertad de Prensa, los medios de comunicación
en México informaron de un nuevo ataque contra la prensa en el municipio de San
Agustín Loxicha (Oaxaca) que culminó con el asesinato del periodista Telésforo Santiago
Enríquez, fundador de la radio comunitaria indígena "El cafetal de San Agustín"
y defensor de las lenguas indígenas. Con una larga trayectoria, el comunicador
era conocido por sus análisis y cobertura crítica de las autoridades
municipales por supuestos desvíos de recursos. Asimismo, fue candidato a la
presidencia municipal de su región en varias ocasiones.
El
Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de México, Jesús
Ramírez Cuevas, reconoció la labor del periodista y se comprometió con la
investigación del crimen en su cuenta de Twitter: "Telésforo Santiago Enríquez
fue asesinado esta tarde. Fundó la radio comunitaria El Cafetal de San Agustín
Loxicha, municipio de la sierra sur de Oaxaca. Desde el Gobierno de México
asumimos el compromiso de hallar a los responsables que atentaron contra el
periodismo mexicano".
Estos
aberrantes crímenes, se suman a varios otros casos de comunicadores que
perdieron la vida en el presente año: Santiago Barroso Alfaro, el 15 de marzo
en San Luis Río Colorado, Sonora; Reynaldo López, el 16 de febrero en
Hermosillo, Sonora; Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, el 9 de febrero en Emiliano
Zapata, Tabasco y José Rafael Murúa Manríquez, el 19 de enero en Mulegé, Baja
California Sur, quienes fueron presuntamente asesinados debido a la labor
periodística y comunicacional que desarrollaban.
El
Estado de México informó a la Relatoría Especial que lamenta la sucesión de
casos de periodistas asesinados y expresó que se están haciendo esfuerzos de
investigación por parte de las distintas Fiscalías. Además, indicó que entiende
que no todos los casos reportados podrían estar relacionados con la actividad periodística.
Según
datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), varios Estados
mexicanos presentan un panorama de grave violencia y silenciamiento contra
periodistas y comunicadores desde el año 2000. En ese sentido, los Estados más
peligrosos para el ejercicio periodístico son Veracruz (22 asesinatos),
Tamaulipas (16), Guerrero (16), Oaxaca (16) y Chihuahua (14).
"Siguen
sucediendo los casos alarmantes de periodistas asesinados en México, tal como venía
ocurriendo en años anteriores, esto es un llamado urgente para que el Estado
adopte medidas decididas para fortalecer el mecanismo de protección de
periodistas y reforzar la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)", explicó el Relator
Especial de la CIDH, Edison Lanza.
Los
Relatores para la Libertad de Expresión de la CIDH y de Naciones Unidas
presentaron meses atrás el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad
de Expresión en México, producto de la visita aceptada por el Estado en
diciembre de 2017. Sus conclusiones y recomendaciones subrayan que los ataques
contra periodistas "persisten, acompañados de un sentido continuo de inseguridad
e impunidad". "La naturaleza sistemática de esta violencia requiere
no sólo medidas individuales específicas sino también medidas de naturaleza
estructural". […] "El cumplimiento por la PGR de su responsabilidad
de identificar e investigar los riesgos que enfrentan los beneficiarios debería
percibirse como un aspecto esencial de todo programa de protección",
agregaron.
Una
señal positiva en ese sentido es la reactivación del Plan de Contingencia para
prevenir agresiones a periodistas y activistas que se implementa en México para
el Estado de Chihuahua. "Instamos al Gobierno mexicano a intensificar las
iniciativas de alerta temprana y otras medidas preventivas, en consonancia con
sus obligaciones internacionales, tomando en cuenta la naturaleza específica de
los riesgos y sus contextos particulares", explicó Lanza.
En
lo que respecta a justicia e impunidad, la Relatoría Especial recuerda que en
las conclusiones y recomendaciones presentadas en el Informe Especial sobre la
Situación de la Libertad de Expresión en México 2018 debería "dar prioridad a
la investigación de una serie de casos de periodistas cuya contribución resultó
fundamental para sus comunidades".
Tanto
la Comisión como la Corte IDH se han referido en varias oportunidades al efecto
amedrentador que tienen los crímenes contra periodistas y otros profesionales
de medios de comunicación, así como para los ciudadanos que pretenden denunciar
abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza.
El
principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la
CIDH señala: "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los
comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de
comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente
la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos
hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación
adecuada".
La
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la
defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión,
considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del
sistema democrático.
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