Libertad de Expresión
Comunicado de prensa R316/19
Relatoría Especial condena asesinato de periodista José
Arita en Honduras e insta a investigar relación con su actividad periodística
4 de diciembre de 2019
Washington D.C.- La Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
condena el asesinato del periodista José Arita, ocurrido el 25 de Noviembre de
2019 en Puerto Cortés, departamento de Cortés, Honduras y observa con preocupación que se trataría del sexto
asesinato contra personal de prensa en lo que va del año. Asimismo, insta al Estado hondureño a investigar los casos de forma completa, efectiva e imparcial,
esclarezca sus móviles y determine la relación que pudieran tener con la
actividad periodística.
Según información de medios de comunicación en
Honduras, José Arita habría sido atacado con armas de fuego por desconocidos
cuando se encontraba saliendo de las instalaciones de Puerto Visión Canal 12 ubicadas
en Puerto Cortés, a unos 200 Km al norte de la capital Tegucigalpa, después de
terminar su programa, "La Hora de la Verdad". El vocero de seguridad de la
Policía de Honduras, Jair Meza Barahona, informó que el asesinato puede estar
relacionado al trabajo periodístico de Arita. De acuerdo a denuncias realizadas
por el mismo periodista antes del atentado que terminó con su vida, en su
último programa, dijo que habría sido excluido de algunas conferencias de
prensa y habría anunciado a un abogado como invitado en su próximo programa
para analizar temáticas concernientes al Nuevo Código Penal en Honduras.
Esta Oficina ha contabilizado seis asesinatos en lo
que va del 2019 en el país, con Arita se
trataría del segundo comunicador asesinado en Puerto Cortés.
El 21 de Noviembre, la Policía de Honduras hizo el
levantamiento el cuerpo de la comunicadora y presentadora de televisión del
canal 45 de Catacamas (Olancho), Johana Alvarado, quien fue encontrada muerta
con signos de abuso y disparos en la cabeza. Las causas del crimen aún no
habrían sido esclarecidas.
El 1 de Noviembre, el periodista Buenaventura
Calderón, uno de los coordinadores del
noticiero Ecos de la Mosquitia, en la Radio Kupia Kumi, de Puerto Lempira fue
asesinado a tiros junto a su esposa,
María Calderón, quien habría fallecido horas después en el hospital. Habría
recibido varios impactos de bala antes de llegar a su vivienda. Según sus
compañeros de trabajo Calderón trataba temas referentes al tráfico de droga por
la zona, corrupción y era un defensor de los derechos humanos y territoriales
de pueblos misquitos de esa región. Según las autoridades policiales, las causas del
asesinato del comunicador, quien además era comerciante, y de su esposa están
en proceso de investigación para detener a los responsables materiales e
intelectuales de este doble crimen.
El 31 de agosto el corresponsal de la señal
televisiva nacional Canal 6 y de la televisora local Cable Mar TV, Edgar Joel
Aguilar, fue asesinado por un desconocido que le disparó varias veces cuando se
encontraba en una barbería en La
Entrada, municipio Nueva Arcadia (Copán). Aguilar cubría noticias policiales y,
de acuerdo a la prensa local, días antes de su muerte había recibido amenazas a
través de las redes sociales. El comunicador habría hecho una denuncia ante la
Dirección Policial de Investigación y habría solicitado protección. Según el
director del Mecanismo Nacional de Protección, Danilo Morales, el programa no
habría sido informado sobre las amenazas contra el periodista. En años
anteriores Aguilar ya había sido víctima de ataques y amenazas.
El 5 de julio fue asesinado el presentador de
televisión Santiago Carvajal, activista por los derechos de la comunidad LGTBI.
El comunicador habría sido atacado con armas de fuego, por sujetos no
identificados, en Puerto Cortés. Falleció horas más tarde en el Hospital Mario
Catarino Rivas de San Pedro Sula. Carvajal dirigía el programa de corte crítico
La Galaxia de Santy, en un canal de televisión de su localidad. Las causas del
crimen aún no habrían sido esclarecidas.
El 17 de marzo fue asesinado el periodista Gabriel
Hernández en el municipio Nacaóme (Valle). Hernández, dirigía el programa "El
Pueblo Habla" de Valle TV. Fue atacado a balazos por dos individuos a bordo de
un vehículo, y falleció horas después en el hospital. El periodista, que
también trabajaba como corresponsal de Radio Globo, era conocido por sus
fuertes críticas en contra del alcalde municipal de Nacaóme y de los diputados
del departamento. De acuerdo con información disponible, el periodista había
sido objeto de amenazas, agresiones policiales y negativas de información por
parte de las autoridades municipales.
De acuerdo a información proporcionada por
diferentes organizaciones de la sociedad civil, 81 periodistas y trabajadores
de medios de comunicación habrían sido asesinadas en el país o desde 2001 a la
fecha.
La Relatoría ya ha manifestado en múltiples
oportunidades la necesidad imperiosa de combatir la violencia contra
periodistas a través de una política integral de prevención, protección y
procuración de justicia. En este sentido, ha resaltado la importancia de la
creación de programas especializados de protección permanente en aquellos
países donde la violencia contra los periodistas y trabajadores de medios de
comunicación esté particularmente extendida, señalando que, para que dichos
mecanismos sean eficaces, es preciso que estén respaldados por un fuerte
compromiso político del Estado, así como que cuenten con recursos humanos
suficientes, entrenados y capacitados para recibir las solicitudes de
protección, evaluar el nivel de riesgo, adoptar e instrumentar las medidas de
protección, así como monitorear las medidas que se encuentren vigentes.
El
Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, repudió el
asesinato del periodista y afirmó que "el Estado debe llevar adelante una
investigación completa, teniendo en cuenta la relación de su labor como
principal hipótesis del crimen y agotar todas las líneas de
investigación". A su vez, instó al gobierno a investigar las razones por las cuales el Mecanismo
Nacional de Protección de Honduras no otorgó protección efectiva al mencionado
periodista.
La
Relatoría Especial llama al Estado hondureño a investigar de forma completa,
efectiva e imparcial este crimen, esclarecer sus móviles, y determinar
judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la
libertad de expresión. Las autoridades no deben descartar al ejercicio del
periodismo como un móvil del asesinato y/o agresión antes de que se complete la
investigación, así como proveer con recursos adecuados y personal especializado
a las instituciones encargadas de la investigación de este tipo de asuntos.
Tanto
la Comisión como la Corte IDH se han referido al efecto amedrentador que los
crímenes contra periodistas tienen para otros y otras profesionales de los
medios de comunicación, así como para los y las ciudadanas que pretenden
denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza. Este efecto
amedrentador solo podrá evitarse, según afirma la Comisión Interamericana,
"mediante la acción decisiva del Estado para castigar a quienes resulten
responsables, tal como corresponde a su obligación bajo el derecho
internacional y el derecho interno".
El
principio 9 de la Declaración de Principios
sobre Libertad de Expresión de la CIDH
señala: "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los
comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de
comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente
la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos
hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación
adecuada".
La
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la
defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión,
considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del
sistema democrático.
R316/19