Ante incremento de denuncias sobre
ataques contra la prensa en Ecuador, la Relatoría Especial insta al Estado a
redoblar sus esfuerzos para la protección de las y los periodistas.
2 de febrero de 2021
Washington D.C. - Ante el incremento de denuncias sobre
ataques contra la prensa en Ecuador, la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta al
Estado ecuatoriano a redoblar sus esfuerzos para prevenir la violencia contra periodistas
y trabajadores de la prensa. Asimismo, urge a investigar de forma completa,
efectiva e imparcial estos hechos, esclarecer sus móviles y determinar la
relación que podrían tener con la actividad periodística y la libertad de
expresión.
Según la información disponible, el 19 de enero de 2021 la periodista
de Radio Sucumbíos
y ex directora de Comunicación del Consejo Provincial, Marilú Capa Galarza, fue
atacada en la ciudad de Nueva Loja, provincia de Sucumbíos, cuando se
encontraba en un restaurante de su propiedad. Una persona armada con un revólver ingresó al lugar y disparó
ocho veces, seis de las cuales impactaron en el cuerpo de la reportera, según
señalan los primeros informes. El sujeto habría logrado escapar del lugar en
una motocicleta conducida por otra persona. De acuerdo a la información
recibida por esta Oficina, Marilú Capa Galarza fue trasladada recientemente
desde el Hospital Dr. Marco Vinicio Iza de Nueva Loja a un hospital en la
ciudad de Quito, donde permanece en estado crítico en el área de cuidados intensivos. La periodista es conductora del programa radial "Mañanas Interactivas", que se transmite por Radio Sucumbíos, donde
aborda temas migratorios y de derechos humanos, entre otras noticias.
El
27 de enero fue asesinado el presentador
del programa televisivo "En
Contacto" de la emisora Ecuavisa, Efraín Ruales, mientras conducía hacia
su domicilio en su vehículo por la avenida Juan Tanca Marengo, al norte de
Guayaquil. El comunicador habría recibido cuatro impactos de bala por parte de
sujetos que se movilizaban en un vehículo de alta gama, quienes según la
información disponible habrían perseguido al comunicador por varias cuadras
antes de atacarlo. Según fue informada la Relatoría, la Fiscalía General de
Ecuador ya inició, de oficio, una investigación por el presunto asesinato de
Efraín Ruales. Esta Oficina valora positivamente el llamado del presidente de
Ecuador a que se actúe con la mayor celeridad posible y que se destinen todos
los esfuerzos necesarios para la investigación del caso. Asimismo, la Policía
Nacional de Ecuador indicó que habría desplegado a sus unidades investigativas
y de inteligencia para determinar los pormenores del hecho y a sus autores.
Según informó
en una rueda de prensa el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, se habría
identificado a tres posibles autores del crimen, aunque por el momento no han
sido detenidos.
El
27 de enero el expresidente de Ecuador y
actual candidato a asambleísta, Abdalá Bucaram,
amedrentó a la periodista Dayanna Monroy, reportera y
presentadora de noticias del canal Teleamazonas,
a través de
un video que circuló públicamente en redes sociales. Dayanna Monroy investiga
casos de corrupción y ya ha sido blanco de ataques y descalificaciones por su trabajo
periodístico en ocasiones anteriores, hechos que han sido registrados y
seguidos con atención por esta Oficina. Si bien las agresiones dirigidas hacia
la comunicadora Dayanna Monroy no son atribuibles a un funcionario público en
ejercicio, sí se insertan en un contexto electoral en tanto emanan de una
figura política con aspiración a ser asambleísta. Adicionalmente, la condición
de expresidente acentúa la gravedad del señalamiento y su impacto en las
condiciones para el cubrimiento periodístico de las elecciones en las cuales
participa.
El
28 de enero de 2021 la Fiscalía General hizo un llamado a la Policía de Ecuador
a que investigue posibles riesgos para periodistas y denunciantes públicos que
investigan presuntos actos de corrupción,
e instó a la opinión pública a "rechazar
cualquier conducta que incite a la violencia y a continuar denunciando posibles
hechos delictivos", destacando que la democracia se construye a partir del
respeto a la libertad de expresión. Este llamado es tan importante como el
deber de asegurar el cumplimiento de estándares interamericanos sobre libertad
de expresión en las causas judiciales activadas por el expresidente y candidato
Abdala Bucaram contra la periodista Dayanna Monroy.
La Relatoría recuerda que,
conforme al principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de
Expresión de la CIDH, "[e]l asesinato, secuestro, intimidación,
amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los
medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y
coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e
investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una
reparación adecuada".
Esta
Oficina reitera que los funcionarios públicos
están llamados a mantener un discurso favorable a
la deliberación pública y asegurarse que con sus pronunciamientos no están
lesionando los derechos de quienes contribuyen al debate mediante la expresión
y difusión de su pensamiento. Este deber cobra particular relevancia en el caso
de las mujeres periodistas, quienes enfrentan obstáculos, riesgos y formas de
violencia específicas por el hecho de ser mujeres. Tal como señalaron la CIDH y
la Relatoría en su informe Mujeres periodistas y libertad de expresión, el cumplimiento de las obligaciones generales de los Estados en
materia de libertad de expresión debe complementarse e integrarse a una
perspectiva de género a fin de garantizar que las mujeres
periodistas tengan garantías para ejercer su labor libre de todo tipo de
violencia.
Es de vital importancia que las más altas
autoridades del Estado -tanto como quienes aspiran a serlo- reconozcan de
manera constante, clara y pública la legitimidad y el valor del periodismo en la democracia.
La Relatoría llama al Estado ecuatoriano a investigar de
forma completa, efectiva e imparcial el asesinato de Efraín Ruales y la
tentativa de homicidio de Marilú Capa Galarza, esclarecer sus móviles, y
determinar judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad
periodística y la libertad de expresión. Tal como ya ha sido señalado por la
CIDH, los Estados deben asegurar que los delitos contra la libertad de
expresión estén sujetos a investigaciones y procedimientos
judiciales independientes, rápidos y efectivos. Lo contrario supone el riesgo
de nuevos ataques y genera un notorio efecto de autocensura afectando las condiciones
para la deliberación democrática.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es
una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a
fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la
consolidación y el desarrollo del sistema democrático.