Relatoría Especial condena el asesinato del periodista Benjamín Morales Hernández, y llama al Estado mexicano a investigar los hechos de forma completa e imparcial y a fortalecer medidas de protección a la prensa
20 de mayo de 2021
Washington D.C., - La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Benjamín Morales Hernández en el estado de Sonora, e insta a autoridades a investigar los hechos de forma completa, efectiva e imparcial y a fortalecer medidas de protección a la prensa.
Según fue informada esta Oficina, el 3 de mayo, Benjamín Morales Hernández, de 50 años, fundador y director del portal Noticias Xonoidag en el municipio de Sonoyta, Sonora, fue encontrado sin vida por agentes policiales en una carretera entre Caborca y Sonoyta, dos municipios del estado de Sonora. Los exámenes forenses evidenciaron impactos de arma de fuego en el cuerpo del periodista, que habría sido abandonado junto a una cartulina con un mensaje, cuyo contenido no ha sido divulgado, de acuerdo a la información proporcionada por medios de comunicación locales y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).
Según pudo conocer la Relatoría, en la página Noticias Xonoidag el periodista publicaba información y opiniones sobre la actualidad de la zona de Sonoyta. El 1 de mayo, el comunicador informó acerca de las elecciones federales, estatales y municipales del próximo 6 de junio a través de una transmisión en vivo desde su página, en la que además mencionó haber recibido amenazas anónimas a su vida. El hermano del periodista, Natanael Morales, dijo haber perdido contacto con Benjamín Morales Hernández desde la noche del 2 de mayo, según reportaron organizaciones vinculadas al periodismo de Sonora.
El asesinato de Benjamín Morales Hernández ocurrió en el Día Mundial de Libertad de Prensa y ha sido registrado por la Relatoría como el primero en el 2021. A finales de 2020, el Comité para la Protección de Periodistas señaló que México continúa siendo el país más peligroso del hemisferio occidental para la prensa. En su informe anual 2020, esta Oficina documentó al menos 8 asesinatos de periodistas en México por ejercer su trabajo, además de otros asesinatos cuyo móvil podría estar vinculado con la labor informativa. Algunos de estos ataques tuvieron lugar en el estado de Sonora, en donde la Relatoría ha observado con preocupación la escalada de violencia: el 16 de mayo de 2020 fue asesinado el periodista Jorge Miguel Armenta Ávalos en Ciudad Obregón y el 2 de noviembre de 2020 fue asesinado el reportero Jesús Alfonso Piñuelas Montes en la ciudad de Cajeme. Asimismo, en marzo de 2021 fue reportada a esta Oficina la desaparición del periodista Jorge Molontzín, de la revista Confidencial, en el municipio de Santa Ana.
Los ataques y agresiones cometidos contra periodistas vulneran el derecho a la libertad de expresión, tanto en su dimensión individual como colectiva, y no pueden ser tolerados en una sociedad democrática. Conforme el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, "[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
Como señalaron los Relatores para la Libertad de Expresión de la CIDH y ONU en el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México, aunque la crisis de seguridad es extendida en México y afecta gravemente los derechos humanos de toda la población, los hechos de violencia se han dirigido muy a menudo contra quienes son más indispensables para dar a conocer la situación de conflicto e inseguridad, corrupción y criminalidad: los periodistas.
La Relatoría recuerda que el asesinato de comunicadores constituye la forma más extrema de censura, y llama al Estado mexicano a redoblar sus esfuerzos para combatir la violencia contra periodistas y la impunidad, y a continuar recibiendo acompañamiento y apoyo técnico de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. En este sentido, reitera al Estado la importancia de combatir la violencia contra periodistas a través de una política integral de prevención, protección y procuración de la justicia. Esta última obligación incluye el deber de investigar, juzgar, sancionar penalmente a los responsables de estos crímenes y reparar de forma integral a las víctimas. Tal como ha sido señalado en otras oportunidades, la falta de sanciones a los responsables materiales e intelectuales de los homicidios, agresiones, amenazas y ataques relacionados con el ejercicio de la actividad periodística propicia la ocurrencia de nuevos delitos y genera un efecto de autocensura.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
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