La Relatoría Especial condena el asesinato del activista y comunicador Frank Stalyn Ramazzini e insta al Estado de Guatemala a investigar los hechos de forma completa e imparcial
16 de julio de 2021
Washington D.C. - La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del activista y comunicador Frank Stalyn Ramazzini Véliz el 9 de julio en Guatemala, y urge al Estado a investigar de forma inmediata, completa, efectiva e imparcial este crimen, esclarecer sus móviles y determinar judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad.
De acuerdo a la información disponible, el pasado 9 de julio, Frank Stalyn Ramazzini, de 31 años, habría sido víctima de un ataque armado en una discoteca de la Ciudad de Guatemala, en el que también murieron otras tres personas. Además de su labor como defensor de los derechos laborales de los agentes de la Policía Nacional Civil, investigaba y publicaba periódicamente a través de una página en redes sociales información crítica del gobierno y de elevado interés público, especialmente sobre presuntos casos de corrupción en el sistema penitenciario. El 4 de julio de 2021, había sido nombrado presidente de la Asociación Fiscalizadora Pro-Justicia y Derechos Humanos.
El Ministerio Público Fiscal de Guatemala indicó que su Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas procesó la escena en la cual perdieron la vida Frank Stalyn Ramazzini Véliz y tres personas más, e informó que se encontraban realizando investigaciones para esclarecer los hechos.
Según la información recibida, Frank Stalyn Ramazzini habría sido víctima de otros dos atentados en años previos. En 2018, el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala exigió al Ministerio de Gobernación garantizar su vida, luego de ser objeto de un ataque armado del cual resultó herido por disparos.
El asesinato de Frank Stalyn Ramazzini se presenta en un escenario con adversidades para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en Guatemala. En su último informe anual, la Relatoría Especial registró un incremento de agresiones, actos de hostigamiento, declaraciones estigmatizantes y criminalización contra personas comunicadoras. Asimismo, en oportunidades anteriores, esta Oficina ha llamado la atención sobre los elevados índices de impunidad que existen respecto de los crímenes y delitos contra la libertad de expresión en el país.
La Relatoría recuerda que, conforme al principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, "el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
En ese marco, la RELE reitera que es deber de los Estados asegurar que los delitos contra la libertad de expresión estén sujetos a investigaciones judiciales completas, efectivas e imparciales, considerando el ejercicio periodístico como una de las líneas de investigación. Tal como ha sido señalado por la CIDH y su Relatoría, la falta de sanciones a los responsables materiales e intelectuales de los homicidios y ataques relacionados con la actividad periodística y la libertad de expresión envía un mensaje permisivo de la violencia, propiciando la ocurrencia de nuevos delitos y generando un efecto de autocensura.
La adopción de mecanismos de prevención y protección adecuados para evitar la violencia contra personas comunicadoras resulta crucial. El Estado ha informado a la Relatoría sobre diversas medidas de protección brindadas de conformidad con los análisis de riesgo, llevadas a cabo a través de la División de Protección a Personas y Seguridad de la Policía Nacional Civil del Ministerio de Gobernación. Si bien esta Oficina saluda y considera positivo este despliegue institucional para la prevención y protección de delitos vinculados a la libertad de expresión en Guatemala, llama al Estado a fortalecer estos mecanismos y redoblar sus esfuerzos en esta materia a fin de evitar que se repitan casos como este.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
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