Libertad de Expresión
Comunicado de prensa R186/22
La RELE condena el
asesinato del periodista Gerardo Delgado Olmedo en Ecuador e insta a las
autoridades a redoblar sus esfuerzos para contener la violencia contra
periodistas
24 de
agosto de 2022
Washington,
D.C. - La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del
periodista Gerardo Delgado Olmedo en la ciudad de Montecristi, provincia de
Manabí, y urge al Estado investigar los hechos de forma completa, efectiva e
imparcial, tomando en consideración la labor periodística como un posible móvil
del crimen, y sancionar a quienes resulten responsables.
Según la información disponible, Gerardo
Delgado Olmedo habría sido víctima de nueve disparos de arma de fuego el 10 de
agosto de 2022 por parte de dos sujetos desconocidos mientras se encontraba
estacionado en su automóvil en
el acceso a la ciudadela La Paola, en la ciudad de Montecristi. En el
vehículo también se hallaba su
hija, quien habría presenciado el asesinato y habría resultado ilesa. De
acuerdo a la información pública, el reportero se dirigía a cubrir una noticia
relacionada con un supuesto suicidio. Las autoridades informaron que el mismo 10 de agosto, dos personas
habrían sido detenidas por la presunta comisión del crimen, quienes luego de
ser detenidos fueron puestos a orden de juez, que dictó prisión preventiva a ambos
por la presunta participación en el crimen. Asimismo, el Estado ha informado
que la Fiscalía continúa practicando varias diligencias y pericias con el apoyo
de la Policía Nacional con el fin de esclarecer los hechos y determinar los
responsables. Según información de fuente pública, los presuntos responsables habrían
recibido US$2 mil para cometer el asesinato.
Gerardo Delgado Olmedo tenía una trayectoria
de 20 años en el periodismo y era
gerente propietario del medio de comunicación y canal Ola Manta TV. Además, había anunciado su precandidatura a concejal de Manta por
los movimientos políticos Revolución Ciudadana y Sí Podemos.
La Relatoría recuerda que los asesinatos de
periodistas constituyen la forma más extrema de censura, y no pueden ser tolerados
en una sociedad democrática. Es deber del Estado asegurar que los delitos
contra la libertad de expresión estén sujetos a investigaciones y
procedimientos judiciales independientes, rápidos y efectivos. Asimismo, durante las
investigaciones no debe descartarse la evaluación de la posible vinculación del
crimen con el ejercicio periodístico.
La
Relatoría advierte con preocupación que estos hechos ocurren tan solo dos
semanas después del asesinato del reportero Mike Cabrera, en la ciudad de
Portoviejo, provincia de Manabí, el cual fue objeto de pronunciamiento por parte
de esta Oficina. En este
contexto, la Relatoría reitera su llamado al Estado a brindar una respuesta
institucional contundente contra la violencia hacia periodistas, reconociendo
públicamente la importancia de su labor para el fortalecimiento del Estado de
Derecho y la democracia.
Asimismo,
la Relatoría vuelve a recordar al Estado la necesidad de retomar las
observaciones y recomendaciones realizadas en su Informe Especial sobre la
Situación de la Libertad de Expresión en Ecuador de 2019 con
respecto a la prevención y protección de periodistas. Al respecto, la Relatoría
ha recomendado al Estado, entre otros puntos, el establecimiento de una política de protección de periodistas
ajustada a las normas internacionales de derechos humanos, y que, como parte de
dicha política, se elaboren mapas de riesgo y se recopilen datos detallados
sobre los incidentes de violencia. A juicio de la Relatoría Especial, Ecuador
atraviesa un momento trascendental en el debate público sobre las garantías
presentes y futuras para la libertad de expresión y la libertad de prensa, y en
ese contexto esta Oficina anima al Estado a considerar la seguridad de
periodistas como un asunto central y urgente de la discusión.
La
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la
defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión,
considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del
sistema democrático.
R186/22