Libertad de Expresión
Comunicado de prensa R196/22
El
Estado de Guatemala debe garantizar de forma plena y efectiva el derecho a la
libertad de expresión y a la libertad de prensa
2 de septiembre de 2022
Washington D.C. - La Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) se pronuncia sobre las garantías para el ejercicio de la libertad de
expresión y de prensa en Guatemala, externa su preocupación por los reportes
recibidos y llama al Estado a garantizar de forma plena y efectiva estos
derechos fundamentales.
En los últimos meses, la Relatoría Especial ha
recibido varios reportes que reclaman atención de la Oficina con respecto a la
libertad de expresión en Guatemala, principalmente relativos a agresiones,
intimidaciones y acoso judicial con alegados fines de silenciamiento. En
particular, el procesamiento judicial de periodistas coincide con la vigencia
de balances de la CIDH sobre el debilitamiento de la independencia
judicial en Guatemala.
De acuerdo a la información recibida, José
Rubén Zamora y Flora Silva – presidente y directora financiera del medio de
comunicación El Periódico, respectivamente - han sido objeto
de persecución judicial por parte del Ministerio Público (MP). Las autoridades del Estado han señalado que el
proceso penal no está relacionado con actividades periodísticas; y que las
diligencias judiciales alrededor de su caso se realizan en estricto apego al
marco legal y los derechos humanos. En contraste, la información reportada a esta Oficina por
abundantes representantes de la sociedad civil indica que el procesamiento
judicial de José Rubén Zamora y Flora Silva podrían tener relación con la labor
periodística. La Relatoría ha informado al Estado que está haciendo seguimiento
al proceso, y manifiesta que la libertad de prensa comprende no sólo
actividades editoriales sino también aquellas relativas a la sostenibilidad de
los medios de comunicación.
Según pudo conocer esta Oficina, agentes del MP
y de la Policía Nacional Civil habrían allanado las viviendas de José Rubén
Zamora, presidente de El Periódico,
el 29 de julio; y de Flora Silva, la directora financiera, el 19 de agosto.
Ambos habrían sido detenidos por la supuesta comisión de delitos vinculados al
lavado de activos, entre otros. Asimismo, el 29 de julio se habrían allanado
las oficinas de Aldea Global S.A., una entidad comercial que –al estar a cargo de
la gestión administrativa del medio de comunicación– comparte las instalaciones
con El Periódico.
El periodista José Rubén Zamora es beneficiario
de medidas cautelares de la CIDH desde 2003, cuando la Comisión
entendió que
existía un riesgo inminente a su vida e integridad personal con motivo de una
serie de ataques físicos y amenazas recibidas en el ejercicio de su profesión,
y del contexto de violencia contra la prensa en Guatemala. Conforme a las
facultades que otorga el mecanismo de medidas cautelares, la CIDH y su
Relatoría Especial han solicitado recientemente al Estado una visita de trabajo
para constatar la situación de Zamora.
A estos hechos se suman otros casos que han
llegado a conocimiento de la RELE, relacionados con denuncias calificadas como
espurias y dirigidas a impedir la publicación de investigaciones sobre asuntos
de relevancia pública y política. Entre otros reportes documentados, en
septiembre de 2021, un exministro de Comunicaciones habría interpuesto una
denuncia en contra del periodista Juan Luis Font, director del espacio
informativo Con Criterio, por la supuesta comisión de los delitos de asociación
ilícita y colusión. El reportero confirmó a esta Oficina haber salido del país y
denunció hostigamiento y represalias vinculadas a su labor que le disuaden de
continuar ejerciendo el periodismo desde Guatemala. Al respecto, el Estado
señaló que dicho proceso se encuentra bajo reserva legal y que el ente
investigador continúa con las diligencias para dilucidar la comisión o no de
los hechos señalados. Las autoridades enfatizaron que la denuncia aquí
mencionada fue interpuesta por un tercero y no por el MP, y que el Estado no
persigue al periodista por su labor informativa.
Asimismo, en junio de este año, el MP abrió una
investigación contra periodistas de Agencia
Ocote luego de que entrevistaran a una fiscal en prisión y produjeran un
pódcast sobre su caso. Asimismo, en 2021 la Relatoría registró en su informe
anual la activación de acciones penales contra los periodistas Sonny Figueroa y
Marvin del Cid por parte de personas funcionarias y exfuncionarias del
gobierno, supuestamente luego de que publicaran investigaciones periodísticas
que los involucraban. El Estado señaló que "no hay una persecución particular
ni por su labor periodística ni existe acoso profesional contra ambos
periodistas". Además, agregó que "el proceso penal iniciado contra los agentes
de la Policía Nacional Civil por las agresiones denunciadas por ambos
periodistas es prueba del compromiso estatal por llevar justicia a todos".
En este marco, la Relatoría
también ha sido informada
sobre el incremento de comportamientos inauténticos coordinados por parte de
cuentas anónimas en redes sociales, que según se ha señalado difunden
información estatal de carácter reservado, o anuncian actos que luego son
ejecutados por parte del Estado, por ejemplo, en relación con juicios penales. Sobre
este punto, el Estado ha informado que "dichas publicaciones en ningún momento
han sido ventiladas por cuentas oficiales del Estado de Guatemala, así como
tampoco por sus funcionarios públicos, por lo que no es atribuible al Estado".
En el contexto descripto, preocupa
especialmente a la Relatoría Especial los casos de Anastasia Mejía y Michelle
Mendoza, entre otras mujeres periodistas y comunicadoras que investigan asuntos
vinculados a corrupción e impunidad en Guatemala que también han reportado
sobre el deterioro de las garantías a su libertad de expresión. La información
documentada indica que las amenazas a través de redes sociales, como también
los procesos judiciales que enfrentan las mujeres periodistas integran
elementos de violencia de género que el Estado debe considerar.
Adicionalmente, en su función de monitoreo la RELE ha documentado el asesinato del periodista
Orlando Villanueva
en Puerto Barrios, departamento de Izabal, entre otros hechos de violencia, que
incluyen alegadas agresiones y destrucción de equipos de trabajo de reporteros..
Sobre el crimen del periodista, el Estado reafirmó su compromiso en la
realización de una investigación que esclarezca los hechos y resulte en las
sanciones correspondientes. En este sentido, informó a esta Oficina que la
Fiscalía de Delitos contra Periodistas ha realizado diversas acciones y
establecido una línea de investigación. Además, la Relatoría se ha pronunciado previamente sobre las vulneraciones de derechos y los
obstáculos específicos que enfrentan las y los comunicadores comunitarios en
Guatemala. La Oficina ha dado particular seguimiento a los casos de los
periodistas Juan Bautista Xol, Baudilio Choc y Carlos Choc, quienes han
denunciado públicamente procesos judiciales en su contra y operativos
policiales en sus residencias luego de que dieran cobertura a una serie de
manifestaciones de la población maya Q’eqchi’ en El Estor, Izabal, y sobre el
uso de la fuerza pública para dispersarla, en octubre de 2021. Si bien esta
Oficina fue informada de que existirían dos procesos penales vigentes en contra
del periodista Carlos Choc, el Estado informó que no hay denuncias interpuestas
en su contra, y que no existen acciones estatales para impedir su actividad
periodística.
Finalmente, la Relatoría también tomó
conocimiento de que el Congreso de la República archivó la Ley de Prevención y
Protección contra la Ciberdelincuencia, luego de que se aprobaran una serie de
objeciones y observaciones de diputados. La RELE saluda la decisión del órgano
legislativo de desestimar esta norma, que contenía disposiciones que por su
vaguedad otorgaban amplios márgenes de discrecionalidad en su aplicación y que
corrían el riesgo de ser utilizadas en detrimento del derecho a la libertad de
expresión.
La información recopilada por la RELE indica
que estos hechos se insertan en un contexto de intensa judicialización a personas
que cumplen un rol relevante en la vida pública y contribuyen al debate
democrático en Guatemala. A juicio del Estado, el hecho de que existan diversas
acciones legales interpuestas contra comunicadores –en algunos casos iniciadas
por particulares– se enmarca dentro de los derechos constitucionalmente
garantizados.
Frente a las consideraciones expuestas, esta
Oficina recuerda que el sistema interamericano de derechos humanos protege de
manera reforzada los discursos de interés general y sobre conductas de
funcionarios públicos ya que resultan indispensables en una sociedad plural
para ejercer el control público sobre los actos de gobierno y administración.
Ello implica, según sostuvo la Corte Interamericana, que la respuesta punitiva del Estado mediante
el derecho penal no es convencionalmente procedente en estos casos. La
Relatoria ha informado al Estado que está haciendo seguimiento de los procesos
judiciales contra periodistas por hechos que puedan tener relación con su labor
y aquellos que investigan violencias contra la prensa, incluyendo los
referenciados en este comunicado.
Asimismo, la CIDH y la Corte Interamericana han enfatizado que una prensa independiente y
crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás
libertades que integran el sistema democrático y el Estado de Derecho. Sobre
este punto, la Declaración de Principios sobre Libertad de
Expresión de la CIDH
establece que la utilización del poder y recursos del Estado con el objetivo de
presionar y/o castigar a periodistas y medios de comunicación en función de sus
líneas informativas atenta directamente contra la libertad de expresión.
La Relatoría Especial hace un llamado al Estado
de Guatemala a redoblar sus esfuerzos para garantizar de forma plena y efectiva
los derechos a la libertad de expresión y de prensa. Es deber del Estado
generar las condiciones necesarias para que las y los periodistas puedan
realizar su trabajo en un entorno libre y seguro; y para que la sociedad en su
conjunto pueda estar informada y recibir la mayor cantidad y diversidad posible
de ideas y opiniones. Asimismo, a la luz de estas observaciones, la Relatoría estima
crucial que el Estado maximice sus esfuerzos para asegurar que cualquier
restricción a las libertades fundamentales de periodistas y comunicadores –ya
sea que involucre al poder público o a terceros– cumpla con estándares
internacionales de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
R196/22