Expertos regionales y de la ONU llaman a los Estados a
proteger las reuniones pacíficas durante situaciones de emergencia
GINEBRA, WASHINGTON D.C. (15 de septiembre de 2022) – Los Estados tienen la obligación de respetar y proteger las reuniones pacíficas durante las situaciones de crisis y de emergencia, instaron los expertos en derechos humanos de la ONU y regionales en una declaración conjunta.
En
el Día Mundial de la Democracia y en vísperas del Día Internacional de la Paz,
el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión
pacífica y de asociación, junto con expertos de la Comisión Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos
Humanos (OIDDH) de la OSCE, expresaron su preocupación por el creciente uso de
situaciones de crisis y declaraciones de estado de excepción para reprimir
reuniones pacíficas en todo el mundo. Los expertos pidieron a los Estados que
respeten, protejan y faciliten las reuniones pacíficas en tiempos de
emergencia.
"Los Estados
deben respetar en todo momento el derecho de las personas a reunirse y
comunicar sus quejas, expresar su oposición, cuestionar las políticas y
promover ideas. Sólo mediante la inclusión de la pluralidad de voces puede
prosperar la democracia y encontrarse soluciones más sostenibles a las crisis
actuales y emergentes", señalaron los expertos.
El mundo se enfrenta a
crisis agravadas por la intensificación de la inestabilidad política, los
problemas de seguridad y los conflictos armados, así como las emergencias
sanitarias y medioambientales. Ante estas emergencias, los Estados a menudo
perciben las reuniones como una amenaza y adoptan medidas indebidas para
reprimirlas y silenciar la disidencia, como ya destacó el Relator Especial de
la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación en su
reciente informe al Consejo de
Derechos Humanos.
En la declaración
conjunta, los expertos instaron además a los Estados a abstenerse de
estigmatizar a las personas que participan en las reuniones y de someter a activistas
a arrestos y detenciones arbitrarias, asesinatos y abusos sexuales, y de
emplear la violencia para reprimir las protestas pacíficas.
Los expertos
subrayaron que los Estados deben garantizar que las restricciones a las
reuniones pacíficas se ajusten estrictamente al derecho internacional de los
derechos humanos, incluso cuando se declara el estado de excepción en
circunstancias excepcionales.
"Con demasiada
frecuencia, los gobiernos utilizan indebidamente los estados de excepción para
imponer restricciones indebidas al derecho a la libertad de reunión pacífica o
para violar los derechos de quienes participan en esas reuniones. Los Estados
tienen la clara obligación de proteger los derechos humanos fundamentales en el
contexto de las reuniones, incluso cuando se declara el estado de
excepción", dijeron los expertos.
Los expertos también
pidieron a los Estados que se abstuvieran de utilizar la fuerza ilegal o
desproporcionada, como así también de militarizar el control de las reuniones
pacíficas. Además, los Estados deben garantizar que las fuerzas del orden
reciben una formación acorde con las normas internacionales sobre el uso de la
fuerza y de las armas de fuego, incluido el uso de armas menos letales; y
asegurar una rápida y exhaustiva rendición de cuentas y la plena reparación de
todas las violaciones.
"Para fortalecer
la democracia y evitar las tendencias regresivas que conducen al aumento del
autoritarismo, los Estados deben hacer todo lo posible para proteger el derecho
de reunión pacífica, incluso en situaciones de emergencia", dijeron los
expertos.
"El derecho de
reunión pacífica es una libertad fundamental que fortalece las instituciones
democráticas y es esencial para la propia existencia de la democracia. La
sociedad civil, las y los activistas y los movimientos de protesta que reclaman
derechos deben ser tratados como amigos y no como enemigos", dijeron.
"Esto también es
vital para la construcción de la paz y la prevención de conflictos, ya que a
menudo la represión de las manifestaciones y la supresión de voces pueden
llevar a expresiones más violentas de descontento", indicaron.
La declaración
conjunta proporciona medidas clave para reforzar la protección de las reuniones
pacíficas en situaciones de emergencia y crisis.
FIN
* Los expertos: Sr.
Clément Voule, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de reunión y asociación; Hon. Rémy Ngoy Lumbu,
Presidente de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP)
y Relator Especial sobre los Defensores de los Derechos Humanos y Punto Focal
sobre Represalias en África; Sr.
Pedro Vaca, Relator Especial
para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), y Matteo Mecacci, Director de la Oficina de Instituciones Democráticas
y Derechos Humanos de la OSCE (OIDDH).
Para más información y solicitudes de los medios de comunicación, póngase en contacto con Hélène Pilloud ([email protected]) en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, equipo del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Reunión y Asociación Pacíficas; Flavia Daza ([email protected]) en la oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Anita Bagona ([email protected]) o ([email protected]) en la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP); Katya Andrusz ([email protected]) en la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE.
Los Relatores
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específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos
de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal
de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de
cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
La Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa
hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando
su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema
democrático.