Libertad de Expresión
Comunicado de prensa R211/22
La RELE condena el asesinato del
periodista Humberto Coronel en Paraguay y llama al Estado a reforzar las
medidas de prevención y protección a la prensa
22 de
septiembre de 2022
Washington
D.C. - La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del
periodista Humberto Andrés Coronel Godoy en la ciudad Pedro Juan Caballero,
capital del departamento de Amambay y en la frontera con Brasil. Esta Oficina
urge al Estado investigar el crimen de forma completa, efectiva e imparcial,
tomando en cuenta el trabajo informativo como un posible móvil del crimen, y
sancionar a quienes resulten responsables.
Según la
información disponible, el periodista Humberto Andrés Coronel Godoy fue
asesinado el 6 de septiembre de 2022 cuando se encontraba a punto de abordar su
automóvil frente a las instalaciones de la radio Amambay AM 570, en donde se desempeñaba como reportero. El
periodista también colaboraba para el medio Mbykymi Noticias. Los
reportes recibidos por esta Oficina indican que Humberto Coronel fue atacado
con ocho disparos de arma de fuego por parte de un sujeto desconocido que se
dio a la fuga. La fiscal
general del Estado indicó que el Ministerio Público se encuentra investigando
los hechos para esclarecer el crimen, y aseguró que ya se había conformado un
grupo de trabajo para ello. Asimismo, en este marco, desde la Fiscalía
anunciaron que ya se habría imputado a una persona por la posible autoría del
crimen.
De acuerdo a información pública, en los meses
pasados el periodista y su compañero de labores Gustavo Báez habían denunciado
amenazas de muerte ante la Policía, que podrían estar relacionados con sus
coberturas sobre crimen organizado en la zona. En ese momento, hicieron referencia
a un mensaje que habían dejado en la puerta de la vivienda de Báez, donde se lo
señalaba de "saber muchas cosas". La información reportada a la RELE indica que
las autoridades habrían ofrecido custodia policial a los periodistas, que
habría sido aceptada por Gustavo Báez pero rechazada por Humberto Coronel; y
que la custodia policial asignada solía hacer guardias afuera de las
instalaciones del medio. La Fiscalía General de la
República de Paraguay
informó que los dos agentes policiales encargados de la seguridad del sitio
donde se produjo el asesinato serán investigados ya que "no se encontraban
cerca del periodista al momento del ataque".
Tras el asesinato, la fiscal Katia Uemura –por
entonces responsable del caso– manifestó públicamente que no podía atribuirse
responsabilidad a la Policía ni a la Fiscalía pues "una persona amenazada
directamente debe resguardarse" y "no estar regalándose", haciendo referencia a
la supuesta negativa del reportero de aceptar medidas de protección. Según pudo
conocer esta Oficina, la fiscal Uemura habría sido apartada de la
investigación. La Relatoría encuentra particularmente preocupante este tipo de
señalamientos, que tienen el potencial de generar nuevos actos de violencia e
incrementar el riesgo inherente a la función periodística. En este sentido, la
Relatoría Especial también ha señalado que dentro de la obligación de
prevención del Estado se encuentran la obligación de adoptar un discurso
público que se abstenga de estigmatizar a periodistas y, en cambio, reconozca
el rol fundamental que cumplen en sociedades democráticas. No obstante las
consideraciones anteriores, la Relatoría valora positivamente el pedido de
disculpas de parte de la fiscal, quien manifestó que se había expresado de
forma errónea y reconoció su respeto a la labor de las y los trabajadores de
prensa y periodistas.
Organizaciones de la sociedad civil y
asociaciones de periodistas han denunciado que la ciudad de Pedro Juan Caballero es una
de las más peligrosas del país para ejercer el periodismo por las redes del
crimen organizado que operan en esta zona. En este contexto, la RELE también
fue informada de que en mayo pasado habría sido asesinado el alcalde de Pedro
Juan Caballero, cuya familia sería propietaria de la radio en donde trabajaba
Humberto Coronel. Asimismo, esta Oficina tuvo conocimiento de que el periodista
Gustavo Báez señaló públicamente que analiza la posibilidad de abandonar el
país junto a su familia, luego del asesinato de su compañero de trabajo y del
clima de amenazas e inseguridad para ejercer la profesión. La Relatoría estima crucial que las
autoridades tomen de forma urgente las medidas pertinentes para proteger la
vida e integridad personal de Gustavo Báez.
La
Relatoría reitera que el asesinato de periodistas y comunicadores constituye,
además de una violación al derecho de la vida, el atentado más grave a la
libertad de expresión y una forma de censura directa. Esta Oficina urge al
Estado a investigar los hechos
de forma celera, con la independencia e imparcialidad debida, y considerando el
ejercicio periodístico como móvil del crimen. En este sentido, esta Oficina ha
señalado anteriormente que "la existencia de un marco institucional adecuado
resulta crucial para que el Estado pueda investigar, juzgar y sancionar
penalmente los crímenes contra periodistas" y que, en este sentido, el Estado
tiene la obligación de "asignar la responsabilidad de investigar y juzgar estos
delitos a las autoridades que están en mejores condiciones para resolverlos y
que cuenten con autonomía e independencia para actuar". Por otra parte, la CIDH y la Corte Interamericana han insistido en que la obligación de
investigar exige a los Estados agotar las líneas lógicas de investigación
vinculadas a la libertad de expresión, ya que lo contrario disminuye las
posibilidades de conseguir justicia efectiva por el crimen.
Frente a las consideraciones previas, la
Relatoría hace un llamado al Estado a incrementar sus esfuerzos para prevenir
la violencia contra la prensa. Tal como ha sido señalado previamente, esta
obligación resulta particularmente importante en lugares en los que existe un
riesgo de que se produzcan estos hechos y en situaciones concretas en que las
autoridades saben o deberían haber sabido que hay un riesgo real e inmediato de
que se cometan tales delitos.
La
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la
defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión,
considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del
sistema democrático.
R211/22