Libertad de Expresión
Comunicado de prensa R245/22
La RELE
registra la cifra más alta de asesinatos contra periodistas en las Américas
desde 1998, y llama a los Estados de la región a promover políticas integrales
de prevención, protección y procuración de justicia
2 de noviembre de 2022
Washington D.C. - En el Día Internacional para Poner
Fin a la Impunidad de
los Crímenes contra Periodistas, la Relatoría Especial para la Libertad de
Expresión de la CIDH condena el incremento de violencia contra periodistas y
llama a los Estados de la región a promover políticas integrales de prevención,
protección y procuración de justicia para abordar este fenómeno, considerando
el rol central que cumple la prensa en sociedades democráticas.
En 2022, al menos 37 periodistas, pertenecientes a
10 de los 35 Estados Miembro de la OEA que la Relatoría monitorea, han sido
asesinados en las Américas por motivos que podrían estar vinculados a su
profesión, según reportes de organizaciones internacionales y locales que
trabajan en defensa de la libertad de
prensa. Esta se convierte en la cifra más alta registrada por la RELE en los
últimos 24 años, desde la publicación de su primer informe anual en 1998. Al
respecto, la Relatoría alerta sobre esta escalada de violencia contra
periodistas, llama a la reflexión y a la concientización respecto de las graves
implicancias que esto tiene, y reitera que el asesinato de periodistas y
comunicadores constituye la forma más extrema de censura y no puede ser
tolerado en sociedades democráticas.
Como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
sostenido, el periodismo representa una de las manifestaciones más importantes
de la libertad de expresión. En contextos de erosión democrática como los que
hoy se enfrenta gran parte de la región, la prensa no sólo es un medio crucial para
mantener a la ciudadanía informada sobre asuntos de relevancia pública y
oxigenar el debate público, sino que además cumple un rol de defensa y
promoción de la libertad de expresión y los derechos humanos. Debido a este
lugar central que tienen en las sociedades, la Comisión y la Corte han
entendido que los actos de violencia contra periodistas no sólo afectan el
derecho a la vida y a la integridad personal, sino también el derecho a la
libertad de expresión en su faceta individual y colectiva, en tanto impiden que
la ciudadanía pueda recibir información relelevante y de interés público. Tanto
la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración de Derechos de los
Derechos y Deberes del Hombre como la Carta Democrática Interamericana
reconocen estos derechos como elementos básicos para la vida en democracia.
La RELE reconoce que, en algunos países de la
región, el fenómeno de violencia contra periodistas está asociado en gran parte
al aumento de grupos violentos de delincuencia organizada, que frecuentemente
tienen mayor incidencia en zonas alejadas de los grandes centros urbanos, o en
ciudades fronterizas. Como señala el informe "Zonas silenciadas:
Regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión", en aquellas regiones en las que las organizaciones
criminales tienen una fuerte presencia, los periodistas están en medio del
fuego cruzado y, en muchas ocasiones, para salvaguardar la vida o la integridad
física, e incluso para mantenerse en la profesión, deben alinearse a los
intereses de algún poder, lo que supone dejar de informar y guardar silencio.
Pese a los esfuerzos de muchos Estados del hemisferio para poner freno a esta
escalada de violencia contra periodistas y trabajadores de medios de
comunicación, la Relatoría Especial continúa documentando año tras año elevadas
cifras de asesinatos y observa que persisten retos importantes –algunos de
ellos, de carácter estructural– para asegurar que exista justicia efectiva y
una reparación adecuada a las víctimas.
En el Día para poner fin a la impunidad de los
crímenes contra periodistas, la Relatoría honra la valentía y el compromiso con
la profesión de las y los periodistas asesinados en el ejercicio de su
profesión; y reafirma la importancia y la urgencia de que los Estados
desplieguen sus máximos esfuerzos para generar un entorno libre de violencias
para la prensa, así como las condiciones necesarias para que desarrollen su
labor de forma libre, independiente y segura. Como ha sostenido reiteradamente
la jurisprudencia interamericana, la impunidad –entendida como la falta en su
conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena–
propicia la repetición crónica de violaciones de derechos humanos y la total
indefensión de las víctimas y sus familiares; y, en los casos de crímenes
contra periodistas, propicia el silenciamiento y la autocensura generalizada de
la prensa.
Asimismo, la RELE considera crucial que, en las
acciones emprendidas para prevenir, proteger, investigar, juzgar y sancionar
los crímenes contra la prensa, los Estados atiendan las necesidades y riesgos
específicos que sufren las mujeres periodistas en razón de género. Como ya ha
sido resaltado anteriormente por la CIDH y su Relatoría, las construcciones sociales de género y la
discriminación histórica hacia las mujeres determinan que los patrones de
violencia que persisten en la región contra la prensa tengan particularidades
y/o un impacto diferenciado en las periodistas y trabajadoras de medios de
comunicación.
Finalmente, esta Oficina reitera que no hay nada más
permisivo a la repetición de las violencias contra la prensa que la ausencia de
una reacción institucional contundente y nada más alentador y tranquilizante
para las personas que ejercen violencia que la impunidad de los crímenes contra
periodistas.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de
pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación
y el desarrollo del sistema democrático.
R245/22