Libertad de Expresión
Comunicado de prensa R268/22
La
Relatoría Especial condena el asesinato del periodista Wilder Alfredo Córdoba e insta al Estado de Colombia
a redoblar sus esfuerzos para prevenir la violencia contra la prensa
2 de
diciembre de 2022
Washington,
D.C. - La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del
periodista Wilder Alfredo Córdoba en La Unión, departamento de Nariño; e insta
a las autoridades colombianas a investigar los hechos con celeridad y de manera
completa, efectiva e imparcial, tomando en consideración la labor periodística
como un posible móvil del crimen.
De
acuerdo a la información disponible, el 28 de noviembre, el periodista y líder
social Wilder Alfredo Córdoba, de 35 años, fue víctima de un ataque armado por
parte de sujetos desconocidos, que le dispararon al menos tres veces mientras
se movilizaba en su motocicleta, en una zona rural de la localidad de La Unión.
Según la información recibida, Wilder Alfredo Córdoba era reconocido a nivel
local por sus coberturas sobre inseguridad y asuntos vinculados a la
administración municipal a través del canal La
Unión TV, el cual dirigía, y de su
perfil personal de Facebook. La Fiscalía General de la Nación de Colombia informó que habían tenido conocimiento de la muerte
del periodista y líder social, y que la "Unidad Especial de Investigación
destacó a equipo de fiscales e investigadores para adelantar actos urgentes y
esclarecer los hechos". Asimismo, el secretario de gobierno de la Gobernación
del departamento de Nariño condenó los hechos y exhortó a las autoridades a
"agilizar las tareas investigativas para dar, de manera oportuna, con los
autores de este hecho". Por otra parte, desde la Alcaldía Municipal de La Unión
ofrecieron una recompensa económica a cambio de información que pueda
conducir a la identificación de las personas responsables del asesinato.
El caso de Wilder Alfredo Córdoba constituye
el cuarto asesinato reportado por esta Oficina en lo que va de 2022. Anteriormente,
la Relatoría Especial se pronunció sobre el crimen de los periodistas Leiner Enrique Montero, Dilia Contreras y Rafael Emiro Moreno
Garavito. Esta
Oficina señala que todos los asesinatos reportados este año se ubican en
territorios alejados de la capital, donde el impacto que estos hechos tienen
para la libertad de expresión y de prensa es mayor pues afectan
significativamente la subsistencia del periodismo local y comunitario, y por
ende las posibilidades de la sociedad de recibir información y mantenerse
informada sobre asuntos de interés público.
El Estado ha señalado
que está comprometido con el respeto de la libertad de expresión, la libertad
de prensa y el acceso a la información pública. En este sentido, informó que se
encuentra fortaleciendo los mecanismos de prevención y protección de
periodistas, en concertación con organizaciones de la sociedad civil. Al
respecto, indicó que el Ministerio del Interior se encuentra trabajando un plan
de emergencia que se compone de seis ejes, con líneas de acción de corto y
mediano plazo. Adicionalmente, el Estado informó que, entre enero y octubre de
2022, la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha protegido a 164 periodistas.
La
Relatoría recuerda que, conforme a estándares internacionales de derechos
humanos, los Estados tienen el deber de investigar de manera efectiva los
crímenes contra periodistas, juzgar y sancionar a sus autores. Al respecto, la
Corte Interamericana ha destacado la importancia que reviste la obligación de
debida diligencia de las autoridades en las investigaciones penales sobre
asesinatos de periodistas, ya que una investigación que no pondere aspectos
vinculados con el contexto en el que ocurrieron, la actividad profesional del
reportero y patrones de violencia contra periodistas tendrá menos posibilidades
de conseguir resultados. Sobre este punto, además, la Relatoría Especial ha
sostenido que la práctica de
no agotar la línea de investigación relacionada con el oficio periodístico no
sólo obstaculiza la procuración de justicia, sino que además es un factor para
la impunidad de los crímenes contra la prensa.
Frente a
las consideraciones previas, esta Oficina reitera su llamado al Estado
colombiano a redoblar sus esfuerzos para prevenir la violencia contra
periodistas. Asimismo, recuerda que esta obligación se acentúa ante situaciones
o zonas en las cuales existe o se ha detectado un riesgo especial para los
periodistas trabajadores de medios de comunicación. Como resalta el informe "Zonas silenciadas: regiones de alta peligrosidad para
ejercer la libertad de expresión", en
muchas ocasiones el fenómeno de violencia contra periodistas se acentúa en
zonas fronterizas o de tránsito, en departamentos del interior del país y en
zonas rurales o alejadas de los grandes centros urbanos. A fin de evitar que se
consoliden zonas silenciadas y para enfrentar las que ya existen, es necesario
que los Estados se comprometan con la creación de un ambiente favorable al
ejercicio de la libertad de expresión, el cual sólo podrá lograrse si existe
una política integral de protección, prevención y procuración de justicia.
La
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la
defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión,
considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del
sistema democrático.
R268/22