Comunicado de Prensa 27/00
EL RELATOR ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION CONDENA LOS SERIOS ATAQUES A
LA PRENSA PERUANA
El Relator Especial para la Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de
Estados Americanos (OEA), Santiago A. Canton, expresa su condena por el ataque
perpetrado contra el periodista Fabián Salazar, colaborador del diario La
República. De acuerdo a la información recibida, Salazar fue torturado por
desconocidos que ingresaron en sus oficinas el día 24 de mayo. Los atacantes
hirieron de gravedad con una sierra la mano del periodista y se apoderaron de
material periodístico, parte de su archivo, así como también del disco rígido
de su computadora. Finalmente, los agresores intentaron quemar las oficinas
para simular un accidente.
Según el señor Salazar, en los días
anteriores había recibido información "demasiado comprometedora para este
gobierno," por cuanto vinculaba a funcionarios del máximo organismo electoral
con personas relacionadas a los servicios de inteligencia. Asimismo, el señor
Salazar es colaborador del señor Baruch Ivcher, ciudadano peruano, al que
según la CIDH se lo despojó arbitrariamente de su título de nacionalidad
quitándole efectivamente el control del Canal 2 de Televisión. La Relatoría
para la Libertad de Expresión exhorta a las autoridades peruanas a que hagan
todos los esfuerzos necesarios para investigar, juzgar y sancionar a los
responsables de este violento hecho.
Asimismo, son de suma
preocupación para la Relatoría las persistentes presiones judiciales de las
que está siendo víctima el diario El Comercio, uno de los principales medios
de comunicación independientes. El Relator Especial recibió información acerca
de las acciones judiciales contra este diario que podría afectar seriamente la
estabilidad empresarial y editorial del mismo. Al respecto, el Relator
Especial expresó en el Informe Anual que la limitación principal a la libertad
de expresión en Perú se encuentra en la existencia de un plan sistemático de
hostigamiento por parte de los servicios de inteligencia y fuerzas de
seguridad que han ido desde las amenazas y el descrédito personal hasta actos
que constituyen serias violaciones a los derechos humanos. A este plan
sistemático hay que sumarle la actitud pasiva del poder judicial, en cuanto no
investiga seria y efectivamente los abusos y crímenes contra periodistas y a
su vez la actitud activa del mismo, al ser utilizado como un mecanismo de
hostigamiento e intimidación contra los periodistas de investigación.
Tal como ha sido señalado en el reciente Informe Anual de la Relatoría para la
Libertad de Expresión, en el Perú no existen las garantías necesarias para el
ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresar ideas políticas de
oposición o críticas a la gestión del gobierno a través de los medios de
comunicación. Estos hechos se suman a un gran número de denuncias recibidas
por la Relatoría desde hace mas de un año. Estas denuncias incluyen, entre
otras, casos de persecución, hostigamientos, amenazas, persecución judicial,
campañas de desprestigio, actos de violencia y secuestros, en contra de
periodistas de investigación y políticos de oposición. Todos estos hechos
representan una situación en donde el libre ejercicio del derecho a la
libertad de expresión está siendo seriamente limitado. En las actuales
circunstancias, la Relatoría considera importante destacar que el libre
ejercicio del derecho al sufragio está siendo claramente restringido frente a
la información mayoritariamente parcializada que ha recibido la sociedad
peruana.
Washington, D.C.,25 de mayo de 2000