RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESION DEPLORA ASESINATO DE PERIODISTA EN COLOMBIA
Washington, D.C., 14 de enero de 2005. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, deplora el asesinato del periodista colombiano Julio Hernando Palacios Sáncheze insta a las autoridades colombianas a que se investigue este hecho y se sancione a los responsables. Julio Palacios era un periodista de radio en Cúcuta, en el departamento del Norte de Santander, que era conocido por sus referencias a asuntos de corrupción local.
De acuerdo a la información recibida, el Sr. Palacios fue asesinado en la mañana del 11 de Enero de 2005 mientras iba hacia su trabajo en la estación de radio. Dos individuos en una motocicleta lo interceptaron, le dispararon en el pecho y luego huyeron. El Sr. Palacios fue capaz de manejar hasta su hogar y de ahí fue llevado al hospital por un miembro de su familia donde falleció a las pocas horas.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Eduardo Bertoni, recuerda que el asesinato de periodistas es la forma más brutal de coartar la libertad de expresión. Tal como establece el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, “el asesinato y la amenaza a los comunicadores sociales violan los derechos fundamentales de las personas”. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que Colombia es parte, señala que los Estados tienen el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención. En este sentido, cabe señalar que el asesinato, secuestro, intimidación o amenaza a los comunicadores sociales tiene dos objetivos concretos. Por un lado, busca eliminar a aquellos periodistas que realizan investigaciones sobre abusos e irregularidades a fin de que las mismas no puedan concluirse y por otro, intenta ser una herramienta de intimidación dirigida a todas aquellas personas que realizan tareas de investigación. La investigación minuciosa, efectiva y rápida de tales crímenes es esencial para enviar un mensaje firme acerca que el Estado no tolera violaciones graves al derecho de Libertad de Expresión y para asegurar a los periodistas y demás que denuncian abusos, que pueden continuar haciéndolo con seguridad.
Finalmente, la Relatoría Especial insta al Estado colombiano a que se fortalezcan los mecanismos existentes para proteger a los comunicadores sociales para que puedan cumplir con su valiosa tarea de informar a la sociedad sin temores. Al respecto, recuerda el compromiso manifestado por los Jefes de Estado y de Gobierno durante la Tercera Cumbre de las Américas en cuanto a que: “...los Estados aseguren que los periodistas y los líderes de opinión tengan la libertad de investigar y publicar sin miedo a represalias...”