COMUNICADO DE PRENSA
R47/11
Washington D.C., 23 de mayo de 2011 — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Wilfred Ojeda Peralta, ocurrido el martes 17 de mayo, y reconoce los pasos dados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) para investigar de manera inmediata las circunstancias del crimen. La Relatoría Especial encuentra fundamental que las autoridades emprendan investigaciones exhaustivas y diligentes para esclarecer los móviles de este crimen, sancionar a los responsables, garantizar que los familiares sean reparados y evitar la repetición de este tipo de hechos de violencia.
De acuerdo con la información recibida, Wilfred Ojeda fue encontrado asesinado en la madrugada del 17 de mayo en una zona apartada y solitaria del municipio de Revenga, estado Aragua, encapuchado, con las manos atadas y un disparo en la cabeza. Su vehículo apareció abandonado a varios kilómetros de ese lugar, en la localidad de Loma Lisa. El periodista había salido con normalidad de su casa el 16 de mayo y llamó a su familia durante la tarde, sin mostrar ninguna señal de alarma. No había denunciado amenazas en su contra ni advertido acerca de algún peligro. Agentes del CICPC iniciaron de inmediato una investigación del crimen.
Wilfred Ojeda, de 56 años, escribía una columna de opinión titulada "Dimensión Crítica" en el diario Clarín de La Victoria, estado Aragua, en la cual con frecuencia cuestionaba a autoridades estatales. Según la información disponible, Ojeda también era activista del opositor Partido Acción Democrática (AD) y años atrás había ocupado posiciones municipales y regionales en esa agrupación política.
Según lo informado a esta Relatoría Especial, los investigadores criminales analizan diversas hipótesis acerca de los motivos del crimen. En ese contexto, la Relatoría Especial solicita a las autoridades venezolanas no descartar la posibilidad de que el asesinato haya sido motivado por el trabajo periodístico del comunicador. El esclarecimiento de estos crímenes y la sanción a los responsables es un paso esencial para desincentivar la violencia y su impacto en derechos como la vida y la libertad de expresión.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión señala que el "asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".