COMUNICADO DE PRENSA
R81/11
RELATORÍA ESPECIAL CONDENA CRIMEN CONTRA PERIODISTA EN MÉXICO
Washington D.C. 29 de julio de 2011 – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de la periodista mexicana Yolanda Ordaz, que apareció muerta el 26 de julio en el municipio de Boca del Río, Veracruz. La Relatoría Especial solicita a las autoridades la realización de investigaciones prontas y diligentes para esclarecer el motivo del crimen, identificar y sancionar adecuadamente a los responsables, y nuevamente exhorta al Estado a implementar una política integral de prevención, protección y procuración de justicia ante el contexto de violencia que sufren periodistas y medios de comunicación en México.
De acuerdo con la información recibida, Yolanda Ordaz trabajaba como reportera de asuntos policíacos en el periódico Notiver de Veracruz. La misma había desaparecido desde el domingo 24 de julio, después de avisar a familiares que iba a cubrir una información. Su cuerpo fue encontrado decapitado detrás de las oficinas del periódico Imagen del Golfo y cerca de la radioemisora MVS.
Este es el segundo homicidio cometido contra periodistas de Notiver en un mes y el quinto contra comunicadores en México en 2011, que podrían estar relacionados con el ejercicio de la profesión. El pasado 20 de junio, el periodista Miguel Ángel López Velasco (conocido como Milo Vela), subdirector de Notiver, fue asesinado en su casa, en Veracruz, junto con su esposa y su hijo. En 2011 han sido reportados además: la desaparición y el posterior asesinato de Noel López Olguín, el 8 de marzo en Veracruz; los homicidios de Luis Ruiz Carrillo y José Luis Cerda Meléndez, el 25 de marzo en Monterrey; y la desaparición de Marco Antonio López Ortiz, el 7 de junio en Guerrero, cuyo paradero todavía es desconocido. En otros ataques contra medios de comunicación murieron la repartidora Maribel Hernández, el 31 de enero en Ciudad Juárez; y el ingeniero Rodolfo Ochoa Moreno, el 9 de febrero en Coahuila.
Asimismo, en su Informe Anual de 2007 la Relatoría Especial documentó que el 3 de mayo de ese año una cabeza humana fue arrojada en frente de la sede de Notiver con una nota que decía "este es un regalo para los periodistas, van a rodar más cabezas y Milo Vela lo sabe muy bien".
La Relatoría Especial manifiesta nuevamente su preocupación por los crímenes reportados y hace un llamado urgente a las autoridades para que fortalezcan a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, trasladen a la justicia federal las investigaciones de los crímenes contra comunicadores en aquellos casos que se requiera, e implementen adecuadamente los mecanismos de seguridad necesarios para proteger efectivamente la vida e integridad de las y los periodistas amenazados. Además, la Relatoría Especial insiste en que para impedir la impunidad de los crímenes cometidos así como la repetición de este tipo de hechos es imprescindible identificar a todos los responsables de los crímenes, juzgarlos, sancionarlos y adoptar medidas de reparación justas para los familiares de las víctimas.
Según la información disponible, los investigadores analizan diversas hipótesis acerca de los motivos del crimen. En ese contexto, la Relatoría Especial solicita a las autoridades mexicanas agotar con rigor y diligencia la hipótesis en virtud de la cual el asesinato pudo haber sido motivado por el trabajo periodístico de la comunicadora. El esclarecimiento de estos crímenes y la sanción a los responsables son un paso necesario para desincentivar la violencia, y su impacto en derechos como la vida y la libertad de expresión.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada".