Acceso a la Justicia para Mujeres víctimas de Violencia en las Américas

En mayo de 2011, la CIDH publicó un cuestionario sobre la situación de acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica. Este proyecto hace parte de las actividades de la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y se realiza en conjunto con UNFPA.

El cuestionario es de naturaleza subregional y fue preparado como parte del plan de ejecución del proyecto sobre la situación de acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia sexual en Mesoamérica (México y Centroamérica), con especial énfasis en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. A través del mismo, se busca diagnosticar los mayores logros y desafíos de los Estados respecto de la respuesta de la administración de justicia, y sus distintas instancias, a las denuncias y casos de violencia sexual.

La información que se reciba a través de este cuestionario será utilizada, entre otros insumos, para la elaboración de un informe temático de CIDH y UNFPA. El cuestionario ha sido enviado a los Estados Miembros de la OEA, organizaciones de la sociedad civil, agencias internacionales y expertos/as sobre el tema, y se ha publicado en la página Web de la CIDH para recibir las respuestas de quienes estén interesados o interesadas en enviar información.

Cuestionario en español

Durante 2005 y 2006, con apoyo financiero del gobierno de Finlandia, la Relatoría sobre derechos de las mujeres de la CIDH desarrolló una serie de actividades de recopilación de información, con la finalidad de obtener un panorama completo de los principales desafíos que las mujeres víctimas de violencia enfrentan cuando procuran acceder a recursos judiciales idóneos y efectivos.  Como parte de este proceso, la Relatoría organizó cinco reuniones de expertas y expertos regionales y subregionales en Washington, D.C. (19-20 de abril de 2005), Perú (1-2 de agosto de 2005), Costa Rica (11-12 de agosto de 2005), Argentina (12-13 de septiembre de 2005) y Jamaica (29-30 de septiembre de 2005).  Los talleres subregionales fueron organizados en colaboración con las siguientes entidades que trabajan en la protección de los derechos de las mujeres en las Américas y su derecho a vivir libres de violencia: el Instituto de Defensa Legal (Perú), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Argentina); el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (Costa Rica) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para las Mujeres (Jamaica).

Durante las reuniones, en las que participaron alrededor de 130 expertas y expertos, las y los participantes exploraron en profundidad el tema del acceso a la justicia desde diferentes puntos de vista, incluyendo la violencia contra las mujeres y la discriminación, la discriminación contra las mujeres dentro de la administración de la justicia, los resultados y lecciones aprendidas sobre estudios en el tema, el grado de impacto de los instrumentos legales internacionales y regionales, la necesidad de un acercamiento multisectorial para lograr un acceso efectivo y real, y la utilización del sistema interamericano.  Se identificaron y analizaron las barreras existentes para una adecuada protección judicial: barreras institucionales, presupuestarias, geográficas, culturales, lingüísticas y económicas, así como estrategias integrales y multidisciplinarias para eliminarlas.  Las y los participantes también identificaron recomendaciones específicas que la CIDH y la Relatoría pueden efectuar a los Estados Miembros de la OEA sobre la forma de abordar los continuos desafíos. 

• Programa de la reunión celebrada el 19 y 20 de abril de 2005 en Washington, DC
• Programa de la reunión celebrada el 1 y 2 de agosto de 2005 en Lima, Perú
• Programa de la reunión celebrada el 11 y 12 de agosto de 2005 en San José, Costa Rica
• Programa de la reunión celebrada el 12 y 13 de septiembre de 2005 en Buenos Aires, Argentina
• Programa de la reunión celebrada el 29 y 30 de septiembre de 2005 en Kingston, Jamaica (sólo disponible en inglés)

En 2005, la CIDH circuló un cuestionario a los Estados Miembros de la OEA, expertas y expertos de la sociedad civil, organismos internacionales y el sector académico. El objetivo fue recoger información sobre los mayores logros y desafíos en el acceso a la justicia de las mujeres en las Américas.  La información recogida se analizó en el informe sobre Acceso a la Justicia.

La CIDH recibió respuestas al cuestionario por parte de 23 Estados Miembros de la OEA: Antigua  y Barbuda, Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, los Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Venezuela.   Este cuestionario ha sido el más contestado en la historia de la CIDH. 

La Relatoría también recibió información y documentación relacionada con el cuestionario, por parte de una serie de organizaciones y expertas y expertos en el tema.  En este esfuerzo contribuyeron unidades del sistema interamericano como la Comisión Interamericana de  Mujeres (CIM) y el Centro de Justicia de las Américas (CEJA).  Asimismo se recibió información de Zarella Villanueva Monge, magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, de Emilse Ardaya, ministra de la Corte Suprema de Justicia en Asuntos Civiles de Bolivia, y de Maria Cristina Hurtado, Defensora Delegada para la Niñez, Mujer y Juventud de Colombia. 

Adicionalmente, presentaron información integrantes de diversas organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo, la American Civil Liberties Union (Estados Unidos); el Centro de Derechos Reproductivos (Estados Unidos); el Centro para los Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (México); el CLADEM – Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Uruguay); la Corporación Sisma Mujer (Colombia); la Fundación Pro Bono (Chile); FEIM - Fundación para el Estudio Investigación de la Mujer (Argentina); Human Rights Watch (Estados Unidos) y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (México).   También presentaron sus observaciones y/o documentación expertas en el tema como Verónica Undurraga, abogada y académica de la Universidad de Chile; Andrea Laura Gastrón, investigadora sobre temas de género y justicia en Argentina; y Nicole Silvestre.  

• Cuestionario en español (pdf)
• Cuestionario en inglés (pdf)
• Cuestionario en portugués (pdf)

El 7 de marzo de 2007, la Comisión hizo público su informe Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, elaborado por la Relatoría, el cual procura ofrecer un diagnóstico sobre los obstáculos principales que las mujeres enfrentan cuando intentan acceder a recursos, garantías y protecciones judiciales para remediar actos de violencia, incluyendo el problema de la impunidad, y formula conclusiones y recomendaciones a fin de que los Estados actúen con la debida diligencia requerida para ofrecer una respuesta judicial efectiva y oportuna ante estos incidentes.  El análisis de este informe comprende los resultados de un proceso de recopilación de información de una diversidad de sectores que incluyen la administración de la justicia, funcionarios y representantes del gobierno, la sociedad civil, el sector académico y mujeres de diferentes razas, etnias y condiciones socioeconómicas, llevado a cabo por la Relatoría con el apoyo financiero del gobierno de Finlandia. 

Fotos del evento realizado en Colombia para presentar el Informe sobre Acceso a la Justicia
Para ampliar las fotos, haga click sobre ellas

El informe concluye que no obstante el reconocimiento formal y jurídico de los Estados de la violencia contra las mujeres como un desafío prioritario, existe una gran brecha entre la incidencia y la gravedad del problema y la calidad de la respuesta judicial ofrecida.  Si bien la Comisión reconoce los esfuerzos de los Estados en la adopción de un marco jurídico y político para abordar la violencia contra las mujeres, aún persiste una enorme distancia entre la disponibilidad formal de ciertos recursos y su aplicabilidad efectiva.  Esta situación no sólo propicia una sensación de inseguridad, indefensión y desconfianza en la administración de justicia por parte de las víctimas, sino que este contexto de impunidad perpetúa la violencia contra las mujeres como un hecho aceptado en las sociedades americanas en menoscabo de sus derechos humanos.  En este informe, la Comisión formula conclusiones y recomendaciones a fin de que los Estados actúen con la debida diligencia para ofrecer una respuesta judicial efectiva y oportuna ante hechos de violencia contra las mujeres.

Igualmente, la Comisión presentó su informe Acceso a la Justicia el 7 de marzo de 2007 en Washington, D.C., con la participación de José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA); Víctor Abramovich, Comisionado, Segundo Vicepresidente, y Relator sobre Derechos de las Mujeres de la CIDH; Teresa Genta-Fons, Consejera Principal para América Latina y el Caribe de la División Legal del Banco Mundial; y Marianne Mollmann, Directora de Advocacy de la División de los Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch.

Más información:

• CIDH presenta informe sobre el Acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas
• Informe: Justicia fracasa en defender a mujeres víctimas de violencia: existe un patrón de impunidad y de discriminación

Entre marzo y abril de 2007, tras la publicación del informe Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, se publicó en periódicos de circulación nacional de varios países de la región este artículo de opinión, firmado por el entonces Relator sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH, comisionado Víctor Abramovich.

Artículo publicado en la Sección Opinión
de Clarín el 30 de mayo de 2007

Las mujeres víctimas de la violencia carecen de acceso efectivo a la justicia en América

Por Víctor Abramovich

Ana fue violada en un país de América. El agresor fue exonerado de toda culpa porque la justicia concluyó que ella consintió a la relación sexual. Ana, cuyo verdadero nombre nos reservamos, es una niña sordomuda de 12 años de edad. En otro país de la región, la familia de Silvia recurrió a la justicia por otro caso de violación. El tribunal concluyó que “las únicas víctimas” en el caso de violación “fueron los agresores sexuales, quienes no sabían que atacaban a una mujer con problemas mentales”. Estas sentencias son dos ejemplos del preocupante patrón de impunidad que rige en muchos países americanos para los casos de violencia contra las mujeres.

El informe Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, publicado recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, revela una situación alarmante en el continente. Muestra, por ejemplo, que policías, jueces, fiscales y otros funcionarios del Estado maltratan a las mujeres que fueron víctimas de violencia porque también ellos están influidos por los patrones socioculturales de discriminación prevalecientes en las sociedades americanas. El informe recoge ejemplos de funcionarios judiciales que culparon a las propias víctimas por lo que les sucedió, argumentando que fue por “su estilo de vida, por la ropa que usan, o por las horas en que están en la calle”, como si de alguna manera esto justificara asesinatos, violaciones y golpizas. Un ejemplo de esto fueron las declaraciones de autoridades que, al referirse a la crisis de asesinatos de mujeres en una ciudad, afirmaron que las víctimas “utilizaban minifaldas, salían de baile, eran ‘fáciles’ o prostitutas”. Los familiares de mujeres asesinadas en diversos países atestiguan que las autoridades los tratan con indiferencia y hasta hostilidad. Cuando mujeres golpeadas o violadas intentan denunciar los hechos, son maltratadas, estgimatizadas y humilladas socialmente.

Este tratamiento inaceptable también suele ocurrir con las mujeres víctimas de violencia doméstica, porque las fuerzas policiales y los sistemas judiciales suelen calificar estos casos como “problemas privados” o “asuntos pasionales” que deben ser resueltos sin la intervención del Estado. La discriminación de género en las dependencias estatales revictimiza a las mujeres, dejándolas sin ninguna instancia a la que recurrir en búsqueda de un remedio efectivo para situaciones muchas veces desesperantes. En muchos países también fracasa la función cautelar del Estado: muchas mujeres que acuden a las autoridades en búsqueda de protección porque fueron amenazadas, son igualmente asesinadas. En muchos casos sufren agresiones mortales pese a contar  con  órdenes judiciales que disponen su protección. Estos homicidios podrían ser evitados si las autoridades encargadas hicieran correctamente su trabajo y dispusieran las medidas adecuadas.

Si bien muchos países han avanzado en la adopción de legislación específica sobre el tema, el Informe exhibe una brecha entre las leyes y el acceso efectivo de las victimas a medidas y políticas efectivas de protección. Así, entre los múltiples obstáculos que las mujeres enfrentan para acceder a la justicia, el Informe menciona la carencia de unidades especializadas y capacitadas en las fiscalías, los tribunales y la policía; la inexistencia de instancias judiciales en zonas rurales, pobres y marginadas, así como la falta de abogados de oficio para representar y defender a mujeres con escasos recursos financieros. A la discriminación de género se suma, en el caso de las mujeres afrodescendientes y las mujeres indígenas, el problema del racismo en las estructuras estatales.
 
La gravedad de la situación amerita un grito de alarma. La incapacidad de los sistemas judiciales de numerosos países de América para brindar protección accesible,  adecuada y efectiva, así como el patrón de impunidad existente, propician la perpetuación de la violencia contra las mujeres como un hecho socialmente aceptado en gran parte de la región. Esto debería motivar una reacción urgente por parte de los Estados, orientada a mejorar el funcionamiento de sus sistemas de justicia y a profundizar sus políticas de igualdad, a fin de cumplir con el deber de asegurar a todas las mujeres el derecho a vivir libres de violencia.