Medidas Cautelares otorgadas

Resolución No. 38/22
MC 506-22  - Rusia Evelyn Pinto Centeno , Nicaragua

El 31 de julio de 2022, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Rusia Evelyn Pinto Centeno respecto a Nicaragua, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua. La solicitud de medidas cautelares alega que la propuesta beneficiaria, quien es identificada como opositora al actual gobierno nicaragüense, se encontraría privada de su libertad en el Centro Penitenciario Integral para Mujeres La Esperanza en condiciones inadecuadas de detención y sin recibir la atención medica necesaria a su salud. Asimismo, señalan que la propuesta beneficiaria estaría siendo objeto de una vigilancia permanente, así como de tratos estigmatizantes y discriminatorios por parte de agentes penitenciarios. De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a Nicaragua que:

  1. adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Rusia Evelyn Pinto Centeno;?
  2. adopte las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de la señora Rusia Evelyn Pinto Centeno sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, entre ellos: i. tener contacto con sus abogados y representantes legales; ii. se garantice que no sea objeto de trato discriminatorio y estigmatizante dentro del centro penitenciario; iii. se realice, inmediatamente, una valoración médica imparcial y especializada sobre su situación actual de salud, incluyendo efectuar los exámenes médicos necesarios para determinar su estado de salud; iv. se le otorgue los tratamientos y medicamentos necesarios y prescritos por el personal de salud competente; y v. se valore, a la luz de las condiciones de detención y salud de la propuesta beneficiaria, el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de la libertad;
  3. concierte las medidas a adoptarse con la propuesta beneficiaria y sus representantes; y?
  4. informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

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Resolución No. 27/22
MC 266-22 - José Alejandro Quintanilla Hernández y núcleo familiar , Nicaragua

El 22 de junio de 2022, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de José Alejandro Quintanilla Hernández y su núcleo familiar, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. La solicitud de medidas cautelares alega que el propuesto beneficiario, quien es identificado o percibido como opositor político al actual gobierno nicaragüense, se encuentra privado de libertad desde el 23 de agosto de 2021 y no ha recibido atención atención médica oportuna. De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a Nicaragua:

  1. adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de José Alejandro Quintanilla Hernández y a su núcleo familiar;
  2. asegure que sus condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, lo que incluya, entre otros: i. se garantice el contacto regular con sus familiares y abogados; ii. tomando en cuenta la situación de riesgo a la vida, integridad personal y salud, se realice, inmediatamente, una valoración médica imparcial y especializada sobre su situación actual de salud; iii. se otorgue los tratamientos y medicamentos prescritos al propuesto beneficiario por el personal de salud competente;
  3. concierte las medidas a adoptarse con los propuestos beneficiarios y sus representantes;
  4. informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.

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Resolución No. 26/22
MC 66-22, 135-22 - José Antonio Peraza Collado, Roger Abel Reyes Barrera e Irving Isidro Larios Sánchez y sus respectivos núcleos familiares , Nicaragua

El 20 de junio de 2022, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de José Antonio Peraza Collado, Roger Abel Reyes Barrera e Irving Isidro Larios Sánchez respecto a Nicaragua, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua. Las solicitudes de medidas cautelares alegan que los propuestos beneficiarios, quienes son identificados como opositores al actual gobierno nicaragüense, se encontrarían privados de su libertad en la Dirección de Auxilio Judicial conocida como "El Nuevo Chipote" en condiciones inadecuadas de detención y sin recibir la atención medica necesaria a su salud. Asimismo, señalan que los propuestos beneficiarios estarían siendo objeto de actos de intimidaciones y hostigamientos por parte de agentes estatales, situación que también afectaría a sus familiares. De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a Nicaragua que:

  1. adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las personas propuestas como beneficiarias;
  2. adopte las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de las personas propuestas como beneficiarias sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, entre ellos: i. se garantice que no sean objeto de amenazas, intimidaciones, hostigamientos o agresiones dentro del centro penitenciario; ii. se garantice acceso a atención médica adecuada y especializada, y se realice inmediatamente una valoración médica especializada sobre la situación de salud de cada uno; y iii. se otorgue los tratamientos y medicamentos necesarios para tratar sus respectivos padecimientos;
  3. concierte las medidas a adoptarse con las personas propuestas como beneficiarias y sus representantes; y
  4. informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

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Resolución No. 25/22( AMPLIACIÓN )
MC 819-18 - Yubrank Miguel Suazo Herrera, Nicaragua

El 13 de junio de 2022, la CIDH decidió ampliar las medidas cautelares a favor de Yubrank Miguel Suazo Herrera. La solicitud indica que Suazo fue detenido y trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como el Nuevo Chipote, en mayo de 2022; en dicha ocasión también el padre había sido agredido. La Comisión valoró que la detención se produjo haciendo uso de la violencia y que luego se negó información sobre la razón de esta y el paradero de Suazo. Además, familiares y abogados no han tenido acceso a información sobre la situación que les permita iniciar los recursos necesarios.?

Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por la representación, la Comisión consideró que el beneficiario se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos enfrentan un riesgo de daño irreparable, desde el estándar prima facie aplicable. Por consiguiente, con base en el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicita al Estado de Nicaragua que:

  1. adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal del señor Yubrank Miguel Suazo Herrera. En particular, el Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten los derechos del beneficiario de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como en relación con actos de riesgo atribuibles a terceros;
  2. con el fin de verificar su situación, se facilite el acceso al señor Suazo Herrera a sus representantes legales y a sus visitas familiares de conformidad con los estándares aplicables;
  3. concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y
  4. informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar.

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Resolución No. 23/22
MC 212-21 - Samuel Mauricio Mairena Rocha, Nicaragua

El 30 de mayo de 2022, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Samuel Mauricio Mairena Rocha, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. La solicitud de medidas cautelares alega que el propuesto beneficiario, quien es identificado o percibido como opositor político al actual gobierno nicaraguense, se encuentra en una situación de riesgo debido a que está siendo objeto de amenazas, hostigamientos y vigilancia por agentes estatales y paraestatales desde el 2018 a la fecha. De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a Nicaragua:

  1. adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Samuel Mauricio Mairena Rocha. A tales efectos, el Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal del propuesto beneficiario, como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos;
  2. concierte las medidas a adoptarse con el propuesto beneficiario y sus representantes;
  3. informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.

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Resolución No. 21/22
MC 145-22 - Yoel Ibzán Sandino Ibarra, Nicaragua

El 5 de mayo de 2022, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Yoel Ibzán Sandino Ibarra, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. La solicitud de medidas cautelares alega que el propuesto beneficiario, quien es identificado o percibido como opositor político al actual gobierno nicaraguense, se encuentra privado de libertad desde el 5 de noviembre de 2021 y no ha recibido atención atención médica oportuna. De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a Nicaragua:

  1. adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Yoel Ibzán Sandino Ibarra;
  2. asegure que sus condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, lo que incluya, entre otros: i. tener contacto con sus familiares y abogados; ii. tomando en cuenta la situación de riesgo a la vida, integridad personal y salud, se realice, inmediatamente, una valoración médica imparcial y especializada sobre su situación actual de salud; iii. se otorgue los tratamientos y medicamentos que tendría prescritos el propuesto beneficiario;
  3. concierte las medidas a adoptarse con las personas propuestas como beneficiarias y sus representantes;
  4. informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.

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Resolución No. 17/22
MC 1169-21 - Lázaro Ernesto Rivas Pérez, Nicaragua

El 20 de diciembre de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ("la Comisión Interamericana", "la Comisión" o "la CIDH") recibió una solicitud de medida cautelar presentada por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más ("la organización solicitante") instando a la Comisión que requiera al Estado de Nicaragua ("el Estado" o "Nicaragua") la adopción de las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud del señor Lázaro Ernesto Rivas Pérez ("el propuesto beneficiario"). Según la solicitud, el propuesto beneficiario, quien es identificado o percibido como opositor político al actual gobierno nicaragüense, se encuentra privado de libertad desde el 29 de julio de 2020 en condiciones inadecuadas y sin atención a su salud.

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Resolución No. 9/22( AMPLIACIÓN )
MC 505-15 - Indígenas de las Comunidades Musawas, Suniwas y Wilú del Territorio Mayangna Sauni As en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, Nicaragua

El 13 de febrero de 2022, la CIDH decidió ampliar medidas cautelares a favor de?Indígenas de las Comunidades Musawas, Suniwas y Wilú del Territorio Mayangna Sauni As en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, en Nicaragua.?La solicitud alegó que los pobladores de las comunidades identificadas son objeto de amenazas, intimidaciones y eventos de violencia en la Costa Caribe en un contexto donde queda pendientes procesos de saneamientos frente a la presencia de colonos en territorios indígenas.?Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la CIDH considera que la información presentada demuestra prima facie que los beneficiarios se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó a Nicaragua que:

  1. adopte las medidas necesarias, y culturalmente adecuadas, para salvaguardar la vida y la integridad personal de los indígenas de las Comunidades Musawas, Suniwas y Wilú del Territorio Mayangna Sauni As en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte;
  2. concierte las medidas a implementarse con los beneficiarios y sus representantes; y
  3. informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de las presentes medidas cautelares y así evitar su repetición.

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Resolución No. 8/22
MC 564-21 - Martha del Socorro Ubilla, Marlon Antonio Castellón Ubilla y Marvin Antonio Castellón Ubilla, Nicaragua

El 13 de febrero de 2022, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Martha del Socorro Ubilla, Marlon Antonio Castellón Ubilla y Marvin Antonio Castellón Ubilla respecto a Nicaragua, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua. La solicitud de medidas cautelares alega que las personas propuestas beneficiarias, quienes son identificados como opositores al actual gobierno nicaragüense, estarían siendo amenazadas y estarían sufriendo agresiones, hostigamientos y detenciones arbitrarias, por parte de autoridades estatales y paraestatales. Asimismo,?señala que el propuesto beneficiario Marvin Antonio Castellón Ubilla se encontraría privado de su libertad, donde estaría siendo objeto de amenazas y agresiones aunado a las condiciones inadecuadas de detención. De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a Nicaragua que:

  1. adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Martha del Socorro Ubilla, Marlon Antonio Castellón Ubilla y Marvin Antonio Castellón Ubilla. A tales efectos, el Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de las personas beneficiarias, como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos y con la incorporación de una perspectiva de género;
  2. adopte las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de los señores Marvin Antonio Castellón Ubilla sean compatibles con los estándares internacionales aplicables;
  3. concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y,
  4. informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

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Resolución No. 7/22
MC 217-21 - William Alfredo Balmaceda Ubieta y su núcleo familiar, Nicaragua

El 8 de febrero de 2022, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de William Alfredo Balmaceda Ubieta y su núcleo familiar respecto a Nicaragua, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua. La solicitud de medidas cautelares alega que el propuesto beneficiario, identificado o percibido como opositor político en el contexto actual de Nicaragua, estaría siendo objeto de actos de amenazas, agresiones, hostigamiento y vigilancia por parte de agentes estatales y paraestatales. De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a Nicaragua que:

  1. adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de William Alfredo Balmaceda Ubieta y su núcleo familiar. A tales efectos, el Estado debe tanto asegurar que sus agentes respeten la vida e integridad personal de las personas beneficiarias, como proteger sus derechos en relación con actos de riesgo que sean atribuibles a terceros, de conformidad con los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos;
  2. concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; y,
  3. informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

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Resolución No. 1/22
MC 1088-21 - Edgar Francisco Parrales Castillo , Nicaragua

El 12 de enero de 2022, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Edgar Francisco Parrales castillo, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua. La solicitud de medidas cautelares alega que el propuesto beneficiario, identificado o percibido como opositor político en el contexto actual de Nicaragua, está privado de libertad desde el 22 de noviembre de 2021, se encuentra en situación de incomunicación con sus familiares o abogados, padece de enfermedades graves y no ha recibido atención médica oportuna. De acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a Nicaragua que:

  1. adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Edgar Francisco Parrales Castillo;
  2. asegure que sus condiciones de detención sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, lo que incluya, entre otros: i. tener contacto con sus familiares y abogados defensores; ii. tomando en cuenta la situación de riesgo a la vida, integridad personal y salud como resultado de las circunstancias que rodean su privación de libertad actual y su situación de salud, se realice, inmediatamente, una valoración médica imparcial y especializada sobre su situación actual de salud; iii. se otorgue los tratamientos y medicamentos que tendría prescritos el propuesto beneficiario, y iv. se evalúe, inmediatamente, la posibilidad del otorgamiento de medidas alternativas a la privación de la libertad, atendiendo su situación de salud, de conformidad con su normativa interna y a la luz de los estándares interamericanos aplicables; y,
  3. informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente resolución y así evitar su repetición.

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