Anexo al Comunicado de Prensa 28/11 sobre el 141o Período de Sesiones de la CIDH

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Anexo al Comunicado de Prensa 28/11 sobre el 141o Período de Sesiones de la CIDH

1 de abril de 2011

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Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 141º período ordinario de sesiones del 21 de marzo al 1 de abril de 2011. La CIDH está integrada por Dinah Shelton, Presidenta; José de Jesús Orozco Henríquez, Primer Vicepresidente; Rodrigo Escobar Gil, Segundo Vicepresidente; las Comisionadas Luz Patricia Mejía y María Silvia Guillén, y los Comisionados Felipe González y Paulo Sérgio Pinheiro. El Secretario Ejecutivo es Santiago A. Canton.

Durante el 141º período de sesiones se celebraron 44 audiencias y 29 reuniones de trabajo. Asimismo, se aprobaron 68 informes sobre casos y peticiones individuales: 15 de admisibilidad, 4 de inadmisibilidad, 4 de solución amistosa, 11 de fondo, 4 decisiones de publicación de informe de fondo, y 34 informes de archivo. Las audiencias y los informes reflejan algunos de los problemas estructurales en materia de derechos humanos que aún persisten en la región. Se refieren al respeto al derecho a la vida y la integridad personal, las garantías del debido proceso y la protección judicial, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, así como la situación de los derechos de los niños, de los migrantes, de los defensores y las defensoras de derechos humanos, de los pueblos indígenas, de los Afrodescendientes, de las mujeres, de las personas privadas de libertad y de la población LGBTI, entre otros asuntos. Durante las sesiones, la CIDH también adoptó la Resolución 1/2011.

En este Período de Sesiones, la Comisión adoptó la decisión de dar un énfasis temático especial a los derechos de las personas lesbianas, gays, transgénero, bisexuales e intersexuales (LGTBI). La Comisión está profundamente preocupada por la información que ha recibido durante los últimos años sobre la discriminación de jure y de facto contra estas personas, sus efectos en todos los ámbitos de su vida y, en particular, los intolerables niveles de violencia a los que están sujetas en Estados del continente. Durante los próximos meses la Comisión se dedicará a estudiar diversos ángulos de dicha discriminación y sus efectos y ha aceptado la exhortación hecha por la Asamblea General de la OEA de junio de 2010 para elaborar informes sobre el estado de los derechos de las personas LGTBI en la región. Asimismo, en ejercicio de sus funciones, la CIDH continuará tramitando casos y ofreciendo su asesoría a los Estados en esta materia.

La Comisión celebró una audiencia sobre la impunidad existente en Haití por violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Duvalier en la que recibió información sobre las dificultades que enfrenta el sistema de justicia haitiano en la investigación y sanción de dichas violaciones. Al respecto, la CIDH toma nota de la solicitud de asistencia técnica dirigida por los representantes del Estado haitiano a la CIDH en esta materia. La Comisión Interamericana se pone a disposición de las autoridades haitianas para colaborar, dentro del marco de sus funciones, con la investigación y sanción de los crímenes cometidos durante la dictadura de Duvalier. Al respecto, la Comisión reitera los señalamientos de violaciones a los derechos humanos realizados en su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Haití, preparado con base en la visita de observación in loco realizada del 16 al 25 de agosto de 1979. Asimismo, la CIDH recuerda que, según la jurisprudencia constante del sistema interamericano, las graves violaciones a los derechos humanos tales como las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas son imprescriptibles y no pueden ser objeto de amnistía o indultos.

En audiencias y reuniones de trabajo, la CIDH recibió información respecto del incumplimiento de las medidas cautelares en varios países de la región. La CIDH hace un llamado a los Estados para que, en virtud de sus obligaciones internacionales, procuren el desarrollo de políticas y prácticas dirigidas a dar cumplimiento a las medidas cautelares con el fin de otorgar una protección efectiva a los beneficiarios y las beneficiarias. La CIDH insta asimismo a los Estados a abstenerse de cualquier acción que pueda agravar la situación de riesgo de las personas protegidas por estas medidas.

En este período de sesiones la CIDH aprobó el informe de admisibilidad 60/11, donde se acumularon las peticiones presentadas en relación a 14 personas condenadas a pena de muerte en seis estados de los Estados Unidos (Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Missouri, Texas y Utah) y posteriormente ejecutadas. Las presuntas víctimas eran beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH. La Comisión había solicitado a Estados Unidos abstenerse de ejecutar la pena capital hasta tanto tuviera la oportunidad de decidir sobre los reclamos de los peticionarios sobre las presuntas violaciones de la Declaración Americana. Las 14 personas fueron ejecutadas en desconocimiento de dichas medidas. En la etapa de fondo que se inició con la aprobación del informe de admisibilidad, la Comisión Interamericana analizará las alegaciones sobre irregularidades en el debido proceso. Entre las alegaciones que se reiteran en varios de los casos, se incluyen la presunta falta de una defensa adecuada, la incapacidad mental de varias de las personas sentenciadas a la pena capital, y el síndrome del corredor de la muerte que habría sufrido un alto porcentaje de las presuntas víctimas.

En una reunión de trabajo sobre violencia contra las mujeres defensoras de los derechos humanos en Colombia, la CIDH recibió información preocupante sobre obstáculos en el proceso de concertación y adopción por parte del Estado de las medidas cautelares otorgadas a favor de mujeres defensoras de los derechos humanos en situación de desplazamiento; la impunidad de actos de violencia contra las mujeres y barreras al acceso a la justicia; y la precaria situación de los derechos de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado que han sufrido despojo de sus tierras. Al respecto, la CIDH reconoce los esfuerzos de ambas partes de llegar a un acta de compromiso para encontrar soluciones a estos graves problemas a nivel nacional.

Asimismo, la Comisión celebró una audiencia sobre la implementación de la Medida Cautelar 340-10, en la cual la CIDH solicitó al gobierno haitiano que adopte una serie de medidas concretas para prevenir la violencia sexual contra niñas y mujeres residentes en 22 campamentos de desplazados internos en Puerto Príncipe. Las organizaciones peticionarias indicaron que, a pesar de la existencia de algunos avances, continúan existiendo importantes obstáculos en la implementación, entre ellos en el acceso a la atención médica, en materia de seguridad e iluminación, así como en la plena participación de las organizaciones locales en la implementación de las medidas. Por su parte, la representación del Estado haitiano informó a la Comisión sobre una serie de medidas llevadas a cabo por el Ministerio de la Condición Femenina y de los Derechos de las Mujeres para prevenir la violencia sexual en los campamentos. La Comisión agradece la información proporcionada por las partes y destaca la importancia de continuar desarrollando estos espacios de diálogo.

En relación con la situación de los derechos humanos en Honduras, la CIDH realizó tres audiencias; dos temáticas y una sobre la Petición 975-10, Magistrados destituidos. La Comisión observa con preocupación la continuidad de ciertas prácticas violatorias a los derechos humanos como las constatadas a partir del golpe de Estado del 28 junio de 2009. En especial, en lo referente al uso desproporcionado de la fuerza pública para reprimir manifestaciones públicas contrarias a las políticas del actual Gobierno; la falta de independencia del poder judicial y la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos. Al respecto, la Comisión expresa su preocupación por la información recibida en la audiencia, que da cuenta de la persistencia de ataques, amenazas y actos de hostigamientos en contra de líderes y lideresas sociales, defensoras y defensores de derechos humanos, así como por las presuntas detenciones arbitrarias, violencia y el empleo desmedido de bombas lacrimógenas en contra de los participantes en manifestaciones de protesta social. Los solicitantes de esta audiencia informaron a la CIDH sobre la falta de concertación de las diligencias llevadas a cabo por el Estado para dar cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por la Comisión, así como en la adopción de medidas de seguridad dictadas por el propio Estado. Lo anterior está relacionado con la falta de confianza en los esquemas de seguridad proporcionados por el Estado, cuyos agentes tendrían vínculos con las fuentes generadoras del riesgo. Asimismo, los solicitantes expresaron que no están dadas las condiciones de seguridad adecuadas para entregar información que permita avanzar en las investigaciones de violaciones a derechos humanos. La CIDH insta al Estado de Honduras a implementar el Protocolo para la Protección a Defensores de Derechos Humanos anunciado durante esta audiencia, de conformidad con los estándares sostenidos por la CIDH en su Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores en las Américas (2006), que resalta la necesidad de que las medidas de protección sean decididas en consulta con los beneficiarios, así como de promover en los diversos ámbitos de gobierno y en la sociedad en general, una cultura de reconocimiento al trabajo de defensoras y defensores como elementos indispensables para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia.

En la audiencia sobre la situación de los derechos políticos en Nicaragua, la CIDH recibió con preocupación información sobre los obstáculos que enfrentan las defensoras y los defensores de derechos humanos para el desarrollo de su labor, quienes con frecuencia son estigmatizados y atacados por grupos de civiles afines al Gobierno. Asimismo, la CIDH fue informada sobre una serie de irregularidades que se han gestado en torno a las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre de 2011. En reiteradas oportunidades la CIDH ha solicitado la anuencia del Gobierno de Nicaragua para realizar una visita oficial a ese país sin recibir hasta la fecha respuesta. La CIDH reitera su interés en realizar una visita oficial a Nicaragua y espera que la misma se pueda realizar durante 2011.

Durante las sesiones se realizaron cinco audiencias relativas a México. El 8 de marzo 2011 el Senado de la República de México aprobó un importante proyecto de reforma constitucional en materia de derechos humanos que, que entre otras cosas, eleva a rango constitucional los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por México. En la audiencia sobre reforma constitucional en materia de derechos humanos en México, el Estado destacó esta reforma como el desarrollo jurídico más importante en las últimas décadas. Para su vigencia el proyecto requiere ser aprobado por 16 Estados de la Nación mexicana. Por otra parte, en relación con la figura del arraigo en México, sobre la cual varios organismos internacionales han planteado la necesidad de eliminarla o adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos, la Comisión fue informada de la persistencia de esta figura a nivel constitucional y de su habitual utilización por parte de las autoridades estatales, en la audiencia sobre Situación de derechos humanos de las personas en situación de arraigo en México. Mientras tanto, en la audiencia sobre seguridad ciudadana y derechos humanos en México, la CIDH recibió información sobre la persistencia de altos índices de violencia y la deficiencia de las políticas públicas para combatir este flagelo. En relación con la situación de los migrantes en México, la CIDH destaca que como consecuencia de la audiencia Situación de derechos humanos de las personas migrantes en la frontera sur de México, los solicitantes y el Estado acordaron el establecimiento de una mesa de trabajo en materia de derechos humanos de las personas migrantes.

Por otra parte, la Comisión durante la audiencia sobre Modificación del registro civil en República Dominicana fue informada sobre los avances alcanzados en materia de política registral. En la oportunidad, el Estado informó que la administración del registro civil estaba hasta hace pocos años estaba en manos de particulares, con graves consecuencias para los derechos de las personas e incluso para la seguridad de la nación, ya que se facilitaba el tráfico de niños, las extorsiones, entre otros. La Comisión observa con mucho interés el proceso de modernización del registro civil y los progresos alcanzados en esta materia. Asimismo, dará especial seguimiento a la política registral, tanto respecto de las personas nacidas en República Dominicana, como respecto de los migrantes haitianos.

Procesos de solución amistosa

La Comisión valora que el 28 de marzo de 2011, representantes del gobierno colombiano, la organización no gubernamental CEJIL y la abogada Ximena Castilla Jiménez suscribieron un acta de entendimiento de solución amistosa en la Petición 12.376, Alba Lucía Rodríguez Cardona.

Adicionalmente, se celebró una reunión de trabajo el 26 de marzo de 2011 sobre el Caso 12.116, María Estela García Ramirez y Celerino Jimenez Almaraz, México, sobre la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial de Celerino Jiménez Almaraz el 24 de abril de 1997 y el hostigamiento a su esposa, María Estela García Ramírez. Las partes suscribieron durante la reunión de trabajo una propuesta de solución amistosa, donde el Estado reconoció su responsabilidad internacional por los hechos denunciados ante la CIDH y se comprometió a continuar con la investigación de los hechos, de acuerdo a los más altos estándares internacionales, y a reparar a las víctimas. En este mismo caso, el 28 de marzo de 2011, el Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, reconoció la responsabilidad del Estado y pidió perdón a la señora María Estela García Ramírez en un acto que contó con la presencia del Comisionado Rodrigo Escobar Gil, altas autoridades del gobierno mexicano y la representante de la señora García Ramírez.

Asimismo, en el Caso 12.769, Irineo Martínez Torres y Candelario Martínez Damián, México, las partes suscribieron ante la CIDH un documento donde el Estado se comprometió a realizar una propuesta integral de solución amistosa que considere no sólo a las víctimas y sus familiares, sino también a la comunidad indígena Ahuirán. El caso refiere a la responsabilidad internacional del Estado en virtud de las presuntas agresiones y violaciones al debido proceso legal cometidas contra de Irineo Martínez y Candelario Martínez, miembros del pueblo indígena Purépecha, durante su detención y el proceso criminal realizado en su contra.

Durante una reunión de trabajo llevada a cabo el 29 de marzo de 2011, representantes del Gobierno peruano y las organizaciones APRODEH y CEJIL firmaron un acuerdo de entendimiento sobre el seguimiento a los compromisos asumidos por el Estado el 22 de febrero de 2001. En dicha fecha, a través de un comunicado conjunto de la CIDH y el Gobierno de Perú, el Estado se había comprometido a adoptar una solución integral a las recomendaciones emitidas en 159 informes sobre el fondo y a implementar medidas de reparación en materia de vivienda, salud y educación a cada una de las víctimas. En los últimos 10 años la CIDH ha dado un seguimiento cercano al asunto y ha sostenido audiencias públicas y reuniones de trabajo, sin que se haya logrado un efectivo cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado. En el acuerdo de entendimiento firmado el 29 de marzo de 2011 el Estado peruano se comprometió a implementar una serie de medidas concretas de reparación, incluyendo la transferencia, sin mayor dilación, de la propiedad de los lotes de un terreno en Huachipa, distrito de Lurigancho, a 200 beneficiarios, la certificación de que cada una de las víctimas se encuentran afiliadas al Seguro Integral de Salud y la inclusión de los hijos de las víctimas desaparecidas, ejecutadas o fallecidas en el Programa de Reparaciones en Educación. La Comisión Interamericana dará estrecho seguimiento al cumplimiento de estos compromisos.

Situación de los derechos de las mujeres

En la audiencia sobre los Derechos Reproductivos de las Mujeres, la CIDH recibió información de parte de organizaciones de 12 países de la región acerca de los graves obstáculos que enfrentan las mujeres a través de las Américas en el ejercicio efectivo y pleno de sus derechos reproductivos. Por una parte, se recibió información sobre una interpretación restringida del derecho a la salud excluyente de los derechos reproductivos en el marco de las políticas públicas de los Estados. Por otra parte, las organizaciones informaron a la CIDH sobre las consecuencias e impacto de leyes restrictivas sobre la interrupción legal del embarazo, incluyendo la práctica de abortos en condiciones inseguras y la morbi-morbilidad materna; problemáticas que afectan de manera especial a las niñas y mujeres jóvenes pobres, de bajo nivel educativo, y que habitan en zonas rurales. Las organizaciones asimismo presentaron información sobre casos individuales de mujeres que al acudir a servicios de salud para recibir servicios obstétricos por partos prematuros, fueron denunciadas por el delito de aborto u homicidio por parentesco y condenadas a prisión. Al respecto, la CIDH reitera que la salud reproductiva de las mujeres debe ocupar un lugar prioritario en las iniciativas legislativas y los programas de salud nacional y local en las esferas de prevención y protección. Esto conlleva el deber de analizar de forma pormenorizada todas las leyes, normas, prácticas, y políticas públicas que en su texto o en la práctica puedan tener un impacto discriminatorio en las mujeres en su acceso a servicios de salud reproductiva, y prevenir las consecuencias negativas que estas medidas pudieran tener en el ejercicio de sus derechos humanos en general. Los Estados están igualmente obligados a eliminar todas las barreras de derecho y de hecho que impiden a las mujeres su acceso a servicios de salud materna que ellas necesitan como la sanción penal al acudir a estos servicios. La CIDH asimismo recuerda a los Estados que el aborto terapéutico es reconocido internacionalmente como un servicio de salud especializado y necesario para las mujeres cuya finalidad es salvar la vida de la madre cuando ésta se encuentra en peligro a consecuencia de un embarazo; servicio cuya negación atenta contra la vida, la integridad física y psicológica de las mujeres.

Asimismo, en la audiencia sobre Derechos Humanos de las Mujeres Migrantes en la Región Andina, la CIDH recibió con preocupación información sobre la pobreza y la violencia como factores principales de la migración en esta región del continente, y sobre la situación de desprotección y riesgo a violaciones de sus derechos humanos que se reproduce en los países de destino. La CIDH insta a los Estados de origen, tránsito y destino de migrantes a adoptar medidas legislativas y de política pública para garantizar los derechos de las mujeres migrantes a vivir libres de violencia y discriminación.

Por otra parte, la CIDH manifiesta su preocupación ante información recibida sobre la falta de garantías para el ejercicio de la libertad sindical y las prácticas antisindicales contra las mujeres organizadas en Mesoamérica. En particular, la CIDH exhorta a los Estados a través de las Américas a adoptar medidas para garantizar la libertad de asociación de las mujeres, y el actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia y discriminación contra ellas.

Situación de los derechos de los pueblos indígenas

En audiencias temáticas durante estas sesiones, la CIDH recibió información sobre situaciones y factores que dificultan u obstruyen el goce efectivo de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en la región.

En una audiencia sobre la tenencia de la tierra y los derechos humanos de los pueblos indígenas en México, se recibió información sobre la alta incidencia de violencia entre y al interior de comunidades indígenas como consecuencia de conflictos agrarios, así como sobre las dificultades en la respuesta estatal para resolver la situación de conflictividad en relación a la tierra. En otra audiencia se recibieron valoraciones sobre los principales obstáculos fácticos y normativos que impiden un pleno ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada de las poblaciones indígenas y afrodescendientes en países de la región andina. En este respecto, la CIDH recuerda que la garantía del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras y los recursos naturales allí presentes es una de las bases fundamentales para la integridad y la supervivencia económica de las comunidades indígenas, el desarrollo de su cultura, y la preservación de su vida espiritual.

Asimismo, en una audiencia sobre la situación de los pueblos en aislamiento voluntario en la Región Amazónica y el Gran Chaco, se recibió información sobre amenazas serias para su supervivencia en varios países, debido especialmente a la falta de reconocimiento e invasión de sus territorios, las actividades de las industrias extractivas y proyectos de infraestructura, y la introducción de enfermedades foráneas. La CIDH resalta que en atención a su particular vulnerabilidad y a la complejidad y especificidad de su situación, los Estados deben aplicar especiales esfuerzos para proteger los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, particularmente mediante la protección efectiva de sus territorios ancestrales, en tanto medio necesario para resguardar efectivamente los derechos a la vida e integridad personal de sus miembros.

Finalmente, en una audiencia sobre jurisdicción indígena y derechos humanos, se recibió información sobre la falta de respeto por la aplicación de sistemas jurídicos ancestrales por las autoridades indígenas. La CIDH recuerda que el ejercicio de la jurisdicción indígena constituye una manifestación del derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, el cual está reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos.

Situación de los derechos de los niños y las niñas

En una audiencia sobre la situación de la niñez Mapuche en Chile se escucharon denuncias relacionadas con una situación de violencia institucional contra niños, niñas y adolescentes pertenecientes a comunidades indígenas Mapuche movilizadas en protesta social para reclamar sus tierras ancestrales, incluyendo hostigamientos y agresiones por parte de la policía y otros agentes estatales, y procesamiento penal bajo la legislación antiterrorista. También se recibió información sobre el impacto que esta violencia tendría sobre la salud e integridad física y psicológica de estos niños, niñas y adolescentes. La CIDH destaca que todo niño, niña o adolescente tiene derecho a ser protegido de forma especial ante la violencia de todo tipo, en particular cuando ésta proviene del actuar de cualquier agente del Estado, y que cualquier niño, niña o adolescente en conflicto con la ley sea protegido a través de un sistema especial de justicia juvenil. También subraya que la aplicación de la legislación antiterrorista chilena a niños, niñas y adolescentes Mapuche es contraria al derecho internacional de los derechos humanos, y recuerda al Estado chileno redoblar sus esfuerzos para garantizar que toda autoridad respete los derechos de los niños, niñas y adolescentes Mapuche.

Situación de las personas privadas de libertad

En la audiencia de seguimiento a la visita de trabajo realizada por el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en junio de 2010 a la Provincia de Buenos Aires, los solicitantes informaron que persiste la sobrepoblación, las precarias condiciones de detención en comisarías y unidades penitenciarias, la práctica sistemática de actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los reclusos, entre las que destacaron las agresiones a miembros de la comunidad transexual y el uso desproporcionado de balas de goma, la falta de servicios de salud y la corrupción. Asimismo, reiteraron la necesidad de que el Estado Nacional emita la ley que crea el mecanismo nacional de prevención establecido por el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El Estado por su parte, informó acerca de avances alcanzados en materia de reformas edilicias en algunos centros penales, reducción del número de personas privadas de libertad en comisarías, reformas legislativas que han devenido en una reducción de la prisión preventiva, medidas adoptadas para reducir el número de traslados y procurar el arraigo y cercanía familiar de los internos, y que los traslados no se empleen como medida disciplinaria. Asimismo, los representantes de la provincia de Buenos Aires refirieron que uno de los principales desafíos que enfrenta la provincia es la reducción de los plazos que toman los procesos penales. La CIDH reafirma los puntos formulados en el informe de la visita e insiste en que el Estado debe implementar políticas públicas integrales con relación a las personas privadas de libertad, lo cual, entre otras cosas, implica destinar recursos suficientes a la gestión penitenciaria.

También se celebró una audiencia sobre la situación de las personas privadas de libertad en Guatemala en la que los peticionarios destacaron entre los principales problemas del sistema penitenciario guatemalteco, los siguientes: que existen varias cárceles controladas totalmente por bandas criminales, que cometen, organizan y dirigen actividades delictivas en y desde las cárceles; que existen patrones de impunidad y de falta de una investigación adecuada de los hechos de violencia que ocurren en las cárceles; que aún se aloja en comisarías y dependencias policiales a personas que guardan prisión preventiva o incluso ya condenadas; que la formación que reciben los agentes penitenciarios es de corte militar, y no se los capacita para ser una fuerza profesional de carácter civil; y que siguen registrándose altos índices de violencia sexual contra mujeres cometida por la Policía Nacional Civil mientras éstas se encuentran bajo su custodia.

Asimismo, se realizó una audiencia pública sobre la situación de los derechos de las personas privadas de libertad en Venezuela en la que se reiteró que el principal desafío presente en el sistema penitenciario venezolano es la violencia carcelaria. De acuerdo con la información presentada por las organizaciones participantes, entre 1999 y 2010 murieron 12.518 reclusos y 17.509 resultaron gravemente heridos; durante 2010 hubo 476 muertos (la segunda más alta de la última década) y 967 heridos. Se informó que las causas principales de estos hechos serían la falta de control efectivo por parte de las autoridades penitenciarias de la seguridad interna de los penales y la tenencia de armas de fuego por parte de los internos, los cuales en algunos penales cuentan incluso con armas largas y granadas. Se denunció además que esta situación generalizada de violencia también afecta a los familiares de los internos, presentando información sobre casos de familiares asesinados durante 2010.

Situación de los derechos de los afrodescendientes

En la audiencia sobre la Situación de Derechos Humanos de las Personas Afrodescendientes en Uruguay, los representantes del Estado y los peticionarios coincidieron en que, a partir de 2005, se registraron avances en relación con la creación de distintas instancias gubernamentales destinadas a examinar y proponer políticas públicas dirigidas a mejorar los derechos humanos de los afrodescendientes, por ejemplo, el Departamento de las Mujeres Afrodescendientes del Instituto Nacional de Mujeres. Sin embargo, las partes coincidieron en señalar que existen serias debilidades en la dotación financiera y de recursos humanos de tales instancias. Agregaron que consecuentemente, la sostenibilidad de esas instancias y de las respectivas políticas sociales es precaria, y la situación del 10.6% de la población uruguaya que dice tener ascendencia racial afro sigue siendo preocupante, estando sub-representada en las estadísticas sobre educación y mercado de empleo, mientras es sobre-representada en las estadísticas sobre pobreza e indigencia, por ejemplo.

Situación de defensoras y defensores de derechos humanos

En el marco de las audiencias y reuniones de trabajo, la CIDH recibió información sobre diversos obstáculos que continúan enfrentando las defensoras y los defensores en toda la región como consecuencia de su labor de promoción y protección de los derechos humanos y que van desde las amenazas, hostigamientos y descalificaciones por parte de autoridades públicas, hasta asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. En particular, la Comisión recibió información preocupante sobre el aumento de medidas indirectas que buscan limitar el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos, a través del uso de mecanismos legales y judiciales para criminalizar a las y los defensores mediante la imputación de tipos penales como “terrorismo”, “rebelión”, “extorsión” que en la mayoría de las ocasiones no tendrían ningún fundamento probatorio y terminarían en sobreseimiento, no sin antes haber ocasionado graves daños morales y económicos a quienes son objeto de las denuncias temerarias. Asimismo, el incremento de restricciones en la constitución y el financiamiento de las organizaciones sociales, estaría generando una limitación cada vez más fuerte para llevar a cabo la defensa de los derechos humanos como una labor legítima en la sociedad. Por otra parte, la CIDH recibió información de suma gravedad sobre la falta de efectividad de las medidas de protección otorgadas a favor de defensoras y defensores en el marco de medidas cautelares ordenadas por la Comisión o medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana. La CIDH insta a los Estados a que adopten políticas globales de protección a las defensoras y defensores y a que den cumplimiento cabal a las solicitudes de los órganos del sistema interamericano en esta materia.

La Comisión recibió información en varias audiencias temáticas sobre la grave situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en países como Honduras, Colombia, Guatemala, Ecuador, Chile, México, Brasil, Paraguay y Venezuela. Asimismo, la CIDH recibió información de carácter regional mediante la celebración de dos audiencias que se refirieron especialmente al uso de mecanismos legales y judiciales existentes en los distintos países de la región como un medio para obstaculizar la labor de defensa que desempeñan individuos y organizaciones sociales y de derechos humanos al ser objeto de repetidos procesos penales y administrativos abiertos en su contra. En una de estas audiencias, solicitada por más de 30 organizaciones de la sociedad civil, se resaltó en particular, la grave persistencia de ataques contra la vida e integridad de defensores y defensoras de derechos humanos en toda la región, así como las tendencias existentes en algunos Estados para obstaculizar el financiamiento, así como la obtención y mantenimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil.

En particular, la Comisión tomó conocimiento de un preocupante número de asesinatos y ataques a la integridad sufridos por defensores y defensoras en Guatemala, Honduras y México. Asimismo, el incremento de amenazas y agresiones que sufren líderes y lideresas comunitarios y sociales en Colombia vinculados al movimiento nacional de víctimas y del movimiento de reivindicación de tierras, así como las crecientes restricciones legales y financieras para la constitución y funcionamiento de las organizaciones de derechos humanos en países como Venezuela, Ecuador y Perú. Por otra parte, se recibió información sobre represalias que estarían sufriendo líderes comunitarios en Brasil por oponerse al establecimiento de megaproyectos que involucran recursos naturales, así como defensores del medio ambiente que monitorean las actividades de minerías en países como Guatemala y Ecuador.

La Comisión observa con preocupación que los seguimientos y las actividades de inteligencia ilegales de las que han sido objeto defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia continúan sin ser investigados adecuadamente y de acuerdo a la información recibida, no se estaría garantizando un acceso real y efectivo a las víctimas de estas actividades ilegales a los procesos investigativos que se estarían desarrollando al respecto. La CIDH ha señalado en diversas ocasiones que los Estados deben abstenerse de cualquier tipo de injerencia arbitraria o abusiva en su correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas, y que deben sancionar disciplinaria y penalmente a quienes incurran en estas prácticas, que afectan gravemente la tarea de los defensores de derechos humanos.

La Comisión reitera que los agentes del Estado deben abstener de estigmatizar y usar expresiones que tiendan a deslegitimar la labor de las organizaciones defensoras de derechos humanos o de sus miembros que participan en las audiencias ante la CIDH. La Comisión ha señalado reiteradamente y, en particular en su Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas que “la defensa de los derechos humanos sólo puede ejercerse libremente cuando las personas que la realizan no son víctimas de amenazas ni de cualquier tipo de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento”.

Por último, la CIDH recibió información de suma gravedad sobre la falta de efectividad de las medidas de protección otorgadas a favor de defensoras y defensores en el marco de medidas cautelares ordenadas por la Comisión o medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana. La CIDH insta a los Estados a que adopten políticas globales de protección a las defensoras y defensores y a que den cumplimiento cabal a las solicitudes de los órganos del sistema interamericano en esta materia.

En este período de sesiones, la CIDH decidió crear una Relatoría sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos. Las funciones de Relator en la materia han sido asignadas al Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, quien estuvo encargado de la Unidad de Defensores desde enero de 2010. Con la creación de la Relatoría, la Comisión busca visibilizar más la importancia del rol de las defensoras y defensores, así como de los operadores de justicia, en la construcción de una sociedad democrática en la que tenga plena vigencia el Estado de derecho.

Otras actividades desarrolladas durante el 141º Período de Sesiones

El 30 de marzo, la CIDH recibió al Gobernador del Estado mexicano de Oaxaca, Lic. Gabino Cué Monteagudo, quien ratificó su compromiso de alcanzar soluciones amistosas en los casos en trámite ante la CIDH, como avanzar en el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Asimismo, informó sobre una serie de medidas que está adoptando en materia de derechos humanos y expresó su compromiso con el sistema interamericano de derechos humanos.

Próximos Períodos de Sesiones

El 142º Período de Sesiones tendrá lugar del 18 al 22 de julio y no se realizarán audiencias ni reuniones de trabajo. El 143º Período de Sesiones será del 19 de octubre al 4 de noviembre, y el plazo para presentar solicitudes de audiencias y reuniones de trabajo vence el 19 de agosto de 2011.

I. INFORMES SOBRE PETICIONES Y CASOS INDIVIDUALES

La CIDH prosiguió el estudio de numerosas peticiones y casos individuales en que se alegan violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y otros instrumentos interamericanos. A continuación se ofrece la lista de peticiones y casos sobre los cuales se aprobaron informes durante el 141º Período de Sesiones. Una vez que sean notificadas las partes, la Comisión Interamericana publicará en su página en Internet los informes en que la decisión sea de carácter público.

A. Informes de Admisibilidad

Durante el 141º Período de Sesiones se aprobaron 15 informes de admisibilidad:

Petición 702-03, Ivan Rocha, Brasil
Petición 311-08, Jahel Quiroga Carrillo, Colombia
Petición 843-04, Leonel Enrique Lázaro Ospina, Colombia
Petición 302-03, Aníbal Alonso Aguas Acosta, Ecuador
Petición 1205-07, Orlando Abel Obando Reyes y otros, Nicaragua
Petición 12.329, Vicente Ariel Noguera, Paraguay
Petición 697-04, Jesús Reynaldo Aguirre Ching, Perú
Petición 69-04, Gino Olórtegui Peñaherrera, Perú
Petición 548-04, Blanca Olivia Contreras Vital y otros, México
Petición 1.347-07, Orlando Edgardo Olivares Muñoz, Venezuela
Peticiones: P-11.575, P-12.201, P-2566-02, P-4538-02, P-4659-02, P-784-03, P-580-04, P-607-04, P-187-05, P-1246-05, P-360-06, P-1232-07, P-873-10, P-907-10; Clarence Allen Lackey; David Leisure; Anthony Green; James Brown; Larry Eugene Moon; Edward Hartman; Robert Karl Hicks; Troy Albert Kunkle; Stephen Anthony Mobley; Jaime Elizalde, Jr.; Ángel Maturino Resendiz; Heliberto Chi Aceituno; David Powell; y Ronnie Gardner, Estados Unidos
Petición 1095-03, Simeón Miguel Caballero Denegri y Andrea Victoria Denegri Espinoza, Perú
Petición 10.949, Magda Mateo Bruno, Perú
Petición 975-10, Adán Guillermo López Lone y otros, Honduras
Petición 1164-05, William Gómez Vargas, Costa Rica

Asimismo, entre el 140º y el 141º Período de Sesiones, la CIDH aprobó cuatro informes de admisibilidad por vía electrónica:

Petición 295/03, Caso 12.802, Saúl Filormo Cañar Pauta, Ecuador
Petición 1144/04, Caso 12.803, Arles Edisson Guzmán Medina, Colombia
Petición 491/98, Caso 12.804, Néstor Rolando López y otros, Argentina
Petición 289/08, Caso 12.805, Jimmy Rafael Guerrero Meléndez y Ramón Antonio Molina y familia, Venezuela

B. Informes de Inadmisibilidad

En este Período de Sesiones se aprobaron 4 informes de inadmisibilidad:

Petición 222-03, Luis Alberto Ruesta Adrianzén, Perú
Petición 12.074, Miembros de la Federación de trabajadores de luz y fuerza del Perú
Petición 277-01, José Luis Forzzani Ballardo, Perú
Petición 871-03, Víctor Eladio Lara Bolívar, Perú

C. Informes de Solución Amistosa

Durante el 141º Período de Sesiones, la Comisión aprobó 4 acuerdos de solución amistosa, al considerar que los acuerdos alcanzados por las partes se ajustan al objeto y fin de la Convención Americana de Derechos Humanos:

Petición 2829-02, Inocencio Rodríguez, Argentina
Petición 11.708, Aníbal Acosta y L. Hirsch, Argentina
Petición 11.833, Ricardo Monterisi, Argentina
Petición 71/06 y otras, Gloria José Yaquetto Paredes y otros, Perú

D. Informes de Fondo

La CIDH aprobó un total de 11 informes sobre el fondo, los cuales se harán públicos cuando la Comisión adopte una decisión de publicación, de acuerdo al artículo 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

E. Informes de Archivo

Durante el 141º Período de Sesiones se aprobaron 34 informes de archivo:

Caso 11.685, Ricardo Neira González, Argentina
Caso 12.003, Joaquim Marcelo Denadai y otro, Brasil
Caso 11.021, José Vicente Apolinar Arias y Macario Reinoso, Colombia
Caso 11.293, Julio Edgar Galvis Quimbay y otros, Colombia
Caso 11.653, Reinaldo Eustorgio Riveros Chaparro y otros, Colombia
Caso 10.952, Antonio Palacios Urrea y otros, Colombia
Caso 11.651, Luz Beatriz Pedraza Bernal, Colombia
Caso 7800, Omayra Montoya Henaro y Mauricio Trujillo Uribe, Colombia
Caso 11.539, Néstor Álvaro Martínez Parrado y otros, Colombia
Caso 11.723, Luis Miguel Vergara de León, Colombia
Caso 12.131, David Sebastián Pintucci, Ecuador
Caso 11.776, Diego Paredes Peña, Ecuador
Caso 11.488, Segundo Stivenson Ramos Salazar, Ecuador
Caso 9.239, Andy Mitchell et al., Grenada
Petición 664-03, André Apaid y otros, Haití
Caso 11.215, Neville Whyte, Jamaica
Petición 264-03, Regan Beckford et al., Jamaica
Petición 362-04, César Augusto Puerto Narváez, México
Petición 217-03, Martín Godínez Jara y otros, México
Caso 11.530, Tomás Flores Huanío y otros, Perú
Caso 11.679, Isabel Zea Altamirano y otra, Perú
Caso 11.875, Marcela Ximenes González Astudillo y otro, Perú
Caso 12.098, Alberto Melecio Gutiérrez Tudela, Perú
Caso 12.163, Leif Leonidas Avendaño Cama, Perú
Caso 12.164, Mirtha Andrea Santti Ali, Perú
Caso 12.155, Beatriz Roxana Espinoza Solís, Perú
Caso 12.166, Carlos Ortega López, Perú
Petición 670-98, Orlando Ascue Pozo, Perú
Caso 11.301, Hugo Zapata Gutiérrez, Perú
Caso 12.160, Juan de Mata Jara Berrospi, Perú
Caso 11.602, Federico Aurelio Anton Anton, Perú
Petición 1438-05, Marveil Boiselle, Trinidad y Tobago
Petición 703-05, Mark Teeluck, Trinidad y Tobago
Caso 10.442, José Luis Palomares, Venezuela

II. AUDIENCIAS

Los días 25, 28 y 29 de marzo se celebraron audiencias relativas a casos y peticiones individuales, medidas cautelares y situaciones generales y específicas de derechos humanos.

Todas las audiencias públicas fueron transmitidas por Webcast. En la página de audiencias públicas de la CIDH se encuentran disponibles las grabaciones de audio de todas las audiencias, y se pondrán a disposición los videos en los próximos días. Queda autorizada la inclusión de enlaces a las grabaciones de audio y los videos en sitios Web, así como la reproducción de las fotografías en medios de comunicación, a condición que se incluyan los créditos correspondientes a la OEA.

En este período de sesiones se realizaron las siguientes audiencias (lista según el orden de realización):

Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género en Haití
Medida Cautelar 340-10 - Mujeres y niñas en campamentos de desplazados forzados de Haití
Situación de derechos humanos en Jamaica
Situación de la niñez mapuche en Chile
Jurisdicción indígena y derechos humanos
Situación de los pueblos en aislamiento voluntario en la Región Amazónica y el Gran Chaco
Situación de derechos humanos de las mujeres migrantes en la región andina
Situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras
Uso desproporcionado de la fuerza por la Policía Nacional y el Ejército de Honduras
Petición 975-10 - Magistrados destituidos, Honduras
Situación de derechos humanos de las personas afrodescendientes en Uruguay
Situación de derechos humanos de las mujeres en Nicaragua
Situación de los derechos políticos en Nicaragua
Situación de defensores y defensoras de derechos humanos en América del Sur
Derechos humanos y políticas de deportación y detención de personas migrantes en Estados Unidos
Situación de derechos humanos en Colombia
Caso 12.637 – Isaac Galeano Arango, Colombia
Situación de las investigaciones relacionadas con las actividades de inteligencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Colombia
Derecho a un recurso efectivo de la población desplazada en Colombia
Situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en la Provincia de Buenos Aires, Argentina
Derechos reproductivos de las mujeres en América Latina y el Caribe
Impunidad por violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Duvalier en Haití
Cambio climático, acceso al agua y derechos humanos
Modificación del registro civil en República Dominicana
Reforma constitucional en materia de derechos humanos en México
Situación de derechos humanos de las personas en situación de arraigo en México
Seguridad ciudadana y derechos humanos en México
Tenencia de la tierra y derechos humanos de los pueblos indígenas en México
Situación de derechos humanos de las personas migrantes en la frontera sur de México
Situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala
Situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en Guatemala
Ley Habilitante y derechos humanos en Venezuela
Situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en Venezuela
Situación de los alegados presos políticos en Venezuela
Derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la región andina
Situación de derechos humanos de las personas privadas de libertad en Ecuador
Situación de defensores y defensoras de derechos humanos en las Américas
Garantías para el ejercicio de la libertad sindical y prácticas antisindicales contra las mujeres organizadas en Mesoamérica
Derecho de acceso a la justicia en Perú
Proceso de implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos de Perú
Caso 12.701 – Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de SUNAT, Perú
Independencia e imparcialidad del Poder Judicial en Perú

Por otra parte, se realizaron dos audiencias privadas, a petición de las organizaciones y personas que solicitaron su realización: Situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela, y Situación del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela.

III. REUNIONES DE TRABAJO

En el marco del 141º Período de Sesiones se llevaron a cabo las siguientes reuniones de trabajo:

Violencia contra las mujeres en Colombia
Caso 11.141 – Masacre de Villatina, Colombia
Caso 11.101 – Masacre de Caloto, Colombia
Caso 12.575 – Masacre de Nueva Venecia, Colombia
Medida Cautelar 446-03 - Piedad Córdoba, Colombia
Medida Cautelar 21-05 - Pueblo indígena Wiwa, Colombia
Medida Cautelar 970-04 – Comunidad indígena Wayúu de Bahía Portete, Colombia
Medida Cautelar 97-10 – Familias campesinas de las Veredas El Vergel y El Pedregal de Cauca, Colombia
Medida Cautelar 113-07 - CORPADES, Colombia
Medida Cautelar 219-06 - Martha Cecilia Díaz e hijas, Colombia
Medida Cautelar 104-09 - Familias desplazadas de Argelia, Cauca, Colombia
Medida Cautelar 113-08 - Familiares, amigos y testigos de Gustavo Castañeda Martínez, México
Medida Cautelar 197-10 - Habitantes de San Juan Copala, México
Medida Cautelar - Habitantes de la comunidad indígena Zimatlán de Lázaro Cárdenas, México
Caso 12.116 – Maria Estela Garcia Ramirez y Celerino Jimenez Almaraz, México
Caso 12.769 – Irineo Martínez Torres, México
Petición 161-02 – Paulina Ramírez Jacinto, México
Procedimiento y eficacia de las medidas cautelares para defensores de derechos humanos de migrantes, México
Medida Cautelar 5-11 - Haitianos en procesos de deportación, Estados Unidos
Caso 12.562 – Wayne Smith y Hugo Armendariz, Estados Unidos
Petición 1298-04 - José Gerardo Ochoa Cantero, Honduras
Caso 12.271 - Benito Tide Méndez, República Dominicana
Medida Cautelar 192-10 - LM, Paraguay
Caso 12.330 - Marcelino Gómez Paredes y Cristian Ariel Núñez, Paraguay
Caso 9.326 – Carlos Ernesto Cuevas Molina y otros, Guatemala
Medida Cautelar 346-10 - Osniel Valdez Morejon y otros, Ecuador
Caso 11.804 – Juan Angel Greco, Argentina
Cumplimiento de decisiones de los órganos del sistema interamericano, Argentina
Medida Cautelar 269-08 - Pueblo Mapuche de Neuquén, Argentina

IV. RELATORÍAS Y ÁREAS TEMÁTICAS

Esta sección contiene un resumen de algunas de las principales actividades desarrolladas por la CIDH, a través de sus Relatorías especiales y áreas temáticas, desde su 140º período de sesiones, que tuvo lugar en octubre de 2010, hasta la fecha. Las Relatorías trabajan en tareas de promoción, elaboran y publican informes temáticos, ofrecen apoyo en el sistema de peticiones y casos individuales y en el trámite de medidas cautelares, así como en audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras actividades.

A. Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial

La Relatoría sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial, a cargo de la Comisionada María Silvia Guillén, continuó brindando asistencia técnica al Grupo de Trabajo de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA que está encargado de elaborar un Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, conforme a la Resolución AG/RES. 2606 (XL-O/10).

El 14 de marzo de 2011, la Relatoría realizó la Conferencia Regional “La Situación de los Afrodescendientes en las Américas – Perspectivas y Desafíos”, que fue organizada conjuntamente con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y la organización no-gubernamental Global Rights – Partners for Justice. El evento fue realizado en atención al “Año Internacional de los Afrodescendientes”, proclamado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas mediante su Resolución A/RES/64/169, y reconocido por la Asamblea General de la OEA a través de su Resolución AG/RES. 2550 (XL-O/10): “Reconocimiento del Año Internacional de los Afrodescendientes”. Durante la Conferencia Regional 12 expertos internacionales, incluyendo a funcionarios gubernamentales, académicos y representantes de la sociedad civil de EEUU, Brasil, Uruguay, Colombia y Ecuador, debatieron sobre los siguientes temas: Políticas de Acción Afirmativa a favor de los afrodescendientes; Derechos Colectivos de los afrodescendientes, particularmente el derecho a sus tierras; y Discriminación racial en los sistemas de justicia, incluyendo estereotipos raciales, brutalidad policial, y la aplicación discriminatoria de la ley penal en los procesos judiciales.

Asimismo, el 15 de marzo de 2011, la Relatoría y la organización no-gubernamental Global Rights – Partners for Justice promovieron un Taller de Entrenamiento sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para Líderes Afrodescendientes de las Américas, que contó con la participación de 17 representantes de la sociedad civil provenientes de 9 países de la región.

B. Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres

La Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres, a cargo de la Comisionada Luz Patricia Mejía, continuó implementando varias iniciativas de recopilación de información cualitativa y cuantitativa con miras a identificar los principales avances y desafíos que las mujeres enfrentan para ejercer sus derechos libres de discriminación, en particular en las esferas de sus derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual, la participación política, y sus derechos reproductivos. Dichos proyectos tienen como objetivo la publicación de informes temáticos con recomendaciones a los Estados de cómo mejor cumplir con sus obligaciones de derechos humanos en estos ámbitos.

La Relatoría asimismo ha continuado ejecutando un proyecto para promover el desarrollo de jurisprudencia y estándares legales sobre la igualdad de género en el sistema interamericano de derechos humanos, en el contexto de precedente jurídico del sistema, y los desarrollos internacionales y nacionales. La información recopilada será analizada en un informe que sistematizará y analizará los avances jurisprudenciales y las tendencias jurídicas relacionadas con la igualdad de género, el principio de la no discriminación en el sistema interamericano de derechos humanos, y el impacto de este precedente en los desarrollos de jurisprudencia a nivel internacional y nacional relacionada a estos principios.

También como parte de estos proyectos, la actual Relatora realizó una visita a El Salvador entre el 17 y 19 de noviembre de 2010, a invitación del gobierno. El objetivo principal de la visita fue recopilar información sobre formas de discriminación que enfrentan las mujeres en el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales en el país, en el marco del informe hemisférico que la Relatoría está preparando sobre el tema. La Relatora y su delegación se reunieron durante la visita con altas autoridades del Gobierno, agencias de cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil.

Durante la visita a El Salvador, el 18 de noviembre, la Relatora presentó el informe Acceso a Servicios de Salud Materna desde una Perspectiva de Derechos Humanos (2010). El 19 de noviembre, la Relatoría organizó dos talleres orientados a capacitar a funcionarios y funcionarias de todos los niveles de gobierno, y organizaciones de la sociedad civil sobre los estándares y los mecanismos del sistema interamericano de derechos humanos en la esfera de la discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres.

Finalmente, en diciembre de 2010, la Relatora participó en un evento organizado por la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado en Colombia, sobre el impacto del conflicto armado en las mujeres colombianas. Durante su viaje, la Relatora sostuvo reuniones con el Estado, organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres, organizaciones beneficiarias de medidas cautelares, y con mujeres desplazadas.

C. Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

La Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a cargo de la Comisionada Dinah Shelton, finalizó la edición y actualización del informe temático de la CIDH sobre los Derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales y recursos naturales. Se realizó un evento de lanzamiento en la Universidad de Oklahoma, el 17 de febrero de 2011, y la Facultad de Derecho de dicha Universidad publicará íntegramente dicho estudio en un número especial del American Indian Law Review.

Entre el 14 y el 19 de diciembre, la Relatora realizó una visita de trabajo a Panamá, con el propósito de recaudar elementos de juicio para la adopción de decisiones de fondo en los casos de las comunidades Kuna de Madungandí y Embera de Bayano, y de las comunidades Ngobe afectadas por la construcción de la represa Chan 75 sobre el río Changuinola. Durante la visita la Relatora se reunió con funcionarios de gobierno y se desplazó a las distintas comunidades involucradas en los casos, donde pudo dialogar con sus autoridades, miembros y representantes, y verificar in situ la situación actual.

La Relatoría también organizó y participó en seminarios de capacitación para abogados, líderes y defensores de los derechos de los pueblos indígenas. Del 3 al 5 de diciembre de 2010, la Relatoría ofreció una conferencia en un taller de capacitación en la comunidad indígena Hato Chamí, de la comarca Ngobe-Buglé en Panamá, dirigido a líderes, promotores comunitarios y abogados del pueblo indígena Ngobe, quienes fueron capacitados en cuanto al alcance de sus derechos territoriales y las herramientas provistas por el sistema interamericano para protegerlos. Posteriormente, el 10 de marzo de 2011, la Relatoría realizó una ponencia en un Seminario sobre la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, en México D.F.

La Relatoría también desarrolló en 2010 distintas acciones de promoción y difusión de los derechos humanos de los pueblos indígenas. El 12 de noviembre, el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago Canton, y el abogado especialista de la Relatoría, Federico Guzmán, realizaron una presentación explicativa sobre el trabajo de la CIDH y los derechos territoriales de los pueblos indígenas bajo el sistema interamericano en el simposio virtual Centuries of Change: State of the Native Nations, organizado conjuntamente por el Smithsonian Institution – National Museum of the American Indian y la OEA, en Washington.

Finalmente, la Relatora Dinah Shelton celebró un acuerdo con el Decano y Profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oklahoma, en virtud del cual la Facultad enviará semestralmente a estudiantes para realizar pasantías en la Relatoría, se organizarán conjuntamente una serie de conferencias con los líderes tribales de los Estados Unidos (listening conferences), destinadas a oir sus reclamos de derechos humanos y presentarles el sistema interamericano; y realizar talleres periódicos de formación para abogados indígenas de los Estados Unidos y Canadá.

D. Relatoría sobre los Derechos de la Niñez

La Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, a cargo del Comisionado Paulo Sérgio Pinheiro, participó el 9 de marzo en un panel organizado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos Naciones Unidas relacionado con la protección y promoción de los derechos de los niños que viven o trabajan en las calles.

Asimismo, el 21 de febrero y el 18 de marzo, el Relator participó en una videoconferencia y en una conferencia magistral respectivamente, dentro del marco de actividades organizadas por el Gobierno de El Salvador relacionadas con la memoria histórica de las desapariciones forzadas de niñas y niños durante el conflicto armado en dicho país.

La Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), comenzó a desarrollar la fase preliminar de un Informe sobre la situación de niñas, niños y adolescentes institucionalizados en las Américas.

Por otra parte, la Relatoría inició la fase preliminar de seguimiento a las recomendaciones emitidas por la CIDH a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos en su Informe sobre el castigo corporal y los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.

El Relator emitió dos cartas con fundamento en el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: una el 8 de febrero respecto a la situación de tres jóvenes mapuches privados de la libertad en Chile que fueron procesados por la presunta comisión de diversos delitos, incluidos actos de terrorismo, y otra del 14 de enero relacionada con la situación de niños y jóvenes que resultaron gravemente lesionados hasta perder la vida debido a un incendio en una de las celdas del Centro de Cumplimiento para Menores en Tocumen, Panamá. Con relación a esta última situación, el Relator visitó el 4 de marzo las instalaciones de este centro de detención de niños y jóvenes en Panamá.

Con las contribuciones de Save the Children Sweden se contrató al abogado Santiago Vázquez como consultor para apoyar las actividades de la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez, especialmente en la elaboración de informes sobre peticiones y casos.

E. Relatoría sobre Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias

La Relatoría sobre Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias, a cargo del Comisionado Felipe González, participó, el 8 y 9 de noviembre de 2010, en la Conferencia Regional Humanitaria sobre la Protección de las Personas Refugiadas y Desplazadas, que tuvo lugar en Quito, Ecuador. El evento fue auspiciado por la CIDH y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entre varias otras organizaciones. El evento se realizó a iniciativa de la sociedad civil con el fin de promover un diálogo regional en temas de refugio, y contó con la participación de delegados de varios Estados de la región, organizaciones de la sociedad civil, y representantes de agencias internacionales especializadas en la materia.

Por otra parte, la Relatoría estuvo representada en el VII Curso Interamericano de Sociedad Civil, desarrollado en la sede del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de San José, Costa Rica, del 15 al 19 de noviembre de 2010. El curso se centró en los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas y de los migrantes en frontera. La Relatoría realizó una presentación sobre la situación de las personas migrantes en América Latina y el Caribe, y sobre los mecanismos de protección del sistema interamericano de derechos humanos.

El 17 de marzo de 2011, la CIDH publicó el Informe sobre inmigración en Estados Unidos: detención y debido proceso, el cual incluye un análisis de estándares internacionales relevantes en materia de derechos humanos de los migrantes; las observaciones y preocupaciones de la CIDH respecto a la detención migratoria, ciertos procedimientos migratorios, condiciones de detención y su impacto sobre el debido proceso; y cierra con conclusiones y recomendaciones finales. A través del informe, la CIDH hace énfasis en ciertos grupos vulnerables en el ámbito de la detención migratoria, tales como los menores no acompañados, las familias migrantes, los solicitantes de asilo, las personas con discapacidad o desordenes mentales, entre otros.

Por último, el 18 de marzo de 2011 la Relatoría participó en la Reunión de Trabajo acerca del Tratamiento Normativo de la Inmigración Indocumentada - Estudio de Derecho Comparado: Estados Unidos y España, llevada a cabo en la sede de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH en Washington D.C., en conjunto con el Instituto Universitario de Investigación en Estudios Norteamericanos “Benjamin Franklin” de la Universidad de Alcalá, España. El objetivo de está reunión de trabajo fue discutir acerca del marco normativo en materia de migrantes indocumentados en los dos países objeto de comparación. Asimismo, este espacio sirvió para discutir acerca de los aportes de los sistemas regionales de derechos humanos en materia de protección de los derechos de todos los migrantes y sus familiares.

F. Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad

La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, a cargo del Comisionado Rodrigo Escobar Gil, trabajó activamente en la organización de la reunión de mecanismos internacionales de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, cuyo mandato incluye la protección contra la tortura celebrada en la sede de la CIDH el 16 de marzo de 2011. Durante la reunión los participantes consideraron la directa relación entre la tendencia a adoptar políticas públicas represivas en materia de seguridad ciudadana, y el aumento de la población carcelaria, el incremento de casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, y el empeoramiento de las condiciones de detención. La reunión celebrada en Washington tuvo por objeto intercambiar información dirigida a impulsar la coordinación de actividades orientadas a erradicar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes en la región, y asistir a los Estados en el cumplimiento de sus obligaciones. Los presentes coincidieron en la conveniencia de impulsar una mayor coordinación en relación con la práctica de visitas, la emisión de comunicados de prensa, la elaboración de informes temáticos y el seguimiento de recomendaciones formuladas a los Estados, entre otras actividades. Al finalizar la reunión, se emitió un comunicado de prensa en el cual los mecanismos se pronunciaron sobre la grave situación de tortura y hacinamiento carcelario en las Américas.

Asimismo, la Relatoría de Personas Privadas de Libertad participó en una reunión de expertos y representantes de mecanismos internacionales de protección contra la tortura y en una conferencia pública organizada por American University y la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) el 17 y 18 de marzo de 2011 respectivamente. El tema central de ambas actividades fueron las buenas prácticas y procedimientos para realizar visitas de monitoreo a lugares de privación de libertad.

G. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, a cargo de Catalina Botero, continuó trabajando en tareas de promoción, en el marco de lo cual se ofrecieron seminarios, conferencias y capacitaciones. Asimismo, la Relatoría Especial ofreció asesoramiento a Estados miembros de la OEA en la materia.

H. Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos

A 10 años de haber sido creada la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, la CIDH anuncia la creación de una Relatoría sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos. Las funciones de Relator en la materia han sido asignadas al Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, quien estuvo encargado de la Unidad desde enero de 2010.

La Unidad de Defensoras y Defensores fue establecida a iniciativa del Secretario Ejecutivo en diciembre de 2001, como respuesta a la solicitud de la Asamblea General de la OEA, así como el interés de la sociedad civil en contar con un punto focal en la Comisión Interamericana que le diera seguimiento específico al tema de los defensores y las defensoras. Desde entonces, a Unidad le dio seguimiento a la situación de todas las personas que ejercen la labor de defensa de los derechos en la región, incluyendo la situación de los operadores de justicia, a través de los distintos mecanismos existentes en el seno en el seno de la CIDH. En 2006, publicó el Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas en el cual se identificaron los principales obstáculos que enfrentan en el desempeño de sus labores y se emitió una serie de recomendaciones a los Estados para garantizar una mayor protección a las y los defensores en la región.

Con la creación de la Relatoría, la Comisión busca visibilizar más la importancia del rol de las defensoras y defensores, así como de los operadores de justicia, en la construcción de una sociedad democrática en la que tenga plena vigencia el Estado de derecho.

Actualmente la Relatoría se encuentra desarrollando el informe de seguimiento a la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos, para lo cual publicó un cuestionario dirigido a los Estados y a la sociedad civil, con el fin de recabar información sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe de 2006 e identificar nuevos desafíos para el pleno y libre desempeño de las actividades de defensa y promoción de los derechos humanos.

A fines de noviembre de 2010, el Comisionado José de Jesús Orozco participó en el lanzamiento del informe de la Oficina para México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los defensores y defensoras en México. Por su parte, el Secretario Ejecutivo de la CIDH participó a inicios de diciembre de 2010 en el IV Foro Regional sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sudeste asiático por invitación de la organización Forum Asia. En este evento participaron también representantes de otros organismos internacionales y regionales de protección de defensores y defensoras.

Por otra parte, la Unidad de Defensores y Defensoras participó en la III reunión Inter-mecanismos de protección de defensores y defensoras de derechos humanos, la cual tuvo lugar en Varsovia, Polonia, durante los días 8 y 9 de diciembre de 2010. En representación de la CIDH participaron el Comisionado José de Jesús Orozco y el Secretario Ejecutivo, Santiago Canton. Asimismo, estuvo presente la Relatora Especial de Naciones Unidas para los defensores, Margaret Sekaggya, así como el Comisionado para Derechos Humanos del Consejo de Europa; la Relatora Especial para la situación de los Defensores de la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos; el Punto Focal para Defensores de Derechos Humanos e Institucionales Nacionales de Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE); entre otros mecanismos internacionales de protección a defensores y defensoras.

Por último, en el marco del período de sesiones que hoy culmina, la Unidad realizó una reunión con defensores y defensoras de toda la región para dialogar sobre temas de interés común y coordinar actividades en particular relacionadas con la elaboración del informe de seguimiento a la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en la región.

V. Trabajo relacionado con la Corte Interamericana

La Comisión Interamericana ha sometido 161 casos contenciosos a conocimiento de la Corte. De ellos, 9 se encuentran en espera de notificación al Estado correspondiente, 7 se encuentran en espera de que se convoque a audiencia pública, 5 en espera de sentencia, 118 en etapa de cumplimiento de sentencia y 16 se encuentran cerrados. Asimismo, hay 45 medidas provisionales activas y tres solicitudes de medidas provisionales pendientes de decisión por parte del Tribunal.

Desde el mes de octubre de 2010 la CIDH ha sometido los siguientes catorce casos a la jurisdicción contenciosa de la Corte:

Néstor José y Luis Uzcátegui y otros, Venezuela
Raúl José Díaz Peña, Venezuela
Milagros y Leonardo Aníbal Fornerón, Argentina
Masacre de Río Negro, Guatemala
Jorge Fontevecchia y Héctor D´Amico, Argentina
Edgar F. García y otros, Guatemala
Nadege Dorzema y otros (Masacre de Guayubín), República Dominicana
Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar), Guatemala
Joe Luis Castillo González, Venezuela
Palma Mendoza, Ecuador
Luis Gonzalo “Richard” Vélez, Colombia
Masacres de El Mozote y lugares aledaños, El Salvador
Pacheco Teruel y otros (Muertes por incendio en el Centro Penal de San Pedro Sula), Honduras
Sebastián Furlán y familia, Argentina

Del 14 al 16 de noviembre de 2010, la Comisión participó en las audiencias del 42º Período Extraordinario de Sesiones de la Corte, celebrado en Quito, Ecuador. En dicho período de sesiones se realizaron audiencias públicas en los casos: Juan Gelman y otros (Uruguay) y Abril Alosilla y otros (SEDAPAL) (Perú). Adicionalmente, la CIDH participó en una audiencia pública sobre medidas provisionales en el asunto de las Penitenciarías de Mendoza (Argentina).

Del 21 de febrero al 5 de marzo de 2011, la CIDH participó en las audiencias del 90 periodo ordinario de Sesiones de la Corte, celebrado en San José, Costa Rica. En dicho periodo de sesiones se realizaron audiencias públicas en los casos: Barbani y otros (Grupo de Ahorristas del Banco de Montevideo) (Uruguay), Chocrón Chocrón (Venezuela), Mejía Idrovo (Ecuador), Leopoldo López (Venezuela) y Pedro Miguel Vera Vera (Ecuador). Adicionalmente, la CIDH participó en una audiencia pública sobre medidas provisionales en el asunto de Wong Ho Wing (Perú) y en reuniones privadas de supervisión de cumplimiento en los casos de Masacres de Ituango (Colombia), Valle Jaramillo (Colombia) y Gómez Palomino (Perú).

Por otra parte, desde el período pasado de sesiones la Comisión presentó seis solicitudes de medidas provisionales: Galdámez (Honduras) Maria Lourdes Afiuni (Venezuela), Cárcel de Tocorón (Venezuela) Cárcel de Vista Hermosa (Venezuela), UNIS (Brasil), y Carceles de Mendoza (Argentina). La primera de ellas fue levantada.

VI. Aportes financieros

La CIDH desea agradecer muy especialmente los importantes aportes financieros efectuados por países de dentro y fuera de la región, así como por organizaciones y agencias internacionales, fundaciones y otras entidades. Estas donaciones hacen posible que la CIDH realice gran parte de sus actividades relativas a los mandatos provenientes de los órganos políticos de la OEA.

En particular, la CIDH agradece las contribuciones efectuadas en el año 2010 y en lo que va corrido del 2011, por los gobiernos de los siguientes países miembros de la OEA: Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y México. También desea agradecer a los Países Observadores que apoyan las actividades de la Comisión: España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Luxemburgo, Suecia y Suiza. Asimismo, la Comisión valora y agradece las contribuciones recibidas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, Save the Children/Suecia, la Fundación Sueca para los Derechos Humanos, el Fondo de Población de Naciones Unidas, la Unión Europea, y la Universidad de Notre Dame. Por su parte, Holanda, Irlanda y Noruega, a través de la organización Working Group on Indigenous Populations/Communities (WGIP) han expresado su voluntad de apoyar financieramente a la Comisión. Estas contribuciones apoyan de manera concreta el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos en el continente americano.

Anexo del No. 28/11