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Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena enérgicamente el asesinato de por lo menos seis defensores de derechos humanos en Brasil en lo que va de 2016, así como también la creciente y generalizada situación de hostigamiento, intimidación, y amenazas contra defensores, particularmente aquellos que defienden los derechos relacionados con la tierra, el trabajo y los pueblos indígenas.
Según información recibida por la CIDH, entre enero y febrero de 2016, por lo menos seis defensores de derechos humanos habían sido asesinados en tres estados de Brasil. Tres de dichos homicidios ocurrieron en el estado de Rondônia, dos en el estado de Maranhão, y uno en el estado de Alagoas. Los defensores asesinados fueron Enilson Ribeiro dos Santos y Valdiro Chagas de Moura de la Liga de Campesinos Pobres (LCP), y Edmilson Alves da Silva, Presidente de Asentamiento Hermana Daniela líder del Movimiento Sin Tierra (MST). La información disponible indica que estas personas estaban involucradas en la defensa y promoción de derechos territoriales y representaban agricultores o campesinos sin tierra dentro de un contexto de reforma agraria y fuertes tensiones con los terratenientes de estas zonas. Dos de los defensores asesinados, Ronni dos Santos Miranda y Francisca das Chagas Silva, eran líderes del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Rurales (STTR). Otro de los defensores asesinados fue Nilce de Souza Magalhães, líder del Movimiento de Afectados por Represas (MAB por sus siglas en portugués), quien denunció el impacto socio-económico de la planta hidroeléctrica Jirau en comunidades locales.
A lo largo de este último año, la Comisión ha observado la intensificación de movimientos sociales demandando que se mantenga el estado de derecho en Brasil y que se sostengan derechos constitucionales y políticas públicas efectivas, dado que estas políticas buscan abordar situaciones estructurales tales como la reforma agraria, el acceso a la salud y a la educación. Al mismo tiempo, la Comisión ha observado un incremento en actos de violencia, represión y criminalización de dichos movimientos sociales. Por ejemplo, de acuerdo con los datos recibidos por la Comisión, otorgados por organizaciones de derechos humanos, en 2015 hubo 50 asesinatos en Brasil por el conflicto agrario, y de ellos, 20 ocurrieron en el estado de Rondônia. Asimismo, la Comisión está al tanto de la muerte de al menos dos líderes políticos en lo que va del 2016, incluyendo la de Luiz Antonio Bonfim, líder del Partido Comunista de Brasil, quien estaba involucrado en el movimiento de agricultores sin tierra en estado de Pará; y la de Ivanildo Francisco da Silva, presidente del Partido de los Trabajadores, así como también de la muerte de dos miembros del Movimiento Sin Tierra (MST) el 7 de abril de 2016 después de una emboscada policial a un asentamiento del MST en el estado de Pará.
La Comisión Interamericana recuerda que el Estado está obligado a investigar por iniciativa propia eventos de esta naturaleza y a sancionar tanto a autores materiales e intelectuales. En relación a los defensores asesinados, estas investigaciones deben incluir el desarrollo de líneas de investigación bajo la hipótesis que estos asesinatos pudieran haber sido cometidos debido a su trabajo como defensores de derechos humanos. Adicionalmente, dichas investigaciones deben ser exhaustivas, serias e imparciales, y tomadas con debida diligencia. Asimismo, la CIDH urge al Estado a tomar inmediatamente todos los pasos necesarios para garantizar el derecho a la vida, integridad y seguridad de defensores de derechos humanos dentro de su territorio. Además, urge al Estado de Brasil a adoptar medidas para proteger la vida y la integridad de líderes indígenas y defensores de derechos humanos de manera que se respete su identidad cultural, perspectiva y concepción de derechos humanos.
La Comisión también reitera que actos de violencia y otros ataques contra defensores de derechos humanos no sólo afectan las garantías de todo ser humano pero socavan el papel fundamental que éstos juegan en la sociedad. Estos actos también afectan a las personas para quienes ellos trabajan, contribuyendo a la vulnerabilidad e indefensa de todos aquellos cuyos derechos defienden. El trabajo de defensores de derechos humanos es crucial para la construcción de una sociedad democrática y para la consolidación del estado de derecho.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 054/16