Washington, D.C.-
La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hace un llamado a los Estados de
la región a promover un cambio cultural y estructural, reconociendo la
memoria histórica afrodescendiente y adoptando medidas de satisfacción,
restitución de derechos, garantías de no repetición, rehabilitación, e
indemnización, como forma de reparación integral para combatir todas las
diferentes formas de discriminación racial que enfrentan las personas
afrodescendientes y comunidades tribales en las Américas.
La Comisión reafirma que la discriminación étnico-racial en las Américas no
puede ser entendida sin los factores históricos de su conformación, como la
dominación colonial y la esclavitud. Estas prácticas de lesa
humanidad situaron a las personas africanas y sus descendientes en una
posición de inferioridad, contribuyendo al contexto actual de graves
violaciones de derechos humanos a que siguen expuestas las personas y
colectivos afrodescendientes en todos los Estados de la región.
Como consecuencia de ese racismo estructural e institucional, la CIDH
subraya la persistencia de un ciclo histórico de violencia y de exclusión
socio-económica, cultural y política. Además, destaca que, estas violaciones
pueden verse agravadas debido a la intersección con condiciones como la
edad, el género, el estatus migratorio, la discapacidad, la orientación
sexual e identidad y/o expresión de género, entre otros.
En ese sentido, la
Comisión viene recibiendo información sobre actos de violencia institucional
por parte de las fuerzas de seguridad de los Estados, así como de distintos
episodios de perfilamiento racial y violencia racial policial.
Adicionalmente, se destaca la
impunidad en los sistemas de justicia en cuanto a la investigación de esos
crímenes, su respectiva sanción y la reparación a las víctimas y sus
familiares.
La CIDH reitera la
persistencia de obstáculos en la realización de los derechos económicos y
sociales en las personas afrodescendientes. De acuerdo con la
matriz de la desigualdad social en América Latina,
los varones afrodescendientes perciben ingresos laborales 4,3 veces sobre el
límite de la línea de pobreza en comparación con el 7,1 de los no
afrodescendientes ni indígenas.
Igualmente, en cuanto al
promedio de escolaridad, las mujeres afrodescendientes registran el 7,7 años,
mientras que las mujeres no afrodescendientes ni indígenas reportan el 9,7
años.
A su vez, el Banco
Mundial ha
destacado que de 13 países en Latinoamérica, en 10 de ellos las personas
afrodescendientes representan el porcentaje más alto de la población urbana
que vive en barrios en situación de pobreza o favelas -áreas geográficas que
coinciden con zonas de violencia armada-, en comparación con personas de
otro origen étnico-racial no indígena. Asimismo, señala que en 9 países de
la región, personas afrodescendientes reportan porcentajes más bajos en
relación al acceso al agua y otros servicios básicos en comparación con
personas no afrodescendientes.
En cuanto al contexto cultural,
la CIDH toma nota de políticas educacionales en los Estados que niegan
directa o indirectamente los legados históricos de las personas africanas
esclavizadas y sus descendientes. Muchas de estas utilizan la apropiación
cultural, la negación de las lenguas tradicionales, así como avanzan con
proyectos de asimilación cultural. Por otra parte, la Comisión recibió
información reiterada sobre la transgresión
a la libertad religiosa de origen africana que incluyen
agresiones a sitios sagrados y persecuciones a sus practicantes.
La CIDH recuerda que todas personas tienen el derecho fundamental a no ser
víctimas de discriminación por su origen étnico-racial.
En este
sentido, los Estados están obligados a prohibir, prevenir y sancionar todos
los actos de discriminación racial, así como proveer justa reparación cuando
corresponda.
Asimismo, resalta que todas las formas de discriminación, en específico por
motivos de origen etnico-racial, constituyen un atentado a la igualdad y
dignidad esencial de todos los seres humanos.
Como
consecuencia, la manifestación específica del derecho a la igualdad es el
derecho de toda persona a no ser víctima de discriminación racial, que tiene
implicación directa en su propio desarrollo.
Al respecto, la
Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las
Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial de la CIDH ha
señalado que “garantizar reparaciones adecuadas a las personas
afrodescendientes, es un paso indispensable para combatir la discriminación
racial en la región”.
Por su parte el presidente de la Comisión, Joel Hernández, recordó a los
Estados “aunar esfuerzos para prohibir y sancionar las diferentes formas de
violencia, discriminación e intolerancia contra las personas
afrodescendientes”.
La Comisión hace
un llamado a los Estados del hemisferio a
impulsar un cambio estructural que garantice la igualdad formal y material
para todos los grupos étnico-raciales. En esa medida, otorgar reparaciones
integrales, con miras a lograr lavisibilización y divulgación de la
memoria histórica afrodescendiente. Además, adoptar medidas de satisfacción,
restitución de derechos, garantías de no repetición, rehabilitación, e
indemnización por violaciones sufridas, integrando una perspectiva
interseccional e intercultural, en consonancia con los estándares del
Sistema Interamericano, y los lineamientos del Plan de Acción del Decenio de
las personas Afrodescendientes en las Américas (2016-2025).
Por todo lo expuesto, la
Comisión saluda la ratificación de la Convención Interamericana contra el
Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia por parte
de 5 Estados de la región, y urge a los Estados a continuar aunando
esfuerzos para ratificar este tratado, así como la Convención Interamericana
contra toda forma de discriminación e intolerancia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 216/20