Estas normas internacionales del trabajo son presentadas dentro de Convenios, que imponen obligaciones a los países que los ratifican con el objetivo de mejorar las condiciones de empleo en todo el mundo.
La ratificación es el compromiso que asume un país a tomar las medidas necesarias para hacer efectivas las disposiciones del convenio, tanto en la creación de leyes como en su cumplimiento.
Adoptada el 9 de junio de 1994, esta convención es el primer tratado internacional donde se abordó específicamente la violencia contra las mujeres y consagró el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en todos los ámbitos.
Ahora sí...
Si bien varios países ya habían realizado modificaciones legislativas orientadas a igualar el trabajo doméstico con los demás tipos de empleo antes de la aprobación del Convenio 189, dentro de este se concretaron los estándares.
Son las guías que establecen principios y derechos básicos en el trabajo, los cuales sirven como marco de referencia para la realización de los cambios normativos en cada país.
Las trabajadoras del hogar tienen derecho a un contrato de trabajo claro y comprensible, que defina las condiciones en las que se llevará a cabo el empleo y que preferiblemente sea por escrito.
La decisión de residir en la casa del empleador debe ser por mutuo acuerdo, respetando la privacidad y la dignidad de la trabajadora del hogar.
Debe haber una limitación razonable de la jornada de trabajo y descanso, asegurando la igualdad de trato y condiciones con el resto de la fuerza laboral.
Las trabajadoras del hogar deben disfrutar de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables al resto de la fuerza laboral en cuanto a la seguridad social, incluyendo las prestaciones por maternidad.
Sobre el salario, las compensaciones extras, los aguinaldos y las bonificaciones. Las trabajadoras del hogar deben contar con un salario mínimo igual al establecido para el resto de la fuerza laboral, éste debe ser pagado en dinero directamente a la trabajadora, con intervalos no mayores a un mes y limita el pago en especies. Además, tienen derecho al pago de horas extra y el tiempo en el que estén disponibles para quien la emplea se considera tiempo de trabajo.
Desde el Convenio 138 se estableció que la edad mínima para el empleo es de 18 años y con excepciones a partir de los 16. En este convenio se agrega que debe garantizarse que quienes menores de 18 años no trabajen de noche, y que tengan tiempo para realizar sus estudios, entretenerse y estar en contacto con sus familiares.
Ellas tienen derecho a contar con un contrato de trabajo antes de desplazarse al país de destino y a conservar sus documentos de identidad y viaje.
Deben establecerse mecanismos para el acceso a la justicia en condiciones igualitarias con el resto de la fuerza laboral.
Se deben regular las agencias de empleo y activar mecanismos para las denuncias sobre su funcionamiento.
Los estados deben adoptar medidas de protección contra la violencia, el abuso y el acoso al que las trabajadoras del hogar son vulnerables.
Este convenio protege el derecho a la sindicalización de las trabajadoras del hogar.
A mediados del 2019 fue firmado el Convenio 190, el cual aborda el problema de la violencia y el acoso en el trabajo. Dentro de este se estableció la primera definición internacionalmente acordada de lo que es la violencia y el acoso en el trabajo, e incluyó la violencia de género. Además define un marco común para prevenir, remediar y eliminar la violencia y el acoso en el trabajo.
Aunque no se hace una distinción directa de las trabajadoras del hogar, las condiciones particulares de esta forma de empleo, como el lugar de trabajo, las condiciones sociales y los estereotipos que hay hacia las trabajadoras, las hace especialmente vulnerables a situaciones de violencia y el acoso.
Prohibir legalmente la violencia y el acoso en el trabajo.
Adoptar estrategias integrales para prevenir y combatir la violencia y el acoso.
Establecer mecanismos de control y de seguimiento o fortalecer los mecanismos existentes.
Velar porque las víctimas tengan acceso a vías de recurso y reparación y a medidas de apoyo.
Garantizar que existan medios de inspección e investigación efectivos de los casos de violencia y acoso, incluyendo a través de la inspección del trabajo o de otros organismos competentes.
