Apoya a los Estados Miembros en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas para la mejora de sus sistemas policiales y de justicia, la aplicación efectiva del acceso a la justicia y la profesionalización y modernización de sus fuerzas policiales y sistemas penitenciarios. Promueve la creación de programas de asistencia y protección a víctimas y testigos, y el fortalecimiento de las capacidades de investigación policial, fiscal y judicial en materia de delitos.

La Sección de Prevención de la Violencia apoya a los Estados miembros en el diseño e implementación de programas, planes, proyectos, políticas públicas y otras iniciativas para fortalecer las capacidades institucionales y humanas para prevenir y reducir la violencia, la delincuencia, y la inseguridad, así como asistir a las víctimas y sobrevivientes en su reinserción integral.

Apoya a los Estados Miembros en el fortalecimiento de sus capacidades para la gestión de armas convencionales y municiones, a través de programas operativos. Además, busca proporcionar asesoría técnica a los foros políticos relacionados (CIFTA, CITAAC, MFCS) y generar información sobre los desafíos del tráfico ilícito y la proliferación de armas y municiones.

Recolecta, genera y pone a disposición datos, información y conocimiento sobre seguridad pública.

AICMA busca restablecer las condiciones de vida segura y productiva para las comunidades afectadas por las minas. Sus actividades incluyen: desminado humanitario; educación en el riesgo de minas; la rehabilitación de víctimas de minas antipersonal y su reintegración socioeconómica; la destrucción de minas almacenadas; y la promoción de la prohibición del uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal.

PICAD fortalece las capacidades de 7 Estados Miembros para prevenir e investigar el crimen organizado vinculado a la explotación de refugiados y migrantes venezolanos, en particular, la trata de personas y el tráfico de migrantes

El DSP en su calidad de Secretaría Técnica lleva adelante el seguimiento al cumplimiento de los mandatos asignados en las resoluciones, declaraciones y/o recomendaciones tanto de la Asamblea General, como de su Consejo Permanente y foros políticos, en materia de Seguridad Pública.