Es necesaria la incorporación de una visión que ponga en el centro a niños, niñas y adolescentes y la protección y restablecimiento de sus derechos
Los procesos de reforma en materia de seguridad que se están operando en América deben realizar un cambio de paradigma en seguridad ciudadana.
Este cambio debe priorizar las funciones de prevención y de reducción de la violencia, en lugar de priorizar las funciones de control y represión del delito.
Otros elementos que requieren ser mejorados son el acceso efectivo a la justicia y a las garantías judiciales, en particular para algunos grupos. Deben eliminarse las barreras en el acceso a la justicia, tales como los altos costos, los problemas de saturación del sistema judicial, la lentitud, la mala calidad de los procesos de investigación y acusación, y los altos niveles de impunidad en la persecución de delitos.
Enfoque amplio, integral y holístico de la seguridad ciudadana
Para lograr una prevención efectiva de la violencia es necesario partir de un enfoque amplio, integral y holístico que incorpore estrategias legales, sociales, educativas y económicas para reducir los factores de riesgo y fortalecer los factores de protección.
Políticas sociales y acceso a servicios básicos
Profesionalización y especialización de las intervenciones
Sistemas de información, monitoreo y evaluación
Participación social y de los niños, niñas y adolescentes
Apoyo y fortalecimiento a las familias
Descentralización y el rol de los gobiernos locales
Los municipios tienen atribuidas competencias en un importante número de cuestiones que inciden en la prevención de la violencia, aunque la competencia en materia de seguridad (fuerzas de seguridad) se mantenga por lo usual en el nivel central.
Desde las ciudades se pueden mitigar los niveles de violencia e inseguridad con políticas sociales y de planeación urbana que reduzcan la exclusión, la marginalidad y la fragmentación social. Es preciso ampliar la cobertura de los servicios públicos en las comunidades más afectadas por la pobreza, invertir en programas de vivienda digna, recuperar espacios públicos seguros, así como integrar las zonas desconectadas de la ciudad a través de la inversión en infraestructuras públicas; estas intervenciones aumentan la calidad de vida de las personas en estas comunidades, promueven el disfrute de sus derechos, y contribuyen a disminuir la condición de marginalidad y vulnerabilidad.
Se ha comprobado que el modelo de ciudad incide en la inseguridad: una de las prioridades de los gobiernos locales debe ser la promoción de ciudades inclusivas y seguras que contribuyan a la reducción de la violencia y la delincuencia.
Así mismo, entre las responsabilidades asociadas a la prevención de la violencia se encuentran las políticas destinadas a la juventud (como deporte, recreación y cultura); muchas de estas políticas han sido descentralizadas al nivel local.
Educación: compleción de la escuela
Educación desde un enfoque de derechos humanos
Formación profesional y acceso a un empleo digno
Recreación, ocio y cultura
Profesionalización, modernización y democratización de los cuerpos de seguridad
Se debe llevar adelante un proceso de profesionalización, modernización y democratización de los cuerpos de seguridad del Estado, un cambio de modelo que tome en consideración la seguridad ciudadana entendida como protección de todas las personas, de sus derechos y de las condiciones para poderlos ejercer.
Estas políticas se caracterizan por:
Superar las estrategias de asalto y combate aisladas
La policía comunitaria o de proximidad
Uso legítimo y proporcional de la fuerza
Entrenamiento permanente y equipamiento
Documentar el uso de la fuerza
Investigar homicidios por agentes estatales
Uso de fuerza no letal
Protocolos en relación a la niñez
¿Cómo abordar el problema de niños, niñas y adolescentes en las pandillas violentas y las maras?
Para abordar efectivamente el problema de la vinculación de niños y adolescentes a las pandillas violentas y las maras hay que empezar por reconocer que las pandillas y las maras surgen como consecuencia de determinados contextos sociales, situaciones de vulnerabilidad en el ejercicio de derechos y ausencia de políticas adecuadas de protección a la niñez, y que vienen a llenar otros vacíos sociales.
La necesidad de avanzar en la justicia restaurativa
Programas de rehabilitación y reinserción social
Ofrecer los apoyos necesarios a través de medidas socio-educativas para la efectiva re-vinculación de forma positiva y constructiva en la sociedad, priorizando que estas medidas se implementen en el ámbito comunitario y familiar.
Elevar la edad de responsabilidad penal
Elevar la edad de responsabilidad penal a los 18 años. Las personas menores de 18 años en conflicto con la ley penal deben ser tratadas en el marco de una justicia juvenil especializada, de carácter restaurativo en lugar del modelo punitivo y retributivo basado en la privación de la libertad.
Privación de la libertad de adolescentes: “último recurso”
La privación de la libertad cuando se trata de adolescentes debe emplearse únicamente como medida excepcional, de último recurso y por el menor tiempo posible necesario.
Evitar la prisión preventiva de adolescentes
Como regla general, debería evitarse la privación de la libertad de personas menores de 18 años sin que haya recaído una sentencia judicial, a menos que se prevean en la ley situaciones de carácter excepcional para justificar el uso limitado de la prisión preventiva, por tiempo determinado, y debiéndose establecer su duración máxima en la ley.