Brasil: CIDH y REDESCA se solidarizan con la tragedia ambiental en Rio Grande do Sul y reafirman la importancia de promover acciones de mayor alcance ante la emergencia climática

30 de mayo de 2024

Washington, D.C.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) expresan su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Brasil dada la situación de emergencia ambiental que están atravesando, derivada de las intensas lluvias e inundaciones sin precedentes en Río Grande do Sul.

La CIDH y REDESCA lamentan las más de 150 pérdidas de vidas humanas y el desplazamiento de un número incontable de personas debido a las intensas lluvias e inundaciones que afectan al estado de Río Grande do Sul. La Defensa Civil ha contabilizado, hasta el momento, 72 personas desaparecidas y 806 heridas. Dicha situación resulta especialmente preocupante dado que incrementa el riesgo para los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, particularmente para las comunidades de primera línea, y afecta de manera desproporcionada a poblaciones históricamente discriminadas, como los pueblos indígenas, afrodescendientes, personas LGBTI, mujeres, niñas, niños y adolescentes. Al respecto, a partir de su visita a Brasil en 2023, la REDESCA ya había observado que diversas tragedias ambientales que han ocurrido en el país han impactado diferenciada y desproporcionada a estas personas.

La CIDH y REDESCA recuerdan, tal como se destaca en la Resolución 3/2021, que los impactos climáticos traen consigo una amenaza importante al disfrute de una amplia gama de derechos imprescindibles para una vida digna, inter alia, el derecho a la vida, a la alimentación, vivienda, salud, agua y el derecho a un ambiente sano. Por esa razón, la CIDH y la Relatoría Especial llaman a los Estados a fortalecer de manera urgente sus políticas públicas ambientales frente a la emergencia climática, a todos los niveles de gobierno y en cooperación con todos los poderes del Estado, reiterando su compromiso y disposición a contribuir en todo lo que esté a su alcance con tales esfuerzos.

En esa línea, la CIDH y REDESCA reiteran la importancia de incorporar una perspectiva étnico-racial transversal con miras a lograr una justicia climática, y eliminar las brechas sociales y económicas que impactan diferencialmente a las personas afrodescendientes y otras comunidades étnicas en situaciones de vulnerabilidad. Al tiempo, también urgen garantizar la participación efectiva y oportuna de esas personas en la construcción e implementación de todas las políticas que se adelantan sobre cambio climático.

En este sentido, dados los principios de progresividad, no regresividad y precaución, el Estado debe avanzar en la creación e implementación de políticas públicas efectivas que eviten y mitiguen los daños causados por el cambio climático, garantizando al mismo tiempo el mantenimiento de los niveles de protección ambiental ya establecidos.

Para ello, deben seguir las obligaciones establecidas en la Opinión Consultiva OC 23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción que puedan producir un daño significativo al medio ambiente, y establecer un plan de contingencia con medidas de seguridad y procedimientos para minimizar la posibilidad de grandes accidentes ambientales, y mitigar el daño ambiental significativo que se haya producido.

La CIDH y REDESCA enfatizan que los principios de participación, rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información, son lineamientos aplicables a las políticas públicas con enfoque de derechos humanos. La implementación de este enfoque tiene el objetivo de contribuir en el abordaje y disminución de las brechas de desigualdad, la priorización de los derechos de personas y grupos históricamente discriminados, y la remoción de obstáculos para la realización de los derechos, entre otros.

Específicamente con respecto a la situación en curso en Rio Grande do Sul, la CIDH y REDESCA saludan las medidas adoptadas por el gobierno federal, y notan positivamente la cooperación con los demás órganos estatales, en sus distintos niveles, en el rescate de las personas afectadas y en la recuperación del estado. También saluda al pueblo brasileño por su solidaridad con la población afectada.

Se observa, con preocupación, la adopción de medidas que pueden impactar negativamente la lucha contra la emergencia climática. Por ejemplo, la aprobación del proyecto de ley que excluye la silvicultura como actividad contaminante. Asimismo, la exclusión de organismos técnicos especializados en el proceso de liberación de agrotóxicos, y las iniciativas que debilitarían los mecanismos de inspección ambiental. CIDH y REDESCA advierten sobre la importancia de promover acciones de mayor alcance frente a la emergencia climática.

La CIDH y REDESCA hacen un llamado especial a la solidaridad regional e internacional para atender los riesgos que enfrentan las personas y grupos afectados por este desastre ambiental. En ese sentido, al momento de cumplir sus obligaciones, los Estados deben procurar hacerlo tomando en cuenta la interdependencia e indivisibilidad existente entre todos los derechos, entendidos integralmente y de forma conglobada, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello. Los Estados deben redoblar los esfuerzos para asegurar la disponibilidad de apoyos económicos y financieros como subsidios, préstamos y donaciones por inundaciones, así como toda la asistencia técnica y jurídica para acceder a los mismos. La CIDH y REDESCA continuarán su monitoreo y diálogo constante con el Estado y la sociedad brasilera afectada por este desastre.

La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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