Perú lidera cambio de paradigma legal que beneficia a personas con discapacidad
![OAS Member States discuss the Post-2015 Development Agenda](http://www.oas.org/en/sedi/nl/0415/5.jpg)
Parece evidente
que todas las personas tienen derecho a expresar y ejercer sus
preferencias y su voluntad en la toma de decisiones jurídicas. Sin
embargo, este no es el caso para millones de personas viviendo en
situación de discapacidad en la región, que se ven obligadas a
relegar sus derechos a un tercero. Reconocer estos derechos
representa un cambio de paradigma que se está promoviendo desde la
OEA, a través del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra las Personas con Discapacidad (CEDDIS), cuyo
Grupo de Trabajo se reunió en Lima, Perú el 15 y 16 de abril.
Como parte de los esfuerzos en marcha para impulsar este cambio de
paradigma, el
Grupo de Trabajo reunido en Lima y compuesto por
30 delegados de
11 países de la región,
continuó el
proceso de elaborar un Manual Orientador sobre apoyos y salvaguardas
para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con
discapacidad. El manual está destinado a autoridades y operadores de
justicia en los Estados parte de la Convención Interamericana para
la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad (CIADDIS).
Ana
Evelyn Jacir de Lovo, Jefe de la Sección de Inclusión de Grupos
Vulnerables de la OEA-SEDI, explicó que “el
manual apoyará
al sistema judicial con una orientación muy concreta sobre cómo
hacer operativo lo que se propone desde la CEDDIS, en dónde se
plantea que en lugar de sustituir la voluntad de la persona con
discapacidad, es necesario brindarle los apoyos y salvaguardas para
que puedan ejercer sus derechos. En caso de ser necesario nombrar a
una persona que lo represente, que ésta sea elegida por la persona
con discapacidad, limitada, y que tenga siempre en cuenta las
preferencias de la persona que se representa.”
Resulta oportuno que Perú haya sido la sede de este evento, dados
los avances recientes del país en la materia. Estos avances
fueron presentados en una reunión adicional entre la delegación
internacional del CEDDIS y la Comisión especial del Congreso del
Perú, que adelanta un anteproyecto de ley de reforma del Código
Civil, con el que se garantizaría el ejercicio de capacidad jurídica
de las personas con discapacidad psicosocial, e intelectual. En la
reunión, el parlamentario John Reynaga, presidente de la Comisión,
afirmó a un
diario local que “Es necesario abolir la muerte civil hacia las
personas con discapacidad mental e intelectual. En este momento
somos líderes en haber trabajado rigurosamente en la propuesta de
una fórmula legal en concordancia con la Convención de las Naciones
Unidas y la Organización de los Estados Americanos, a favor de este
sector relegado, para que tengan capacidad jurídica en iguales
condiciones como los demás ciudadanos en todos los aspectos de la
vida, con apoyos y salvaguardas, y poner fin a la práctica de
interdicción judicial”.
En efecto, los avances logrados en el Perú construyen sobre el
trabajo que viene realizando la OEA a nivel hemisférico para
defender los derechos de las personas con discapacidad. Estos
esfuerzos incluyen una serie de capacitaciones, asistencias técnicas
a autoridades especializadas, y acceso a una red de especialistas no
solo del Departamento de Inclusión Social de la OEA, sino también de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Comité de
Naciones Unidas y de autoridades nacionales y de especialistas de la
sociedad civil que están compartiendo sus experiencias para
fortalecer los cambios legales e institucionales impulsados desde
los países.
El alto nivel de
interés que este tema despierta en la región quedó demostrado en la
reunión del
Grupo de Trabajo,
no sólo por el evidente compromiso de los países representados, sino
también por los más de 3.000 espectadores que vieron su transmisión
en vivo por Internet. Próximamente, la Secretaría Técnica del
CEDDIS-OEA continuará ofreciendo jornadas de capacitación que
apuntan a promover la generación de iniciativas de armonización
legislativa de los Códigos Civiles de la región, a fin de garantizar
el pleno ejercicio de derechos de las personas con discapacidad.