Perú lidera cambio de paradigma legal que beneficia a personas con discapacidad

Parece evidente que todas las personas tienen derecho a expresar y ejercer sus preferencias y su voluntad en la toma de decisiones jurídicas. Sin embargo, este no es el caso para millones de personas viviendo en situación de discapacidad en la región, que se ven obligadas a relegar sus derechos a un tercero. Reconocer estos derechos representa un cambio de paradigma que se está promoviendo desde la OEA, a través del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad (CEDDIS), cuyo Grupo de Trabajo se reunió en Lima, Perú el 15 y 16 de abril.

Como parte de los esfuerzos en marcha para impulsar este cambio de paradigma, el Grupo de Trabajo reunido en Lima y compuesto por 30 delegados de 11 países de la región, continuó el proceso de elaborar un Manual Orientador sobre apoyos y salvaguardas para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. El manual está destinado a autoridades y operadores de justicia en los Estados parte de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CIADDIS).

Ana Evelyn Jacir de Lovo, Jefe de la Sección de Inclusión de Grupos Vulnerables de la OEA-SEDI, explicó que “el manual apoyará al sistema judicial con una orientación muy concreta sobre cómo hacer operativo lo que se propone desde la CEDDIS, en dónde se plantea que en lugar de sustituir la voluntad de la persona con discapacidad, es necesario brindarle los apoyos y salvaguardas para que puedan ejercer sus derechos. En caso de ser necesario nombrar a una persona que lo represente, que ésta sea elegida por la persona con discapacidad, limitada, y que tenga siempre en cuenta las preferencias de la persona que se representa.”

Resulta oportuno que Perú haya sido la sede de este evento, dados  los avances recientes del país en la materia. Estos avances fueron presentados en una reunión adicional entre la delegación internacional del CEDDIS y la Comisión especial del Congreso del Perú, que adelanta un anteproyecto de ley de reforma del Código Civil, con el que se garantizaría el ejercicio de capacidad jurídica de las personas con discapacidad psicosocial, e intelectual. En la reunión, el parlamentario John Reynaga, presidente de la Comisión, afirmó a un diario local que “Es necesario abolir la muerte civil hacia las personas con discapacidad mental e intelectual. En este momento somos líderes en haber trabajado rigurosamente en la propuesta de una fórmula legal en concordancia con la Convención de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, a favor de este sector relegado, para que tengan capacidad jurídica en iguales condiciones como los demás ciudadanos en todos los aspectos de la vida, con apoyos y salvaguardas, y poner fin a la práctica de interdicción judicial”.

En efecto, los avances logrados en el Perú construyen sobre el trabajo que viene realizando la OEA a nivel hemisférico para defender los derechos de las personas con discapacidad. Estos esfuerzos incluyen una serie de capacitaciones, asistencias técnicas a autoridades especializadas, y acceso a una red de especialistas no solo del Departamento de Inclusión Social de la OEA, sino también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Comité de Naciones Unidas y de autoridades nacionales y de especialistas de la sociedad civil que están compartiendo sus experiencias para fortalecer los cambios legales e institucionales impulsados desde los países.

El alto nivel de interés que este tema despierta en la región quedó demostrado en la reunión del Grupo de Trabajo, no sólo por el evidente compromiso de los países representados, sino también por los más de 3.000 espectadores que vieron su transmisión en vivo por Internet. Próximamente, la Secretaría Técnica del CEDDIS-OEA continuará ofreciendo jornadas de capacitación que apuntan a promover la generación de iniciativas de armonización legislativa de los Códigos Civiles de la región, a fin de garantizar el pleno ejercicio de derechos de las personas con discapacidad.