La Sección de Seguridad y Justicia del Departamento de Seguridad Pública apoya a los Estados miembros en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas que promuevan mejoras de los sistemas policiales y de justicia, la aplicación efectiva del acceso a la justicia, la profesionalización y modernización de las fuerzas policiales, y la profesionalización y modernización de los sistemas penitenciarios y carcelarios, programas de asistencia y protección a víctimas y testigos, y fortalecimiento de las capacidades de la investigación policial y judicial de delitos.
En el marco de la modernización de los sistemas penitenciarios y carcelarios trabajamos en el desarrollo e implementación de estrategias penitenciarias integrales, la formación y capacitación de personal penitenciario, así como en la reinserción y rehabilitación de personas privadas de libertad, y la promoción de alternativas al encarcelamiento.
Gestionamos la Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial (REDPPOL) como un mecanismo de cooperación internacional para la generación y gestión de conocimientos policiales adecuados a las nuevas circunstancias de seguridad de la región y el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas. REDPPOL se enfoca en i) la formación y capacitación policial; ii) la cooperación horizontal sub-regional; iii) la implementación y certificación en Gestión de Calidad; y iv) el desarrollo de una plataforma digital de cooperación policial. REDPPOL coordina la unidad de apoyo policial integrada por personal asociado asignado por los Estados miembros y mantiene relaciones de cooperación con instituciones nacionales e internacionales, gubernamentales o no gubernamentales incluyendo la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), entre otros.
La Sección también desarrolla e implementa iniciativas para el fortalecimiento de las capacidades de la investigación policial y judicial de delitos, entre ellos los delitos vinculados a la migración irregular, y del delito de secuestro extorsivo; coordina la implementación de metodologías de evaluación y análisis de los sistemas de seguridad nacional; la asistencia para una mejor estructuración y control de los servicios ofrecidos por las empresas de seguridad privada de los Estados miembros; apoya a Estados miembros en el desarrollo de marcos normativos en materia de seguridad y justicia; y promueve el desarrollo y la utilización de programas de justicia restaurativa, manteniendo las salvaguardas para proteger a las víctimas, dentro de los procesos formales de justicia penal.