Libertad de Expresión
Canadá
PRINCIPIO 8 DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN (Derecho a la reserva de las fuentes, apuntes, archivos personales y profesionales de los comunicadores sociales).
49. La Relatoría recibió información durante el 2004 sobre citaciones y procesos iniciados contra periodistas que podrían afectar su derecho a la reserva de las fuentes de información, archivos y apuntes personales. Tal como lo ha dicho la Relatoría, “el fundamento principal de este derecho a la confidencialidad de las fuentes reside en que en el ámbito [del trabajo de los periodistas], y a fin de proveer al público de información necesaria para satisfacer el derecho a la información, los periodistas realizan un importante servicio al público cuando recaban y difunden información que no sería divulgada si la reserva de las fuentes no estuviera protegida. Este derecho a la confidencialidad significa otorgar garantías legales a las fuentes para asegurar su anonimato y para evitar posibles represalias contra ellas por divulgar cierta información a la prensa. La confidencialidad, por lo tanto, es esencial para el trabajo de los periodistas y para el rol que la sociedad les confiere de informar sobre asuntos de interés público”[1].
50. El 21 de enero de 2004, fue allanada la residencia de Juliet O´Neill, del diario Ottawa Citizen, por la Real Policía Montada del Canadá. También fue allanada la oficina del diario en el ayuntamiento de Ottawa. El allanamiento se dio en virtud de una orden judicial y con la intención de descubrir la fuente gubernamental que habría filtrado información a O´Neill[2]. Tras el registro y allanamiento se decomisó documentación con información de contactos de la periodista, números telefónicos y se copiaron los archivos de su computadora. Los allanamientos se habrían dado al amparo de la Ley de Seguridad de Información, que prohíbe la posesión y difusión de información gubernamental secreta por lo que la periodista y el diario podrían verse sujetos a una demanda penal.[3].
51. El 1 de diciembre de 2004 se condenó al periodista del Hamilton Spectator, Ken Peters por desacato a la justicia (contempt of court) tras negarse a revelar una fuente confidencial de una publicación sobre problemas en una casa de retiro. El antiguo consejero municipal, Henry Merling, se identificó a sí mismo como la fuente del periodista. El 7 de diciembre se dictó la sanción que consistía en pagar 31 600 dólares estadounidenses. El caso se solucionó en lo civil por lo que se descartó una persecución criminal[4].
[1] Relatoría para la Libertad de Expresión, comunicado de prensa del 8 de diciembre de 2004.
[2] En 2003, O’Neill publicó reportajes sobre el caso Maher Arar, un ciudadano canadiense de origen sirio, que había sido deportado a Siria por las autoridades estadounidenses en el 2002 aseguraba haber sido torturado. Según el artículo de O´Neill, la Policía Montada había identificado vínculos entre Arar y la red Al-Qaeda.
[3] Comité de Protección a Periodistas CPJ, www.cpj.org 22 de enero de 2004, “Canadá: CPJ condena allanamiento de policía a la oficina y residencia de una reportera del Ottawa Citizen” y Ottawa citizen de fecha 20 de enero de 2004, http://www.canada.com/ottawa/ottawacitizen/news/story.html?i d=097e31a7-1ac2-4fdb-9daf-75b458fac7c7.
[4] Reporteros Sin Fronteras, “Un journaliste condamné pour avoir protégé ses sources: Reporters sans frontières dénonce un dangereux précédent”, 8 de diciembre de 2004.