COMUNICADO DE PRENSA

Nº R 43/10

RELATORÍA ESPECIAL PRESENTA SU INFORME ANUAL 2009

Washington, D.C., 15 de abril de 2010.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó hoy ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA) su Informe Anual 2009, en el cual se incluye el Informe Anual 2009 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

En su evaluación sobre la situación de la libertad de pensamiento y de expresión en las Américas durante 2009 (capitulo II del Informe), la Relatoría Especial reconoció y valoró los importantes avances en materia de libertad de expresión registrados en la región, entre ellos los que se refieren a la incorporación de los estándares interamericanos al orden jurídico interno en varios países y a la promoción del derecho de acceso al información. Sin embargo, la Relatoría advirtió sobre la existencia de serios retos que es necesario afrontar de manera vigorosa y decidida.

El Informe de la Relatoría Especial llamó la atención sobre la creciente violencia contra periodistas que, en 2009, se vio reflejada en el asesinato de al menos once comunicadores sociales y en un número cada vez más alto de secuestros, amenazas y agresiones contra medios y reporteros por razón de la cobertura de ciertas noticias o de su línea editorial. A este respecto, advirtió sobre el riesgo que representa el crimen organizado y su capacidad de corrupción. El Informe también se refiere al riesgo extraordinario que corren los periodistas y defensores de derechos humanos que son acosados, espiados o amenazados por funcionarios públicos con la finalidad de evitar que cumplan su tarea de informar o denunciar. A este respecto, la Relatoría Especial puso de presente la necesidad de adoptar mecanismos efectivos de protección de periodistas en riesgo y de lucha contra la impunidad de estos crímenes.

Igualmente, la Relatoría destacó la existencia de normas legales de algunos Estados que, al margen de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, permiten la imposición de sanciones desproporcionadas que tienen un efecto silenciador difícilmente compatible con democracias vigorosas y con una ciudadanía activa. En este sentido, llamó nuevamente a los Estados concernidos a derogar los delitos de desacato y vilipendio, así como las normas penales de injuria y calumnia para los casos de opiniones o informaciones relativas a asuntos de interés público o sobre funcionarios públicos, y a crear un ambiente que incentive y no que inhiba, la deliberación vigorosa y abierta sobre todos estos asuntos.

La Relatoría puntualizó la necesidad urgente de evitar que los funcionarios gubernamentales acusen públicamente a los periodistas de la comisión de algún delito por el solo hecho de la cobertura de noticias o de la emisión de sus opiniones. Asimismo, instó a las más altas autoridades a abstenerse de emitir discursos estigmatizantes que aumenten el nivel de riesgo de los periodistas críticos o independientes.

La Relatoría Especial destacó también la falta de regulaciones claras para impedir la existencia de mecanismos de censura indirecta, como el uso arbitrario de la publicidad oficial. La Relatoría Especial advirtió la necesidad de que los Estados inicien esfuerzos para ajustar sus mecanismos institucionales con el fin de prevenir que los recursos o las facultades estatales sean utilizadas para premiar o castigar a los medios según su línea editorial. Finalmente, la Relatoria invitó a los Estados a evitar los monopolios públicos o privados de información y a promover mayor pluralismo y diversidad en el debate público. 

Además de la evaluación sobre la situación de la libertad de expresión en los Estados miembros de la OEA, el Informe de la Relatoría Especial presenta de manera completa y sistemática los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión y de acceso a la información. En un capítulo separado explica las implicaciones del derecho a la libertad de expresión sobre la regulación de las frecuencias radioeléctricas. Asimismo, incluye un apartado destinado a divulgar buenas prácticas de los distintos Estados en materia de incorporación de los estándares interamericanos sobre libertad de expresión a los ordenamientos jurídicos internos. Por último, el Informe contiene un capítulo de conclusiones generales sobre la situación regional en la materia y elabora una serie de recomendaciones dirigidas a los Estados para mejorar las condiciones necesarias para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión en la región.

El Informe Anual 2009 de la Relatoría Especial está disponible en PDF en este link.