CIDH

Discurso de la Presidenta en la Inauguración de las Sesiones

Discurso de la Presidenta de la CIDH, Dinah Shelton, en la Inauguración del 141er Período Ordinario de Sesiones

Washington, D.C., Marzo 21, 2011

 

Sra. Presidenta del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos;

Distinguidos representantes permanentes de los Estados miembros,

Distinguidos observadores y colegas,

Representantes de la sociedad civil,

Señoras y señores,

Es un honor para mí dirigirme a ustedes como nueva Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esta sesión inaugural del 141º período ordinario de sesiones. E s un gran gusto para mi estar acompañada el día de hoy por mis colegas Sr. Felipe González, Presidente saliente de la Comisión, señor José de Jesús Orozco, Primer Vicepresidente, señor Rodrigo Escobar Gil, Segundo Vicepresidente y los demás miembros de la Comisión Luz Patricia Mejía Guerrero, Paulo Sérgio Pinheiro y María Silvia Guillén. También entre nosotros se encuentra el señor Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo; la señora Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, así como otros miembros de nuestra excelente y trabajadora Secretaría. Sé que todos queremos reconocer y agradecer al Presidente saliente, Felipe González, por su sabio y decidido liderazgo y cuidadosa dirección.

Al comenzar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su segunda mitad de siglo, podemos observar que a lo largo de las primeras cinco décadas de su existencia, ha logrado un progreso significativo, en cooperación con otros órganos de la OEA, en el fortalecimiento del goce efectivo de los derechos humanos en la región y más allá. Como alguien que trabajó de cerca con el sistema europeo en sus comienzos y que ha estado involucrada en desarrollar el trabajo tanto de la Comisión Africana como de la de ASEAN, puedo dar fe del impacto global que han tenido las contribuciones de la OEA y de su liderazgo en materia de derechos humanos. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos cita rutinariamente y con aprobación las decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana. Durantes sus primeros seis meses, la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN viajó a Washington D.C., para reunirse con la CIDH y discutir su futura labor e inspirarse en los desarrollos de esta región. En suma, la OEA puede de manera justa estar orgullosa de sus contribuciones al origen y constante evolución hacia la promoción y protección efectiva de los derechos humanos.

Entre los logros más recientes podemos resaltar la creciente participación y cooperación de los Estados miembros en las distintas actividades de la Comisión, incluyendo sus audiencias, visitas in loco, desarrollo de informes y procesamiento de casos. El alto nivel de delegaciones que interactúa con la Comisión durante sus sesiones es no solo gratificante sino esencial para la efectividad del sistema. Los diálogos constructivos que tienen lugar facilitan la resolución de asuntos, muchas veces logran la solución amistosa de casos de manera consistente con el goce de los derechos humanos y contribuyen a elevar estándares en todo el hemisferio.

A través de sus recomendaciones en casos e informes, la CIDH ha inspirado la adopción de nuevas legislaciones y la implementación de políticas públicas que aseguran un mayor respeto por los derechos humanos de poblaciones vulnerables, incluidos los pueblos indígenas, trabajadores migratorios, defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, niños y niñas y personas afrodescendientes. Durante el último año, la Comisión publicó informes sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus territorios ancestrales y recursos naturales; sobre la inmigración en Estados Unidos, la detención y el debido proceso; sobre salud materna y sobre seguridad ciudadana y derechos humanos; entre otros. A través de estos informes, sus relatorías y el procesamiento de casos, la CIDH ha inspirado mejoras en los derechos de poblaciones vulnerables, así como mayor libertad de expresión y garantías judiciales. Los esfuerzos de la Comisión en todas estas áreas están dirigidos no solo a proveer reparaciones a las víctimas de violaciones de derechos humanos, sino a prevenir futuras violaciones, ayudando a construir sistemas democráticos en los que el estado de derecho y los derechos humanos sea igualmente garantizados.

El informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos resalta las dificultades que enfrentan los Estados al responder a la violencia y el crimen organizado, pero se basa en el hecho de que los Estados no tienen que escoger entre seguridad y el respeto por los derechos humanos. Ambos pueden ser alcanzados. Tal como lo señala el informe, la seguridad ciudadana tiene que ser concebida como una política pública cuyo propósito es el de asegurar que los derechos humanos sean respetados en la ley y en la práctica, así como en la conducta de las instituciones del Estado y de sus agentes, mediante una aproximación comprehensiva a las causas del crimen y la violencia. Una perspectiva de derechos humanos permite que temas como el crimen y la violencia, así como su impacto en la seguridad ciudadana, sean abordados mediante el fortalecimiento de la participación democrática y la implementación de políticas enfocadas en la protección individual. La CIDH recomienda que todos los Estados miembros generen la capacidad institucional necesaria en el sector público para implementar las medidas recomendadas y al mismo tiempo haciendo disponibles los recursos humanos, técnicos y económicos adecuados. Recomienda con particular fuerza la necesidad de garantizar estándares especiales de protección para aquellas personas o grupos que son particularmente vulnerables frente a la violencia y el crimen, tales como los niños y niñas y las mujeres.

Aún cuando la autonomía de la CIDH es una premisa fundacional del sistema, el trabajo de la Comisión depende de la participación activa de los Estados miembros y de la sociedad civil. El pasado jueves, miembros de la Comisión y de la Corte se unieron con los Estados miembros en un diálogo continuo que toma lugar en el seno de la CAJP sobre el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Esperamos poder continuar este proceso y sostener intercambios fructíferos con los Estados miembros sobre sus preocupaciones y aspiraciones respecto al mandato y funciones de la Comisión. Como parte de este proceso la CIDH continúa examinando sus reglas y procedimientos con miras a mejoras que aseguren un sistema abierto y transparente en el cual los Estados y la sociedad civil puedan interactuar.

Para facilitar una mayor participación de la sociedad civil, la cual es esencial para nuestro funcionamiento, tenemos el gusto de informar que el Fondo de Asistencia Legal ha sido inaugurado. La CIDH adoptó su reglamento para el Fondo de Asistencia legal, el cual entró en vigor el 1º de marzo de este año. El reglamento permite que toda persona que tiene un caso declarado admisible por la Comisión (o una petición respecto a la cual la CIDH haya decidido juntar admisibilidad y fondo) pedir recursos del Fondo para cubrir los gastos de recolección y remisión de prueba documental, o la comparecencia de la víctima, testigos o peritos en las audiencias de la Comisión. Aun cuando debe celebrarse la creación de este Fondo, su funcionamiento efectivo dependerá en las contribuciones que hagan los Estados miembros, que esperamos se lleven a cabo.

Una prioridad para el año que viene es el de desarrollar el propuesto grupo de Soluciones Amistosas para la resolución de casos de una manera consistente con el respeto por los derechos humanos en cuestión. La comisión analizará experiencias anteriores de soluciones amistosas para incrementar su capacidad de apoyo y seguimiento a los acuerdos amistosos. Tomaremos la oportunidad para revisar lesiones aprendidas y mejores prácticas. Actualmente, llegar a un acuerdo de solución amistosa requiere tiempo considerable por parte de los miembros de la Comisión y de los oficiales de la Secretaría Ejecutiva. El propuesto Grupo de Soluciones Amistosas, consistente en abogados especializados y entrenados, estará a cargo de dar seguimiento y facilitar el procesos, así como de asistir a los Comisionados en las peticiones y casos en los que las partes hayan decidido embarcarse en este procedimiento.

Recientemente, la CIDH completó y adoptó un Plan Estratégico que señala las prioridades y metas para los años venideros. Este Plan está orientado a la rendición de resultados y garantiza la responsabilidad en el cumplimiento de sus metas. La reciente reunión de Ottawa, Canadá, basada en el Plan Estratégico de la Comisión, fue gratificante y permite que crezca el optimismo de que los recursos necesarios llegarán, para permitir a la Comisión ejecutar de manera completa y eficiente las funciones y mandatos que le han sido conferidos. Uno de los principales desafíos en los últimos años ha sido el de la falta de recursos humanos y financieros para seguir el paso del volumen de peticiones, casos, medidas cautelare, monitoreo general y otros mandatos conferidos a la CIDH por parte de los Estados miembros. La dependencia de fondos externos ha sido la constante de la Comisión y hay esperanzas de que éstos no sean tan necesarios en el futuro.

Sin lugar a dudas, el sistema ha enfrentado dificultades y obstáculos, algunos de los cuales se han resuelto y otros que persisten y demandan continua o incluso prioritaria atención. Los desafíos para el funcionamiento de la Comisión se mantienen. Como lo dijo un representante durante la reunión del jueves pasado: “justicia atrasada es justicia negada.” La Comisión está comprometida a eliminar el atraso procesal de los casos pendientes de una manera oportuna y asegurar que las nuevas peticiones que se reciban sean procesadas rápida y eficientemente. Pero si la justicia atrasada es justicia negada, también es cierto que apresurarse en el juicio puede llevar a errores sustantivos y de procedimiento. Es de crítica importancia que la Comisión proceda deliberadamente para asegurar que los estándares más altos se mantengan en la determinación de hechos y el análisis legal. Sus decisiones deben ser y percibirse como imparciales, creíbles y legítimas. Completar las demandas cualitativas y cuantitativas es tanto un desafío como un compromiso.

Una prioridad verdaderamente significativa es asegurar la adecuada implementación de las recomendaciones de la Comisión y de las decisiones de la Corte. Ha habido una tendencia progresiva en los años recientes de cumplimiento con decisiones que otorgan reparaciones a las víctimas, pero la falta de investigación, juzgamiento y sanción de aquellos responsables de los más serios abusos de derechos humanos sigue siendo un tema de preocupación. Los Estados parte en la Convención Americana han asumido la obligación de respetar y asegurar el respeto de todos los derechos contenidos en la Convención y son responsables de organizar sus estructuras internas de gobierno y de adoptar las reformas legislativas y regulatorias necesarias para cumplir con esta obligación. La CIDH depende de los órganos políticos de la OEA como garantes colectivos del cumplimiento.

Como bien lo sabemos, el cumplimiento es no solo un asunto de voluntad política, pero puede ser también un tema de capacidad. Hemos visto el impacto devastador de los desastres naturales y la necesidad de solidaridad regional y asistencia para enfrentar los temas complejos asociados en particular con el goce de los derechos económicos, sociales y culturales. De manera más general, estamos viendo la necesidad de asegurar el respeto por los derechos humanos en el proceso de desarrollo económico, en el que cada vez con más frecuencia proyectos e industrias extractivas operan sin los controles necesarios para evitar violaciones significativas a los derechos humanos. El informe sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus territorios ancestrales y recursos naturales examina algunos de los problemas que han surgido y, con base en los estándares interamericanos de derechos humanos, recomienda medidas para asegurar que los proyectos de desarrollo procedan de manera consistente con los estándares de derechos humanos y de la legislación doméstica.

A través de las audiencias y casos ante la Comisión, hemos identificado un número de temas que aún no reciben la atención que merecen, con el resultado de que grupos particularmente vulnerables han sufrido marginalización y exclusión, incluyendo aquellos que sufren de discapacidad mental y física, las minorías étnicas, raciales o sexuales y los pobres en los sectores rurales. En particular, la discriminación generalizada y los hostigamientos a personas con base en su identidad u orientación sexual han reclamado nuestra atención como un problema crítico que debemos resolver en el futuro inmediato.

Mientras estas nuevas problemáticas reclaman nuestra atención, debemos continuar monitoreando y respondiendo a los problemas crónicos de fortalecimiento de las frágiles instituciones democráticas, asegurando elecciones libres y justas, la libertad de expresión y asociación, el control civil de las fuerzas militares y el funcionamiento independiente de los sistemas judiciales. El acceso a la justicia y la garantía de los derechos humanos a nivel domésticos es crítico para asegurar que el sistema no colapse por un creciente volumen de casos.

Por experiencia la CIDH ha reconocido la importancia fundamental de las visitas in loco. La voluntad de los Estados miembros de invitar a la Comisión a ver de primera mano las condiciones en sus territorios, de escuchar los testimonios de individuos en los gobiernos y en la sociedad civil, así como de observar los esfuerzos realizados para superar problemas de derechos humanos, incluyendo los obstáculos enfrentados es de crítica importancia para la Comisión. En este sentido, la CIDH está particularmente agradecida con un creciente número de gobiernos que han anunciado su política de puertas abiertas. Invitamos a otros gobiernos a considerar la adopción de esta actitud frente a esta parte esencial de la práctica de la CIDH.

Dos temas quedan por mencionar. En primer lugar, la importancia de continuar avanzando hacia la universalidad del sistema, de animar a los Estados a ratificar los tratados interamericanos de derechos humanos y asegurar su efectiva implementación. La Comisión está lista para asistir en cualquier forma que contribuya a lograr este objetivo. En segundo lugar, pese a la prioridad que debe ser otorgada al monitoreo y la implementación de las normas existentes, hay temas que pueden beneficiarse de una mayor elaboración. En este sentido, la CIDH seguirá colaborando con los Grupos de Trabajo del Consejo Permanente de la OEA involucrados en la preparación del proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y toda forma de Discriminación e Intolerancia y el proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Los desafíos al sistema no deberían ser minimizados, pero tampoco debería serlo el progreso que se ha alcanzado en las cinco décadas que han pasado desde que la Comisión fue creada. No podemos darnos por satisfechos con el éxito parcial sin embargo, y la CIDH continúa dedicada a apoyar a los Estados miembros mientras cumplen sus responsabilidades de respetar y asegurar los derechos humanos de todas las personas. La Comisión continuará dando cumplimiento a su mandato de promover y proteger los derechos humanos en la región, abierta y dispuesta a mejorar sus procedimientos y análisis legal para alcanzar las expectativas de todos los actores del sistema, especialmente de las víctimas que han sufrido violaciones de sus derechos humanos.

Muchas gracias.