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CIDH
Palabras del Secretario Ejecutivo de la CIDH
Palabras del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrão, ante el Consejo Permanente de la OEA
Washington, D.C., 19 de octubre de 2018
Señor Embajador Carlos Alberto Játiva Naranjo, Presidente del Consejo Permanente;
Señor Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA);
Señor Nestor Méndez, Secretario General Adjunto de la OEA;
Señor Luis Alvarado, Representante Permanente de Nicaragua ante la OEA;
Señor Jean Michel Arrighi, Secretario de Asuntos Jurídicos;
Representantes Permanentes y Alternos de Estados Miembros y Observadores;
Representantes de la Sociedad Civil, muy especialmente representantes de la Sociedad Civil nicaragüense y los estudiantes;
Señoras y Señores:
Es para mí un honor aceptar la invitación hecha por el Presidente del Consejo y tener la oportunidad de dirigirme nuevamente a ustedes, en este órgano tan importante, para presentar, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Relatora de País, Comisionada Antonia Urrejola, una actualización del estado de los derechos humanos en Nicaragua. Antes de todo, la Comisión Interamericana quiere agradecer el apoyo que desde el inicio de este proceso de evaluación y acompañamiento a la situación en Nicaragua, que ha recibido de parte del Señor Secretario General de la OEA, Luis Almagro, y asimismo también agradecer y reconocer la importancia y la centralidad que tiene hoy el Grupo de Trabajo del Consejo Permanente, con el cual la Comisión tiene toda la intención de mantener acciones coordinadas y articuladas.
Como ustedes saben, la Comisión Interamericana ejerce una jurisdicción amplia respecto de los 35 estados miembros de la OEA. En sus casi 60 años de historia, y a través de sus 3 mandatos principales: monitoreo, promoción, cooperación técnica y el sistema de casos y peticiones. En situaciones relevantes, la CIDH crea mecanismos especiales o grupos de acompañamiento a situaciones urgentes para monitorear y cooperar técnicamente con los Estados.
Es el caso de Nicaragua, en que la Comisión ha utilizado todos sus mecanismos y creado algunos novedosos para abordar la grave crisis que se vive en dicho país desde abril de este año. Completamos exactamente seis meses de una dramática situación que afecta la vida de miles de nicaragüenses.
La Comisión realizó una visita de trabajo a Nicaragua entre el 17 y 21 de mayo con la invitación del Gobierno de Nicaragua para observar la situación de derechos humanos. Durante esos días la Comisión se desplazó a diferentes lugares del país, entrevistó a cientos de personas y recibió más de 1,000 testimonios de víctimas, familiares de víctimas y testigos de graves violaciones de derechos humanos. Como producto de la visita preparó un informe preliminar que fue presentado en Managua al final de la visita y que contiene 15 recomendaciones al Estado de Nicaragua. Dichas recomendaciones fueron reiteradas en el informe final de la Comisión presentado al Consejo Permanente de la OEA. En seguimiento a dos de esas recomendaciones, y con el acuerdo del Gobierno, el 24 de junio, se instaló un Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua de la Comisión, llamado MESENI; y el 3 de julio, un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para coadyuvar y apoyar en la investigación de los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril al 30 de mayo de 2018 en el marco de las protestas sociales iniciales.
Es a través del MESENI, que la Comisión viene monitoreando la situación de derechos humanos en el país y dando seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en su Informe de País, así como al cumplimiento de sus medidas cautelares.
Las cifras documentadas por la Comisión, desde el 18 de abril al 12 de octubre dan cuenta hoy de 325 personas fallecidas, de las cuales 21 serían policías, 24 de ellos niñas, niños y adolescentes. Asimismo, más de 300 personas estarían detenidas, 200 profesionales de la salud habrían sido despedidos por atender a personas heridas y 40 profesionales de las universidades habrían sido despedidos. Recientemente la Comisión fue informada que por lo menos 400 estudiantes habrían sido expulsados de universidades públicas como represalia por su participación en las protestas.
En estos 6 meses a partir de abril, y conforme a la información recibida in situ por el equipo de la Comisión, se identifican fases con diferentes intensidades y patrones de violaciones a los derechos humanos que paso a detallar:
La primera fase se inicia con una fuerte represión a las protestas pacíficas iniciadas en el país el 18 de abril de 2018 y las consecuentes violaciones a los derechos humanos. Estas incluyen la violación al derecho a la vida y a la integridad personal por el uso arbitrario o desproporcionado de la fuerza por parte de agentes parapoliciales y otros grupos armados con uso de armas letales y no letales; en el que se observa un patrón de muertos y heridos por armas de fuego en su mayoría en la cabeza, ojos, cuello y tórax, o por la espalda.
Asimismo, incluyen ejecuciones selectivas de personas y afectaciones a la libertad de expresión incluyendo ataques contra periodistas y medios, y censura. Además, se observa en esta fase irregularidades y denegación de atención médica pública y obstaculización de la labor humanitaria para asistir a las personas heridas y lesionadas en el marco de los actos de violencia y represión; detenciones arbitrarias, con uso excesivo de la fuerza, malos tratos, incomunicación; falta de control judicial, irregularidades en el proceso judicial, en las garantías judiciales y en el acceso a la justicia. También se inicia un proceso de estigmatización de personas que participaron y/o apoyaron las manifestaciones públicas. En ese momento habíamos documentado 76 personas fallecidas.
A partir de fines de junio, la CIDH identifica una segunda fase de violaciones que se inicia con la llamada operación “limpieza” del gobierno y la desmovilización de tranques y barricadas por grupos parapoliciales en coordinación con la Policía Nacional. Estos tranques habían sido establecidos y mantenidos como una forma de protesta y de vigilancia frente a la violencia ejercida por agentes gubernamentales y otros actores armados.
Específicamente, se reporta en esta fase el avance de fuerzas policiales y grupos parapoliciales que con brutal violencia desmedida “levantan los tranques”, así como represiones y detenciones selectivas y arbitrarias y allanamientos por parte grupos parapoliciales y policiales en busca de nombres de personas que participaron en las protestas y en los tranques por medio de amedrentamientos y amenazas a los familiares y/o vecinos. Asimismo, se observan tratos denigrantes a los familiares de personas detenidas y la obstaculización de las visitas por las autoridades penitenciarias. En esta etapa, la cifra de muertos ya había alcanzado a 212 personas.
La represión se amplía a los familiares y vecinos de personas identificadas con la participación activa de los Consejos de Poder Ciudadano (CPC) que actúan bajo los intereses del Gobierno. Grupos pro Gobierno y las propias autoridades estatales incitan al odio y se ataca a la iglesia católica que cumplía un rol de mediación en un Diálogo que se encuentra hoy suspendido y en el cual el gobierno no muestra efectiva intención de retomar.
Así, retomado el control territorial por las fuerzas de seguridad del Estado, siguió una tercera fase, caracterizada por la criminalización y retaliaciones, en donde se destaca una persecución selectiva de manifestantes, particularmente defensores, estudiantes, líderes y lideresas sociales y opositores al gobierno, que incluye amenazas, estigmatización, criminalización mediante cientos de procesos judiciales bajo cargos infundados y desproporcionados como terrorismo o crimen organizado, sin el debido proceso. Asimismo, se documentan despidos de los profesionales de la salud y de la educación. También se profundizaron las afectaciones a la libertad de expresión en un país en donde la mayoría de los medios pertenecen a personas allegadas al Gobierno. La Comisión recibió información sobre incendio de instalaciones radiales, así como amenazas a periodistas y a medios con líneas editoriales contrarias al gobierno, robo y rotura de equipos. Como es de conocimiento público, el número de muertes saltó a 325 personas en el contexto específico del conflicto.
En materia de protección y con base en las solicitudes y testimonios recibidos, desde los primeros actos de violencia registrados, la Comisión ha emitido 26 resoluciones de medidas cautelares en el actual contexto, para proteger en forma directa a 118 personas que se encuentran en riesgo grave, y en muchas de ellas además se ha protegido a sus núcleos familiares, por lo cual el número de personas protegidas es mayor. Asimismo, ha emitido 30 comunicados de prensa dando a conocer el deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Toda esta información es pública.
La CIDH ha observado que en las últimas semanas, existe un creciente deterioro del Estado de Derecho en el país, un incremento de actos de violencia y represión para disuadir las manifestaciones públicas. La Comisión advierte además sobre la detención y criminalización de líderes y lideresas políticas y sociales. Asimismo, expresa preocupación por los efectos particulares que la crisis genera en los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Son situaciones que en un Estado Democrático de derecho serían excepcionales, pero que parece que en Nicaragua empieza a ser la regla general. Audiencias judiciales que deben ocurrir de manera pública pasan a realizarse a puertas cerradas. No hemos podido observar ni un solo caso de investigación interna en la policía o en otras agencias del Estado, ni en ningún tribunal, por los excesos estatales cometidos, los cuales están claramente documentados. Los mecanismos legales se han usado no para esclarecer la verdad y sancionar los culpables sino para acusar a los adversarios y contribuir a una narrativa que pretende justificar estos excesos. Eso no favorece el diálogo entre los propios nicaragüenses porque deja sin justicia, sin verdad y sin reparación especialmente a quienes han sufrido la pérdida de familiares cercanos.
También existe preocupación por la ley de la unidad de análisis financiero, con potestad para poder cerrar operaciones de negocios privados si está relacionado con lavado de dinero, violando garantías de derechos constitucionales. También, una nueva ley de importación y exportación está diseñada a convertir al Estado en el negociador intermediario de todos los negocios en el país, ya sea para vender, comprar, internamente y externamente, dentro de una lógica de Estado centralizadora. La ley de antiterrorismo, hay dudas hoy fuertes que fue decretada el 17 de julio si los jueces están efectivamente respetando el principio de la no retroactividad penal; si están o no acusando a las personas capturadas en mayo con esta ley decretada apenas en julio. La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia ha afirmado que no está siendo aplicada esta ley en los casos que se están judicializando, pero esta es una afirmación que contradice todas las acusaciones presentadas judicialmente por la Policía Nacional e incluso muchas declaraciones de altas autoridades nacionales apuntando a los manifestantes como terroristas. Es necesario tener acceso a los expedientes judiciales para constatar el respeto al principio de la no retroactividad de la ley penal. Es un principio básico, civilizatorio, de todas las democracias occidentales, de todos nuestros países en las Américas.
De manera más reciente, la CIDH también recibió la nota de prensa de la Policía Nacional número 115-2018 del 28 de septiembre, que califica las manifestaciones públicas de protesta como ilegales por el solo hecho de haberse producido en ellas actos violentos puntuales y responsabiliza legalmente a quienes las han convocado y organizan. En este sentido, la CIDH manifestó su extrema preocupación por la posición de la Policía Nacional de Nicaragua que declara ilegales las manifestaciones de protesta y responsabiliza penalmente a sus convocantes.
A su vez, el 13 de octubre, una nueva nota de la Policía Nacional, número 116-2018, estableció que toda movilización en cualquier parte del país debía realizarse una vez que los organizadores han solicitado el permiso correspondiente ante las autoridades policiales y que éste haya sido otorgado. En ese sentido, reiteró que no permitiría “ninguna acción que violente el derecho de las familias nicaragüenses a la Paz y a la Vida y recuerda que cualquier actividad provocadora, instigadora y violenta será penada de acuerdo a la Constitución Política y las Leyes de Nicaragua.”
El 14 de octubre, el MESENI tomó conocimiento de la represión del grupo inicial de participantes en la marcha "Unidos por la Libertad" liderada por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). Según fuera constatado, el grupo convocante fue rodeado por un amplio despliegue de agentes antimotines y de la Policía Nacional. Durante la jornada del domingo 14 de octubre, el MESENI constató una fuerte represión y un importante número de detenciones en el marco de las marchas convocadas por organizaciones de la sociedad civil. Al respecto, la CIDH llama al Estado a cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas, así como a garantizar seguridad de las personas en contextos de manifestaciones públicas.
Mediante un comunicado oficial, la Policía Nacional informó la detención de 38 personas por estar “involucradas en actividades instigadoras y provocadoras que violentan el derecho de las familias nicaragüenses a movilizarse, circular libremente y a realizar sus actividades económicas, comerciales, religiosas, deportivas y de recreación, con normalidad.” Por su parte, el MESENI registró la detención de por lo menos 50 personas. Algunas de ellas, en su mayoría manifestantes, fueron en seguida liberadas. El resto fue trasladado y, en el transcurso del mismo día 14 de octubre, fueron liberadas ocho personas. El resto fue liberado al día siguiente.
La CIDH condena enérgicamente cualquier tipo de impedimento impuesto para que una persona pueda ejercer su derecho a utilizar los mecanismos disponibles en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, o cualquier tipo de represalia o estigmatización que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales.
La CIDH viene observando con preocupación la persistencia del uso de la detención como forma de represión de la protesta social, así como la criminalización de personas que participaron en las diversas formas de manifestación pacífica contra el Gobierno de Nicaragua desde abril.
Ejemplos de estas situaciones son los registros de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, según los cuales el 24 y 25 de agosto se realizaron más de 50 detenciones arbitrarias, de las cuales más de la mitad correspondería a estudiantes que integran la Coordinadora Universitaria por la Justicia y la Democracia (CUJD), organización partícipe de la Mesa de Diálogo Nacional. Según información de público conocimiento, veinte personas integrantes de la Coalición fueron detenidas en un retén el 25 de agosto mientras se dirigían a participar en una manifestación que tendría lugar en Granada. De acuerdo con los testimonios recibidos por el Mecanismo, agentes de la Policía Nacional habrían trasladado a las y los jóvenes a la delegación policial de Jinotepe, donde habrían sido interrogados, fotografiados y registrados. Las personas detenidas relataron situaciones de malos tratos y demoras en brindar atención médica. Posteriormente, los y las estudiantes fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial de Managua (“El Chipote”) y liberados horas después sin que se les informara en ningún momento cuáles habían sido las razones de su detención.
Por otra parte, desde antes de las disposiciones de la Policía Nacional, la CIDH observa la persistencia de acciones tendientes a impedir el desarrollo de la protesta social mediante tácticas de hostigamiento, ejecutadas por un amplio despliegue de grupos progubernamentales que en ocasiones van armados y agentes de la Policía Nacional apostados en las rutas y lugares donde se desarrollan las manifestaciones, marchas y plantones. Esta situación habría obligado, en varias ocasiones, a suspender los actos de protesta o cambiar el recorrido de las movilizaciones. El 27 de agosto, en León, una manifestación que demandaba la liberación de los estudiantes detenidos fue suspendida debido a la convocatoria de una contramarcha para la misma hora y lugar. El 28 de agosto, manifestantes que participaban en un plantón que exigía la libertad de los estudiantes detenidos también en León, fueron agredidos por grupos progubernamentales. El 4 de septiembre, en Ticuantepe, integrantes de la Juventud progobierno habrían bloqueado el paso de una marcha organizada en apoyo a profesoras que habrían sido despedidas arbitrariamente. El 9 de septiembre, grupos progubernamentales habrían realizado disparos con armas de fuego y agredido a manifestantes en Jalapa, Nueva Segovia, resultando heridas al menos dos personas. El mismo 9 de septiembre fueron canceladas manifestaciones convocadas en Carazo, León y Rivas por la fuerte presencia de grupos progubernamentales y agentes de la Policía Nacional.
La cifra de 24 niñas, niños o adolescentes fallecidos en el contexto de las protestas ocurridas en el país es gravísima y refleja que no existe consideración por estándares apropiados en el tratamiento y cuidado de estas personas en contextos de protesta. En efecto, las niñas, niños y adolescentes representan un grupo afectado de forma particular por las diversas formas de represión y criminalización en Nicaragua. Entre los impactos negativos sobre la niñez, organizaciones de la sociedad civil denuncian acciones de adoctrinamiento político en algunas escuelas públicas; alteración de los horarios y calendarios escolares como consecuencia de la crisis; deserción escolar por el incremento del trabajo infantil, debido a las dificultades económicas que afectan en particular a familias desplazadas y obligan a algunos niños, niñas y adolescentes a cuidar de sus tierras, para evitar que sean tomadas. De igual manera, las niñas, niños y adolescentes habrían visto afectados sus derechos al descanso, el esparcimiento, el juego y la cultura debido a la presencia de agentes armados en las comunidades y en el espacio público.
Por otra parte, la Comisión observa con preocupación las denuncias sobre casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por agentes de seguridad del Estado en contra de niñas, niños y adolescentes. El 23 de agosto, un adolescente habría sido detenido por la Policía Nacional mientras se dirigía a la escuela para ser interrogado. Al negarse, uno de los oficiales habría desenfundado su arma y le habría apuntado, mientras otro lo tomaba del brazo para llevarlo a la estación policial, donde le habrían marcado, con la aguja de una jeringuilla, las iniciales FSLN en la parte interna de su brazo izquierdo. El MESENI registró detenciones en centros de reclusión donde personas adultas permanecen privadas de su libertad, en algunos casos, con largos períodos de detención de adolescentes sin formulación de cargos. Respecto a estos hechos, la CIDH llama al Estado de Nicaragua a iniciar una investigación inmediata, con la debida diligencia, para identificar a los responsables de estas detenciones en cada caso. Asimismo, la Comisión Interamericana exhorta a Nicaragua a poner en práctica todas las medidas necesarias para evitar que se violenten los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La CIDH hace un llamado al Estado de Nicaragua para obtener información oficial relevante para el monitoreo y seguimiento de la situación de derechos humanos en el país conforme a sus obligaciones internacionales contraídas voluntariamente. Nuevamente, la CIDH solicita información sobre personas detenidas y procesadas, datos sobre personas fallecidas, así como sobre investigaciones llevadas adelante para el esclarecimiento de los hechos que se han producido en el país en el contexto de las protestas iniciadas en abril recién pasado. La CIDH reitera su solicitud de acceso a las cárceles del país así como a las agencias públicas pertinentes al seguimiento y monitoreo que desarrolla el MESENI en terreno.
En el marco de las labores de monitoreo a la situación de los derechos humanos en el país, de seguimiento a las medidas cautelares, y como parte de las obligaciones asumidas por el Estado de Nicaragua al ser parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es indispensable la autorización para acceder a cárceles y otras instancias oficiales. Una de las recomendaciones aceptadas de manera libre y soberana por el Estado en el marco del informe emitido por la CIDH tras su visita se refiere a la apertura al escrutinio internacional, mismo que debe garantizarse de manera efectiva a la Comisión y a su Mecanismo de Seguimiento, y al GIEI, a través de la respuesta oportuna de todas y cada una de las solicitudes de información elevadas al Estado.
En un primer momento el diálogo con el gobierno y el intercambio de información fue fluido, sin embargo, desde inicios de julio la Comisión ha solicitado, sin éxito, al Estado, información para cotejar los datos sobre las víctimas; acceso a los centros de detención para observar la situación de las personas privadas de libertad conforme a su mandato y facultades; y acceso a los expedientes para que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes le brinde asistencia técnica en las investigaciones conforme a un acuerdo firmado para tal efecto. El Estado de Nicaragua únicamente ha informado a la Comisión sobre hechos de violencia que afectarían a policías e integrantes de partidos de gobierno mediante más de 400 notas y no sobre las más de 300 personas fallecidas en este contexto.
La Comisión reafirma, como órgano regional de protección a los derechos humanos actualmente en terreno, su compromiso de continuar monitoreando la situación en el país con información de primera mano, con el fin de velar por la protección a la vida y la integridad física de las personas, defensa de las víctimas y la libertad de expresión del pueblo nicaragüense y de asesorar a las autoridades nicaragüenses en las investigaciones de los graves hechos de violencia que ocurren en el país. Quería también llamar la atención sobre el impacto diferenciado de la represión en el interior del país. Existe un tono diferente al que vemos en Managua, por lo que describen, las tensiones intracomunitarias están al máximo, y se generan listas de personas contrarias al Gobierno. Hombres, mujeres, niños y niñas, familias, han dejado sus casas, y por ejemplo se han ido a la montaña. No fue todavía posible cuantificar en ese momento. Desplazarse y someterse a la clandestinidad es un efecto claro de un ambiente de miedo y de intimidación. Asimismo, frente a esta situación se incrementa el número de personas que huye de sus hogares en búsqueda de casas de seguridad o asilo. Según también la información recibida, para julio al menos 23.000 personas nicaragüenses habrían solicitado asilo en Costa Rica, y las solicitudes a países como Panamá, México y EEUU se incrementaron dramáticamente. Aprovechamos la oportunidad para agradecer al Gobierno de Costa Rica, que ha permitido a la Comisión realizar una visita de trabajo en estos últimos días para monitorear e identificar esta grave situación de personas que se están exiliando de Nicaragua.
El MESENI está conversando y escuchando a múltiples actores. Líderes sociales, estudiantes, líderes religiosos, diplomáticos, autoridades gubernamentales cuando están dispuestas, familias y otros. Hay en Nicaragua dentro de esos actores un llamado único, están pidiendo diálogo. Un diálogo efectivo, claro, participativo y sin represión. La Comisión exhorta al Gobierno a que reanude el diálogo a la mayor brevedad para el bien de los derechos humanos en el país. Nuestra región cuenta con las herramientas para enfrentar las graves violaciones a los derechos humanos y hoy, en un momento difícil para los derechos humanos a nivel mundial, es cuando el apoyo a los mecanismos regionales e internacionales como la Comisión, se hace de crucial importancia.
Muchísimas gracias, señor Presidente del Consejo Permanente.