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CIDH insta a adoptar intervenciones para garantizar derechos de mujeres rurales
15 de octubre de 2013
Washington, D.C. – En ocasión del Día Internacional de la Mujer Rural, que se conmemora el 15 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insta a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a adoptar intervenciones con el fin de garantizar de forma adecuada y efectiva el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres rurales.
De acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación, la Comisión ha identificado la protección de los derechos de las mujeres como una meta prioritaria en el ejercicio de su mandato. La discriminación y la violencia contra las mujeres son aún problemas graves y tolerados en el hemisferio que demandan una respuesta prioritaria e integral por los Estados.
Estos problemas son particularmente agudos en el caso de las mujeres que habitan en zonas rurales. Las mujeres rurales enfrentan grandes barreras en su acceso a recursos económicos adecuados, a la propiedad de las tierras que trabajan, a un empleo digno y de calidad, a servicios básicos, y a la justicia. La pobreza, la pobreza extrema y la marginación social, problemas que afligen a millones de personas en la región, afectan en mayor proporción a las mujeres rurales. Además, la ausencia o escasez de fuentes de empleo en el área rural afecta en mayor proporción a las mujeres que a los hombres. Según varios estudios, las mujeres rurales también están más afectadas por la falta de acceso al agua potable y al saneamiento, lo cual tiene un impacto directo en su salud, entre otras consecuencias.
Debido a que la infraestructura y los servicios son más escasos en las zonas rurales, las mujeres que allí viven deben viajar largas distancias para reportar actos de violencia y discriminación en instancias judiciales, e incurrir en gastos adicionales a fin de procesar sus casos ante la justicia. En virtud de las dificultades que enfrentan en el acceso a recursos financieros, estas situaciones se convierten en significativos obstáculos en el acceso a la justicia. A menudo, no cuentan con la información necesaria sobre los mecanismos disponibles para denunciar actos de violencia y discriminación.
Adicionalmente, las mujeres rurales están subrepresentadas en los puestos de toma de decisiones, y existen obstáculos significativos para su participación en los espacios de toma de decisión local, regional y nacional. Viven en un contexto de negación del ejercicio de sus derechos.
La Comisión ha identificado que muchas de las mujeres que presentan peticiones ante la CIDH viven en zonas rurales afectadas por la pobreza y pertenecen a grupos cuyas necesidades han sido tradicionalmente excluidas de la agenda pública. Muchas de las mujeres que habitan en zonas rurales se encuentran en una situación de vulnerabilidad particular debido a la intersección de múltiples formas de discriminación basadas en factores combinados con su sexo como la raza, etnicidad, posición económica y edad. Un alto número de peticiones que están a estudio de la Comisión Interamericana fueron presentadas por mujeres rurales, en su mayoría pobres, y algunas de ellas indígenas o afrodescendientes. Estas peticiones reflejan situaciones de discriminación estructural, donde se observa el efecto devastador de la interseccionalidad de la discriminación. Esta situación es agravada por la ausencia de políticas de Estado, programas y legislación especializada que tome en consideración las necesidades específicas de estos grupos.
En el Día Internacional de la Mujer Rural, la Comisión Interamericana hace un llamado especial a los Estados de la OEA a garantizar que los derechos y prioridades de atención de las mujeres rurales se vean reflejados de forma efectiva en su legislación, políticas, programas y presupuestos. Esto es fundamental para lograr la protección plena de los derechos de las mujeres y garantizar el ejercicio del derecho a la igualdad y no discriminación.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 77/13